Te quejas de la Banca? pues seguiras haciendolo, Banca "Mexicana"; usura, fraudes y corrupción

¿Qué delito es el robo de un banco comparado con el hecho de fundar uno?

                                                  Bertolt Brecht 

                                                 (poeta y dramaturgo alemán, comunista convencido)

La banca “mexicana”: usura, fraudes y corrupción

abril 2014 AutorMarcos Chávez

Mientras los índices de pobreza y violencia se incrementan entre el grueso de la población, un sector siempre gana: el de los banqueros. Y aunque se le ha implicado en usura, lavado de dinero, corrupción y fraude, tiene garantizada la impunidad

Era inevitable que –como una mosca en las viandas– la sombra de la corrupción que involucra a las empresas Oceanografía y Petróleos Mexicanos (Pemex) gravitara embarazosamente sobre la Convención Nacional Bancaria. Ese añejo, tedioso e inútil ritual monárquico –más allá de los símbolos de supremacía– donde anualmente se reúne la nobleza de las altas finanzas, los verdaderos dueños del poder económico y político del país –aunque con actores transmutados, porque la mayoría de los oligarcas especuladores casabolseros criollos se vieron obligados a heredar sus espacios a los robber barons foráneos a partir de 1997, después que llevaron al desastre al sistema bancario y financiero en 1995– y sus administradores gubernamentales en turno, se reúnen con el objeto de repartirse melosas lisonjas.

Era ineludible el bochorno de los comensales, en un ambiente que apestaba más que en Dinamarca, merced a la saturación de malolientes. No sólo porque al supurar el absceso en Estados Unidos, poco antes de dicha convención, la purulencia salpicó y ensució al anfitrión técnico: Javier Arrigunaga Gómez del Campo, el reelecto presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) para el periodo 2013-2014 y director general del Grupo Financiero Banamex, el segundo consorcio extranjerizado más grande del país, cuyo banco, Banamex, fue el principal chamaqueado por los ingeniosos dueños de Oceanografía, por un monto de 400 millones de dólares. Ese quebranto obligó a la matriz del grupo, el Citigroup, a ajustar sus ingresos de 2013 a la baja, en 235 millones de dólares, y a soportar que un gran jurado y la Corporación Federal del Seguro de Depósitos, ambos estadunidenses, husmearan en los renglones torcidos de sus hojas de balance, por presuntas violaciones al secreto bancario y las leyes contra el lavado de dinero.

De por sí, el pasado de Javier Arrigunaga, como servidor público, es cochambroso.

Él, como licenciado en derecho, fue responsable de instrumentar el programa de rescate de los bancos quebrados durante el zedillismo, el cual violentó el estado de derecho y en su momento fue calificado como “el robo del siglo”. En términos contantes y sonantes, al cierre de 2013, las tropelías cometidas por los neobanqueros salinistas fueron cuantificadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en 924 mil 836 millones de pesos (pasivos brutos), equivalentes al 5.1 por ciento del producto interno bruto (PIB). En términos netos, es decir, si se descuentan los recursos líquidos, suman 830 mil 400 millones de pesos, el 5 por ciento del PIB. Hacienda, empero, señaló que los pasivos netos ascienden a 846 mil 236 millones de pesos, equivalentes al 13 por ciento del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (6.5 billones de pesos).

Gracias al generoso salvamento diseñado por Ernesto Zedillo, los entonces titulares de Hacienda y Crédito Público Guillermo Ortiz y José Ángel Gurría, y Arrigunaga, el operador del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa, transformado en el IPAB en 1998), los especuladores casabolseros salvaguardaron sus patrimonios. Pero alguien tiene que pagar el rescate. Al socializar las pérdidas, el costo del rescate de la nacionalización disfrazada, convertido en deuda pública, en una pesada lápida, fue trasladado hacia la espaldade la población. Ésta ha pagado los intereses devengados en poco más de 15 años; y, como en la era de la servidumbre, los continuará pagando a perpetuidad, en tanto no se cancele definitivamente el saldo total de tales débitos.

Mientras maniobraba desde las catacumbas del Fobaproa, y como un Hércules limpiaba el estercolero de los establos de los Augías financieros, Arrigunagaayudó a Banamex a barrer la basura de sus estados contables. La cantidad involucrada fue de 60 mil millones de pesos, la cual fue graciosamente transformada en deuda pública. Después, una vez saneado, en 2001, los dueños del Grupo Financiero Banamex-Accival, Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú y Alejandro Betancourt, decidieron venderlo a Citigroup en 12 mil 500 millones de dólares. La transacción fue realizada a través del mercado de valores. Como en ese momento las operaciones bursátiles estaban libres de gravámenes, Hernández, Harp y Betancourt se ahorraron un pago de impuestos estimado en 3.5 mil millones de dólares, unos 35 mil millones de pesos. A decir de Gabriel Reyes, exprocurador fiscal de la Federación, “la operación [causó el] mayor quebranto fiscal en la historia del país, al omitirse el pago de contribuciones por más de 3 mil 500 millones de dólares, acudiendo a una nueva simulación, consistente en hacer pasar dicha transacción como si se tratase de una operación espontáneamente surgida en el seno de la Bolsa Mexicana de Valores” (Roberto Garduño y Roberto González Amador, “Autorizó Gil Díaz venta de Banamex que provocó enorme quebranto fiscal”;www.jornada.unam.mx/2008/09/21/index.php?section=politica&article=003n 1pol ).

Fue un lindo negocio para Hernández, Harp y Betancourt. Y pésimo para la hacienda pública y la población.

Gracias a la magnanimidad oficial, hoy en día Hernández y Harp pueden enseñorearse en el listado de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna por 1 mil 800 millones de dólares y 1 mil 500 millones, respectivamente.

Pero no todo es turbio.

En virtud de su corazoncito filantrópico, en febrero pasado, Harp fue inmortalizado por el demócrata rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro, quien le puso a un deportivo el nombre de CP Alfredo Harp Helú. Así, con todo y su título nobiliario. Hernández ha sido más práctico. Sus obras pías han sido orientadas a beneficiar a uno que otro gobernante y partido de la derecha. Por ejemplo, en 2000, se dijo que puso a disposición de Vicente Fox y Ernesto Zedillo su isla caribeña, ubicada en Punta Pájaros, en Quintana Roo.

