El Terrorismo Económico de las grandes corporaciones multinacionales. Video

Sicario económico “Economic hitman" 

Ex agente de la C.I.A. Revela La verdadera política exterior de USA para Latinoamérica y otros países con riquezas que ambiciona, la que se ha denominado La corporocracia Mundial. En donde pone al descubierto las tres etapas para apoderarse de la riqueza de un país.

  

1.- corrompiendo y sobornando con millones de dólares a los gobernantes a cambio de aceptar prestamos del FMI. Banco mundial y otros organismos internacionales a cambio de implementar infraestructura y políticas publicas que solo benefician a la oligarquía local. 

 2.- si esto no resulta, realizar operaciones encubiertas con chacales “agentes de la C.I.A.” entrenados para asesinar al gobernante que no se deja sobornar; se financia a la oposición, mediante empresas trasnacionales como USAID y otras que se supone que luchan por la democracia. O financian medios de comunicación y militares adiestrados en los USA. Para llevar acabo un golpe de estado militar e imponer una dictadura que convenga a los intereses de sus corporaciones multinacionales. 

3.- si las dos líneas anteriores fallan, se mandan religiosos, visitadores de derechos humanos, e ideólogos que cuestionen el estatus quo de ese país, desvirtuando su cultura y sus valores, para a través de los medios masivos de comunicación de los cuales son dueños; crear en la opinión publica la percepción de que hay necesidad de rescatar a su población de todas esas injusticias. Manipulan el consejo de seguridad de la ONU y otros organismos internacionales a fin de justificar y legitimar una invasión militar con armas que venden sus corporaciones; para apoderarse de los recursos naturales é introducir a sus corporaciones con jugosos contratos para la reconstrucción de dicho país como en el caso de IRAK.

 Todo parece indicar que IRAN Y VENEZUELA son ambos casos candidatos a una próxima invasión de saqueo para apoderarse de su petróleo y beneficiar a esta corporocracia, que constituye al día de hoy el moderno imperio romano.

 El IMPERIALISMO, no son los estados unidos, sino esta Corporocracia, que utiliza al gobierno de los estados unidos. Como un comité al servicio de sus corporaciones multinacionales, que se enriquecen inmoralmente, a costa del sufrimiento, pobreza, enfermedad, de miles de millones de seres humanos y la devastación ecológica del planeta.

Las estrellas de televisa: narcotrafico internacional

Detenidos en Nicaragua por narcotráfico son de Televisa

El Cronista digital de Nicaragua confirmó que los mexicanos detenidos en este país sí son trabajadores de Televisa, entre ellos la prima de Javier Alatorre quien ha entrado 15 veces a Costa Rica en estos meses 

Por Oscar Merlo

Podemos confirmar que Raquel Alatorre Correa y al menos tres o cuatro de los detenidos en las seis Van que ingresaron a Nicaragua el pasado lunes por un punto fronterizo con Honduras, son trabajadores de Televisa, el gigante de la televisión mexicana que no sabemos cómo explicará esto.

Alatorre, de quien en algún momento se creyó que viajaba con nombre falso, es en realidad la persona que reflejan su pasaporte y otros documentos de identificación. Cuando fue presentada ante los periodistas, gritó que quería ser juzgada en Nicaragua para no meter en problemas “a su familia”.

Raquel es una persona con influencia en la televisora donde trabaja debido a que es familiar (prima) de Javier Alatorre Soria, uno de los dandis de TV Azteca, la empresa de televisión que fue rival de Televisa durante muchos años hasta que en 2011 entraron en alianzas en el negocio de la venta de servicios a través de celulares.

Raquel Alatorre en primer plano, prima de Javier Alatorre Foto: El Cronista digital

Javier Alatorre Soria, de 51 años, conduce el espacio noticioso “Hechos” y se mueve en los altos círculos sociales mexicanos. Existen publicaciones en internet que le adjudican una muy estrecha relación con un influyente millonario de la nación azteca.

“Algunos de ellos declararon aquí que son empleados de Televisa, lo que fue confirmado por autoridades mexicanas que dicen investigarán a dicha empresa, pese al indudable poder que tiene dentro de la sociedad de ese país”, dijo nuestra fuente.

Agregó que será algo difícil por el poderío de Televisa y su propietario Emilio Azcárraga, lo que ya se está haciendo notar con la negativa a aceptar públicamente que Raquel Alatorre Correa y varios más de los narcos detenidos son empleados suyos.

