Comunicados en torno a Reformas y Leyes que podrían inhibir la Protesta Social: Exigimos a ALDF derogarlas

Juzgados federales confirman que la Ley de Movilidad viola derechos humanos en un contexto de criminalización de la protesta social

•   El ejercicio del derecho a la protesta social debe ser la regla y no la excepción, resuelven juezas.

•   El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige al Estado en su conjunto garantizar la protesta social y evitar acciones represivas para las manifestaciones del 1 y 6 de diciembre.

México, D.F. a 30 de noviembre de 2014.- En un contexto de graves retrocesos en la vigencia de los derechos humanos, dos juezas federales resolvieron 3 amparos y declaran inconstitucional la Ley de Movilidad del Distrito Federal porque vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones públicas.

Las resoluciones protegen de la aplicación de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley a colectivos de estudiantes, personas defensoras y periodistas. Estas disposiciones les obligaban a brindar aviso por escrito y con 48 horas de anticipación sobre la realización de una manifestación, así como la prohibición de utilizar vías primarias de circulación continua y habilitaba a la policía del DF a adoptar “las medidas necesarias” para el cumplimiento de la Ley.

Lo anterior, apreciaron las juezas, genera un efecto inhibidor en el ejercicio del derecho a la protesta social. Las autoridades no solamente deben proteger las manifestaciones públicas que transmitan expresiones favorables a ellas, sino que también deben garantizar las manifestaciones de descontento o desaprobación social que en principio son lícitas.

Destacan que la protesta social está protegida por la libertad de expresión, en tanto implican la circulación de ideas y juicios de valor inherentes a la legitimidad democrática. No se pueden calificar de ilegales las manifestaciones que son confrontativas o desagradables, ni aquellas que emitan críticas contra personajes públicos, políticas gubernamentales e incluso las que muestren un rechazo social hacia las instituciones del Estado.

También determinaron que no es permisible invocar antes de una manifestación el mantenimiento de orden público y la paz social como una restricción para el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, porque el orden público no es un concepto que deba contraponerse a la vigencia de los derechos humanos, sino debe ser coherente con los valores propios de una sociedad democrática.

Las resoluciones judiciales demuestran que en el Distrito Federal existe un clima desfavorable para ejercer las libertades de expresión, reunión y asociación en el espacio público, situación que ha sido replicada en varias entidades de la República.

A la par de normas abiertamente inconstitucionales, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Procuraduría de Justicia local (PGJDF), en coordinación con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, han emprendido una serie de acciones que configuran un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y agresiones físicas y psicológicas contra manifestantes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto de manifestaciones.

A partir de la documentación de agresiones policiales en protestas recientes se evidencia la agresión generalizada contra manifestantes, detenciones arbitrarias, el uso de delitos ambiguos como “ultrajes” y“ataques a la paz pública”, o bien, delitos graves como “tentativa de homicidio”, “motín” y “asociación delictuosa”. Asimismo, han sido vulneradas las garantías del debido proceso, particularmente de las personas remitidas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Contrario al discurso oficial, quienes han puesto en riesgo la integridad y seguridad de las personas que confluyen en las manifestaciones para exigir justicia por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y sus familiares, han sido las autoridades y no los manifestantes.

El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige a la Asamblea Legislativa la derogación de todas las disposiciones normativas que restrinjan o inhiban la protesta en el Distrito Federal. También, a las autoridades, tanto federales como del Distrito Federal,  respeten y garanticen los derechos de todas las personas que participen de las manifestaciones públicas que se llevarán a cabo el 1 y 6 de diciembre. Esto tomando en consideración que ha sido evidente desde el inicio de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera el afán de criminalizar la manifestación pública y enfrentarla mediante la fuerza pública, el generar legislación que restringe la protesta social y el uso indebido del derecho penal en este contexto. Las organizaciones que conforman este Frente muestran su preocupación ante esta actitud, ya que se ha recrudecido en las últimas manifestaciones.

También exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tengan una actitud proactiva en prevenir la repetición de agresiones por parte de las autoridades. De la misma manera, demandamos a las corporaciones policiales Federal y capitalina que se abstengan del uso arbitrario de la fuerza en manifestaciones y de realizar detenciones arbitrarias. Que la PGR y la PGJDF dejen de utilizar el derecho penal como mecanismo de control y castigo. Finalmente, el Poder Judicial debe actuar y restituir en la libertad a las personas que estén procesadas injustamente tan sólo por participar en las expresiones de descontento social.

Frente por la libertad de expresión y la protesta social.

Conformado por

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.

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Reforma aprobada podría inhibir la protesta social

México, DF, 3 de diciembre 2014.La reforma al artículo 11 de la Constitución aprobada el día de ayer por la Cámara de Diputados busca asegurar el acceso universal al derecho a la movilidad bajo los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y universalidad.

 

Lo anterior no necesariamente implica la restricción de los derechos de libertad de expresión, reunión y asociación, aunque puede generar condiciones para ello. El propio Dictamen que establece los alcances y límites de la modificación al artículo 11 de la Constitución -realizado por la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados el 02 de diciembre- señala con claridad que bajo ninguna circunstancia la reglamentación de la reforma mediante una Ley General de Movilidad deberá restringir o inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

 

En efecto, el propio Dictamen señala:

“La propuesta contenida en el presente Dictamen, intenta acercarse […] al modelo integral garantista [de regulación de la manifestación pública], debido a que los derechos a la libre expresión, reunión y manifestación no pueden ser sujetos a reglamentaciones penales; el sujeto regulado es el Estado y sus agentes, no las personas manifestantes; [por lo que] la autoridad debe abstenerse de calificar la licitud o ilicitud de una manifestación, sin importar su naturaleza o finalidad inicial”.