Por la cuantía de sus fortunas, empero, podría decirse que son unos pobres ricos, comparados con Carlos Slim, Alberto Baillères o Germán Larrea, cuyas riquezas son tasadas, en ese orden, en 73 mil millones de dólares, 18.2 mil millones y 16.7 mil millones. Los dos últimos se han forjado, parcialmente, en la minería, en donde las condiciones laborales rememoran a la esclavitud colonial.

Los hombres de presa pueden ser agradecidos con sus siervos. Hernández aún aparece como presidente del Consejo de Administración del Banco Nacional de México. Ese empleado del Citigroup ayudó a que Arrigunaga fuera incorporado al grupo financiero transnacional, en mayo de 2002, y actualmente, en pleno escándalo, ocupa el puesto de director general Grupo Financiero Banamex.

 

Los estafadores, timados

La buena estrella de Arrigunaga se debe, en parte, a que está emparentado con Roberto Hernández, debido a sus lazos familiares con el fallecido abogado potosino Íñigo Laviada Arrigunaga, quien se casó con María Elena Hernández, la hermana del casabolsero; que su carrera ha sido al amparo del exsecretario Francisco Gil Díaz, como recuerda la columna Oficio de Papel (http://oficiodepapel.com.mx/contenido/?p=601 ); que es primo carnal de la consorte de Felipe Calderón Hinojosa (Margarita Zavala Gómez del Campo) y familiar de la cónyuge de Eduardo Bours, exdesgobernador de Sonora. El resto de su buen sino se debe a sus propias ambiciones. Por cierto, Gil Díaz fue denunciado porque, como titular de Hacienda, participó en la venta de Banamex pese a su conflicto de intereses, pues había sido subordinado de Hernández. El subsecretario era en ese entonces Agustín Carstens (Roberto Garduño y Roberto González, www.jornada.unam.mx/ 2008/09/21/index.php?section=politica&article=003n1pol).

El apostema también salpicó a Banorte, Interacciones, Bancomext, el holandés Rabobank Group, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Pemex, al Servicio de Administración Tributaria. El préstamo de Banorte a Oceanografía representa alrededor del 0.13 por ciento de su cartera crediticia total. De los contados bancos que quedan en manos de oligarcas mexicanos, Banorte es el mayor. Su dueño, el finado Maseco, Roberto González, arropó a Guillermo Ortiz, actual presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.

Por extensión, la excrecencia también alcanzó a los desreguladores gubernamentales que asistieron al aristocrático convite: Enrique Peña Nieto; Luis Videgaray, secretario de Hacienda; Agustín Carstens; y Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Todos quedaron embarrados por un escándalo que no pudieron seguir ocultando bajo la alfombra, debido al pésimo gusto de los estadunidenses.

Todos fueron puestos en ridículo por las estafas, por decirlo de una manera piadosa, ya que todos, defraudadores y desfalcados actuaron, por acción u omisión, como Fuenteovejuna.

Entre éstos, los esperpénticos controladores de los bancos encargados de velar por la ética y las sanas costumbres crediticias. Los administradores públicos responsables de cuidar la impoluta conducta de los intermediarios y de garantizar la pulcritud del sistema financiero mexicano trasnacionalizado y desregulado.

Según El Financiero, “los esfuerzos realizados por ejecutivos de Citigroup para reforzar los controles en Banamex fueron desairados por directores de la institución 5 años antes de que el banco estadunidense se enterara de que su unidad local había sufrido un fraude por 400 millones de dólares” (www.elfinanciero. com.mx/economia/banamex-desairo-controles-de-citi-antes-de-fraude-de-oceanografia.html). Pero ello equivale a que el ahorcado enseñe la cuerda en su propia casa. No puede soslayarse que el Citigroup siempre ha sido señalado por sus prácticas sucias –por ejemplo, el lavado de dinero–. En 2008 tuvo que ser apoyado financieramente por el gobierno estadunidense –por un monto del orden de una cuarta parte de su capital– para poder hacer frente a las pérdidas ocasionadas por sus inversiones tóxicas (hipotecas y derivados), estimadas estas últimas en 301 mil millones de dólares (http://elpais.com/diario/ 2010/01/20/economia/1263942005_ 850215.html). En la cima de la crisis financiera, tuvo que aceptar 45 mil millones de dólares a cambio de ceder acciones ordinarias y preferentes.

La creatividad contable falló. Al final, las aguas negras desbordaron a la “creatividad contable”.

Lo anterior no fue un “hecho aislado”, como podría decir Emilio Lozoya, director de Pemex, que así calificó la relación fraudulenta de la paraestatal con Oceanografía.

Aislado o no, el caso es que el colapso financiero global iniciado en 2008 dejó una fabulosa estela de bancos e intermediarios financieros reventados, heridos de muerte, lisiados, mutilados, intervenidos, desacreditados. Como en un salvaje campo de batalla. Todos hermanados por una curiosa manía: fueron víctimas de su propia desmesura desregulada, provocada por su pavloviana ambición de maximizar sus tasas de ganancias, que les motivó a arrojar por la borda el sentido de la prudencia y la ética que supuestamente caracteriza a la industria financiera.

Casos aislados o no, pero el hecho es que, sólo en Estados Unidos, el costo del rescate de su sistema financiero aún genera controversias. De acuerdo con la economista Nora C Ampudia Márquez, de una universidad libre de toda sospecha (la opusdeista Universidad Panamericana, de Guadalajara) los números danzan en un amplio rango: 1.2 billones de dólares para la Reserva Federal; 7.7 billones para Bloomberg; 16 billones para la oficina de contabilidad del gobierno; el Levy Economics Institute of Bard College estima que fue de 29 billones, entre enero de 2007 y noviembre de 2011 (www.milenio. com/firmas/dra-_nora_c-_ampudia_marquez/costo-rescate-financiero-EU-dlls_18_117168310.html). Únicamente las nueve principales entidades financieras del país, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York y State Street, recibieron una inyección de capital por 125 mil millones de dólares. En España, el monto es de 220 mil millones de euros.

