Aumentan retos de PCD ante merma de recursos
Con la decisión de reducir el presupuesto para el programa de integración educativa, los diputados se olvidaron de las 170 mil niñas, niños y jóvenes con discapacidad y de los 22 mil con necesidades especiales, aseguran. Son la minoría más desfavorecida
La educación pública para niños y jóvenes con discapacidad está en riesgo luego de que la Cámara de Diputados determinó un recorte de más de 78 millones de pesos al Programa de Fortalecimiento a la Educación Especial y de la Integración Educativa.
El recorte presupuestal podría generar, en el peor de los escenarios, reducir al mínimo la cobertura entre las personas que lo necesitan. Sin embargo, como efecto inmediato, se verá afectada la disposición de materiales utilizados en alumnos con discapacidad.
Los libros en braille; los audiocuentos para los alumnos con discapacidad visual; el diccionario en lengua de señas para alumnos con problemas auditivos y los materiales orientados a maestros y padres de familias de niños y niñas con discapacidad, serán las primeras víctimas del citado recorte.
La modificación al presupuesto también repercutirá en los recursos destinados a los más de 22 mil niños genio o sobresalientes que viven en México.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoció que 170 mil 550 niños y adolescentes con discapacidad en lo intelectual o motriz están en riesgo de dejar de ser atendidos en 2011, debido al recorte presupuestal de más de 28% al programa de integración educativa.
Ante este escenario, Mary Telma Guajardo Villarreal, diputada federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una propuesta con punto de acuerdo en el que sostiene que estos 170 mil 550 niños y adolescentes deben ser atendidos por el Estado, puesto que “el artículo 41 de la Ley General de Educación establece la obligación de promover la integración de las niñas y niños con discapacidad a las aulas y escuelas generales”. La cobertura es para 32 entidades federativas del país.
La diputada propuso el pasado 12 de enero ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, para que pidiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una partida extraordinaria, con el fin de aumentar los recursos destinados al Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa para que los niños con discapacidad y necesidades especiales (niños sobresalientes), desarrollen al máximo sus potencialidades y satisfagan sus necesidades básicas de aprendizaje, como base para su integración social.
“La educación especial no ha sido atendida como debería. El recurso ha sido insuficiente, y este recorte no ayudará a que se implementen las adecuaciones en los contenidos para que los niños con discapacidad y necesidades especiales en edad escolar alcancen los propósitos educativos y desarrollen todas sus potencialidades como seres humanos”, comenta la legisladora.
“Este recorte segregará a un número mayor de niños que requieren educación especial. Es decir: menos recursos y grandes retos. Esto no está bien, pues uno de los requerimientos sociales más importantes, planteado por las madres y los padres de familia y muchas organizaciones civiles, se refiere a la generación de más oportunidades educativas para niñas y niños con necesidades educativas especiales, particularmente para quienes tienen alguna discapacidad”, expresa Guajardo Villarreal, en entrevista con EL UNIVERSAL.
Más exclusión
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) refiere que las personas con discapacidad (PCD) constituyen la “minoría más numerosa y desfavorecida del planeta”, pues en países en desarrollo 90% de los niños con algún tipo de discapacidad no están inscritos en el sistema educativo.
Cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis 2010) indican que los niños con discapacidad enfrentan hasta 10 veces más exclusión en la escuela que los que no tienen esa condición.
Ricardo Bucio, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ha advertido que la SEP fue la dependencia con más quejas acumuladas ante el Conapred: un total de 70, de las cuales 16 se debieron a discriminación por discapacidad. La queja principal es por rechazo de los docentes por brindar atención a niños con distintas discapacidades.
Para la diputada Guajardo Villarreal, se debe plantear una reforma educativa de fondo, toda vez que la educación debe ser la causa primordial para construir la sociedad que queremos para nuestros hijos y no destinar los mayores recursos para la guerra contra el narco. Todo parte de la educación.
“El tema de la educación debe colocarse en el centro de la agenda nacional y, por supuesto, no sufrir ningún tipo de recorte presupuestal. Además los profesores están mal pagados, los vemos trabajando hasta tres turnos, no tienen garantizado el sustento para su familia, carecen de capacitación para la atención de grupos especiales, y además ellos han perdido el papel histórico de entes trasformadores de su propio medio. La educación ha sido relegada al último término”, agrega.
A su vez, Patricia Sánchez, directora de Educación Especial del Distrito Federal, considera que debe darse debida dimensión al recorte presupuestal al Programa de Integración Educativa, “pues esto sólo significa que habrá un ajuste en el presupuesto destinado sobre todo a los materiales, congresos nacionales e internacionales, y capacitación de los maestros.
