Puntos clave de la Reforma Energética: Jaime Cárdenas
- Empresas transnacionales
solicitarán créditos a cualquier institución bancaria de potencias
mundiales dejando en garantía los recursos del país.
- Se engaña a la sociedad y a los
empresarios mexicanos con el porcentaje de contenido nacional cuando los
tratados internacionales firmados por México, el TLCAN, por ejemplo, lo
prohíbe y está por encima de la Constitución.
- Habrá enajenación y expropiación de
tierras comunales, indígenas de usos social porque la reforma pondera la
actividad energética por encima de cualquier otra.
- Los ingresos fiscales que recibirá el
Estado mexicano serán por debajo de los que actualmente se obtienen por
PEMEX y CFE, porque las transnacionales no pagarán la misma cantidad de
impuestos debido a la protección de doble imposición.
- Estas leyes no propiciarán la reducción
de precios en la electricidad, el gas, la gasolina, turbosina o diesel,
sino el incremento de los mismos por la cantidad de agentes económicos
que intervendrán
- Cuando haya un conflicto con las
empresas, el gobierno mexicano no tendrá injerencia alguna sobre ellas,
todo se resolverá en tribunales extranjeros.
- Irregularidades en la legislación y dictaminación
Esta legislación terminará
perjudicando a los mexicanos ya que las tierras de uso social
(comunales, ejidatarias dedicadas a la agricultura a la ganadería o
cualquier otro uso empresarial), serán concedidas a la inversión
extranjera para la sustracción de recursos naturales, como el petróleo o
el gas.
En entrevista el Doctor en Derecho por
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jaime Cárdenas
Gracia, comenta que uno de los temas más importantes es que en la Ley de
Hidrocarburos y en la Ley de PEMEX se omite la palabra impuesto, en el
caso de la primera se habla de “términos fiscales” y en la segunda se
les nombra dividendos estatales.
La Ley de Hidrocarburos
En esta ley se permite la posibilidad de
contratos en todas las etapas, iniciando por la exploración y
explotación. Si bien es cierto, en ella se establece la “ronda cero”
donde “se le entregan a PEMEX ciertos pozos o yacimientos”
prioritariamente, en caso de que PEMEX asegure no contar con los
recursos materiales o con las capacidades técnicas para tal efecto,
puede migrar a ofrecer contratos en al menos el 40 por ciento de los
yacimientos.
Así, desde la llamada ronda cero, las
empresas transnacionales estarán habilitadas para explorar y explotar
este 40 por ciento de los yacimientos mediante “los contratos de
responsabilidad compartida -licencias- todo podrá ser contratable
incluyendo los yacimientos que supuestamente están protegidos por la
ronda cero para la exploración y explotación”, afirma el autor del libro
Transición política y reforma constitucional en México.
Las etapas subsecuentes a la exploración
y la explotación de hidrocarburos, como lo son la refinación,
almacenamiento, transporte y comercialización, se regulan en dicha ley
mediante “permisos, que a diferencia de los contratos, son de manera
discrecional. El gobierno a través de la Secretaría de Energía y la
Comisión Reguladora de Energía es el que otorgará dichos permisos,
mediante la discrecionalidad, lo que augura muchos sistemas de
corrupción en el país”.
Esto en lo que respecta a los permisos
para construir una refinería, obtener acceso a los distintos tipos de
ductos (oleoductos, gasoductos) o almacenar, transportar y
posteriormente comercializar los hidrocarburos.
Como si esto no fuera suficiente, en
esta ley también se establece la figura de “Servidumbre Legal de
Hidrocarburos”, mediante la que el Estado pondrá a disposición de las
empresas todos los recursos legales e incluso penales para la
adquisición de grandes o pequeñas extensiones de tierras. Las cuales
incluso podrían ser expropiadas.
Dado que en la reforma constitucional,
aprobada en el mes de diciembre de 2013, se “estableció en el artículo
8vo transitorio que la actividad energética es preponderante sobre
cualquier otra actividad. Entonces el pueblo no podrá decir: mi
actividad agrícola o ganadera o el asentamiento humano es superior. Nada
tiene preponderancia sobre la actividad energética”, asegura el
especialista en la Constitución.
Esta figura de Servidumbre Legal
proviene del derecho civil, “existía desde el derecho Romano. Por
ejemplo un propietario de un rancho o de un terreno puede soportar una
servidumbre para que el propietario de otro terreno transite por el
mismo, que es lo que se conoce como servidumbre de paso. Pero ésta no
implica el apoderamiento o la ocupación total de tu propiedad”, explica.
En el caso de extensiones de tierras de
uso social de 20 o 50 hectáreas, se buscará negociar, pero si no se
llegara a acuerdo alguno con las empresas, el Estado intervendrá a favor
de la actividad energética mas no de sus ciudadanos, ya sea para que
las megapetroleras instalen una bodega, edifiquen refinerías, instalen
zonas de distribución de ductos para el resto del país y, por supuesto,
exploren y exploten el gas y el petróleo.