 

El Dictamen expresamente prohíbe reglamentar las manifestaciones públicas al momento de hacer la ley secundaria, señalando que se debe regular a los agentes del Estado y no a los manifestantes. Afirmación coherente con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de la audiencia temática sobre protesta social en México (que tuvo lugar el 30 de octubre de 2014 en la CIDH) que en voz de su Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, expresó al Estado mexicano que "el paradigma democrático no es el control de la ciudadanía sino el control del ejercicio de poder y del uso y el abuso de la fuerza de sus agentes".

 

A pesar de lo anterior, no debemos perder de vista el proceso legislativo que se inicie en los próximos seis meses para reglamentar esta reforma constitucional. Es claro que en el contexto actual prevalece un afán criminalizador de la protesta social y que se ha dado un uso político al derecho penal y al sistema de justicia para inhibir su expresión. Como ya hemos señalado, se han presentado más de 10 iniciativas a nivel federal y local en los últimos dos años con la intención de restringir cualquier expresión de disenso y descontento social. De esas iniciativas, fueron aprobadas 3 este año que actualmente se encuentran vigentes Ley de Movilidad (DF), Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla (Puebla) y Ley de Ordenamiento Cívico (Quintana Roo).

 

Aun cuando la reforma constitucional señalada podría servir para garantizar el derecho a la movilidad, no deja de alarmar que se enmarque en un contexto de enorme descontento social y manifestaciones públicas frente a las que se ha utilizado la fuerza pública de manera desproporcional, generando violaciones al derecho a la libertad de expresión, reunión, protesta social e incluso integridad. Lo que fortalece la preocupación de que a través de la Ley General de Movilidad se busque generar una restricción más al derecho a la protesta social.

 

En la criminalización de la protesta han estado implicados todos los partidos políticos. Por ello llama poderosamente la atención, que en este contexto, el PRD señalé que se busca restringir la protesta, cuando en el DF se aprobó una Ley de Movilidad que sí pretende inhibirla. A la par, en los últimos dos años, la violencia policiaca contra manifestantes se ha convertido en un patrón sistemático en la capital del país.

 

Vale la pena recalcar que, tal como informamos hace unos días, dos juezas federales han declarado inconstitucionales las disposiciones de la Ley de Movilidad del Distrito Federal que pretendía supeditar la protesta al aviso previo, el fin lícito de la misma y la no utilización de vías primarias de circulación continua. Con ello se confirma la especial relevancia del derecho a la protesta en una sociedad democrática. Con estas resoluciones judiciales es claro que, en el caso de que el Congreso de la Unión pretenda transgredir los límites impuestos en su propio Dictamen y reproducir normas que inhiben la protesta, resulta imposible que sean avaladas por el Poder Judicial de la Federación.

 

Por lo anterior, Greenpeace México y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social refrenda que se deben garantizar y maximizar los derechos fundamentales propios de una sociedad democrática y evitar cualquier pretensión de restringir ilegítimamente el derecho a la protesta. Hacemos un enérgico llamado al Congreso de la Unión para que durante la revisión de la reforma y su eventual proceso de reglamentación constitucional, evite aprobar cualquier disposición que busque inhibir los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación. Sobre tal proceso nos mantendremos vigilantes.

 

Greenpeace México, A.C.

Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social conformado por:

 

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.

 

Contacto:

 Narce Santibañez Alejandre

Área de Comunicación

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.

Oficina. 55466559

Cel. 04455 8531 2218

  medios@centroprodh.org.mx

www.centroprodh.org.mx

Mujeres víctimas de la violencia policial se reúnen en México para dar su testimonio: Brújula Meetropolitana, video

Compartimos la nota periodistica de RTactualidad, sobre el Foro realizado en Brújula Metropolitana:

"El Estado y la Criminalización de las Mujeres en la Protesta" con los testimonios de : Lilian Hernández, Luna Flores, Jaqueline Santana (familiar) con los comentarios de la Dra Juliana Quintanilla

RT ACTUALIDAD Mientras los manifestantes toman el palacio del gobierno de Guerrero en la protesta por los 43 estudiantes, México D.F. fue escenario de un foro social en el que participaron mujeres que han sido reprimidas por los agentes nacionales.

En el marco del foro social que se celebró en México D. F., mujeres que han sufrido la agresión y la violencia a manos de los cuerpos policiales compartieron su testimonio. Paralelamente, la brutalidad de agentes nacionales se intensifica en el país a medida que se agravan las protestas sociales en el marco de la desaparición de los 43 estudiantes.

El último ejemplo de violencia policial contra mujeres se registró durante la pasada marcha del 1 de diciembre en la que los manifestantes exigieron la dimisión de Enrique Peña Nieto. Los granaderos atacaron a una mujer golpeándola duramente en la cabeza.