“Sin embargo, seguiremos impulsando como requisito que los docentes que trabajen con niños con necesidades educativas especiales tengan un perfil como licenciados en educación especial, sicólogos, trabajadores sociales, pedagogos o especialistas en la atención de este tipo de niños”.
Patricia Sánchez asegura que 75% de los recursos de la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la SEP del DF están específicamente destinados a la atención, equipamiento y accesibilidad o la infraestructura de las escuelas para los niños en las escuelas; de modo que ellos —los alumnos con discapacidad en el DF— seguirán asistiendo a los planteles, “lo único que cambia es el destino de los recursos”, dice la funcionaria.
Actualmente, las modalidades de atención son las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER); los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Orientación al Público (UOP), con estas se busca ofrecer servicios que permitan identificar y estimular tempranamente a los alumnos, apoyar su integración a las escuelas regulares de educación básica, ofrecerles una escolarización en centros específicos, así como la posibilidad de recibir una capacitación para el trabajo.
“La prioridad es que estos niños no sólo accedan a la educación a través de las unidades de servicio de apoyo a la escuela regular, (USAER), sino que permanezcan en las escuelas para crecer académicamente y certificarse dentro de la educación básica.
“También existe la posibilidad —para aquellos niños que no pueden acceder a la secundaria— de que continúen en un siguiente nivel en un Centro de Atención Múltiple (CAM) donde reciben una capacitación para el trabajo”, comenta Patricia Sánchez.
Al respecto, Gabriela Tamez Hidalgo, coordinadora del Programa de Fortalecimiento de Educación Especial de la SEP, agrega que “la escuela inclusiva contempla no sólo la impartición de materias especiales para los niños con discapacidad, sino una serie de grupos que están etiquetados como vulnerables, marginados o altamente vulnerables: niños con discapacidad, con problemas de aprendizaje, de conducta, de comunicación.
“Niños que por sus condiciones requieran apoyo permanentemente, como son los niños migrantes, indígenas, niños que viven en condición de calle, jóvenes embarazadas o madres que todavía cursan la educación básica y niños con sida o con dificultades de aprendizaje y comunicación”.
Perspectiva actual
Raquel Jelinek, presidenta de Inclusión Interamericana y miembro de Confe, organización que agrupa a más de 70 organizaciones con sede en 22 entidades), lamentó que se haya recortado el presupuesto, aunque aseguró que durante los últimos cinco años la SEP ha hecho esfuerzos por atender a los niños y niñas con discapacidad, así como niños sobresalientes que están en edad escolar, pero “falta mejorar mucho más y ampliar la cobertura”.
En México el promedio nacional de escolaridad de las personas con discapacidad es solamente de 3.8 años.
En América Latina y el Caribe, de acuerdo con los números del Banco Mundial, únicamente entre 20% y 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la escuela.
Los niveles de analfabetismo son también bastante más altos entre la población con discapacidad, puesto que llegan algunas veces a ser cinco vecesmayores a los promedios nacionales, de acuerdo con informes de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade).
En algunos países como Escocia, decidieron reemplazar en su legislación el concepto de “Necesidades Educativas Especiales” por el de “Necesidades de Apoyos Adicionales” para enfatizar que éstas no se encuentran en el niño o niña, sino que se originan en la relación que establecen con la escuela.
Infraestructura insuficiente
En México, de acuerdo con la especialista, los espacios físicos, mobiliario, materiales didácticos, de oficina, específicos y bibliográficos con los que funcionan las escuelas no son suficientes ni adecuados para ofrecer una educación efectiva para la atención a escolares con alguna discapacidad.
De la misma forma, “el equipo médico, auxiliares educativas, trabajadoras sociales, terapeutas físicos en los planteles reportan los más bajos niveles de conocimiento en los temas y contenidos considerados indispensables, ya que no han sido beneficiados de opciones de actualización y capacitación para brindar la respuesta educativa”, explica Clara Lourdes Meza García, coordinadora de la obra Diagnóstico de los Servicios de Educación Especial del Estado de Oaxaca.
En el marco de las necesidades educativas especiales, muchos niños o niñas experimentan dificultades de aprendizaje en algún momento de su escolarización. “Las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todo el alumnado, incluyendo a quienes tengan discapacidades graves, y para ello es necesario que se incrementen las coberturas y no que se reduzcan, como ha ocurrido con el recorte que acordaron los diputados”, concluye Clara Lourdes Meza García, miembro del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.