Lo único claro es que México y demás latitudes financieramente arrasadas guardan otra peculiar similitud: “Pocos meses después de que los contribuyentes de Estados Unidos les echaran una soga para salvarlos de la bancarrota, los grandes bancos le echan otra soga a quienes se ven incapacitados de pagar sus hipotecas, pero no precisamente para rescatarlos” (www.ipsnoticias.net/2009/05/economia-eeuu-bancos-rescatados-dedicados-a-ejecutar-a-pobres/). En 2011 la oficina de Christy Romero, inspectora general del rescate, señaló que 4 mil millones de dólares provinieron de los contribuyentes para ayudar a la industria financiera y a los fabricantes automotrices. En contrapartida, la industria financiera aplica la piedad de la horca: los embargos, las persecuciones judiciales, el bloque de cuentas…

Sin embargo, el problema de los fraudes cometidos por Oceanografía, SA de CV, los intermediarios financieros y las empresas no es un problema exclusivo de ética, de una supervisión defectuosa o de la connivencia corrupta establecida entre el poder político y económico.

La situación anterior, empero, es consecuencia de un fenómeno más amplio, estructural, político, ideológico.

La especulación y los irrefrenables ímpetus por llevar a cabo operaciones altamente riesgosas que han provocado sucesivos desastres y masivos y onerosos rescates bancarios –las crisis de las cajas de ahorro en Estados Unidos en la década de 1980, el derrumbe de los llamados “mercados emergentes, como México, Rusia, los Tigres asiáticos, Irlanda, la reciente de 2007-2009– responden al proceso de desregulación financiera global e integración de los mercados impulsado por el reaganismo-thatcherismo y los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial desde la década de 1980. Ellos y los gobiernos nacionales que abrazaron la ideología neoliberal desmantelaron las regulaciones que contenían al espíritu salvaje de los intermediarios y los obligaban a cumplir un papel destacado dentro del proceso de fomento del ahorro y el financiamiento del desarrollo –separación de la banca comercial y de inversión, topes a las tasas de interés activas y pasivas, cajones selectivos de crédito, financiamiento subsidiado a sectores estratégicos, etcétera–, bajo el supuesto de que con ello se provocaba una “represión financiera” y se afectaba la calidad y la competencia que redundaría en un mejor acceso al crédito con intereses menores.

Dichas transformaciones, que sentaron las bases de lo que después se denominaría el Consenso de Washington, sustituyeron la arquitectura económica y financiera emanada en Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, la cual, mientras existió, aseguró una relativa estabilidad mundial con escasos colapsos financieros. El economista Hyman Minsky ya observaba una tendencia cíclica financiera, fases de expansión y contracción del crédito, que puede ser atemperada por las regulaciones. Ese fenómeno –por cierto ya explicado por Carlos Marx– fue denominado “la teoría de la inestabilidad inherente”.

La ecuación, empero, se invertiría con el neoliberalismo financiero: los desastres financieros, la vulnerabilidad mundial y el estancamiento económico se convirtieron en la normalidad.

En México ese proceso fue iniciado por Carlos Salinas de Gortari, con la eliminación de controles bancarios y financieros y la reprivatización bancaria. La extranjerización forma parte de ese proceso y los ajustes peñistas no buscaron eliminarlos, sino mejorar su funcionamiento, pese a que no existe una experiencia internacional que lo avale. Los colapsos nacionales y globales son sus consecuencias lógicas.

La incorporación de nuevos intermediarios o la emisión de una amplia gama de instrumentos en un sector financiero con escasa capacidad para diferenciarse en los servicios ofrecidos, aun en su diversidad, estimulan la “huida hacia adelante”, hacia el precipicio, asumiéndose más y crecientes riesgos con tal de aumentar la rentabilidad en el menor tiempo posible que, al cabo, desembocan en las crisis.

 “El clima especulativo del modelo económico globalizado habilitaba todo tipo de fraudes financieros, que sólo en pocos casos fueron judicialmente castigados. Este clima se extendió por toda la década, llegando al detonante de la crisis del área de los créditos hipotecarios subprime, que algunos autores llaman ‘gran recesión’” (www.latindadd.org/ economiacritica/?p=726).

Toda crisis, quiebra, rescate, fraudes, etcétera, no hacen más que desacreditar a la ideología que tiene fe en los mercados libres y sin restricciones. Que ellas manifiesten la avaricia y la voracidad del sistema financiero; que evidencien la ausencia de ética; que sean jurídicamente ilegales, carece de importancia.

La lógica que priva es otra. La oligarquía financiera pondera entre el costo de una sanción por una práctica ilegal y las ganancias que puede obtener. Si esta última es mayor, está dispuesta a asumir el riesgo. Simultáneamente, hará todo lo posible, contable y políticamente –al cabo, financian partidos y carreras políticas, cooptan a reguladores– por esconder lo mejor posible sus desmanes.

¿Acaso no fue el mismo razonamiento empleado por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto?

Una multa menor por sus tropelías electorales, que sería endosada a sus partidos y pagada con los impuestos de los contribuyentes, puede aceptarse si se logra el fin mayor: usurpar la Presidencia.

Esa lógica fue la empleada por Oceanografía, Banamex, Banorte y demás.

En diciembre de 2012 el banco HSBC aceptó pagar multas civiles por 665 millones de dólares y un decomiso por 1 mil 246 millones de dólares en Estados Unidos, a cambio de que se desestimara una acusación relacionada con el lavado de dinero y otras prácticas ilegales que realizaba a favor de los cárteles mexicanos y colombianos de narcotráfico. Reconoció que había cometido “errores” en materia de supervisión y traslado de dinero de sus clientes en Myanmar, Cuba, Irán, Libia y Sudán, operaciones susceptibles de ser sancionadas. Edgardo Buscaglia comentó que una multa por ese monto es “irrisoria”, ya que equivale a cinco semanas de los ingresos del banco de origen inglés y representa menos del 10 por ciento de sus ganancias de capitalización de junio a la fecha. Asimismo, agregó que llama la atención que el gobierno estadunidense no hiciera imputaciones penales contra los responsables del blanqueo de 881 millones de dólares de los cárteles de Sinaloa, México, y del Valle del Norte, Colombia, como descubrió una investigación del Departamento de Justicia. Y concluyó: “Estamos hablando de un sistema que de alguna manera subsidia el lavado de dinero”, ante un maquillaje mediático: “No existe en ningún lugar del planeta monto de dinero lavadoque no esté ligado a actores políticos”.

HSBC ponderó correctamente.

