MÉXICO, D.F. (Proceso).- El PRI y el PRD ya tienen perdida la primera batalla
de la reforma energética. El madruguete privatizador de la iniciativa
del PAN y la convocatoria de Morena para el 8 de septiembre han definido
exitosamente las coordenadas de la discusión pública. La iniciativa
nueva que surja en los próximos días (hoy lunes) será entendida
inmediatamente por la población como un respaldo para una u otra de las
posturas que ya se encuentran en la mesa.
Afortunadamente, ya no
existe posibilidad alguna de engañar a la sociedad con una privatización
light vestida con las sedas de un supuesto “pragmatismo”. Con la
propuesta del PAN se transparenta la ambición desmedida de los grandes
empresarios nacionales y extranjeros en su búsqueda de quedarse con una
tajada aún más grande de la riqueza nacional. Y con las constantes
denuncias de Andrés Manuel López Obrador se evidencian las mentiras
escondidas detrás de la idea de que una mayor “participación” de
Exxon-Mobil y Halliburton automáticamente beneficiará al pueblo de
México.
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| Acomodar la historia: Rocha |
Enrique Peña Nieto ha sido rebasado por la coyuntura.
Pospuso una y otra vez la presentación de su iniciativa con la esperanza
de poder tejer previamente las alianzas necesarias para que la
naturaleza privatizadora de su propuesta no se evidencie de manera tan
desvergonzada. Por ello el presidente incluso se atreverá a recurrir a
la engañosa táctica de utilizar la histórica figura del mismo general
Lázaro Cárdenas para dar la impresión de que su iniciativa tendría el
aval de este gran mexicano. Como colofón de esta puesta en escena, el
presidente del PRI, César Camacho, ha amenazado con “defender hasta en
las calles” la propuesta energética de su partido.
Todas estas
estratagemas evidencian la desesperación de Peña Nieto frente a la
enorme derrota estratégica que ha sufrido en los terrenos del debate
público y la movilización social. Pero el presidente no se da por
vencido. No desistirá en su esfuerzo por “trabajar de manera conjunta”
con el PRD y el PAN para transferir la propiedad sobre el subsuelo desde
el pueblo mexicano a las empresas trasnacionales.
Lo que definirá
en última instancia el desenlace de la reforma petrolera será un mero
cálculo de costo-beneficio por parte de los políticos involucrados. Los
legisladores del PRI y el PRD saben que cumplir con lo que exigen sus
patrocinadores podría implicar una enorme pérdida de respaldo ciudadano y
probablemente una sensible merma en su presencia electoral. Pero estos
mismos representantes populares también tienen claro que una reforma
privatizadora generaría un virtual ejército de empresarios y
trasnacionales agradecidos y listos para canalizar nuevos
financiamientos hacia sus campañas electorales y negocios personales.
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| Tajada del Paste: Ahumada |
La
pregunta clave es cuál de estos dos incentivos pesará más a la hora de
votar las diferentes iniciativas en el Congreso de la Unión: el estímulo
electoral-ciudadano que exige el fortalecimiento de Pemex como una
empresa nacional, estatal y soberana, o el canto de las sirenas de los
beneficios personales futuros para los negociadores de la reforma.
El
desenlace de esta coyuntura histórica tendrá importantes implicaciones
con respecto a la evaluación de la naturaleza de nuestro sistema
político. Específicamente, si la clase política logra privatizar la
renta petrolera el atrincheramiento del autoritarismo mexicano se
confirmaría. Quedará demostrado que a los políticos les importan más sus
intereses personales que el servicio público, y que las opiniones de
las empresas trasnacionales tienen un mayor peso político que el sentir
de los ciudadanos.
La responsabilidad, en este caso, no sería
exclusivamente de los políticos, sino también de las instituciones
electorales. Con su inacción y complicidad, el IFE y el TEPJF han
configurado el tablero de la competencia electoral precisamente para que
los políticos ya no tomen en cuenta a la sociedad, sino solamente
rindan pleitesías al poder político y económico. La impunidad para los
casos de Monex y Soriana, por ejemplo, prepara el camino ya para que los
beneficiarios de la privatización petrolera utilicen estrategias
similares de triangulación financiera durante las campañas federales en
2015 y 2018.
Si, por el contrario, la movilización ciudadana logra
frenar la privatización petrolera, habría motivos para tener cierto
optimismo con respecto a la posibilidad del avance democrático en el
país. Ello demostraría que aun con el actual sistema de compraventa de
cargos públicos, la voz ciudadana todavía tendría cierta influencia en
la esfera pública. Ello también implicaría que apostarle a la creación
de un nuevo partido político como una vía para transformar la nación
quizás no sea tan ingenuo y contradictorio como pareció en un principio.
Casi
la totalidad del poder económico y político del país está hoy unido en
su empeño de dar una contundente lección autoritaria al pueblo con la
imposición de una reforma petrolera privatizadora y entreguista. En las
próximas semanas sabremos si la victoria del pueblo en la primera etapa
de esta lucha ha sido solamente temporal o si existe suficiente fuerza
social para frenar a la oligarquía no solamente en el caso actual, sino
también hacia el futuro, con la transformación de raíz del sistema de
injusticia e impunidad estructural que predomina en la nación.
Este análisis se publica en la edición 1919 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
