Mientras
los índices de pobreza y violencia se incrementan entre el grueso de la
población, un sector siempre gana: el de los banqueros. Y aunque se le
ha implicado en usura, lavado de dinero, corrupción y fraude, tiene garantizada la impunidad
Era inevitable que –como una mosca en las viandas– la sombra de
la corrupción que involucra a las empresas Oceanografía y Petróleos
Mexicanos (Pemex) gravitara embarazosamente sobre la Convención Nacional
Bancaria. Ese añejo, tedioso e inútil ritual monárquico –más
allá de los símbolos de supremacía– donde anualmente se reúne la nobleza
de las altas finanzas, los verdaderos dueños del poder económico y
político del país –aunque con actores transmutados, porque la mayoría de
los oligarcas especuladores casabolseros criollos se vieron obligados a heredar sus espacios a los robber barons foráneos
a partir de 1997, después que llevaron al desastre al sistema bancario y
financiero en 1995– y sus administradores gubernamentales en turno, se
reúnen con el objeto de repartirse melosas lisonjas.
Era ineludible el bochorno de los comensales, en un ambiente que apestaba más que en Dinamarca, merced a la saturación de malolientes. No sólo porque al supurar el absceso en
Estados Unidos, poco antes de dicha convención, la purulencia salpicó y
ensució al anfitrión técnico: Javier Arrigunaga Gómez del Campo, el
reelecto presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) para el
periodo 2013-2014 y director general del Grupo Financiero Banamex, el
segundo consorcio extranjerizado más grande del país, cuyo banco,
Banamex, fue el principal chamaqueado por los ingeniosos dueños
de Oceanografía, por un monto de 400 millones de dólares. Ese quebranto
obligó a la matriz del grupo, el Citigroup, a ajustar sus ingresos de
2013 a la baja, en 235 millones de dólares, y a soportar que un gran
jurado y la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, ambos
estadunidenses, husmearan en los renglones torcidos de sus hojas de
balance, por presuntas violaciones al secreto bancario y las leyes
contra el lavado de dinero.
De por sí, el pasado de Javier Arrigunaga, como servidor público, es cochambroso.
Él,
como licenciado en derecho, fue responsable de instrumentar el programa
de rescate de los bancos quebrados durante el zedillismo, el cual
violentó el estado de derecho y en su momento fue calificado como “el
robo del siglo”. En términos contantes y sonantes, al
cierre de 2013, las tropelías cometidas por los neobanqueros salinistas
fueron cuantificadas por el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) en 924 mil 836 millones de pesos (pasivos brutos),
equivalentes al 5.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). En
términos netos, es decir, si se descuentan los recursos líquidos,
suman 830 mil 400 millones de pesos, el 5 por ciento del PIB. Hacienda,
empero, señaló que los pasivos netos ascienden a 846 mil 236 millones
de pesos, equivalentes al 13 por ciento del saldo histórico de los
requerimientos financieros del sector público (6.5 billones de pesos).
Gracias
al generoso salvamento diseñado por Ernesto Zedillo, los entonces
titulares de Hacienda y Crédito Público Guillermo Ortiz y José Ángel
Gurría, y Arrigunaga, el operador del Fondo Bancario de Protección al
Ahorro (Fobaproa, transformado en el IPAB en 1998), los especuladores casabolseros salvaguardaron
sus patrimonios. Pero alguien tiene que pagar el rescate. Al socializar
las pérdidas, el costo del rescate de la nacionalización disfrazada,
convertido en deuda pública, en una pesada lápida, fue trasladado hacia la espaldade
la población. Ésta ha pagado los intereses devengados en poco más de 15
años; y, como en la era de la servidumbre, los continuará pagando a
perpetuidad, en tanto no se cancele definitivamente el saldo total de
tales débitos.