Es conocido que miles de pueblos
originarios e indígenas y mestizos actualmente enfrentan serios
problemas de despojo. Hasta ahora han podido impedir –en la medida de lo
posible–, por vías legales la enajenación de sus tierras por
cumplimiento del Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo vinculante que trata “específicamente de los derechos
indígenas y tribales”.
Pero “hay que tener en cuenta que no
hablamos de 50 hectáreas, sino de bloques de propiedad de terreno muy
grandes, por ejemplo todo el norte del país, Coauhuila, Nuevo León,
Tamaulipas, donde se supone existen reservas de gas shale, el gas de
lutitas. Toda la costa de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco o Campeche que
es zona de crudo, hasta ahí pueden llegar. Hasta zonas de asentamiento
humano”, asevera el senador por el Partido del Trabajo.
Ley de la Industria Eléctrica.
En este paquete se implementa un modelo
que ha fracasado en otros países como Estados Unidos, específicamente
en California, España o Inglaterra “que han probado este esquema. En
estos casos se demuestra claramente cómo la desvertebración de la
industria eléctrica produce aumento de costos y puede generar más
desabasto, porque entre el que genera, el que transmite, el que
distribuye o el que comercializa pueden existir conflictos por ser
distintos proveedores o actores económicos”.
Los que defienden este modelo de
desarticulación, tanto en el ámbito energético como en el eléctrico, son
rebatidos por los “teóricos, los ingenieros que establecen que son
industrias integradas, es decir que desde que tú exploras y extraes el
petróleo o el gas hasta que lo vendes hay una cadena que debe estar
controlada por una empresa. En el caso de la Electricidad se trata de un
monopolio natural porque el que genera, debe ser después el que la
distribuya, la transmita y la comercialice”, aclara Cárdenas Gracia.
En esta ley se dividen todas las etapas
(generación, distribución transmisión, comercialización) y todas serán
concesionadas a diferentes transnacionales, “es decir se desvertebra
toda la industria eléctrica. Quienes defienden este modelo suponen que
generará beneficios, habrá mayor competencia, se reducirán los precios
de la electricidad, pero la experiencia comparada muestra lo contrario.
Dado que hay muchos operadores económicos que participan”.
Hoy la industria eléctrica es vertebral,
integrada. Lo que se pretende esta Ley es reducir el margen de
operación de la Comisión Federal de Electricidad CFE, así como de PEMEX
“que tendrán que competir con las grandes empresas transnacionales de la
electricidad, el gas o el petróleo”, reitera Jaime Cárdenas.
Con las leyes PEMEX y CFE, que
actualmente se dictaminan en el Senado, se tiene el objeto de
transformarlas en empresas productivas del Estado, lo que significa “que
se regirán legalmente bajo la lógica del derecho privado, no del
derecho público”, por lo que el especialista proyecta que “dentro de 10
años cuando veamos qué pasó en México daremos cuenta que PEMEX va a ser
una empresa más que estará compitiendo con la Chevron, con la Shell, con
la Exxon Mobile… O la CFE con Iberdrola o con cualquier empresa
española o estadounidense que haya penetrado en el mercado nacional”.
“Esa es la finalidad, acotarlas y que su
funcionamiento se rija por el derecho privado”, pero eso no es todo,
pues procederán bajo un régimen especial según el cual “en materia de
deuda no les aplicarán las reglas para las demás paraestatales u
organismos públicos. Con la finalidad de que no haya licitaciones
públicas, sino que los contratos se entregarán bajo una lógica
empresarial que no es la lógica del Estado”.
Lo que no es un asunto menor, porque la
lógica del Estado en términos de derecho debe salvaguardar el interés
general, sin embargo esta legislación hará que como cualquier otra
empresa compita “para maximizar su beneficio olvidando totalmente el
interés público”.
La cereza del pastel es el “Régimen de
excepción de responsabilidades”, “si los miembros del Consejo de
Administración de PEMEX o de CFE toman determinadas decisiones –con
ciertas formalidades– donde cometan alguna irregularidad -un error
económico de millones de pesos o de dólares- no tendrán
responsabilidad”.
De manera tal que serán los únicos
funcionarios o empleados del país “que sean impunes en decisiones” que
impliquen pérdidas millonarias.
PEMEX y CFE dejarán de aportar la mayor cantidad del presupuesto de la nación
El propósito es que paulatinamente PEMEX
y CFE dejen de abonar al fisco, “cuando son los principales
contribuyentes, la idea es que en 10 años ya no lo sean y … ¿quién va
aportar esos recursos fiscales al país?”, plantea Cárdenas y enseguida
argumenta: “Solamente lo podemos entender a través de nuevos impuestos o
a través de la idea de endeudamiento del país”.