“Televisa tendrá también que explicar cómo es que se le ‘perdieron’ seis de sus móviles a como dicen ahora, y si había reportado esa pérdida a la Policía mexicana”, señaló nuestro informante.

“Nada es falso en las seis Van, los logos, los equipos, todo es de Televisa”, señaló nuestro informante.

Lo anterior vendría a explicar la facilidad con que estos vehículos de Televisa se movilizaban por Centroamérica sin ser descubiertos desde hace un par de años y si ya habían realizado varios viajes a nuestro país, de seguro metieron dinero y sacaron droga.

Es decir, no era una “falsa caravana de Televisa” como se ha venido diciendo en nuestro país, es efectivamente un convoy de vehículos de la empresa televisora mexicana con gente ligada al narcotráfico internacional que ha incursionado legalmente en varias ocasiones a Nicaragua y otros países de la región.

En esta ocasión fueron detenidos debido a una llamada anónima que alertó a nuestras autoridades sobre la peligrosidad de la caravana de Van con insignias de Televisa que entraría nuevamente a Nicaragua desde Honduras.

Fuente: El Cronista Digital 

Ganancia de pescadores:la intervención de la ciudadanía respecto de los asuntos públicos adquiere una importancia destacada, para evitar que el “desmoronamiento anunciado” constituya un mayor deterioro en nuestra calidad de vida,ante los actos

Micrópolis/Brújula Metropolitana
Ganancias de pescadores:

Fabián Zavala

nahual@mexico.com

Después de verificarse la apasionada defensa “canina” del peso, en 1982, que resultó en la nacionalización de la banca, nuestro país entró en una fase crítica. Navegó por el mar de la insolvencia y la especulación (1984 y 1986), y estuvo expuesto a las amenazas y presiones de la banca extranjera, los EUA y los personeros de las instituciones financieras dentro y fuera de nuestro país. A la política del “debo no niego, pago no tengo”, el régimen de Miguel de la Madrid, expresidente recientemente autodeclarado incompetente por andar “balconeando” las mordidas presupuestales de Carlos Salinas y familia (“perro no come perro”), dio continuidad aceptando las condicionantes que imponían el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), e inició económicamente lo que ahora conocemos como la “era neoliberal”, tan apreciada por los funcionarios del régimen federal actual.

Dicho inicio implicó: recortes presupuestales, para quitarnos lo “gastalones”; convenios con el Banco Mundial y el FMI para cambiar el manejo de la economía, que equivalen a matar de inanición la vida económica local para que la única alternativa sea la que ofrezcan las corporaciones trasnacionales (por eso nos llenamos de Oxxo, 7eleven y wal mart, y banca extranjera, por ejemplo); acuerdos para avanzar en lo que eufemísticamente se ha llamado “profundización financiera”, que consiste en que todas las actividades de la vida económica y social tengan que intermediarse por la banca, y así usted, distinguido lector, su familia y toda su descendencia futura, tenga que pagar una especie de tributo a la banca para hacer efectiva su quincena o pagar sus servicios domésticos; y, por supuesto, el remate de empresas y bienes nacionales, que después de una larga e indignante lista hoy toca las puertas de Pemex y Luz y Fuerza del Centro.

La transformación que esto implicaba era tan profunda que Miguel de la Madrid optó por cambiar, incluso, los objetivos nacionales; es decir, los objetivos de gobierno del propio régimen y de los esfuerzos de la sociedad que aquel lograba concitar. De ese modo, el desarrollo regional del país, el empleo, la industria, la educación, la justicia, etc. pasaron a segundo o tercer término, ante la prioridad que adquirieron las “finanzas públicas sanas” y el “control de la inflación”. Dicho cambio no era otra cosa que la creación de condiciones para asegurar que las inversiones trasnacionales, y de grandes empresas nacionales, obtuvieran ganancias en nuestro país a costa del cautiverio de los consumidores, las excepciones fiscales, la asfixia de la economía local y, por supuesto, la corrupción gubernamental. Ofrecer utilidades a las grandes empresas se convirtió, desde entonces, en nuestra prioridad nacional.

El primer resultado de la “inauguración” del período neoliberal fue la “feria” que se verificó, por aquellos años, en la banca internacional para otorgar créditos a México. Las principales corredurías y fondos de inversión del mundo se asociaban a bancos internacionales para reunir los fondos que México “requería”; hasta inversionistas mexicanos aportaban sus recursos a la banca internacional para que conformara los fondos que constituían los famosos “créditos Jumbo”, inmensos préstamos que mantenían condiciones bastante adversas para México. Había que dar muestra de que las inversiones en nuestro país podían ganar dinerito.