La denuncia de estos casos de maltrato se revelan aún más importantes a la luz de la nueva decisión de la cámara de diputados de permitir transitar libremente por cualquier parte del territorio nacional, es decir establecer la movilidad universal. Algunos especialistas afirman que estos cambios que permiten oficializar la represión de las protestas sociales, son el preámbulo de una futura ley anti-marchas. 
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La criminalización de los normalistas rurales Para entender mejor e indignarte/Tanalís Padilla* prof en Dartmouth College,

Normal Rural Tiripetío

Una de las características más llamativas de la historia de las normales rurales es el aire esperanzador con que sus alumnos describen su estancia allí. La posibilidad de estudiar, vivir en colectivo, las excursiones, encuentros deportivos y culturales, y la explicación que su estudio y activismo da al por qué de la pobreza, hacen de estas instituciones experiencias de vida formativas. Las normales rurales son el camino hacia una profesión digna y, a veces, otorgan, despiertan y cultivan el derecho a soñar.

 

Desde el poder, se pinta otra historia: una en la cual las normales rurales son reliquias del pasado, centros de agitación y espacios de ocio juvenil. Las demandas que hacen los alumnos para el mejoramiento estructural de las normales son vistas con agrio desprecio. ¿Con qué derecho estos chavos plebe se atreven a exigir un lugar privilegiado en el país?, es la implícita pregunta de la mayoría de los medios masivos cuya visión hace eco de los que detentan el poder.

Los conflictos en las normales rurales aparecen así con un enfoque en los métodos y las acciones de protesta, como si éstos fueran meros caprichos o un afán por obstruir el orden. Se borran la lógica y la necesidad de las acciones de lucha; se pasan por alto los ideales y el legado histórico que los normalistas defienden. Así tiene que ser. Abarcar contexto, ondear en la correlación de fuerzas entre jóvenes normalistas y el estado o problematizar de una forma honesta la falta de oportunidades educativas, obligaría a una seria reflexión del presente y el futuro de un país donde, cada vez más, ser joven, de extracción pobre, es ser un criminal.

Lo que han hecho continuamente los estudiantes de las normales rurales, y lo que hacían los normalistas de Aytozinapa el pasado 26 de septiembre, es defender con empeño un derecho histórico. Que el saldo de estas acciones sea seis muertos, uno de ellos vilmente torturado, y hasta el momento 43 desaparecidos, evidencia los resultados de un discurso que lleva años criminalizando a los jóvenes de estas escuelas.

La agresión oficial ante estas instituciones educativas no es nada nuevo. Desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho fueron abandonadas y sobrevivieron gracias a las movilizaciones de sus alumnos. Las autoridades muchas veces se vieron obligadas a negociar con ellos, a otorgar algunas concesiones. Pero había también represalias: los alumnos eran expulsados, se les cerraba el comedor o se les cortaba la luz y el agua; a muchos les retiraban las becas. En 1969 el presidente Gustavo Díaz Ordaz, cuya paranoia lo hacía ver como enemigos a los jóvenes, clausuró 15 de las 29 normales rurales.

La caracterización que se les hizo como nidos comunistas, kínderes bolcheviques y semilleros de guerrilla perduró. Habría que recordar las declaraciones de Elba Esther Gordillo en agosto de 2010 sobre la necesidad de cerrar estas escuelas: No se olviden que las normales rurales han sido semilleros de guerrilleros, si no hacemos esto van a seguir con lo mismo. Poco antes había propuesto que las normales rurales se convirtieran en instituciones que formaran técnicos de turismo, una lógica neoliberal que concibe de México como un centro vacacional donde los que antes impartían conocimiento ahora servirían a turistas extranjeros.

Pero deshacerse del legado revolucionario e implementar un proyecto neoliberal ha sido ante todo un proceso violento: la represión a los ferrocarrileros, petroleros y electricistas a mediados del siglo XX, la histórica persecución de campesinos e indígenas que defendían su derecho a la tierra, los estudiantes en los 60 y los cívicos guerrerenses en los 70, los que militaron en las campañas democráticas de lo que fue el PRD a finales de los 80 y principios de los 90, los zapatistas de Chiapas, la rebelión de Oaxaca, son algunos ejemplos de resistencia popular que el Estado ha enfrentado con mano dura.

La agresión hacia las normales rurales se inscribe en esta historia. Hagamos un recuento de algunos hechos desde principios del siglo XXI.

policias capturados por 12 hrs

En febrero de 2000, poco después de que la PFP tomó la UNAM poniendo fin a su huelga estudiantil, en la normal rural de El Mexe se dio otra ocupación policial. Pero allí los habitantes de la región se rebelaron, capturaron a 68 de los policías y sólo los liberaron a cambio de los 350 jóvenes que habían sido encarcelados durante la toma de El Mexe. Este acto no se les perdonó. En 2005 se anunció el cierre de esta normal rural.

En 2007, cuando los alumnos de Ayotzinapa tomaron las casetas de la Autopista del Sol exigiendo que se les garantizaran plazas de trabajo, fueron violentamente desalojados. De esa acción resalta una imagen captada por Pedro Pardo que vívidamente expone la correlación de fuerzas. Publicada en primera plana de La Jornada el 1º de diciembre de 2007, la foto muestra a un joven normalista, forzosamente postrado boca abajo sobre el asfalto, bajo una enorme bota de la Policía Federal Preventiva. Quizás fue un presagio a la violencia que cuatro años después vivirían los jóvenes de Ayotzinapa cuando sobre esa misma carretera yacerían los cuerpos de dos normalistas, esta vez sin vida, otra vez por demandar recursos para su institución educativa; otra vez por exigir su derecho.

Ojalá estos fueran incidentes aislados. Pero los gobernadores, sean de PRI, PAN o PRD, tienen a muchos jóvenes que reprimir. En Michoacán, que pudiera considerarse la cuna del normalismo rural, en noviembre de 2008, 133 estudiantes de la normal rural de Tiripetio fueron detenidos –no sin defenderse– al intentar trasladarse a Morelia en camiones que habían tomado. Las fotos son una vez más dramáticas: gases lacrimógenos, patrullas incineradas, palos, piedras y bombas molotov.