Mientras maniobraba desde las catacumbas del Fobaproa, y como un Hércules limpiaba el estercolero de los establos de los Augías financieros, Arrigunagaayudó
a Banamex a barrer la basura de sus estados contables. La cantidad
involucrada fue de 60 mil millones de pesos, la cual fue graciosamente
transformada en deuda pública. Después, una vez saneado, en 2001, los
dueños del Grupo Financiero Banamex-Accival, Roberto Hernández, Alfredo
Harp Helú y Alejandro Betancourt, decidieron venderlo a Citigroup en 12
mil 500 millones de dólares. La transacción fue realizada a través del
mercado de valores. Como en ese momento las operaciones bursátiles
estaban libres de gravámenes, Hernández, Harp y Betancourt se ahorraron
un pago de impuestos estimado en 3.5 mil millones de dólares, unos 35
mil millones de pesos. A decir de Gabriel Reyes, exprocurador fiscal de
la Federación, “la operación [causó el] mayor quebranto fiscal en la
historia del país, al omitirse el pago de contribuciones por más de 3
mil 500 millones de dólares, acudiendo a una nueva simulación,
consistente en hacer pasar dicha transacción como si se tratase de una
operación espontáneamente surgida en el seno de la Bolsa Mexicana de
Valores” (Roberto Garduño y Roberto González Amador, “Autorizó Gil Díaz
venta de Banamex que provocó enorme quebranto fiscal”;www.jornada.unam.mx/2008/09/21/index.php?section=politica&article=003n 1pol ).
Fue un lindo negocio para Hernández, Harp y Betancourt. Y pésimo para la hacienda pública y la población.
Gracias
a la magnanimidad oficial, hoy en día Hernández y Harp pueden
enseñorearse en el listado de los hombres más ricos del mundo, según la
revista Forbes, con una fortuna por 1 mil 800 millones de dólares y 1
mil 500 millones, respectivamente.
Pero no todo es turbio.
En virtud de su corazoncito filantrópico, en febrero pasado, Harp fue inmortalizado por el demócrata rector
de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien le
puso a un deportivo el nombre de CP Alfredo Harp Helú. Así, con todo y
su título nobiliario. Hernández ha sido más práctico. Sus obras pías han
sido orientadas a beneficiar a uno que otro gobernante y partido de la
derecha. Por ejemplo, en 2000, se dijo que puso a disposición de Vicente
Fox y Ernesto Zedillo su isla caribeña, ubicada en Punta Pájaros, en
Quintana Roo.
Por
la cuantía de sus fortunas, empero, podría decirse que son unos pobres
ricos, comparados con Carlos Slim, Alberto Baillères o Germán Larrea,
cuyas riquezas son tasadas, en ese orden, en 73 mil millones de dólares,
18.2 mil millones y 16.7 mil millones. Los dos últimos se han forjado,
parcialmente, en la minería, en donde las condiciones laborales
rememoran a la esclavitud colonial.
Los hombres de presa pueden ser agradecidos con sus siervos.
Hernández aún aparece como presidente del Consejo de Administración del
Banco Nacional de México. Ese empleado del Citigroup ayudó a que
Arrigunaga fuera incorporado al grupo financiero transnacional, en mayo
de 2002, y actualmente, en pleno escándalo, ocupa el puesto de director
general Grupo Financiero Banamex.
Los estafadores, timados
La buena estrella de Arrigunaga se debe, en parte, a que está
emparentado con Roberto Hernández, debido a sus lazos familiares con el
fallecido abogado potosino Íñigo Laviada Arrigunaga, quien se casó con
María Elena Hernández, la hermana del casabolsero; que su carrera ha
sido al amparo del exsecretario Francisco Gil Díaz, como recuerda la
columna Oficio de Papel (http://oficiodepapel.com.mx/contenido/?p=601 );
que es primo carnal de la consorte de Felipe Calderón Hinojosa
(Margarita Zavala Gómez del Campo) y familiar de la cónyuge de Eduardo
Bours, exdesgobernador de Sonora. El resto de su buen sino se
debe a sus propias ambiciones. Por cierto, Gil Díaz fue denunciado
porque, como titular de Hacienda, participó en la venta de Banamex pese a
su conflicto de intereses, pues había sido subordinado de Hernández. El
subsecretario era en ese entonces Agustín Carstens (Roberto Garduño y
Roberto González, www.jornada.unam.mx/ 2008/09/21/index.php?section=politica&article=003n1pol).