La banca mexicana extranjerizada sopesa adecuadamente. La multa por 32 millones de pesos que le impuso la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a las siete instituciones financieras más grandes, Bancomer, Banamex, Santander, Banorte-Ixe, HSBC, Scotiabank e Inbursa, por sus abusivas políticas en tarjetas de crédito, no es más que un estímulo para continuar con sus tropelías.

Todos evalúan costos y beneficios. Y hasta el momento las ganancias económicas y políticas son más rentables en el mundo financiero desregularizado y en un sistema político descontrolado. Los casos Monex, Banamex, HSBC, son simples anécdotas que sólo inquietan temporalmente a algunos que, de todos modos pueden dormir tranquilamente, en virtud de las redes de complicidad. Aunque estén embarrados y apesten. En todo caso, el dinero no tiene olor.

*Economista

En Corto: Noticias Relevantes de la semana, AMLO, empleo, Derechos Humanos, Lavado de dinero, Opciones culturales, Bioartesania

EN CORTO:José Luis Avendaño C.

Dardo antimediático

Quizá Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de las izquierdas, haya moderar su discurso y actitud con el objetivo de no espantar a las buenas conciencias y quitarse el estigma de ser un peligro para México. Sin embargo, antes y después del 1 de julio, no dejó de quitar el dedo del reglón: la función de los grandes medios, en particular el duopolio televisivo (Televisa-TV Azteca), no únicamente en el proceso electoral, sino en la vida pública y política del país, incluyendo la confección del presidente.

Después de que el diario español El País afirmó que AMLO es un lastre para la izquierda, que tiene políticos más modernos, en su respuesta el tabasqueño les dijo que dejaran de hacer un periodismo colonizante y que mejor hicieran la autocrítica por su responsabilidad en el desastre de España.

Sobre el empleo y desempleo

El Centro de Investigación Económica y Política (CEPR, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC, comenta de Paul Krugman, Premio Nobel de economía, y Richard Layard, su: “Manifiesto para la Economía del Sentido Común” (The Guardian, 3-7-2012), que por principio de cuentas condena el viraje hacia la austeridad de muchos países.

Vale recordar que estas medidas, que incluyen recortes al gasto social y empleo, y elevación de impuestos (en España, el aumento de 18 a 21 por ciento al impuesto al valor agregado, IVA), se les ha impuesto a los países europeos con déficit fiscal, la troika –Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo y Unión Europea— a cambio de paquetes de dinero: rescates. Pero, que no se crea que ese dinero se va a rescatar a la economía y a la gente en problemas, sino a unos cuantos, específicamente a los bancos, pues hoy el capital financiero es el dominante sobre el resto de la sociedad, incluido el capital productivo. Es, en términos cuantitativos, el uno por ciento contra el 99 por ciento.

El argumento de Krugman y Layard es que las economías en problemas no son pobres, sino todo lo contrario, ricas. Dice el CEPR: “Tenemos decenas de miles de desempleados precisamente porque podemos satisfacer la demanda corriente, sin requerir de su trabajo”. Es una situación que ya se vivió hace 80 años, con la Gran Depresión, y que Keynes comprendió. “El mundo no se volvió repentinamente pobre en 1929 después del colapso del mercado bursátil. Nuestros trabajadores tuvieron la misma capacidad de producir tantos bienes y servicios el día después del colapso tanto como el día antes. El problema fue que después de la quiebra hubo una falta de demanda para esos bienes y servicios”. Exactamente lo mismo que pasa hoy, frente las burbujas inmobiliarias y financieras, que terminaron por reventar.

La respuesta, entonces como ahora, se dice en el Manifiesto, es que los gobiernos llenen esa brecha (entre oferta y demanda) y no al revés. Aparte de invertir en infraestructura, hay que hacerlo en salud y educación.

 

Respecto al empleo, los trabajadores pueden tener jornadas más cortas, que pueden dedicar a su familia o la recreación y la cultura, a fin de ocupar a los hoy desempleados y los que se agreguen. Eso aumentaría la demanda global. “Idealmente, la mayor parte de los salarios perdidos se pueden cubrir con subsidios gubernamentales (recuerden: el problema es la escasa demanda, no la excesivas. Podemos proporcionarlos)”.

 

Por otro lado, José Antonio Rojas Nieto escribe sobre sobre el empleo: una primera aproximación (La Jornada, 22-7-2012). Entre las demandas básicas, la primera es el empleo, pues sin éste no se puede satisfacer las necesidades esenciales, como la alimentación, para no decir las cosas gratas de la vida, citando a Adam Smith.

 

No cualquier empleo, sino un buen empleo, que no se reduce a tener un buen salario, sino con acceso a la seguridad social y a la estabilidad laboral. Una cosa difícil, tomando en cuenta que desde 2008 más de 80 por ciento de los nuevos empleos se da en microempresas (cinco o menos trabajadores), que incluye el trabajo por cuenta propia, el comercio al por menor y los servicios personales (de las que se alimenta la economía informal).

 

De una población total de 115 millones de habitantes, 50 millones constituyen la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, en edad de trabajar –aunque trabajen, por necesidad, niños y viejos—, pero quienes tienen trabajo (oficialmente, la tasa de desempleo es de alrededor de cinco por ciento: 2.5 millones de personas), 30 por ciento se encuentra en la economía informal, donde prevalece la precariedad, que afecta principalmente a mujeres y jóvenes. Lo anterior en un contexto en que la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, se ha reducido, de 38 a 30 por ciento desde finales de los 80 (puntos perdidos que aparecen en forma de ganancias e impuestos).

 

Y ya se escuchan los pasos –pasotes— de doña reforma laboral, decidida a terminar de aplastar todo lo que queda.  

 

Un volado

Bolsa Mexicana de Valores

Es tiempo, anticipado, de balances, de cortes de caja. Como si el presupuesto fuera un botín. Más, en tratándose del último año del sexenio, (re)conocido por el año de Hidalgo: chin, chin, el que deje algo. Y llega el otro, sólo para encontrar las arcas (medio)vacías, llenos de deudas, de privadas (de unos cuantos) se vuelven públicas, para, finalmente, ser sociales, tales como los tortillazos o gasolinazos. En cambio, las grandes operaciones, especulativas, de la bolsa de valores, están libres de impuestos. ¿Cómo si el sistema regresara a sus primeras etapas, de acumulación primitiva de capital. ¿No lo llaman capitalismo salvaje?