Inmediatamente después tuvo lugar el “Salinato” que, más identificado con Bush y con los nuevos objetivos, inicia el remate nacional. Es con Salinas cuando se abre el mercado interno a las corporaciones, con el TLC; se remata una cantidad impresionante de empresas gubernamentales y comienza la privatización de la banca, que deja de fungir como banca y comienza a especular con inmuebles y a elevar el precio de comisiones; se desarrolla el “sector financiero” con casas de cambio, de bolsa, etc. de donde, por cierto, proviene el tipo más rico del mundo, Carlos Slim; y se “bursatiliza” la deuda gubernamental, es decir, la convierte en un mecanismo de inversión a través de la emisión de bonos y obligaciones pagaderas a futuro que se venden en los mercados financieros del mundo; entre otras “delicadezas”. Dicho periodo concluye con una pregunta existencial, el 20 de noviembre de 1994, a consecuencia de la crisis política y social que el nuevo “modelo” neoliberal ha generado: ¿devaluar o no devaluar?, ¿Quién pagará los platos rotos?.

Zedillo estrena su gobierno con el “error de diciembre” cuando, muy probablemente, un grupo de inversionistas cercanos al régimen intenta imponer condiciones al ajuste en el tipo de cambio (devaluación) con consecuencias nefastas. El principal resultado es el cuestionamiento sobre la capacidad del gobierno para asegurarle ganancias a los inversionistas internacionales, el cual deriva en el otorgamiento de prestamos al gobierno de Zedillo, por parte de EUA, por un monto aproximado de 50 mil millones de dólares (que es, más o menos, el doble de lo que hoy necesita Grecia para salir de su atolladero) y, según rumores, el compromiso de “amarrar” la sucesión presidencial de 2000. Además de la estrepitosa caída del PIB y del nivel de vida de la población que se observan entonces, hubo que comprometer la facturación de Pemex durante unos años; pagar en dólares, a inversionistas extranjeros, el vencimiento de bonos gubernamentales pactados en pesos; así como crear un mecanismo de pago a la banca por los “efectos causados” por la devaluación, el FOBAPROA, que ha significado una deuda para nosotros de aproximadamente 700 mil millones de pesos. Ninguna decisión o circunstancia podía poner en entredicho la seguridad de que en México las inversiones obtendrían ganancias.

Durante el gobierno de Fox (gobierno de empresarios para empresarios) arribó el cinismo, y aquella prioridad de garantizar ganancias a las inversiones se trastocó en saqueo. Muy probablemente no conoceremos nunca el destino de los recursos obtenidos por los ingresos excedentes de la venta de petróleo, en una época en que las ventas fueron inusitadamente favorables; ni tampoco los fideicomisos que creó su gobierno para el manejo discrecional de fondos; así como tampoco los acuerdos que haya establecido con el gobierno de Bush, en contra de los intereses de nuestra población.

Por su parte, en el régimen de Calderón, queda atrás el interés demagógico de mantener “equilibrios financieros” en tanto que el saqueo deviene en soberbia. Sin el menor recato los intereses trasnacionales influyen y determinan decisiones gubernamentales al amparo de una política de seguridad que mantiene bajo amenaza a la sociedad.

Impunemente se atenta contra vidas y derechos en Cananea y contra el patrimonio que la sociedad tiene en Pemex y en Luz y Fuerza del Centro, para el beneficio de corporaciones españolas, norteamericanas y canadienses; en tanto que el desprecio por la sociedad misma se muestra con descaro en la actitud oficial ante la tragedia de los 49 niños muertos en Sonora, las muertas de Juarez  y los jóvenes asesinados ahí, así como en la indiferencia ante la violencia del narcotráfico en todo el país y los atentados a periodistas. Con el mismo descaro se deja de aplicar o se tuerce la ley en el caso de los reclamos a Minera México (Pasta de Conchos), y en el de Atenco; en la compra de vacunas contra el virus AH1N1 y en la autorización para el uso de maíz genéticamente modificado; en la negativa a renunciar del titular de la Reforma Agraria después de que se prueba que se ha beneficiado con recursos de los programas que él dirige; en el silencio respecto a la manipulación de contratos en Pemex que denuncia Ana Lilia Perez en su libro (“Camisas azules manos negras”); y en la ventilada colusión legislativa para aprobar medidas que atentan contra la capacidad de subsistencia de la población, el aumento al IVA y a otros impuestos. Mientras tanto, el PIB decrece el 8% durante 2009 junto con el empleo y nuestros ingresos y, en contraste, las empresas bancarias obtienen aproximadamente un 20% de ganancias en el mismo periodo y Carlos Slim alcanza el primer lugar mundial por el monto de su riqueza (alrededor de 50 mil millones de dólares).