El
apostema también salpicó a Banorte, Interacciones, Bancomext, el
holandés Rabobank Group, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
Pemex, al Servicio de Administración Tributaria. El préstamo de Banorte a
Oceanografía representa alrededor del 0.13 por ciento de su cartera
crediticia total. De los contados bancos que quedan en manos de
oligarcas mexicanos, Banorte es el mayor. Su dueño, el finado Maseco,
Roberto González, arropó a Guillermo Ortiz, actual presidente del
Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.
Por extensión, la excrecencia también alcanzó a los desreguladores gubernamentales
que asistieron al aristocrático convite: Enrique Peña Nieto; Luis
Videgaray, secretario de Hacienda; Agustín Carstens; y Jaime González,
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Todos quedaron embarrados por un escándalo que no pudieron seguir ocultando bajo la alfombra, debido al pésimo gusto de los estadunidenses.
Todos fueron puestos en ridículo por las estafas, por decirlo de una manera piadosa, ya que todos, defraudadores y desfalcados actuaron, por acción u omisión, como Fuenteovejuna.
Entre
éstos, los esperpénticos controladores de los bancos encargados de
velar por la ética y las sanas costumbres crediticias. Los
administradores públicos responsables de cuidar la impoluta conducta de
los intermediarios y de garantizar la pulcritud del sistema financiero
mexicano trasnacionalizado y desregulado.
Según El Financiero,
“los esfuerzos realizados por ejecutivos de Citigroup para reforzar los
controles en Banamex fueron desairados por directores de la institución
5 años antes de que el banco estadunidense se enterara de que su unidad
local había sufrido un fraude por 400 millones de dólares” (www.elfinanciero. com.mx/economia/banamex-desairo-controles-de-citi-antes-de-fraude-de-oceanografia.html). Pero ello equivale a que el ahorcado enseñe la cuerda en su propia casa. No puede soslayarse que el Citigroup siempre ha sido señalado por sus prácticas sucias –por ejemplo, el lavado de dinero–.
En 2008 tuvo que ser apoyado financieramente por el gobierno
estadunidense –por un monto del orden de una cuarta parte de su capital–
para poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por sus inversiones tóxicas (hipotecas y derivados), estimadas estas últimas en 301 mil millones de dólares (http://elpais.com/diario/ 2010/01/20/economia/1263942005_ 850215.html).
En la cima de la crisis financiera, tuvo que aceptar 45 mil millones de
dólares a cambio de ceder acciones ordinarias y preferentes.
La creatividad contable falló. Al final, las aguas negras desbordaron a la “creatividad contable”.
Lo
anterior no fue un “hecho aislado”, como podría decir Emilio Lozoya,
director de Pemex, que así calificó la relación fraudulenta de la
paraestatal con Oceanografía.
Aislado
o no, el caso es que el colapso financiero global iniciado en 2008 dejó
una fabulosa estela de bancos e intermediarios financieros reventados,
heridos de muerte, lisiados, mutilados, intervenidos, desacreditados.
Como en un salvaje campo de batalla. Todos hermanados por una curiosa
manía: fueron víctimas de su propia desmesura desregulada, provocada por
su pavloviana ambición de maximizar sus tasas de ganancias, que les
motivó a arrojar por la borda el sentido de la prudencia y la ética que supuestamente caracteriza a la industria financiera.
Casos
aislados o no, pero el hecho es que, sólo en Estados Unidos, el costo
del rescate de su sistema financiero aún genera controversias. De
acuerdo con la economista Nora C Ampudia Márquez, de una universidad
libre de toda sospecha (la opusdeista Universidad Panamericana, de Guadalajara) los números danzan en
un amplio rango: 1.2 billones de dólares para la Reserva Federal; 7.7
billones para Bloomberg; 16 billones para la oficina de contabilidad del
gobierno; el Levy Economics Institute of Bard College estima que fue de
29 billones, entre enero de 2007 y noviembre de 2011 (www.milenio. com/firmas/dra-_nora_c-_ampudia_marquez/costo-rescate-financiero-EU-dlls_18_117168310.html).
