¿Abusos de gobiernos, empresas, bancos? Claro! gobierno y empresarios limitan las "Acciones Colectivas" !Enterate! @alconsumidor

 Acciones Colectivas, aspiración pendiente 

Hace cinco días se cumplió un lustro de la introducción en la Academia, del mecanismo de defensa de derechos colectivos que podría nivelar la relación asimétrica entre malos gobiernos y gobernados, o proveedores inescrupulosos y sus usuarios. Experimento frustrado en la Legislatura, que debe modificarse para beneficio directo de la ciudadanía
 
Daniel Gershenson/AnimalPolitico/20 noviembre, 2012

Otra vez, la burra al trigo.

acciones colectivas contra telefonicas en Mérida Yuc.

Discurramos un poco. Echemos a volar la imaginación. Supongamos que gobiernos locales, estatales o federales permiten unilateralmente la construcción de una autopista urbana anacrónica, inútil y ecocida para beneficio principal de sus socios constructores e inmobiliarios. Que empresas y bancos sin escrúpulos realizan cobros indebidos en detrimento de miles y millones de sus usuarios cautivos. Que el patrimonio ambiental se reduce cada vez más a un asunto de agandalles y reparto de botín, en una danza inacabable de dólares, euros, pesos y centavos. Que los sectores más vulnerables de la población: niños, mujeres, indígenas, carecen desde siempre de representación y mecanismos legales para protegerse.

Aún vivimos en la orfandad de las Acciones Colectivas. El quince de noviembre de 2007, estábamos listos para inaugurar en el auditorio del ITAM (misma institución que premiaría al director del IMSS Daniel Karam #GuarderiaABC con Galardón al Mérito Profesional cuatro años después, y a Felipe Calderón con la Carrera al Universo y placa en su Salón de la Fama, en 2012: teatro de claroscuros), un Foro sobre el particular con especialistas, ONG, académicos de México, Sudamérica, España y los Estados Unidos. Al evento asistieron prácticamente todas las universidades públicas y privadas, con representación de los titulares de sus respectivas facultades de Derecho, distintos medios y un nutrido grupo de activistas interesados en el tema donde México ha exhibido mayores rezagos de cualquier país miembro de la OCDE: el del acceso y legitimación de grupos afectados por abusos sistemáticas de gobiernos y empresas en su economía, Medio Ambiente, Derechos Humanos, etc.

Fue un éxito, que se repitió los días 27 y 28 de marzo de 2008 con el Seminario convocado por Suprema Corte de Justicia, y que contó con la presencia de tres Magistrados, integrantes del Poder Legislativo de los principales partidos políticos y muchos expositores que habían sido invitados al ITAM el año anterior. Parecía alcanzable un proyecto de ley que permitiera emparejarnos con otros países latinoamericanos y del resto del mundo.

Pero tenía -por supuesto- que imponerse la terca, autóctona y cruel Realidad, en esta Ínsula Barataria que pronto gobernará de nueva cuenta, y como si no hubiera existido el interregno panista, el PRI reloaded en la persona de Peña Nieto. Júnior ex gobernador del Estado de México, que fue también uno de los principales opositores al esquema amplio e incluyente que instruyó a su fracción en la Cámara de Diputados a consumar el atraco: Leyes Secundarias deficientes, aprobadas por el Poder Legislativo.

La propuesta votada y publicada en 2011 niega, en los hechos, lo que simula ofrecer en el discurso: la verdadera consolidación de un régimen de procesos colectivos que salvaguarde derechos fundamentales, limitando excesos autoritarios que atentan contra el Bien Común. Por eso resulta crucial, a cinco años de haber iniciado el debate, seguir impulsando reformas profundas que abarquen todos los ámbitos y permitan que la mayor cantidad de personas se vean favorecidas con sus resultados.

Hoy día sólo se pueden emprender procesos colectivos contra infractores privados (o el gobierno, únicamente en caso de ser proveedor público como PEMEX, CFE, etc.) en cuatro ámbitos particulares: Consumo, Servicios Financieros, Medio Ambiente y Competencia Económica. Los efectos de la sentencia sólo beneficiarán a los que se incorporen explícitamente al grupo agraviado, contradiciendo las mejores prácticas internacionales. Un recurso de gran efectividad, domesticado por empresas depredadoras que no se atreverían a incurrir en este tipo de prácticas fuera de México, sus cabilderos y cómplices en el gobierno.