La soberbia comanda las acciones emprendidas este año para reducir más los derechos laborales, sociales y humanos (reforma laboral) y para someter la vida institucional (reforma política), a fin de dar rienda suelta a las pretensiones de corporaciones sobre nuestros recursos y población que les permitan elevar sus beneficios; sin embargo, los excesivos márgenes de ganancia que obtienen en México ya se encuentran asentados sobre una estructura política corroída por la colusión y el incumplimiento de la ley, y por el deterioro material, social y moral ocasionado por el “modelito”, que ya ha colocado a grandes grupos de población (en Cd. Juárez, Chihuahua; Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Edo de México, Chiapas, Oaxaca, y toda una generación –la generación “NiNi” , “Ni estudias ni trabajas”-) en la desesperación.}

Hoy por hoy, la intervención de la ciudadanía en la discusión y las decisiones familiares, vecinales, profesionales y comunitarias respecto de los asuntos públicos adquiere una importancia destacada, para evitar que el “desmoronamiento anunciado” constituya un mayor deterioro en nuestra calidad de vida, y una oportunidad de beneficios adicionales para los poderes fácticos, extranjeros y corporativos, quienes ya se apostan al acecho de este río revuelto llamado México.

Noam Chomsky: Empresas toman la democracia, No se puede prohibir que hagan aportaciones economicas en las elecciones

Las empresas toman la democracia de EEUU
Noam Chomsky
Público.es
El 21 de enero de 2010 quedará registrado como un día oscuro en la historia de la democracia de Estados Unidos y su declive. Ese día, la Corte Suprema dictaminó que el Gobierno no puede prohibir que las compañías hagan aportaciones económicas en las elecciones.
La decisión afecta profundamente a la política gubernamental, tanto en el plano interno como en el internacional, y anuncia incluso mayores conquistas de las corporaciones sobre el sistema político de EEUU. Para los editores de The New York Times, el fallo "golpea el corazón mismo de la democracia" al haber "facilitado el camino para que las corporaciones empleen sus vastos tesoros para inundar [con dinero] las elecciones e intimidar a los funcionarios elegidos para que obedezcan sus dictados".

La Corte estuvo dividida, cinco contra cuatro. A los cuatro jueces reaccionarios (engañosamente llamados conservadores), se les sumó el magistrado Anthony M. Kennedy. El magistrado presidente, John G. Roberts Jr., tomó un caso que se podía haber resuelto fácilmente sobre bases más limitadas y maniobró en la Corte con el fin de hacer aprobar un dictamen de gran alcance que revierte un siglo de restricciones a las contribuciones de las empresas en las campañas federales.

Ahora, los gerentes de las compañías podrán, de hecho, comprar directamente comicios, eludiendo vías indirectas más complejas. Es bien sabido que las contribuciones empresariales, en ocasiones envueltas en paquetes complejos, pueden inclinar la balanza en las elecciones y, así, dirigir la política. La Corte acaba de entregar mucho más poder a ese pequeño sector de la población que domina la economía.

La Teoría de inversiones de política, del economista político Thomas Ferguson, ha constituido durante mucho tiempo un exitoso pronóstico de la política gubernamental. La teoría interpreta las elecciones como ocasiones en las que segmentos del poder del sector privado se unen para invertir en el control del Estado. La decisión del 21 de enero refuerza los medios para socavar la democracia funcional.
El trasfondo es revelador. En su disensión, el juez John Paul Stevens admitió que "desde hace tiempo se ha sostenido que las corporaciones están amparadas por la Primera Enmienda [la garantía constitucional de la libertad de expresión, que incluye el derecho a apoyar a candidatos políticos]".

A principios del siglo XX, teóricos legales y tribunales implementaron un fallo de la Corte de 1886 mediante el cual las corporaciones -esas "entidades colectivistas legales"- debían tener los mismos derechos que las personas de carne y hueso. Este ataque al liberalismo clásico fue condenado con rotundidad por la especie en extinción de los conservadores. Christopher G. Tiedeman describió el principio como "una amenaza a la libertad del individuo y a la estabilidad de los estados americanos como gobiernos populares".