Pero las vidas de los normalistas parecen valer poco. Se les asesina deliberadamente o por negligencia, por ejemplo, el incendio en la normal de Tiripetío en enero también de 2008, donde dos jóvenes murieron calcinados en los tan abandonados dormitorios de la escuela.

El gobierno lleva décadas atacando las normales rurales; lleva décadas matando los sueños, ideales y principios de los que allí estudian. Pero, al parecer, ya no basta con eso. Ahora, en vísperas de la conmemoración de 68, había otra vez que asesinar jóvenes. ¿Cómo caracterizar un orden social que criminaliza a su juventud? En Centroamérica son las maras, en Palestina los jóvenes que arrojan piedras a los tanques, en las urbes Estados Unidos son los afroestadunidenses. En México ¿son ahora los jóvenes de las normales rurales?

*Profesora de historia en Dartmouth College. Autora de Rural Resistance in the Land of Zapata: The Jaramillista Movement and the Myth of the Pax-priísta, 1940-1962
(Duke University Press, 2008).

Jornada Contra la Represión y la #CriminalizaciondeLaProtesta, 12-13dic de 16 a 20hrs, Mtro SnAntonio Abad

JORNADAS CONTRA LA REPRESION Y LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA...

12 y 13 de DICIEMBRE

 "CASA DE CULTURA COMUNITARIA TETESHKA" 

Juan Lucas Lassaga 266. Col. Tránsito, salida del Metro San Antonio Abad, atras

Cinco años y 9 meses de prisión a comediante que filmó marcha del 2 de octubre y fue detenido por policias vestidos de civil

Proceso 
Arturo Rodríguez García
6 de diciembre de 2013
Destacado

Reporteros corren del gas lacrimógeno durante la marcha a 45 años de la matanza de Tlatelolco. Foto: Miguel Dimayuga

MÉXICO, DF, (apro).- Alejandro Bautista, uno de los detenidos el 2 de octubre anterior, fue sentenciado hoy a cinco años y nueve meses de prisión por un juzgado penal de esta ciudad.

Bautista, actor y comediante que en los últimos años ha mantenido una férrea oposición a la Supervía y el Arco Sur, en la Ciudad de México, fue acusado de ultrajes a la autoridad en modalidad de pandilla, por lo que el delito se consideró grave.

La sentencia se impuso a pesar de que a través de videos Alejandro logró demostrar que los policías que lo acusaron no fueron los mismos que lo detuvieron; además, probó que lo descrito por el Ministerio Público no coincidía en condiciones de tiempo, lugar y modo con sus actos en los hechos.

En una entrevista concedida a Apro la semana pasada, Bautista explicó que acudió a la conmemoración de la masacre estudiantil de 1968 con el objetivo de documentar las incidencias, e inclusive los excesos policiacos, como venía haciendo desde hace tiempo para difundir esos hechos a través de redes sociales.

Sin embargo, cuando se encontraba en el cruce de Reforma y Bucareli fue detenido por civiles sin identificación. Despojado de su cámara, fue conducido a avenida Juárez y, horas más tarde, fue seleccionado en un patio policial para su consignación ante el MP.

En los últimos años, Alejandro Bautista ha participado en la resistencia de pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, que se oponen a los megaproyectos urbanos ideados durante la administración de Marcelo Ebrard y, personalmente, ha interpuesto al menos 15 denuncias penales contra el perredista cuando aún estaba en funciones como jefe de gobierno, así como contra distintos funcionarios y jefes delegacionales por actos de corrupción, quejas que no han prosperado.

La sentencia contra Alejandro Bautista fue recibida con desánimo en el Reclusorio Norte, donde permanecen internos otros detenidos a los que no se les ha comprobado participación en los disturbios.

En entrevista telefónica, Daniel Palacios Cruz, guitarrista de las bandas de rock Cavernarios y Telekrimen, expresó su descontento con la forma en que se está conduciendo el aparato de justicia capitalino.

“Si es por la vía jurídica, no lograron comprobar nada. Pero si hay una motivación política para mantenernos presos, como parece ser con el caso de Alejandro, nos provoca desesperanza”, dijo Palacios, quien el lunes 9 aguarda fecha de sentencia.

¡A protestar! Los legisladores contra las personas: Pese a la criminalizacion y a los Diputados

ARTICLE 19  

ha documentado a lo largo del año hechos que demuestran una tendencia preocupante en la vida pública: la criminalización de la protesta. De manera legal y discursiva la conversación pública parece tener una conclusión: protestar es odiar. No son pocos los columnistas, conductores de televisión y radio que ponen las protestas en la misma categoría que los delitos; que equiparan el denunciar con “no hacer nada”; que insisten en pensar que el ejercicio a la libertad de tránsito está subordinado al automóvil, con sus dichos impactan las percepciones ciudadanas sobre la protesta y en un debate democrático donde cualquier expresión goza de la misma libertad eso está bien, mientras podamos decir lo contrario. Mención aparte merecen los legisladores que usando la ley, trasladan una visión conservadora sobre las protestas como el discurso del Estado.