Como si gobernar fuera, simplemente, un asunto de administración. Administración no muy eficiente, por cierto; únicamente para mantener el barquito (no el barco de gran calado, del que se presume) a la deriva, a flote, para que no se hunda... más. Por más que se diga que las cosas están peores en otros lugares (Europa y Estados Unidos).

En su columna del 16 de julio, Juan María Alponte se refiere a sendos informes sobre derechos humanos en México, uno del Human Rights Watch (Observatorio de los Derechos Humanos), de la Organización de las Naciones Unidas (OINU), y el otro, de Amnistía Internacional.

El primero, correspondiente a 2012 (hoy) de la ONU, tiene un título contundente: “México, ni Seguridad, Ni Derechos”. Como si más de 60 mil muertos, en seis años, fueran una fría estadística de una guerra fallida, en términos, precisamente, de seguridad y respeto a los derechos humanos; derechos que no se refieren solamente a la protección a la vida y la propiedad de las personas, sino a los demás derechos políticos, económicos, sociales y culturales  ¡Uf!

El Informe de Amnistía Internacional (AI) se inicia así: “Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, actuando en ocasiones en colusión con la policía u otros funcionarios públicos, mataron y secuestraron a miles de personas. Los migrantes irregulares (que llegan huyendo de otras violencias, como la económica, digo yo) que atravesaban México por docenas de miles sufrieron abusos graves, tales como secuestros, violación y homicidios, a manos de estas bandas”.

Alponte destaca que el informe de AI, elaborado por el Yale Center: “Repensando la guerra de las drogas a través del prisma Estados Unidos-México”, está suscrito por Ernesto Zedillo y Haynee Wheeler, académicos de la Universidad de Yale. El informe, dice, en inglés, que “el narco proporciona dinero fácil y prestigio social”.

¿Alternativa para los Ni-Ni y para los no tanto? Y el siguiente sexenio es un volado: no les (nos) asegura nada.

Sí, pero quién sabe

Ya sabemos que números, estadísticas y gráficas, sirven para cualquier cosa: para decir que vamos bien o que vamos mal. Una gráfica puesta de cabeza, dice lo opuesto a lo que se quiso decir. Todo es según las variables que utilicemos, el grado de interpretación o el cristal con que se mira. Es tiempo nublado y nuestras autoridades lo miran color de rosa o banquiazul, hoy azul plomizo.

Dos noticias aparecidas el 17 de julio, parecen desconcertantes. Felipe Calderón presume que en su sexenio (que no termina) se crearon un millón 800 mil empleos, “dos veces y media más que los empleos generados en la administración anterior”, y que la tasa de desempleo es de entre 4.3 y 4.5 por ciento, “comparado con el ocho por ciento que traen en Estados Unidos, o 25 por ciento en España”.

 Por otra parte, en sus pronósticos de crecimiento para este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé para México un crecimiento de 3.9 por ciento (Estados Unidos dos por ciento y China ocho por ciento), por arriba de su estimación anterior.

De concretarse esa cifra, el promedio de crecimiento anual del sexenio de Calderón será de 1.86 por ciento (dos por ciento de los dos sexenios panistas), el más bajo de los últimos cuatro sexenios, pues con Carlos Salinas (1988-1994), fue de 3.91por ciento; con Ernesto Zedillo (1994-2000), 3.58 por ciento, y con Vicente Fox, 2.15 por ciento.

Y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), es otro mundo. Sigue rompiendo niveles históricos, y al cierre del 16 de julio, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubica alrededor de los 41 mil puntos, un récord por décima primera ocasión en lo que iba del año.

Banca lavandera

Que no se crea que es una excepción, al contrario: es una práctica común, normal, de los sistemas bancarios. El asunto es que no se sabe y/o no sale a la luz pública… hasta que no queda de otra. Y viene el escándalo, en medio de reflectores y fuegos de artificio, para que finalmente, se apaguen y se olvide.

La revelación del Senado de Estados Unidos de las operaciones de lavado de dinero (y aquí, estamos chiflando en la loma), ¿es un comportamiento atípico de la banca? Es poco ético, pero es una práctica común, perfectamente normal.

Charles Ferguson, director del documental sobre Wall Street: Inside Job, acaba de publicar un artículo con un título inequívoco: “¿Por qué la banca es una industria criminal? Porque sus crímenes quedan impunes” (Huffington Post, 16-7-2012).

Comienza por enumerar cinco casos, sólo en lo que va del mes de julio, de fraude bancario, que incluye la manipulación de la tasa LIBOR y el del mismo HSBC, con sede en Londres, y de otros bancos, que lavan dinero por miles de millones de dólares, producto de las operaciones del crimen organizado, organizaciones terroristas y “banqueros pillos”

Además de la desregulación del sistema financiero, subproducto del modelo neoliberal, se encuentran la corrupción e impunidad, pues los señores del dinero son grandes donadores de las campañas políticas, a través de las cuales buscan los favores de los políticos, para mantener y proteger sus intereses, además de influir en las decisiones publicas y de Estado.

“Una investigación del Senado de Estados Unidos puso al descubierto la vulnerabilidad de los controles antilavado de dinero del sistema bancario mexicano y acusó al banco británico HSBC de haber permitido que los cárteles mexicanos de las drogas se hicieran ‘más poderosos’ al tolerar que blanquearan grandes cantidades de dinero”, y así contribuir “al financiamiento de actividades terroristas a través de su extensa red de filiales internacionales”.

En su audiencia del 17 de julio, un antiguo ejecutivo de HSBC “refirió los muchos problemas que afrontó la institución para operar en el problemático ‘ambiente de México’”, y narró que “los empleados del banco se convirtieron en blanco de sobornos, extorsión y hasta secuestro”. El informe destaca que “algunos de los miles de millones de dólares en efectivo fueron enviados por avión o carretera desde México hacia Estados Unidos” (El Universal, 18-7-2012).

¿Y las autoridades regulatorias mexicanas, apá?

Ya lo dijo Bertold Bretch: “Mayor delito que robar un banco es crear uno”.

Entre encabezados y descabezados

 Por poner títulos a las notas informativas de los periódicos –las famosas cabezas, que deben ser concisas, precisas y macizas— es todo un arte. Aunque nos puede llevar del sensacionalismo y morbo al humor negro.

Leo en la página 10 en La Crónica de Hoy, del 17 de julio: “Dos aún viven. Hallan a tres encajuelados y dos decapitados en Acapulco”. Deduzco que los dos que viven son los que estaban encerrados en la cajuela del automóvil y no los descabezados. Es sólo una suposición.  