En su trabajo de historia sobre la ley, Morton Horwitz escribe que el concepto de personalidad corporativa evolucionó a la par que el desplazamiento del poder de los accionistas hacia los gerentes y, finalmente, condujo a la doctrina de que "los poderes de la mesa directiva son idénticos a los poderes de la corporación". En años posteriores, los derechos corporativos se expandieron mucho más allá que los de las personas, particularmente mediante los mal llamados "acuerdos de libre comercio". Bajo esos acuerdos, por ejemplo, si General Motors establece una planta en México, puede exigir ser tratada igual que una empresa mexicana (trato nacional), a diferencia de un mexicano de carne y hueso que pretendiera en Nueva York un trato nacional o, incluso, los mínimos derechos humanos.

Rivales del Gobierno Hace un siglo, Woodrow Wilson, en aquel entonces un académico, describió un Estados Unidos en el que "grupos comparativamente pequeños de hombres", gerentes corporativos, "ejercen un poder y control sobre la riqueza y las operaciones de negocios del país", convirtiéndose en "rivales del propio Gobierno". En realidad, esos grupos pequeños se han convertido cada vez más en los amos del Gobierno. La Corte Suprema les da ahora un alcance aún mayor.

El fallo de 21 de enero llegó tres días después de otra victoria para la riqueza y el poder: la elección del candidato republicano Scott Brown para reemplazar al finado senador Edward M. Kennedy, el león liberal de Massachusetts.

La elección de Brown fue presentada como una "rebelión populista" contra los elitistas liberales que manejan el Gobierno. Los datos de la votación revelan una historia diferente. Una asistencia alta de votantes de los suburbios ricos y baja en las áreas urbanas demócratas contribuyeron a la victoria de Brown. "Un 55% de los votantes republicanos dijo estar muy interesado en la elección, en comparación con un 38% de los demócratas", según la encuesta de The Wall Street Journal/NBC. De manera que los resultados fueron, en realidad, una revuelta contra las políticas del presidente Obama: para los ricos, no estaba haciendo lo suficiente para enriquecerlos aún más, en tanto que para los sectores pobres estaba haciendo demasiado en favor de los poderosos.

La ira popular es perfectamente comprensible, dado que los bancos están prosperando gracias a los rescates, mientras que el desempleo se ha elevado al 10%. En el sector de la manufactura, uno de cada seis está sin trabajo: un desempleo en el nivel de la Gran Depresión. Con la financialización creciente de la economía y el desplome en la industria productiva, las perspectivas de recuperar los tipos de empleo que se perdieron son sombrías.

La salud pública Brown se presentó como el voto 41 contra el programa de salud pública; esto es, el voto que podría socavar el dominio demócrata en el Senado de EEUU.

El programa de atención médica de Obama fue, en efecto, un factor en la elección de Massachusetts. Los titulares están en lo correcto cuando informan de que el público se está volviendo contra el programa. Las cifras de la encuesta explican por qué: porque la iniciativa no llega lo suficientemente lejos. El sondeo de The Wall Street Journal/NBC reveló que la mayoría de los votantes desaprueba el manejo del sistema de salud tanto por los republicanos como por Obama.

Estas cifras están en la línea de otras encuestas nacionales recientes. La opción pública de la salud es apoyada por el 56% de los encuestados y el acceso a Medicare a los 55 años de edad, por el 64%; pero ambas iniciativas fueron abandonadas. Un 85% opina que el Gobierno debería tener el derecho de negociar los precios de los medicamentos, como en otros países; sin embargo, Obama garantizó a las grandes industrias farmacéuticas que no elegirá esa opción.

Amplias mayorías de ciudadanos están a favor del recorte de costes, lo que tiene sentido: el coste per cápita en EEUU por atención médica es aproximadamente el doble que en otros países industrializados y los resultados en términos de salud están en el extremo inferior.

Pero el recorte no puede ser emprendido seriamente cuando se trata con gran generosidad a las compañías farmacéuticas y el sistema de salud está en manos de aseguradores privados prácticamente sin regulación -un sistema costoso, peculiar de EEUU-.
El fallo del 21 de enero eleva nuevas e importantes barreras para superar la grave crisis del cuidado de la salud o para afrontar asuntos tan críticos como las inminentes crisis ambiental y energética. La brecha entre la opinión pública y la política pública es cada vez mayor. Y el daño a la democracia estadounidense es tan grande que difícilmente se puede exagerar.

Fuente: http://www.publico.es/internacional/292370/empresas/toman/democracia/eeuu