Conferencia de Prensa
Boletín de Familiares
Ciudad de México a 14 de mayo del 2012
Al pueblo de México
A las Organizaciones Populares,
políticas y democráticas
A las Organizaciones de Derechos Humanos
Nacional e Internacional
A las Organizaciones de Familiares de
víctimas de Desaparición Forzada
A los intelectuales y personalidades
progresistas
A los medios de
Comunicación
El Comité de
Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, los representantes
legales y organizaciones solidarias denuncian simulación, engaño, burla y
perversidad por parte del Estado Mexicano al dar por muertos a los
desaparecidos Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
El Estado Mexicano,
ante la proximidad del 5º aniversario de la desaparición forzada de los
luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez (25 de
mayo), montó una operación de simulación y engaño para aparentar ante
familiares y ante la COMED que se estaba avanzado en las investigaciones para
resolver el caso con el objetivo de impedir o inhibir la denuncia pública y las
actividades que llevan a cabo familiares y organizaciones de derechos humanos y
populares en el marco del aniversario y de la Campaña Nacional contra la guerra
de Calderón, por la justicia y castigo a los criminales de Estado.
El pasado 10 de abril
del presente año la familia de Edmundo Reyes Amaya y los abogados
representantes de la coadyuvancia fueron notificados sobre la decisión del
gobierno de llevar a cabo una diligencia de exhumación para descartar una
supuesta “línea de investigación” que había permanecido inactiva durante 5
años, por la falta de voluntad política del Estado y dar con los responsables
de este crimen de lesa humanidad. La certeza y la forma dolosa con que fue
brindada la información a la familia dio un margen muy alto de posibilidad de
encontrar en esta diligencia el cuerpo de una persona cuyas características
eran similares a la de Edmundo Reyes Amaya y que en reiteradas ocasiones el
gobierno federal aseguraba saber su paradero. En tanto que jamás proporcionó
información alguna respecto al paradero de Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Tratando con ello de dividir el caso y a los familiares en su lucha por la
presentación con vida de los desaparecidos.
Ante la seguridad con
la que se manejaba esta información, los familiares, tanto de Edmundo como de
Gabriel con el fin de avanzar en las investigaciones y no obstaculizar este
proceso, y en un acto de buena voluntad, accedimos a practicar la diligencia,
la cual se llevó a cabo del 30 de abril al 4 de mayo del presente año. Sin
embargo, al practicar la diligencia que se prolongó por varios días, nos
encontramos con una serie de engaños y falta de seriedad por parte del gobierno
estatal y federal al no tener una línea clara de investigación y montar un
escenario de posibilidades al encontrar diversos cuerpos, que no correspondían
al de nuestros familiares, con lo que se nos sometió a un desgaste físico y
emocional al llevarnos a un proceso de exhumaciones sin sentido, en el que fuimos
re victimizados.
En estas
circunstancias y al fracasar en su intento de encontrar el cuerpo que
correspondía según a Edmundo Reyes, el gobierno estatal condiciono la voluntad
política y de recursos para aceptar realizar nuevas diligencias, orientadas a
dar por muertos a los detenidos desaparecidos, con lo que el derecho de acceder
a la verdad y a la justicia es anulado de facto, cuando es obligación del
Estado investigar y dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada
y castigar a los responsables.
La premura del
gobierno mexicano de realizar esta diligencia, la presión hacia los familiares
para aceptar la hipótesis de que uno de los desaparecidos pudiera estar muerto,
aunado a que en la exhumación no se encontró el cuerpo que se había dicho que
pudiera ser de uno de ellos, demuestra la perversidad del Estado mexicano que
año con año, ante la proximidad de un aniversario más inventa supuestos avances
en las investigaciones.
La diligencia de
exhumación para encontrar a quien supuestamente puede ser Edmundo Reyes Amaya
implicó que en los hechos el Estado mexicano presume la muerte de dicho
luchador social; sin embargo, en las investigaciones ministeriales NO existe
dato alguno que lleve notoriamente a dicha conclusión. Basta decir, que la
indagatoria que se inició a partir que se encuentra dicho cadáver no contiene
actuación alguna tendiente a establecer las circunstancias de lugar, tiempo y
modo de la muerte de esa persona, así como el lugar en que fue inhumada.
Consideramos que antes
de llevar a cabo otra diligencia de exhumación, es necesario que el Estado
mexicano demuestre, mediante pruebas fehacientes y que obren en las
indagatorias que se llevan a cabo tanto en la Unidad Especializada en
Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITA) de la
Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la
Procuraduría General de la República (PGR), como en la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Oaxaca, que las líneas de investigación relativas a que
los desaparecidos se encuentran vivos han sido agotadas y, en su defecto,
consecuentemente se determine la suerte o paradero de los mismos. De lo
contrario, será inútil detener y procesar a personas si no se tienen pruebas
suficicientes en los procedimientos penales para incriminarlos, pues ello,
lejos de beneficiar propiciara la impunidad a largo plazo.