En defensa de la democracia y la dignidad

Bajos dos premisas: “La Presidencia de México no se compra” y “El destino de México no se compra”, el 20 de julio se presentó el Plan Nacional de Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México. El objetivo general es “hacer conciencia entre los ciudadanos que si se permite la imposición de Peña Nieto, mediante la compra de la Presidencia, el destino de México será de corrupción y frustración”. ¿Más?

De ahí que, “apegados al principio de la no violencia”, se instalarán asambleas informativas y asambleas, el 29 de julio y 5 de agosto, y otras actividades. Esta estrategia postelectoral se da al mismo tiempo que la calificación del presidente electo se encuentra en la mesa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La violación al Artículo 41 Constitucional, que establece que las elecciones deben ser libres y auténticas, colocó al pueblo de México en una encrucijada. Se tendrá que decidir, entre aceptar la imposición de Enrique Peña Nieto a sabiendas de que es ilegal y que implicará más degradación en todos los órdenes de la vida pública, o luchar por la vía pacífica para exigir la invalidez de la elección presidencial y, a partir de ello, comenzar una vida nueva con apego a la legalidad para restaurar la República sobre la base de una auténtica democracia”.

Aquí vale la pregunta: ¿quén compó?

Bioartesanía

Otra necesaria toma de conciencia.

México ocupa uno de los primeros cinco países “megadiversos”, por su variedad en plantas (pinos, encinos, magueyes y cactos), reptiles (el segundo lugar mundial), murciélagos, ballenas, salamandras y tortugas marinas (el quinto lugar en anfibios). El concepto de biodiversidad (diversidad biológica) incluye genes, especies, ecosistemas, paisajes y procesos ecológicos y evolutivos.

Desafortunadamente, 50 por ciento de las plantas que se encuentran en nuestro país son endémicas o en peligro de desaparecer, al igual que los reptiles y anfibios (46 y 47 por ciento, respectivamente) y los mamíferos, terrestres y marinos (30 por ciento). “En los últimos 40 años México ha perdido 90 por ciento de sus selvas” (y bosques). En México más de dos mil especies animales están en peligro de desaparecer, en las cuales se encuentra nuestra emblemática águila real, el lobo mexicano, el jaguar, la tortuga laúd y la guacamaya roja.

Con una diversidad de colores, formas, texturas, materiales, técnicas e historia, el Museo de Arte Popular presenta la exposición: Bioartesanía, sobre la riqueza de la producción artesanal en nuestro país, que con el uno por ciento de la superficie del planerta posee el 10 por ciento de la biodiversidad, en un diálogo del hombre con la naturaleza. Objetos de cestería, cerenía (utilizando la cera de abeja sin aguijón) alfarería y cerámica, pero también trabajo en piedra, madera y cartón (cortezas, fibras y tintes). ¿Una pequeña tasa hecha de corteza de coco, labrada en plata, para tomar el chocolate?

El MAP se ubica en Revillagigedo no. 11, esquina Independencia, Col. Centro.

BIOARTESANÍA se inaugura en el MAP, el sábado 21 de julio, a las 12:00 horas, para permanecer en exhibición hasta el 30 de septiembre, de 2012

 M u s e o de A r t e P o p u l a r

Tel.- 55 10 22 01 exts.- 103 y 105 eortizemilio@gmail.com sencastillejos@gmail.com www.map.df.gob.mx Twitter: @map_mexico Facebook: MuseoArtePopular

Con Calderón, cárteles lavan 1 billón de pesos,han decomisado menos del 0.5 por ciento del dinero que se lava en el país.

por Nancy Flores 
periodista de Contralinea

VOLTAIRE NET 

En la “guerra” de Calderón, los narcotraficantes lavan 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida: 1.3 billones de pesos; una tercera parte se legaliza en el circuito financiero, según “sospecha” Hacienda. El delito, sin embargo, está impune: sólo 112 miembros de siete cárteles han sido consignados y apenas 53 sentenciados por blanquear capitales sucios; a los bancos, sanciones por 1 millón 560 mil pesos. Intactos, los bolsillos de los capos

Este artículo es la continuación de :
 1. « Una farsa, la "guerra" contra el narco »
 2. « Con Calderón, sólo 114 consignados del cártel de Sinaloa »
 3. « Calderón no combate crimen organizado »
 4. « México garantiza base social al narcotráfico »
 5. « Guerra” contra las drogas: el intervencionismo de EU »

Las finanzas de los narcotraficantes no son prioridad para la “guerra” contra las drogas que, desde el 1 de diciembre de 2006, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa impuso a los mexicanos y que ha costado la vida a más de 23 mil civiles. Hasta ahora, las autoridades federales han decomisado menos del 0.5 por ciento del dinero que se lava en el país.

En total impunidad, las organizaciones criminales dedicadas al trasiego de estupefacientes han lavado entre 52 mil 500 millones y 105 mil millones de dólares, desde que el panista asumió la Presidencia de la República y hasta junio de 2010.

Las cifras –que equivalen a 661 mil 500 millones y 1 billón 323 mil millones de pesos, respectivamente, a un tipo de cambio de 12.6 pesos por 1 dólar– se desprenden de seis informes elaborados por el gobierno de Estados Unidos, y uno más generado por esa nación y por México.

El máximo reconocido por las autoridades –es decir, 105 mil millones de dólares lavados– es 80.7 veces el dinero que implica la Iniciativa Mérida. La ayuda para “combatir” el tráfico de drogas que los gobiernos de George W Bush y Barack Obama han dado a la administración calderonista, entre 2007 y 2010, asciende a apenas 1 mil 300 millones de dólares.
Mireille Roccati, investigadora del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, refiere que el negocio de las drogas es altamente rentable. Así lo demuestran, dice, la compra masiva de armas, la corrupción al más alto nivel de autoridades de los tres niveles de gobierno y el pago de nóminas de las propias organizaciones criminales, que alcanza incluso para cooptar a jóvenes como vigías, llamados halcones.

—Es dinero que se está produciendo, que está entrando al país y que está teniendo un flujo. Éste no se da con una, dos o tres maletas [tráfico de dólares a granel]. Mucho de ese dinero entra directamente a través del sistema financiero, no sólo en México sino a nivel internacional. El lavado también se da en grandes niveles en Estados Unidos y en otros países del mundo.

