En su reclamo los abogados
democráticos están solicitando que el Poder Judicial de la Federación deje sin
efectos dicha medida pues es violatoria de los artículos 1º, 14, 16, 25, 28,
39, 71, 72 y 74, fracción IV de la Constitución General de la República.
Igualmente alegan que el "gasolinazo" transgrede diversos derechos
humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por el Estado
mexicano, tales como: el derecho humano a la dignidad, el derecho humano a la
vida digna, el derecho humano al mínimo vital, el derecho humano al proyecto de
vida, el derecho humano a la no discriminación y el derecho humano al debido
proceso.
En la demanda se señala que la
fijación de precios máximos de venta al público de gasolinas y diésel
absolutamente irracionales, abusivos y contrarios a los intereses de la
población, es consecuencia directa del hecho de que las autoridades decidieron
adelantar o anticipar la apertura total del mercado interno de petrolíferos,
originalmente prevista para el 2018, cuyo valor aproximado es de 70,000
millones de dólares anuales.
También se argumenta que los
beneficiarios directos de esa maniobra son los poderosos corporativos
trasnacionales que a partir del 2017 podrán importar, distribuir y enajenar los
combustibles en sus propias estaciones de servicio. Lo que constituye un
gravísimo desvío de poder ya que las potestades jurídicas inherentes al Estado
mexicano fueron puestas a la disposición de un puñado de privilegiados. Es
decir, la institución la Rectoría del Estado fue puesta al servicio de
intereses oligárquicos, y no a favor del pueblo ni del desarrollo de la nación,
como lo ordena el artículo 25 constitucional.
Esas irregularidades están siendo
imputadas al Congreso de la Unión, al Presidente de la República, a la Comisión
Reguladora de Energía y al Secretario de Hacienda.
Los miembros de la ANAD esperan
que su queja sea atendida en forma imparcial, expedita, transparente y ajustada
a las normas del debido proceso. De no ser así, desde ahora hacen patente su
determinación de llevar el caso a las instancias internacionales,
específicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de
la ONU en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La demanda de amparo está a
disposición de la ciudadanía en los siguientes sitios electrónicos:
Página electrónica: anadac.org
Página de Facebook de la
Asociación Nacional de Abogados Democráticos, A. C.
