Micrópolis/Brújula Metropolitana
Ganancias de pescadores:
Fabián Zavala
nahual@mexico.com
Después de verificarse la apasionada defensa “canina” del peso, en 1982, que resultó en la nacionalización de la banca, nuestro país entró en una fase crítica. Navegó por el mar de la insolvencia y la especulación (1984 y 1986), y estuvo expuesto a las amenazas y presiones de la banca extranjera, los EUA y los personeros de las instituciones financieras dentro y fuera de nuestro país. A la política del “debo no niego, pago no tengo”, el régimen de Miguel de la Madrid, expresidente recientemente autodeclarado incompetente por andar “balconeando” las mordidas presupuestales de Carlos Salinas y familia (“perro no come perro”), dio continuidad aceptando las condicionantes que imponían el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), e inició económicamente lo que ahora conocemos como la “era neoliberal”, tan apreciada por los funcionarios del régimen federal actual.
Dicho inicio implicó:
recortes presupuestales, para quitarnos lo “gastalones”; convenios con el Banco Mundial y el FMI para cambiar el manejo de la economía, que equivalen a
matar de inanición la vida económica local para que la única alternativa sea la que ofrezcan las corporaciones trasnacionales (por eso nos llenamos de
Oxxo, 7eleven y wal mart, y banca extranjera, por ejemplo); acuerdos para avanzar en lo que eufemísticamente se ha llamado
“profundización financiera”, que consiste en que todas las actividades de la vida económica y social tengan que intermediarse por la banca, y
así usted, distinguido lector, su familia y toda su descendencia futura, tenga que pagar una especie de tributo a la banca para hacer efectiva su quincena o pagar sus servicios domésticos; y, por supuesto,
el remate de empresas y bienes nacionales, que después de una larga e indignante lista hoy toca las puertas de Pemex y Luz y Fuerza del Centro.
La transformación que esto implicaba era tan profunda que Miguel de la Madrid optó por cambiar, incluso, los objetivos nacionales; es decir, los objetivos de gobierno del propio régimen y de los esfuerzos de la sociedad que aquel lograba concitar. De ese modo, el desarrollo regional del país, el empleo, la industria, la educación, la justicia, etc. pasaron a segundo o tercer término, ante la prioridad que adquirieron las “finanzas públicas sanas” y el “control de la inflación”. Dicho cambio no era otra cosa que la creación de condiciones para asegurar que las inversiones trasnacionales, y de grandes empresas nacionales, obtuvieran ganancias en nuestro país a costa del cautiverio de los consumidores, las excepciones fiscales, la asfixia de la economía local y, por supuesto, la corrupción gubernamental. Ofrecer utilidades a las grandes empresas se convirtió, desde entonces, en nuestra prioridad nacional.
El primer resultado de la “inauguración” del período neoliberal fue la “feria” que se verificó, por aquellos años, en la banca internacional para otorgar créditos a México. Las principales corredurías y fondos de inversión del mundo se asociaban a bancos internacionales para reunir los fondos que México “requería”; hasta inversionistas mexicanos aportaban sus recursos a la banca internacional para que conformara los fondos que constituían los famosos “créditos Jumbo”, inmensos préstamos que mantenían condiciones bastante adversas para México. Había que dar muestra de que las inversiones en nuestro país podían ganar dinerito.
Inmediatamente después tuvo lugar el “Salinato” que, más identificado con Bush y con los nuevos objetivos, inicia el remate nacional. Es con Salinas cuando se abre el mercado interno a las corporaciones, con el TLC; se remata una cantidad impresionante de empresas gubernamentales y comienza la privatización de la banca, que deja de fungir como banca y comienza a especular con inmuebles y a elevar el precio de comisiones; se desarrolla el “sector financiero” con casas de cambio, de bolsa, etc. de donde, por cierto, proviene el tipo más rico del mundo, Carlos Slim; y se “bursatiliza” la deuda gubernamental, es decir, la convierte en un mecanismo de inversión a través de la emisión de bonos y obligaciones pagaderas a futuro que se venden en los mercados financieros del mundo; entre otras “delicadezas”. Dicho periodo concluye con una pregunta existencial, el 20 de noviembre de 1994, a consecuencia de la crisis política y social que el nuevo “modelo” neoliberal ha generado: ¿devaluar o no devaluar?, ¿Quién pagará los platos rotos?.
