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| Mural: La Justicia Sometida del artista mexicano Nicolas de Jesus |
Guadalupe Lizárraga
A Nestora, en el día internacional en contra de la violencia hacia las mujeres
Nestora Salgado García
cumple tres meses encarcelada como una muestra del terror del que es
capaz el Estado mexicano contra quienes no se someten al crimen
organizado. Una mujer joven y fuerte, con una gran consciencia moral y
un compromiso solidario por su comunidad, desde adolescente tuvo que
emigrar hacia los Estados Unidos para tener un futuro con calidad de
vida. Después de lograrlo, casada y con tres hijas, regresa veinte años
más tarde a ayudar a la gente de Olinalá Guerrero, “su gente”.
Proveedora incansable, consejera de jóvenes, organizadora de colectivos y
con un sentido inflexible de la Justicia, se convierte muy pronto en
líder social y en comandante regional de la Policía comunitaria de
Olinalá.
Facultada por la Ley local 701, el
Artículo 2º. Constitucional y al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo para proteger a las personas de los Pueblos
Indígenas, la Policía comunitaria comandada por Nestora Salgado y otros
líderes, se han enfrentado a funcionarios corruptos, a jóvenes
delincuentes, y al crimen organizado solapado en abierta complicidad con
las autoridades federales encabezadas por Enrique Peña Nieto. Los
medios mexicanos insisten en minimizar el conflicto y circunscribirlo al
plano local, como si lo local estuviera desvinculado del plano nacional
y con ello no fuese responsable.
Mujer, líder y con sólida legitimidad,
Nestora ha sido criminalizada con falsos delitos y falsas víctimas, han
sido violados sus derechos humanos, no sólo porque fue detenida por el
ejército sin orden judicial, sino desde antes fue hostigada por las
fuerzas armadas, coartando sus libertades de expresión y asociación. La
han tenido recluida en un régimen de incomunicación en un penal de alta
seguridad, donde ha compartido celda con dos mujeres narcotraficantes
miembros de los Zetas. Ha sido difamada y calumniada en su honor por el
gobierno de Enrique Peña Nieto y por los medios de comunicación que se
han prestado a manipular la verdad.
De estas injusticias sistemáticas el
responsable es el gobierno de Peña Nieto y no sólo el alcalde de Olinalá
o el gobernador del Guerrero, que no por ello dejan de ser cómplices.
Las instituciones políticas y judiciales son usadas para tergiversar la
verdad y armar crímenes ficticios para culpar a los luchadores sociales
como Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Bernardino García, que son sólo
algunos que están encarcelados aún con vida.
El ejército y la Marina responden a su
comandante en Jefe, el que hoy ocupa la presidencia de la República. Las
mismas fuerzas armadas detuvieron contra derecho a Nestora. A Gonzalo
Molina, de Tixtla, otro hombre honesto, valiente y comprometido con el
bien de la comunidad, lo detuvieron policías ministeriales, pero
actuando con la misma alevosía y bajo órdenes federales. Con las fuerzas
armadas colaboran en la represión otras instancias judiciales de nivel
federal, desde Inteligencia de la PGR hasta sus policías de choque, y
los policías de los estados y municipales. Es la estructura judicial y
política utilizada contra los pueblos indígenas.
Miembros del ejército han sido
denunciados sistemáticamente por su colaboración con narcotraficantes de
la localidad, y quienes denuncian son hostigados incluso hasta la
muerte como Rocío Mesino Mesino, por mencionar uno de los casos más
recientes, dramáticos, manipulado por los medios e ignorado. Podría
decirse que los militares o los federales se corrompen a nivel
individual y no en representación de la institución. Sin embargo, es la
institución la responsable de la corrupción de sus miembros por dejarlos
en impunidad. Tampoco la corrupción individual de algunos miembros del
ejército debería obstaculizar la política de Estado en el combate al
narcotráfico si fuera real y correcta. El mismo titular de la
institución debería actuar en consecuencia.
Adicionalmente, las autoridades
políticas se “lavan las manos” y lanzan su coartada a los medios
apapachados con su publicidad mensual y sus prebendas para los más
exigentes. Justifican los asesinatos y violaciones de derechos humanos
atribuyéndoselos a paramilitares o al “crimen organizado”, porque salen
encapuchados tras sus presas, cuando bien saben las comunidades que cada
vez menos es la diferencia entre un sicario del narco y un militar con
capucha. Mismo uniforme, mismo tipo de armas, mismos jefes. Diferentes
organizaciones.
Lo mismo sucede con la prensa local. Es
utilizada dócilmente
para criminalizar y difamar a quienes luchan con la
frente en alto por su comunidad, y el nivel de manipulación depende del
medio.
Uno de los casos más grotescos para atacar la honorabilidad de
Nestora Salgado García es el de la periodista Laura Sánchez Granados
quien, desde el gobierno municipal de Acapulco, maquiló la nota de la
supuesta recompensa que Salgado García pedía a familiares de sus
víctimas para liberarlas.
Con una falta absoluta de ética y de
profesionalismo periodístico, Laura Sánchez Granados difunde masivamente
en la red de digitales e impresos locales, como El Periódico Digital,
Ultra Noticias, El diario de Taxco y El diario de Zihuatanejo, entre
otros,
sus mentiras redactadas a manera de boletín de prensa de la
Procuraduría.
La periodista se firmaba como “Encargada
del despacho de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de
Acapulco”, desde 2005, cuando trabajaba para quien fuera presidente
municipal Alberto López Rosas, después procurador de Justicia del
Estado, y quien finalmente fue preso por “obstaculizar la justicia” en
el caso de los estudiantes de Ayotzinapa asesinados por federales el 12
diciembre de 2011. (Otro caso sin justicia y manipulado por el Estado).