Jorge Francisco Sotomayor

Todo lo público es político. La manifestación pública y la protesta social son actos políticos, con discursos políticos, en contextos políticos, que buscan consecuencias políticas. De acuerdo a los estándares internacionales es el discurso político uno de los que debe gozar de especial protección por parte del Estado, no menos como sugiere la iniciativa presentada por Jorge Francisco Sotomayor, cuya propuesta además de exhibir ignorancia en materia de derechos humanos tendrá consecuencias en la vida pública de México al no distinguir la protesta como método legítimo de expresión y la delincuencia. Además, al restringir las posibilidades de apropiación del espacio público obtiene una consecuencia contraria a la que busca: marginalizar la disidencia del espacio público, radicaliza los discursos y cancela la posibilidad de deliberar públicamente las causas de esa manifestación y encontrar soluciones para resolverlas. La iniciativa de Sotomayor se basa un prejuicio que desprecia causas.

En un país marcado por la desigualdad social, criminalizar la manifestación pública de ideas y atender al “canto de sirena” conservador, sería suicida. Nuestro sistema de poder está fundado en una asimetría inconmensurable, quienes toman las decisiones están alejados por un abismo de quienes tienen consecuencias por ellas. Sólo unos cuantos logran sentarse en donde se negocia la política, el resto permanece convenientemente afuera. La calle pone en terreno de igualdad a todos los discursos, antes que una carpeta asfáltica para la circulación de coches, es una infraestructura de igualdad social. Es la protesta un método para tratar de zanjar ese abismo, para poner en el centro aquellos discursos relegados a la periferia; en suma es siempre una oportunidad para resolver esa asimetría de poder, nunca una molestia.

Ese desprecio en la toma de decisiones, exclusivo y cerrado se refleja en la visión del legislador sobre el espacio público. Al generar una falsa tensión entre los derechos de libre circulación y expresión se sugiere que el segundo obstruye al primero. Las manifestaciones públicas no ponen en conflicto estos derechos, la circulación de las personas se mantiene mientras se protesta.

Recientemente la Corte Europea de Derechos Humanos (Caso Kudrevičius y otros v. Lithuania) estableció que cualquier manifestación en un lugar público provoca inevitablemente un cierto nivel de interrupción de la vida ordinaria, incluyendo el tráfico vehicular, por lo que las autoridades públicas deben mostrar un cierto grado de tolerancia. El problema está en que la lógica del “imperio del automóvil” ha cegado al legislador, parece que el derecho de circulación lo tienen los coches y no las personas, si bien el de los primeros se obstruye, el de las segundas subsiste pese a la protesta.

Las Comisiones de Derechos Humanos y Distrito Federal en San Lázaro perfilan un dictamen que es a todas luces inconstitucional. Mediante la medida en vías de aprobación por la Cámara de Diputados federal, pretende arrogarse facultades para legislar en materias que son competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa del DF, según lo dispone el artículo 122 Apartado C, Base Primera, Fracción V, inciso I) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha disposición señala expresamente que la Asamblea Legislativa podrá normar “la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social.”

Con una interpretación bastante sesgada de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia, la Cámara de Diputados pretende ejercer de manera arbitraria atribuciones que no le han sido conferidas por la Constitución, invadiendo abiertamente el ámbito de competencia de  la Asamblea capitalina.

Asimismo, toma como base la Recomendación 16/2006 emitida por la CDHDF en razón del plantón de 45 días que tuvo lugar en Paseo de la Reforma.  Con premisas bastante discutibles, dicha Recomendación recoge todo un marco legal de carácter administrativo que ya existe en la Ciudad de México. En este sentido, el dictamen toma como punto de partida el resolutivo de la Recomendación que invita a la elaboración de un proyecto de ley para regular marchas.

Sin embargo, las y los diputados de las Comisiones implicadas eluden que ese mismo resolutivo considera fundamentales la participación de “la Sociedad Civil e incluso a los especialistas en el tema, a fin de que se prevean las hipótesis normativas que garanticen la integralidad” situación que no se actualizó en el presente caso.

En cuanto al fondo de la propuesta, contiene preocupantes disposiciones que solamente reflejan un ánimo represivo de la protesta social. Entre ellas encontramos que los manifestantes no podrán afectar “las buenas costumbres”. Asimismo, obliga a los manifestantes a “dar aviso” a las autoridades locales, permitiendo que éstas establezcan criterios en materia “ambiental y de protección civil” para negar autorización. Además no contempla los efectos que tendrá la omisión de responder por parte de la autoridad, por lo que de acuerdo a la normativa actual se entenderá como una negativa ficta.

Establecen prohibiciones absolutas para manifestarse en vías primarias o bloquear edificios públicos, permitiendo el uso de la fuerza para evitar tales supuestos. En este sentido, considera que conferir mayores facultades a las autoridades es la solución, en especial a los elementos policiacos que en las manifestaciones del 1º de diciembre de 2012, así como el  10 de junio, 1º de septiembre, el 2 de octubre  y 1º de diciembre incurrieron en uso excesivo de la fuerza y realizaron detenciones arbitrarias. La salvaguarda para que no se agravie a la ciudadanía son, a decir de los legisladores, capacitaciones en derechos humanos para los cuerpos de seguridad pública.

Por último, la iniciativa intenta burocratizar un derecho fundamental que conlleva el ejercicio de muchos derechos mediante mecanismos engorrosos como recursos de inconformidad y denuncias ciudadanas.  Lo que pasan por alto las diputadas y diputados es el derecho a la protesta social se ejerce ante la falta de apertura y efectividad de las vías institucionales. La ley que ahora se quiere aprobar, es muestra de ello.