Ganancias intactas

Aunque la capacidad operativa, de fuego y de corrupción de los cárteles depende directamente de su poder adquisitivo, a tres años y medio de “guerra”, éste se mantiene intacto.

Cada año, los criminales han legalizado de 15 mil millones a 30 mil millones de dólares provenientes de la venta ilegal de drogas en territorio estadunidense, señalan los reportes International narcotics control strategy report, en sus versiones 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Estado; National drug threat assessment 2008, 2009 y 2010, del Departamento de Justicia; y Bi-national criminal proceeds study 2010, cuya autoría recae en ambas naciones.

“México sigue siendo un centro de lavado de dinero”, afirma, por ejemplo, el International narcotics control strategy report 2010. El Departamento de Estado añade: “Se estima que los ingresos brutos anuales de las organizaciones delictivas oscilan entre 15 mil millones y 30 mil millones de dólares por ventas de drogas ilícitas en Estados Unidos. La mayoría de estos ingresos que se obtienen en territorio estadunidense se repatrian principalmente a través de los envíos de divisas a granel y el lavado a través de negocios legítimos de México”.

No obstante, la administración de Felipe Calderón omite aplicar medidas en contra de la clase empresarial que facilita la logística a los cárteles del narcotráfico, señala en entrevista Edgardo Buscaglia. Ello, a pesar de que el Departamento del Tesoro estadunidense y la Unión Europea han generado listas negras de empresas que colaboran con la mafia mexicana.

—No hace falta ni siquiera que se cometa un delito para que esas empresas legales sean intervenidas y así desmantelar la logística operativa a los cárteles de Sinaloa, Zetas, Golfo, etcétera. Ahí se necesita solamente que la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, envíe a sus inspectores y auditores tributarios para que intervengan a la empresa. Así se detectarían los focos de irregularidad patrimonial que explican que esas empresas legales están vinculadas a los cárteles.

El experto en temas de seguridad y académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México asegura que los funcionarios federales no investigan al empresariado “porque lo que se ve en televisión, en Televisa y en TV Azteca, es un show mediático que, básicamente, está destinado a que la Presidencia de Calderón sea percibida como una administración en donde realmente se combaten a estos grupos”.

Con base en la experiencia internacional, Buscaglia indica que es fundamental desmantelar las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial. Ésta es una de las cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) imprescindibles para luchar “efectivamente” contra la mafia. Las otras tres son: combate a la corrupción política, prevención social del delito y que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga.

Como lo ha demostrado Contralínea a lo largo de esta serie periodística, la administración federal no aplica ninguna de esas medidas. Más aún, la parálisis gubernamental ha permitido que, de enero a junio de 2010, los narcotraficantes legalizaran alrededor de 15 mil millones de dólares o su equivalente en moneda nacional: 189 mil millones de pesos, según las informaciones generadas por la inteligencia estadunidense.

El monto de esta proyección es 37 veces el presupuesto total del Programa de Apoyo Alimentario que la Secretaría de Desarrollo Social destina al combate a la pobreza y que, para este ejercicio, asciende a 5 mil 109 millones 600 mil pesos. También representa 11.5 veces la ayuda que Estados Unidos ha dado a México desde 2007 para la lucha contra el narcotráfico.

La inacción de las autoridades federales va más allá. Las operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 1 billón de pesos contrastan con las incautaciones que el gobierno de Calderón ha hecho en lo que va de la “guerra” contra las drogas, por únicamente 5 mil 200 millones 400 mil pesos.

Al presentar los resultados de la Iniciativa Mérida a mayo de 2010, la embajada de Estados Unidos en México informa que las autoridades mexicanas han decomisado 299 millones de pesos y 389 millones de dólares en tres años y medio. Esto representa sólo el 0.39 por ciento de los recursos que se habrían lavado en el mismo periodo.

Los aseguramientos sólo han sido de dinero en efectivo; es decir, los golpes se han dirigido al trasiego a granel. El caso más relevante es el de Zhenli Ye Gon, a quien se le incautaron 205 millones de dólares el 15 de marzo de 2007.

Sector financiero, a salvo de las pesquisas

El hecho de que los decomisos de dinero hayan sido sólo en efectivo descubre que el sector financiero no ha sido plenamente investigado ni sancionado por las autoridades federales mexicanas; ello, a pesar de que la Unidad de Inteligencia Financiera ha acreditado operaciones altamente sospechosas en ese sector.

De 2007 a 2008, dicha Unidad, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) 73 operaciones que podrían constituir el delito de lavado de dinero y que se realizaron en el circuito financiero mexicano.

Las transacciones involucraron recursos por 14 mil 101 millones 674 mil 607 pesos en total: 5 mil 552 millones 510 mil 314 pesos corresponden a 25 denuncias interpuestas en 2007, y 8 mil 549 millones 164 mil 293 pesos, a las 48 de 2008, consta en la respuesta a la solicitud de información 0000600021909 hecha por Contralínea.

Dinero sucio en los bancos

De acuerdo con el Bi-national criminal proceeds study 2010, la repatriación hormiga de las ganancias ilícitas de los cárteles es el método más utilizado para blanquear el capital. Ésta consiste en “transferir dinero a través de la ant route (ruta hormiga) fronteriza: a diario, personas cruzan la frontera para llevar pequeñas cantidades, que van de los 5 mil a los 10 mil dólares”.

Si la totalidad de los recursos que los cárteles lavan en México –30 mil millones de dólares anuales– se repatriaran de esta manera, la ant route tendría que utilizarse entre 3 millones y 6 millones de veces al año.

Ante lo inverosímil que resulta ese dato –pues los cruces se darían en la frontera más protegida del mundo–, el propio reporte binacional admite que parte del dinero ingresa directamente al sector financiero. Sin embargo, no precisa el porcentaje ni el tipo de institución que con mayor frecuencia accede a realizar las operaciones ilícitas de los narcotraficantes.

El National drug threat assessment 2010 señala que el contrabando de efectivo a granel no es el fin de la cadena del lavado: una vez que los cárteles trasiegan “las decenas de miles de millones de dólares” en efectivo, “proceden a la colocación final [del dinero] en las instituciones financieras extranjeras”.