Fue también directora de comunicación social con Manuel Añorve Baños en
Acapulco, hoy por segunda vez diputado federal. El esposo de Laura
Sánchez es vinculado como amigo cercano a Maricela Ruiz Massieu, hermana
del asesinado ex gobernador José Francisco Ruiz Massieu y familia
política de Salinas de Gortari. Todos los personajes a los que hago
referencia en relación a la periodista acapulqueña son fieles seguidores
del PRI, incluyendo al gobernador actual Ángel Aguirre aún cuando porta
siglas del PRD como supuesta oposición.
Me detengo en mostrar a detalle el
entramado de las relaciones de la periodista Sánchez Granados para poner
de relieve no sólo su calidad moral como persona y profesional del
periodismo al prestarse a dar su nombre para incriminar sin titubeos a
una persona inocente, sino para dar cuenta de la calidad moral del
Estado mexicano que no escatima para retorcer la verdad y garantizar la
impunidad a quienes considera sus enemigos. El daño moral contra Nestora
Salgado, es pues, con saña. Y en un juicio, esta periodista también
debería ser llamada a cuentas por su difamación e injuria.
Los éxitos de Nestora son los fracasos del Estado
Existe pues un interés específico en
criminalizar a la Policía comunitaria de la CRAC por parte del gobierno
federal que involucra al Estado en esta corrupción. Mientras, en
Michoacán, por ejemplo, las Autodefensas integradas por campesinos y
gente del pueblo, como la comandada por José Manuel Mireles o Hipólito
Mora, combaten frontalmente a los grupos narcotraficantes en ausencia
del ejército. Esto es, en ausencia del Estado. Michoacán ha vuelto al
estado de naturaleza. Siguiendo la línea del gobierno federal en
Guerrero, el gobierno de Aguirre y sus presidentes municipales, mueven
cualquier recurso oneroso o no para cumplir el objetivo del descrédito y
manipulación informativa, ejecuciones extrajudiciales, tortura o
represión. México es un estado secuestrado por la narcopolítica y la
corrupción.
Peña Nieto viene de un grupo político
con una trayectoria delictiva liderada desde Carlos Salinas de Gortari,
con no pocas evidencias de sus relaciones con narcotraficantes, desde
los Carrillo Fuentes hasta El Chapo Guzmán. Peña es represor y no
disimula su vocación autoritaria, orquestada por quienes están detrás de
él. Tampoco guarda discreción por estas relaciones con políticos
evidenciados de corrupción y narcotráfico en su paso por los puestos
públicos. Es parte del terror que quiere imponer. Mientras los policías
comunitarios son indígenas que les interesa el bien de su comunidad,
porque simplemente están dispuestos a dar su vida por salvar la de sus
vecinos. Se llama interés público. Para los indígenas el vínculo
comunitario los ha mantenido inmunes a la descomposición que lo que hoy
es el Estado mexicano y sus representantes. Por eso Peña Nieto, aunque
siga echando mano del arca pública para tapar los hoyos en el Sureste
mexicano, nunca sabrá lo que es ser un líder legítimo, reconocimientos
que Nestora Salgado se ha ganado por su preocupación y atención genuina a
su gente, siempre con sus recursos privados, los de su propio bolsillo y
el de su familia.
Los éxitos de Nestora Salgado son
directamente proporcionales a los fracasos del Estado mexicano. Quien la
ha mandado encarcelar es un criminal de derechos humanos. Y el Estado
es orquestado y manipulado por este criminal.
Nuestras instituciones, secuestradas por
narcopolíticos, han sido usadas de nueva cuenta para “fabricar” un caso
donde hay una persona inocente. Basta echar una mirada al expediente
142/2013-11, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Guerrero, para darse cuenta de todas las irregularidades y mentiras del
proceso. Basta seguir a un par de periodistas mercenarios para ver qué
hay detrás de sus calumnias contra Nestora y contra la Policía
comunitaria. Pero las irregularidades del proceso de Nestora, su
enfermedad (porque está vulnerable de salud), o la presión social
internacional no debería ser el móvil jurídico para que el gobierno
mexicano hiciera lo correcto: ponerla en libertad de inmediato. Sería
seguir el juego perverso del gobierno. “Encarcelo a esta persona, la
incrimino y la desprestigio, y que el pueblo se mueva a ver si la puede
liberar”. Un juego recurrente en los estados totalitarios, con el que
México no es reconocido internacionalmente. Tampoco ese extremo de
involución es una opción para los mexicanos. Sin embargo, con cada líder
comunitario, con cada activista de derechos humanos, detenido contra
derecho, el Estado se fractura como garante de una vida colectiva moral y
digna. Perder de vista esta “razón de ser”, en la defensa de Nestora
Salgado y de todo líder que hoy padece la cárcel injusta es dejar que
una mafia en el poder invada nuestra vida individual y colectiva; pise
nuestros derechos y limite nuestras libertades. Eso es una dictadura, y
si permitimo eso, México debería ser entonces reconocida
internacionalmente como tal.
Nestora Salgado debe salir en libertad
porque es inocente. Así de simple. Cada día que pasa, el Estado viola
sus derechos humanos por tenerla un día más presa. Las complicaciones
jurídicas, los testimonios retorcidos que la incriminan, las supuestas
víctimas, todo es fabricado desde el odio, desde la misoginia
gubernamental y la ignorancia de quienes prefieren cercenar la única
dignidad que sostiene de pie a México, antes que reconocer su
responsabilidad criminal en el hundimiento como Nación.
Sobre la obra "La Justicia sometida"