Debemos reiterar, cuantas veces sea necesario, el evidente Mantra  ciudadano. No abrirá las puertas de la justiciabilidad por sí solo, ni va a solucionar todos los problemas que nos aquejan. Pero será un buen comienzo, aplazado gracias a múltiples tentativas del peor empresariado y la cortedad de miras de una clase política que ve con recelo cambios necesarios, que integran la realidad cotidiana en otras latitudes: Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Filipinas, la India, Uganda, Sudáfrica, Europa, Canadá, Australia, Estados Unidos…

Son herramientas jurídicas imprescindibles, que prevendrán que caigamos en la espiral autoritaria que podría ser un desenlace del retorno priista al Ejecutivo. Si acaso, claro está, lo permitimos.

No queda de otra. Hay que seguir repitiéndolo, ante propios y extraños.

Aquí un video de junio 2009, que describe lo que son las Acciones Colectivas y su importancia.
http://youtu.be/WAvhZd2a9qc
Para escuchar el audio sin que se duplique con el del blog, apaga el RADIO DEL BLOG en la columna derecha arriba de la tierra y la luna

Aqui puedes tambien descargar el Manual de Acciones Colectivas y Amparo para lograr la Justicia Ambiental, en PDF

Ante la denuncia ciudadana en la Corte Internacional, Calderon amenaza a los 23,000 ciudadanos que firmaron

Ante la denuncia que organizaciones ciudadanas presentaron a la Corte Penal Internacional contra felipe Calderon Hinojosa, y firmadas por mas de 23,000 ciudadanos, la respuesta de Calderón y su gobierno no se hizo esperar: Amenazando a los abogados, organizaciones y firmantes!
FIRMA AQUI LA PETICION
http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html
Y EL MARTES 16HRS TODOS A LA PGR  
LEER ABAJO LA RESPUESTA DE CALDERON Y SU GOBIERNO
Entrevista de Carmen Aristegui a Epigmenio Ibarra y John Ackerman con relación a la Denuncia contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional en virtud de su “Guerra contra el narcotráfico”.
Transmitida por CNN en español.

Comunicado de la residencia oficial de los Pinos.....(ahi lo puedes leer integro).

Las imputaciones al Gobierno de México son claramente infundadas e improcedentes, como lo señalan ya las voces más autorizadas en la materia. Sin embargo, constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales.

Fuente: presidencia.gob.mx

Brazeros no aceptan indeminizacion que ofrece el gobierno, presentaron Amparo, en demanda colectiva

No aceptan la indemnización de $38 mil que ofrece el gobierno

Pide juez a más de 4 mil braceros que precisen petición de amparo

Deben especificar nombres de autoridades que violaron sus derechos

Alfredo Méndez

 Periódico La Jornada
Jueves 17 de junio de 2010, p. 39

La juez federal Irma Rodríguez, titular del primer juzgado de distrito en materia civil, pidió a los más de 4 mil ex trabajadores migrantes (braceros) que realicen diversas precisiones en su demanda de amparo presentada la semana pasada en contra de diversas autoridades federales mexicanas, a quienes acusan de presuntos malos manejos de los fondos a que tenían derecho, revelaron fuentes del órgano jurisdiccional consultadas ayer.

La juzgadora los previno para que hagan las precisiones requeridas; de lo contrario, la demanda de amparo será desechada porque es notoriamente improcedente.
Asimismo pidió que los quejosos especifiquen los nombres de las autoridades que señalan como responsables de haber violado sus garantías constitucionales.
De su lado, el abogado Porfirio Martínez, responsable de elaborar la demanda colectiva, aseguró que la juez no tiene pretexto jurídico para desechar la petición de amparo de sus clientes, sino todo lo contrario: cuenta con todos los elementos legales para iniciar el juicio correspondiente.
El martes de la semana pasada, los ex trabajadores migrantes exigieron, mediante una demanda de amparo colectiva, que las autoridades federales mexicanas les reintegren su fondo de ahorro –depositado en el Banco de México hace más de 60 años–, consistente en 10 por ciento de los salarios que percibieron cuando laboraron en Estados Unidos.