Únicamente las nueve principales entidades financieras del país,
Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch,
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York y State Street,
recibieron una inyección de capital por 125 mil millones de dólares. En
España, el monto es de 220 mil millones de euros.
Lo
único claro es que México y demás latitudes financieramente arrasadas
guardan otra peculiar similitud: “Pocos meses después de que los
contribuyentes de Estados Unidos les echaran una soga para
salvarlos de la bancarrota, los grandes bancos le echan otra soga a
quienes se ven incapacitados de pagar sus hipotecas, pero no
precisamente para rescatarlos” (www.ipsnoticias.net/2009/05/economia-eeuu-bancos-rescatados-dedicados-a-ejecutar-a-pobres/).
En 2011 la oficina de Christy Romero, inspectora general del rescate,
señaló que 4 mil millones de dólares provinieron de los contribuyentes
para ayudar a la industria financiera y a los fabricantes automotrices.
En contrapartida, la industria financiera aplica la piedad de la horca: los embargos, las persecuciones judiciales, el bloque de cuentas…
Sin
embargo, el problema de los fraudes cometidos por Oceanografía, SA de
CV, los intermediarios financieros y las empresas no es un problema
exclusivo de ética, de una supervisión defectuosa o de la connivencia
corrupta establecida entre el poder político y económico.
La situación anterior, empero, es consecuencia de un fenómeno más amplio, estructural, político, ideológico.
La
especulación y los irrefrenables ímpetus por llevar a cabo operaciones
altamente riesgosas que han provocado sucesivos desastres y masivos y
onerosos rescates bancarios –las crisis de las cajas de ahorro en
Estados Unidos en la década de 1980, el derrumbe de los llamados
“mercados emergentes, como México, Rusia, los Tigres asiáticos,
Irlanda, la reciente de 2007-2009– responden al proceso de desregulación
financiera global e integración de los mercados impulsado por el
reaganismo-thatcherismo y los organismos multilaterales como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial desde la década de 1980.
Ellos y los gobiernos nacionales que abrazaron la ideología neoliberal
desmantelaron las regulaciones que contenían al espíritu salvaje de los
intermediarios y los obligaban a cumplir un papel destacado dentro del
proceso de fomento del ahorro y el financiamiento del desarrollo
–separación de la banca comercial y de inversión, topes a las tasas de
interés activas y pasivas, cajones selectivos de crédito, financiamiento
subsidiado a sectores estratégicos, etcétera–, bajo el supuesto de que
con ello se provocaba una “represión financiera” y se afectaba la
calidad y la competencia que redundaría en un mejor acceso al crédito
con intereses menores.
Dichas
transformaciones, que sentaron las bases de lo que después se
denominaría el Consenso de Washington, sustituyeron la arquitectura
económica y financiera emanada en Bretton Woods, después de la Segunda
Guerra Mundial, la cual, mientras existió, aseguró una relativa
estabilidad mundial con escasos colapsos financieros. El economista
Hyman Minsky ya observaba una tendencia cíclica financiera, fases de
expansión y contracción del crédito, que puede ser atemperada por las
regulaciones. Ese fenómeno –por cierto ya explicado por Carlos Marx– fue
denominado “la teoría de la inestabilidad inherente”.
La
ecuación, empero, se invertiría con el neoliberalismo financiero: los
desastres financieros, la vulnerabilidad mundial y el estancamiento
económico se convirtieron en la normalidad.
En
México ese proceso fue iniciado por Carlos Salinas de Gortari, con la
eliminación de controles bancarios y financieros y la reprivatización
bancaria. La extranjerización forma parte de ese proceso y los ajustes
peñistas no buscaron eliminarlos, sino mejorar su funcionamiento, pese a
que no existe una experiencia internacional que lo avale. Los colapsos
nacionales y globales son sus consecuencias lógicas.