ARTICLE 19 asume la responsabilidad pública de defender el disenso y la protesta en un contexto mundial donde una nueva ola de criminalización de la protesta está en curso en Madrid, Ucrania o Malasia, Tailandia, Bahrein y Honduras. La protesta como un legítimo derecho.

No hay tiempo 37 dias de huelga de hambre, peligra la vida de Mario González arbitrariamente detenido el #2octubre

Han pasado ya 37 días desde que fue reaprehendido (ver nota) Jorge Mario González García, estudiante de la UNAM, tras salir bajo fianza por 130 mil pesos, más o menos 9,937 dolares equivalente a 62,839,200 bolivares, una suma aproximada en Colombia a 19 millones 200 mil pesos, al ser detenido arbitrariamente el 2 de octubre pasado por participar en el 45 aniversario luctuoso de la matanza de Tlatelolco (sobre este tema leer la siguiente nota ). Cabe resaltar que es una manifestación que se hace año con año de caracter pacífica, donde los sobrevivientes del Comité Nacional de Huelga encabezan dicha marcha conmemorativa. Es un día festivo, un día donde las universidades de gran parte de todo el país salen a las calles en sus estados. Una fiesta muy universitaria. Y cuando decimos fiesta es en el sentido más pacífico de la bulla, alegría y humor negro para revivir a nuestros muertos de esa tarde lluviosa de 1968.

Sin embargo las condiciones nacionales han arrojado que los cuerpos policíacos estén coordinados para establecer protocolos de contención, encapsulamiento y confrontación ante cualquier manifestación; aun que dicha fecha es conmemorativa. Aún así hubo detenciones arbitrarias, heridos, medios de comuncación independientes y no vejados, robando equipo, destruyendo herramientas de comunicación y criminalizando todo aquel que reporteara la marcha. así lo consta el Informe que publicó la organización internaiconal por la defensa de los derechos humanos de los y las periodistas Arículo 19, #Rompe el miedo.

En este contexto hubo detenciones arbitrarias y planeadas; así sucedió la de Jorge Mario González García. Aquí publicamos la carta que escribió el 10 de octubre donde explica de su propia letra el por qué inició una huelga de hambre.

Hoy se realizó una conferencia de prensa (14/nov) donde se explicó su actividad política y su estado de salud actual. Su estado de salud es grave; el Doctor Selvas, manifestó en entrevista por la mañana para un noticiero prestigioso en la Ciudad de México "Cuando pierda el 50 por ciento de sus proteínas va a morir, así de simple y de trágico, va a morir, cuánto le hace falta para llegar a ese deterioro, no lo sabemos, hay personas que han durado hasta 66 días que es el más largo, todos han muerto en un promedio de los 47 días en adelante, Mario se acerca a 10 días de ello" (ver nota completa aquí). Existen evidencias a su favor para que obtenga la libertad, pero lo real es que está sirviendo de escarmiento para la gente libertaria o anarquista que tiene bien clara su participación política en su vida diaria.

En México han venido descalificando de manera incisiva las acciones que grupos de acción directa han desarrollado en las marchas o manifestaciones; incluso atraviendose a decir que "los anarquistas" son peligrosos para la sociedad. Las fichas no han sido soltadas todas por el Gobierno de la Ciudad de México, sin embargo el encarcelamiento injusto y cobarde del compañero Jorge Mario González García es sin duda, un ejemplo para todo aquel o aquella que busque defender sus principios a toda costa; sino preguntemosle a la Jueza  del Juzgado 10 de Delitos NO Graves, Maricela Ángeles Arrieta, que manifiesta que está preso por representar un peligro para la sociedad.

Más información en estas ligas.
Info 1
Info 2
¡Libertad inmediata ya Jorge Mario González García!
fuente: http://laguarura.net/2013/11/15/mexico-no-hay-tiempo-37-dias-de-huelga-de-hambre-peligra-la-vida-de-mario/

Comunicado de la LIMEDDH ante violaciones de DH contra la #CNTE, estudiantes, transeúntes y defensores de DH

#CNTE #FuerzaCNTE #CNTEseQueda
Difusión entre todos nuestros colectivos y la comunidad en general.
Carta enviada por La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos

 

Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Lic. Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Jesús Murillo Karam
Procurador General de la República
Manuel Mondragón y Kalb
Comisionado Nacional de Seguridad
Dr. Raúl Plascencia Villanueva
Presidente de la CNDH
Juan Carlos Gutiérrez Contreras
Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos SEGOB
Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU
Navanethem Pillay
Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU
Dr. Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la CIDH
Sr. Gerald Staberock
Director de la OMCT

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos lamenta y condena las graves violaciones a los derechos humanos desatadas en contra en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, defensores de derechos humanos, transeúntes y estudiantes, so pretexto del desalojo del zócalo capitalino.

Con un despliegue inusitado de la fuerza pública, tanto aérea como terrestre, se desalojó el plantón que mantenían profesores de diversos estados de la República en protesta por la aprobación de la reforma educativa que, desde un análisis de la Limeddh aumenta las erogaciones de los padres de familia y trastoca derechos laborales de los profesores.

En este sentido, una vez desalojado el plantón se procedió a dispersar a los profesores y diversos manifestantes del centro de la ciudad, sobre todo en las inmediaciones del zócalo y la Alameda central. Según algunos testimonios recabados, si los policías veían a profesores y profesoras sentadas en algún lugar, sin más llegaban a golpearlos.