Los demandantes formaron parte de un programa temporal a través del cual miles de mexicanos fueron a trabajar al país vecino durante la Segunda Guerra Mundial.

Se trata de una demanda civil que agrupa a braceros que radican en varias entidades del país o en Estados Unidos, similar a la querella colectiva que buena parte de éstos presentó en 2001 en una corte estadunidense, en lo que se conoció como el caso Senorino Ramírez Cruz vs Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América.

En la demanda se dice que no están conformes con la indemnización de 38 mil pesos que el gobierno mexicano pretende entregar a 4 mil braceros como parte de un fideicomiso de 150 millones de pesos que se abrió para apoyarlos.

Demandas Colectivas, a favor de los consumidores, se reforma el art 17 Constitucional, aprobado por el Senado faltan diputados

Empoderan a consumidores
El Economista
11 Diciembre, 2009 - 01:13
CREDITO:
Marco A. Mares
Los consumidores del país, prácticamente sin saberlo, obtuvieron ayer una poderosa arma legal para defender sus derechos de manera colectiva.

Es el principio del camino legal que elevará a rango constitucional las acciones colectivas en México.

El Senado de la República aprobó, con 92 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones, la reforma al Artículo 17 constitucional para fortalecer la protección de los consumidores.
Las acciones colectivas son un instrumento legal previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor, desde que se creó la Procuraduría Federal del Consumidor en 1975, pero que apenas hace dos años (en el 2007) comenzó a ser utilizada.
Es decir, por la ambigüedad del concepto en la Ley de Profeco, no fue utilizado este instrumento jurídico en más de 30 años de existencia de la propia Profeco.
En los últimos tres años, bajo la administración de Antonio Morales de la Peña, se han registrado seis acciones colectivas, que en total representan el pago potencial de más de 5 millones de pesos en favor de 1,179 consumidores.
El pago a los consumidores afectados no ha ocurrido porque aunque Profeco prácticamente ya obtuvo el triunfo legal, sigue inmerso en farragosos procesos legales que oponen las empresas acusadas.
Ese conjunto de seis acciones colectivas ha cruzado por un largo y sinuoso camino de obstáculos legales, que ha impedido que se pague a los afectados, a pesar de que en la mayoría de los casos la Profeco ha obtenido prácticamente el triunfo legal.
En el 2007, Profeco presentó acciones de grupo en contra de Air Madrid y Líneas Aéreas Azteca. En este último caso ya existe una sentencia definitiva en favor de los consumidores afectados para que puedan recuperar el dinero que perdieron, así como para que sean indemnizados conforme lo previsto en la ley.
En el 2008, Profeco presentó una tercera acción de grupo en contra de una inmobiliaria: Corporación Técnica de Urbanismo, que todavía sigue en procesos de amparo.
En el 2009 se presentó una acción colectiva en contra de Aerocalifornia, cuyo final todavía no llega.
También este 2009 se presentó una demanda contra Aviacsa y otra en contra de la empresa constructora Graciano y Asociados.
Todas las demandas en contra de las empresas son por incumplimiento del servicio, en el caso de las aerolíneas, que en las últimas fechas han sido obligadas a dejar de volar. Y en el de las constructoras, por construcciones deficientes.

Con las demandas colectivas se pueden hacer valer los derechos e intereses de los consumidores en grupo mediante una sola sentencia.

Las acciones colectivas pueden resolver en favor de los consumidores asuntos de indemnizaciones, daños y perjuicios o actos que ponen en peligro la salud y seguridad, entre muchos otros. Su fortalecimiento impedirá o por lo menos reducirá la probabilidad de que las acciones colectivas se empantanen en las arenas movedizas legaloides. Por eso, el Senado, al elevar a rango constitucional las acciones colectivas, inicia el camino para fortalecer legalmente un poderoso instrumento legal en favor de los consumidores. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados y a los congresos estatales.