La
incorporación de nuevos intermediarios o la emisión de una amplia gama
de instrumentos en un sector financiero con escasa capacidad para
diferenciarse en los servicios ofrecidos, aun en su diversidad,
estimulan la “huida hacia adelante”, hacia el precipicio, asumiéndose
más y crecientes riesgos con tal de aumentar la rentabilidad en el menor
tiempo posible que, al cabo, desembocan en las crisis.
“El
clima especulativo del modelo económico globalizado habilitaba todo
tipo de fraudes financieros, que sólo en pocos casos fueron
judicialmente castigados. Este clima se extendió por toda la década,
llegando al detonante de la crisis del área de los créditos hipotecarios
subprime, que algunos autores llaman ‘gran recesión’” (www.latindadd.org/ economiacritica/?p=726).
Toda
crisis, quiebra, rescate, fraudes, etcétera, no hacen más que
desacreditar a la ideología que tiene fe en los mercados libres y sin
restricciones. Que ellas manifiesten la avaricia y la voracidad del
sistema financiero; que evidencien la ausencia de ética; que sean
jurídicamente ilegales, carece de importancia.
La
lógica que priva es otra. La oligarquía financiera pondera entre el
costo de una sanción por una práctica ilegal y las ganancias que puede
obtener. Si esta última es mayor, está dispuesta a asumir el riesgo.
Simultáneamente, hará todo lo posible, contable y políticamente –al
cabo, financian partidos y carreras políticas, cooptan a reguladores–
por esconder lo mejor posible sus desmanes.
¿Acaso no fue el mismo razonamiento empleado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?
Una
multa menor por sus tropelías electorales, que sería endosada a sus
partidos y pagada con los impuestos de los contribuyentes, puede
aceptarse si se logra el fin mayor: usurpar la Presidencia.
Esa lógica fue la empleada por Oceanografía, Banamex, Banorte y demás.
En diciembre de 2012 el banco HSBC aceptó pagar multas civiles por 665
millones de dólares y un decomiso por 1 mil 246 millones de dólares en
Estados Unidos, a cambio de que se desestimara una acusación relacionada
con el lavado de dinero y otras prácticas ilegales que realizaba
a favor de los cárteles mexicanos y colombianos de narcotráfico.
Reconoció que había cometido “errores” en materia de supervisión y
traslado de dinero de sus clientes en Myanmar, Cuba, Irán, Libia y
Sudán, operaciones susceptibles de ser sancionadas. Edgardo Buscaglia
comentó que una multa por ese monto es “irrisoria”, ya que equivale a
cinco semanas de los ingresos del banco de origen inglés y representa
menos del 10 por ciento de sus ganancias de capitalización de junio a la
fecha. Asimismo, agregó que llama la atención que el gobierno
estadunidense no hiciera imputaciones penales contra los responsables
del blanqueo de 881 millones de dólares de los cárteles de
Sinaloa, México, y del Valle del Norte, Colombia, como descubrió una
investigación del Departamento de Justicia. Y concluyó: “Estamos
hablando de un sistema que de alguna manera subsidia el lavado de dinero”, ante un maquillaje mediático: “No existe en ningún lugar del planeta monto de dinero lavadoque no esté ligado a actores políticos”.
HSBC ponderó correctamente.
La banca mexicana extranjerizada sopesa adecuadamente. La multa por 32
millones de pesos que le impuso la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a las siete
instituciones financieras más grandes, Bancomer, Banamex, Santander,
Banorte-Ixe, HSBC, Scotiabank e Inbursa, por sus abusivas políticas en
tarjetas de crédito, no es más que un estímulo para continuar con sus
tropelías.
Todos
evalúan costos y beneficios. Y hasta el momento las ganancias
económicas y políticas son más rentables en el mundo financiero
desregularizado y en un sistema político descontrolado. Los casos Monex,
Banamex, HSBC, son simples anécdotas que sólo inquietan temporalmente a
algunos que, de todos modos pueden dormir tranquilamente, en virtud de
las redes de complicidad. Aunque estén embarrados y apesten. En todo caso, el dinero no tiene olor.
*Economista