También hubo transeúntes que fueron brutalmente atacados por la Policía Federal y la Policía capitalina, así, un profesor de educación física del Distrito Federal manifestó que vio cómo golpeaban a una pareja de novios que iban agarrados de la mano caminando sobre la Alameda. No omitimos decir que mientras reporteros de Radio Nueva República recababa a una calle del zócalo diversos testimonios, llegaron granaderos y policías vestidos de civil a cercar el lugar. Siendo que por lo menos discursivamente existe un derecho de reunión y de asociación.

Pudimos dar cuenta que los contenedores de gas lacrimógeno y gas pimienta que se utilizaron en este operativo, eran muy similares a aquéllos utilizados el 1 de diciembre, mismos que ocasionaron graves e irreparables daños a la integridad de Kuy Kendall y la pérdida de un ojo a Uriel Sandoval. A decir de algunos manifestantes, estos artefactos le ocasionaron el día 13 de septiembre de 2013 graves daños en la oreja a un ciudadano que se encontraba en el lugar.

Asimismo, a la altura de la Alameda, mientras los policías literalmente “cazaban” a algunos profesores que querían replegarse del lugar y aun con gritos de señoras ajenas a cualquier movimiento que gritaban “ya dejen a los maestros, ya los golpearon, ya déjenlos, ellos no están armados, no tienen armas para defenderse”, detuvieron a una persona que dijo llamarse Vicente López y ser de Michoacán, sin poder dar más datos, porque en ese momento los policías cercaron con sus escudos y comenzaron a patear a una integrante de la Limeddh que exigía saber los datos del detenido y a dónde lo trasladaban, siendo que esta persona se identificó plenamente y en ningún momento ejerció violencia física o moral o presión alguna sobre la policía.

Se tienen reportes de personas desaparecidas y por lo menos un centenar de personas golpeadas Los únicos que se reportan como detenidos a través de diversos medios de comunicación son las siguientes personas:

1.- George Rebollo.

2.- Gary Stevens Sariñana.

3.- Alonso Hernández (estudiante).

4.- Eduardo Navarrete Balbuena (estudiante).

5.- Mauro Rojas Castillo ( reportero).

6.- Abelardo Martínez de la CNTE (se le detuvo pero no se reporta oficialmente).

7.- Vicente López de la CNTE (se le detuvo pero no se reporta oficialmente).

8.- Mario Montiel.

9.- Mario Alberto Castillo.

Sin embargo, se informa que las personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía Federal de Iztapalapa, violando una vez más el derecho que tiene cualquier detenido de ser puesto a disposición inmediatamente ante el Ministerio Público.

Lamentamos que la Policía Federal y la Policía capitalina hayan actuado con tanta saña, violando todos los protocolos de intervención y estableciendo en el zócalo un estado de sitio con intervención de la policía y el Ejército como si se tratara de una situación de guerra.

Por lo tanto, exigimos:

1. El retiro inmediato de la Policía Federal y Policía Capitalina de las inmediaciones del zócalo y del Monumento a la Revolución.

2. La publicación en páginas oficiales de las dependencias federales y del Distrito Federal de las personas detenidas y su situación jurídica.

3. Garantizar el derecho de reunión de las diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.

4. Respeto a los monitores de derechos humanos de la Limeddh y en general, a los defensores de derechos humanos y/o periodistas y comunicadores.

5. Exigimos el cese a la criminalización de la protesta social en el Distrito Federal y en toda la República donde se pretenden realizar acciones de protesta por los graves hechos ocurridos el 14 de septiembre de 2013.

Por las organizaciones de la Red de Alerta Temprana

Abigail Escalante,

Responsable del “Observatorio Nacional de Prisiones México.
Un programa de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos.

La Policia federal cometió delito al golpear premeditadamente a este joven, Sin causa que lo ameritara VIDEO #CNTE

Esto es un delito, es un operativo PREMEDITADO para LASTIMAR, y SECUESTRAR AL JOVEN, QUE DOCUMENTABA LA DETENCIÓN DE OTRO CIUDADANO.
Cuando a alguien se le detiene tiene derecho de ser puesto INMEDIATAMENTE a disposición del Ministerio Público, NO oponía resistencia yla policiá lo llevan a un lugar cubriendolo con sus escudos para evitar que la gente viera lo que le hacian
http://youtu.be/uzEce4Q09oI

Mira el video que opinas?
PF golpea arteramente a un chavo que tomó fotos del momento en que detienen a un señor en Madero. No se defendió, lo fueron golpeando, no fue arresto limpio ni nada humano. Fue posteriormente acorralado y le propinaron tremenda golpiza. Ambos fueron golpeados arteramente aunque este video SOLO muestra al chavo.

 y aqui tienes otro video del mismo lugar y personas

Mesa contra criminalizaciòn de la protesta social, Club periodistas juev 18jul 6pm

Mesa contra criminalización de la protesta social 

18 Jul. 6 PM, Club de Periodistas, Filomeno Mata 8, Centro, DF.

#Justicia1DGdl En DF realizaremos simultáneamente con Plantón en Guadalajara, Mesa contra criminalización de la protesta social 18 Jul. 6 PM, Club de Periodistas, Filomeno Mata 8

Buscaglia: #1D la antesala: Neutralizar y Amedrentar Movimientos sociales:Tecnicas de Estados Mafiosos

En las democracias modernas es dañino el control político de la policía, dice el académico

Pernicioso, concentrar funciones en una súper secretaría, dice Edgardo Buscaglia

La represión amedrenta futuros movimientos, dice sobre lo ocurrido el 1º de diciembre

Alfredo Méndez/ Periódico La Jornada
Lunes 17 de diciembre de 2012, p. 12

El especialista en seguridad nacional y delincuencia organizada, Edgardo Buscaglia, sostiene que en las democracias modernas es muy dañino tener el control político de la policía. Habla sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se aprobó la semana pasada, la cual faculta a la Secretaría de Gobernación para encargarse de todos los asuntos de seguridad pública.