Cabe decir, que la la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Radilla Pacheco
-que justamente condenó al estado mexicano por una desaparición forzada-
reiteró que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no
significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una
simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. Al respecto, el
Tribunal ha establecido que “cada acto estatal que conforma el proceso
investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado
hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción
de los responsables de los hechos”.
La desaparición
forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, fue reconocida y
aceptada por la CNDH, debido a la presión y exigencia de organizaciones
populares, familiares y la COMED, motivo por el cual emitió una recomendación
al Estado Mexicano (07/2009), quien se vio obligado a reconocer este crimen. En
consecuencia es el Estado quien tiene completa responsabilidad intelectual en
estos hechos y es quien sabe perfectamente en dónde están los desaparecidos y
quienes son los responsables materiales.
La perversidad y el
engaño se configura al confirmarse que la diligencia fue un acto planeado y de
simulación ante la premura del aniversario y por la presión de las
organizaciones populares y políticas que exigen la presentación con vida de los
detenidos desaparecidos; y la intensión de que los familiares caigan en el
juego de dar por muertos a los desaparecidos y con ello también garantizar la
impunidad a los responsables de este crimen de lesa humanidad.
Lo anterior demuestra
que la desaparición forzada de personas es una política de Estado que se ha
incrementado con la llegada del PAN al poder y en el contexto de supuesta
guerra contra el narcotráfico con la intención de paralizar y desarticular a
los movimientos populares, causar miedo y terror en la población e instaurar
por la vía de los hechos un estado policiaco militar que atente cada vez más en
contra del pueblo mexicano.
Por lo tanto tenemos
la certeza de que Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez se
encuentran vivos en alguna cárcel clandestina del Estado mexicano y por ello,
hoy y siempre nuestro grito de exigencia es vivos se los llevaron, vivos los
queremos.
Condenamos la burla y
la perversidad con la que el Estado mexicano intento evadir su responsabilidad
de presentar con vida a los desaparecidos y castigar a los responsables de la
desaparición forzada, por lo que exigimos:
1.
La presentación inmediata y con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez.
2.
Una investigación que garantice el derecho a la verdad, a la justicia y la
no impunidad de los responsables materiales e intelectuales de cometer la
desaparición forzada.
3.
El derecho a la justicia y a la reparación integral del daño que establezca
garantías de no repetición de estos crímenes de lesa humanidad.
4.
Que se garantice la seguridad de los familiares y organizaciones que han
acompañado la exigencia de la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya,
Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz, Daniela y Virginia Ortiz
Ramírez y Lauro Juárez, así como la de todos los detenidos desaparecidos del
país.
Por último, queremos
dar a conocer al pueblo en general que, en el marco de la semana internacional
del detenido desparecido impulsada por FEDEFAM, familiares de víctimas de
desaparición forzada, organizaciones populares y de derechos humanos
realizaremos de manera coordinada en 15 estados de la república diversas actividades
para exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos y el
castigo a los culpables.
Comisión de Mediación reafirma su solidaridad con familiares de Edmundo y
Gabriel desaparecidos forzadamente en 2007
En días pasados, se llevó a cabo una
diligencia judicial de exhumación de un cuerpo que se pensó podría ser el de
uno de los desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario. Luego de una
dolorosa jornada, en la que participamos miembros de la COMED, familiares de
las víctimas, funcionarios de los gobiernos federal y de Oaxaca, se llegó a la
conclusión de que era una pista infundada. Fue importante para nosotros la
participación de antropólogos forenses argentinos que validaron los resultados.
Nuestra decisión de participar en dicha
diligencia se basó en dos factores: a) los antecedentes de solicitud,
condiciones y aceptación que hicieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y
Gabriel Alberto Cruz Sánchez; y b) la garantía de que serían forenses externos
los que harían tanto la exhumación como el peritaje final. Pensamos que fue
útil la realización de ese evento, al menos para descartar líneas de
investigación ministerial. Contamos para esto con la invaluable colaboración de
la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Es comprensible que las familias Reyes
Amaya y Cruz Sánchez, luego de la revictimización que implicó la exhumación y
la práctica de estudios en el lugar de los hechos, se muestren indignados y se
sientan engañados. Como siempre, nuestra profunda solidaridad y acompañamiento
a ellos y ellas.
Pensamos que es el momento de que se
demuestre una verdadera voluntad política de investigar por el paradero con
vida de los dos militantes desaparecidos. A punto de cumplirse cinco años de
esta desaparición forzada, se frustran las esperanzas de esclarecimiento del
caso y de aplicación de justicia a los culpables de este nefando crimen. México
no tendrá Estado de Derecho mientras se produzcan situaciones como la que aquí
se denuncia. Nosotros, como Comisión de Mediación, seguiremos cumpliendo
nuestra encomienda en este esfuerzo nacional por lograr condiciones de justicia
y paz.
Atentamente.
México, D.F. a 14 de mayo de 2012
La COMED:
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández
Souza, Dolores González Saravia,
José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa (+), Juan de Dios
Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y
Rivas, Carlos Montemayor (+),
Pablo Romo Cedano, Samuel Ruiz García (+).