Zedillo estrena su gobierno con el “error de diciembre” cuando, muy probablemente, un grupo de inversionistas cercanos al régimen intenta imponer condiciones al ajuste en el tipo de cambio (devaluación) con consecuencias nefastas. El principal resultado es el cuestionamiento sobre la capacidad del gobierno para asegurarle ganancias a los inversionistas internacionales, el cual deriva en el otorgamiento de prestamos al gobierno de Zedillo, por parte de EUA, por un monto aproximado de 50 mil millones de dólares (que es, más o menos, el doble de lo que hoy necesita Grecia para salir de su atolladero) y, según rumores, el compromiso de “amarrar” la sucesión presidencial de 2000. Además de la estrepitosa caída del PIB y del nivel de vida de la población que se observan entonces, hubo que comprometer la facturación de Pemex durante unos años; pagar en dólares, a inversionistas extranjeros, el vencimiento de bonos gubernamentales pactados en pesos; así como crear un mecanismo de pago a la banca por los “efectos causados” por la devaluación, el FOBAPROA, que ha significado una deuda para nosotros de aproximadamente 700 mil millones de pesos. Ninguna decisión o circunstancia podía poner en entredicho la seguridad de que en México las inversiones obtendrían ganancias.
Durante el gobierno de Fox (gobierno de empresarios para empresarios) arribó el cinismo, y aquella prioridad de garantizar ganancias a las inversiones se trastocó en saqueo. Muy probablemente no conoceremos nunca el destino de los recursos obtenidos por los ingresos excedentes de la venta de petróleo, en una época en que las ventas fueron inusitadamente favorables; ni tampoco los fideicomisos que creó su gobierno para el manejo discrecional de fondos; así como tampoco los acuerdos que haya establecido con el gobierno de Bush, en contra de los intereses de nuestra población.
Por su parte, en el régimen de Calderón, queda atrás el interés demagógico de mantener “equilibrios financieros” en tanto que el saqueo deviene en soberbia. Sin el menor recato los intereses trasnacionales influyen y determinan decisiones gubernamentales al amparo de una política de seguridad que mantiene bajo amenaza a la sociedad.
Impunemente se atenta contra vidas y derechos en Cananea y contra el patrimonio que la sociedad tiene en Pemex y en Luz y Fuerza del Centro, para el beneficio de corporaciones españolas, norteamericanas y canadienses; en tanto que el desprecio por la sociedad misma se muestra con descaro en la actitud oficial ante la tragedia de los 49 niños muertos en Sonora, las muertas de Juarez y los jóvenes asesinados ahí, así como en la indiferencia ante la violencia del narcotráfico en todo el país y los atentados a periodistas. Con el mismo descaro se deja de aplicar o se tuerce la ley en el caso de los reclamos a Minera México (Pasta de Conchos), y en el de Atenco; en la compra de vacunas contra el virus AH1N1 y en la autorización para el uso de maíz genéticamente modificado; en la negativa a renunciar del titular de la Reforma Agraria después de que se prueba que se ha beneficiado con recursos de los programas que él dirige; en el silencio respecto a la manipulación de contratos en Pemex que denuncia Ana Lilia Perez en su libro (“Camisas azules manos negras”); y en la ventilada colusión legislativa para aprobar medidas que atentan contra la capacidad de subsistencia de la población, el aumento al IVA y a otros impuestos. Mientras tanto, el PIB decrece el 8% durante 2009 junto con el empleo y nuestros ingresos y, en contraste, las empresas bancarias obtienen aproximadamente un 20% de ganancias en el mismo periodo y Carlos Slim alcanza el primer lugar mundial por el monto de su riqueza (alrededor de 50 mil millones de dólares).
La soberbia comanda las acciones emprendidas este año para reducir más los derechos laborales, sociales y humanos (reforma laboral)
y para someter la vida institucional (reforma política), a fin de dar rienda suelta a las
pretensiones de corporaciones sobre nuestros recursos y población que les permitan elevar sus beneficios; sin embargo,
los excesivos márgenes de ganancia que obtienen en México ya se encuentran asentados sobre una estructura política corroída por la colusión y el incumplimiento de la ley, y por el deterioro material, social y moral ocasionado por el “modelito”, que ya
ha colocado a grandes grupos de población (
en Cd. Juárez, Chihuahua; Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Edo de México, Chiapas, Oaxaca, y toda una generación –la generación “NiNi” , “Ni estudias ni trabajas”-)
en la desesperación.}
Hoy por hoy, la intervención de la ciudadanía en la discusión y las decisiones familiares, vecinales, profesionales y comunitarias respecto de los asuntos públicos adquiere una importancia destacada, para evitar que el “desmoronamiento anunciado” constituya un mayor deterioro en nuestra calidad de vida, y una oportunidad de beneficios adicionales para los poderes fácticos, extranjeros y corporativos, quienes ya se apostan al acecho de este río revuelto llamado México.
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