En opinión del académico y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, es absolutamente pernicioso para la endeble democracia mexicana concentrar funciones de inteligencia, de ministerio del interior, de seguridad pública, de sistema penitenciario y de seguridad nacional, bajo el control de un súper secretario de Gobernación que decida, desde su oficina en Bucareli, el futuro de los líderes e integrantes de movimientos sociales opuestos al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Me hace recordar a los regímenes autoritarios de Latinoamérica, en la década de los 70 del siglo pasado, o a los regímenes autoritarios de Europa Oriental, en los 60, donde había ministerios del interior que concentraban infinidad de funciones y terminaban reprimiendo a la población y a los líderes de la disidencia, refiere el especialista durante una entrevista con La Jornada, en la que aceptó hablar de la actual coyuntura política y de seguridad pública.
Sobre la detención masiva de jóvenes inocentes que permanecieron una semana presos tras los disturbios del 1º de diciembre, Buscaglia apunta: “Hubo un limbo en la transferencia de poderes entre PAN y PRI. Los órganos de inteligencia de las policías, la federal y la del Distrito Federal, cometieron un grave error de cálculo al verse asustados por los idiotas útiles que estaban gobernando y que entregaron el poder ese día.

–¿En qué consistió ese error?

–Asustaron al gobierno del Distrito Federal y al de Enrique Peña Nieto con la posibilidad de levantamientos armados en la capital del país. Entonces hubo un guiño de ojos para que las policías estableciesen un cerco represivo, de enormes proporciones, que yo no he visto ni en Afganistán cuando Bush visitaba Kabul, y eso se conjugó con el hecho de que movimientos pacíficos como #YoSoy132, y otros que estaban presentes ahí, se vieran infiltrados, a la vieja usanza, por porros, por gente pagada por partidos y por los propios órganos de inteligencia del Estado mexicano que tenía ahí su gente generando violencia.
“Esta es una técnica que se utilizó mucho en México durante los años 70 y 80 del siglo pasado, y que se utiliza mucho en Rusia, por ejemplo, cuando un gobierno en turno quiere desprestigiar a los movimientos pacíficos que han sido tradicionalmente opositores.

–¿A quién se debe responsabilizar de los hechos del 1º de diciembre?
–El ex secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, se lavó las manos y dijo yo no lo autorice. Y quizás otro funcionario que estaba bajo su organigrama sí lo autorizó. Entonces esta gente de la administración de (Felipe) Calderón terminó actuando como idiotas útiles, sin saber por qué se estaban abusando de los derechos humanos desde su propia institución.

–¿Lo que vivimos en la transferencia de poderes es la antesala de lo que veremos durante la nueva administración federal?
–Sí, exactamente. Se espera que sea así. Los órganos de inteligencia de Estado normalmente hacen eso en Rusia, en Nigeria, en Pakistán, como para poder neutralizar movimientos genuinos. Y la represión sirve como segundo beneficio para amedrentar a futuros movimientos, para que no salgan a la calle. Esas son típicas técnicas de estados mafiosos.

–¿Qué sugerencia hay para llenar estos vacíos del Estado mexicano a los que se refiere?
–Entiendo que el presidente Peña Nieto quiera concentrar funciones de control político, eso es bueno, porque tiene que controlar a sus mismos gobernadores priístas para que cada uno de ellos no sea un señor feudal; pero para hacer eso no necesita tener una megasecretaría, debe tener una Secretaría de Justicia, por ejemplo, que elabore las políticas criminales adecuadamente, asignando recursos coordinadamente con los tres poderes de la Unión.

“Peña Nieto tiene que cambiar su chip, debe pasar de la doctrina represiva de los 60 y 70 del siglo pasado, a la doctrina democrática de un Estado garantista moderno que enarbola la bandera del respeto a los derechos humanos.

Sentenciado por la Corte: El Fisgón

“En México no es casual ni extraño que los tres poderes de la Unión, durante los últimos seis años, hayan violado en perjuicio de los gobernados 44 de los 58 derechos humanos reconocidos por la Organización de Naciones Unidas.
No sólo es responsabilidad de Felipe Calderón, es responsabilidad de los tres poderes del Estado. El Poder Judicial está colapsado: tiene ministros de la Suprema Corte ganando 40 mil dólares al mes, algo totalmente obsceno en un país como México con 70 millones de pobres: es corrupción legalizada con un sistema judicial debajo de ellos colapsado, sin generar sentencias. Es una vergüenza. Yo si fuera un juez mexicano escondería la cabeza debajo de la almohada, y digo de la almohada porque parece que los jueces mexicanos duermen todo el día. Y lo mismo sucede con los otros dos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo: hay una alta burocracia ganando salarios estratosféricos, pero con pobres resultados de políticas públicas y con un nivel de corrupción política que enferma.”

1o Diciembre

Buscaglia sugiere, antes de despedirse, que el presidente Peña Nieto rectifique el camino y no opte por ser cabeza de un gobierno represor de movimientos sociales, porque está muy a tiempo de hacerlo.