En un hecho inédito, el pasado 14 de junio Hacienda reveló su sospecha respecto de unos 35 mil millones de dólares –440 mil millones de pesos– que ingresaron al circuito financiero en lo que va del gobierno calderonista.

Al anunciar las nuevas medidas para regularizar la entrada de dólares en efectivo al sistema financiero, el secretario Ernesto Cordero admitió que no se conoce con exactitud el origen del excedente de dólares que los bancos han registrado durante varios años, y que asciende a unos 10 mil millones de dólares anuales. Ese ingreso es el que ahora se regulará como un principio clave en el combate al lavado, según la SHCP.

Sin embargo, el National drug threat assessment 2010 refiere que esta medida ha resultado ineficaz en el caso práctico de HSBC, banco que canceló sus operaciones con dólares en efectivo en México, desde el 1 de enero de 2009.

El informe indica: “La pérdida del Hong Kong Shanghai Banking Corporation México para la colocación de las divisas lícitas e ilícitas no ha tenido ningún efecto a largo plazo sobre la actividad de colocación en el mercado negro cambiario del peso en México. Los blanqueadores de dinero han demostrado su capacidad para adaptarse rápidamente a las acciones de las instituciones financieras”.

De comprobarse la ilegalidad del excedente de dólares en bancos, los 440 mil millones de pesos constituirían una tercera parte de los recursos atribuidos a las ganancias brutas que los cárteles mexicanos se han embolsado en el actual gobierno.

Multas ridículas a los bancos

—Gran parte de la delincuencia no confía en los sectores financieros por temor a ser detectados, pero estamos totalmente conscientes de que los grandes flujos de dinero se manejan a través del sistema financiero con prestanombres, con empresas ficticias y con entidades simuladas. Hay muchos sectores a través de los cuales se está lavando el dinero: el inmobiliario, de empresas de venta de servicios y de artículos suntuosos como joyerías –señala Mireille Roccatti.

La investigadora del Tec de Monterrey indica que “se requiere tener una supervisión estricta en torno a todo lo que concierne al manejo de capitales y del sector bancario, porque los bancos permiten cualquier transacción y cualquier apertura de cuenta sin cuestionar a los clientes. Se han abierto cuentas incluso para la extorsión y el banco no señala nada, permite cualquier manejo del flujo de dinero con el puro propósito de hacer la operación financiera. Ahí hay muchas deficiencias”.

A pesar de las evidencias generadas por la Unidad de Inteligencia Financiera y de las sospechas manifestadas por el secretario Cordero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores admite –en respuesta a una solicitud de Contralínea– que ha aplicado sanciones por 1 millón 561 mil 387 pesos a los bancos que violaron el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dicho artículo castiga el blanqueo de capitales en el circuito financiero.

Las sanciones, impuestas entre octubre de 2008 y febrero de 2010, representan el 0.0001 por ciento del billón 323 mil millones de pesos que habrían sido lavados en México en lo que va de la “guerra”, y el 0.0003 por ciento de los 440 mil millones de pesos que ingresaron al sector financiero en efectivo y de los cuales no se acredita plenamente su origen lícito, según Ernesto Cordero.

Plena impunidad

Además de la laxitud en la aplicación de las normas antilavado, destaca el ineficaz castigo a los responsables: en la administración que dice combatir al narcotráfico, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita –tipificado en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada– se mantiene impune.

Entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, la PGR sólo consignó a 112 miembros de siete cárteles ante las autoridades judiciales por lavar dinero. De los cárteles de Tijuana, Díaz Parada y Amezcua Contreras, no registró una sola consignación.

De acuerdo con 13 respuestas a solicitudes de información hechas por este semanario, a 32 se les acreditó su vínculo con Los Zetas; a 31, con el cártel de Sinaloa; a 25, con el del Golfo; a 14, con los Beltrán Leyva; a ocho, con La Familia Michoacana; a uno, con el cártel de Juárez, y a uno más con el de los Valencia Valencia.

Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and The Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega, critica que la guerra contra el narcotráfico se haya centrado sólo en el despliegue masivo de elementos de seguridad federal (policías y militares).

—Se ha dejado de lado el desmantelamiento de la estructura de protección política con la que todo grupo de esta naturaleza cuenta y se ha hecho muy poco esfuerzo por investigar sistemáticamente los activos patrimoniales y financieros de este tipo de estructuras criminales.

Ese escaso esfuerzo se refleja en los índices de impunidad. El Consejo de la Judicatura Federal admite, ante una petición de información de Contralínea, que sus juzgados de distrito sólo han dictado 53 sentencias de última instancia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de diciembre de 2006 a febrero de 2010.

Si los 10 cárteles vigentes registraran los mismos ingresos anuales, cada uno habría obtenido 132 mil 300 millones de pesos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, su “enemigo público”. No obstante, por su capacidad operativa y de fuego, el cártel de Sinaloa se considera el más poderoso de México y América Latina.

Señalado como el principal beneficiario de la guerra contra las drogas, el líder de ese grupo delictivo, Joaquín Guzmán Loera, tendría una fortuna personal calculada en 1 mil millones de dólares, según la revista Forbes.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la versión de la Secretaría de Hacienda. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

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El Banco Nacional de México (Banamex), filial de la institución estadunidense City Group, es el que más comisiones cobra a los mexicanos por el uso de tarjetas de crédito. Rescatado en 2009 por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ese banco tiene un Costo Anual Total (CAT) del 85 por ciento sobre el crédito utilizado por sus clientes.

El estudio La regulación de la tasa de interés bancaria en el mercado de las tarjetas de crédito en México –elaborado por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados– indica que, mientras City Group cobra un CAT del 9 por ciento con base en el financiamiento otorgado, en México incrementa en un 76 por ciento su aprovechamiento.

En septiembre de 2008, los reporteros de La Jornada Roberto Garduño y Roberto González Amador publicaron que la incorporación de Banamex Accival al grupo financiero estadunidense se dio a través de una “transacción por 12 mil 500 millones de dólares, sin pago de impuestos”. La operación estuvo avalada por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Otra de las operaciones importantes en los últimos años, en beneficio del banco, fue el rescate financiero que hiciera el presidente estadunidense Barack Obama. Luego de la crisis hipotecaria que desestabilizó al país vecino en 2009, el gobierno estadunidense adquirió el 36 por ciento de Citigroup en febrero de ese año e inyectó recursos por unos 45 mil millones de dólares.

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