Así es como se planean obtener los
recursos perdidos, a partir del incremento de la deuda externa. Esto se
verá con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética (en puerta para dictaminación), misma que estipula cuáles son
los principales organismos encargados de las tareas de supervisión y
relevancia tanto del mercado energético como de hidrocarburos. Se trata
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en materia de petróleo y
gas, y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en electricidad.
La Comisión Nacional de Hidrocarburos,
así como la Comisión Reguladora de Energía, “vigilarán” cómo actúan las
empresas privadas extranjeras, incluidas también la CFE y PEMEX.
“La duda siempre es que ante la fuerza
económica que tienen las transnacionales del petróleo y gas, cómo es
posible que un órgano regulador mexicano vaya a ponerse por encima de
éstas como autoridad. Se ve difícil que estos órganos reguladores logren
poner en cintura a las grandes empresas transnacionales del mundo”,
asegura.
Además, Cárdenas apunta que lo que se
discute en la Cámara de Diputados es el aspecto fiscal de esta
legislación secundaria. En él se establece que las empresas petroleras
extranjeras no pagarán el mismo porcentaje del Impuesto Sobre la Renta
(ISR) que PEMEX, sino que será negociado “y lo que paguen de ISR serán
cantidades menores, porque además son empresas protegidas por los
Tratados Internacionales para evitar la doble imposición”.
Lo que significa que si se pagan
impuestos en un país, siendo una empresa considerada nacional en el
mismo o teniendo un domicilio fiscal en él, cuando se realicen
actividades económicas en otro lugar no se pagarán impuestos en el
segundo país.
“Muchas empresas buscarán los recovecos,
los elementos de los tratados para evitar la doble imposición y zafarse
del pago de impuestos”, asevera el investigador.
La Ley de Fondo Mexicano del Petróleo
para la Estabilización y el Desarrollo es una de las supuestas
estrategias paliativas que se establecen en la iniciativa del Ejecutivo
Federal, la cual supone un ahorro de la venta de hidrocarburos y
electricidad para administrar recursos en el mediano o largo plazo y
emplearlos en la construcción de infraestructuras, un modelo que, como
puntualiza Cárdenas, fue imitado de Noruega.
“Pero en Noruega ese fondo no lo tocan,
lo ahorran y es lo que le da una gran solidez a ese país, pero aquí en
México ese fondo permitirá que no sólo no se guarde para las
generaciones futuras, sino que se puede utilizar para el gasto
corriente, para pagar la burocracia. Lo que hace que sea falso que sea
un fondo para las generaciones venideras”, evidencia Cárdenas.
Porque las autoridades administradoras
del fondo no son independientes ni autónomas, sino autoridades de la
Secretaría de Hacienda y del Banco de México.
Ley de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente
En ella se habla de los impactos
medioambientales que generan todas las megapetroleras y energéticas, por
lo que se plantea una ley que en consideración del doctor Jaime
Cárdenas, es “muy débil, muy retórica. Se crea una agencia [Agencia
Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medios Ambiente del
Sector Hidrocarburos], que tendrá atribuciones en la materia, pero ésta
no tiene ni las facultades ni las competencias, ni los mecanismos de
sanción suficientes para inhabilitar a las empresas”.
Todos recordamos el caso de British
Petroleum (BP, una de las megapetroleras que incursionará en México) con
el incidente en el pozo Macondo que provocó el derrame de 4.9 millones
de barriles de crudo en el Golfo de México en 2010. En un escenario
semejante donde “por accidente o por negligencia ocurra un derrame de
hidrocarburos en el Golfo de México, ¿quién va a pagar eso? Las empresas
extranjeras tendrán responsabilidades muy limitadas, si hasta los
propios funcionarios están exentos de responsabilidades. Al final el
Estado mexicano será quien asuma el costo de los daños ecológicos”.
Trampas legislativas, la estrategia del partido del gobierno
Para aprobar todo este proyecto
energético el gobierno federal y el Congreso de la Unión dividieron la
totalidad de la legislación secundaria en cuatro paquetes. “Algo muy
poco ortodoxo. No se vota cada una de las partes, sino que hay una
discusión en lo general y en lo particular. En cualquier parlamento del
mundo después de la discusión se vota. Aquí no es así, porque hay un
acuerdo político entre el PRI y el PAN [mayoría] para establecer la
votación. Esa es la explicación”, afirma el académico.
El Partido Acción Nacional (PAN) negocia
con la Secretaría de Energía y directamente en Los Pinos los términos
de los dictámenes, “porque el PAN quiere una tajada en todo eso, por
ejemplo un nombramiento de comisionado o de consejero en PEMEX y CFE, en
la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en la Reguladora de Energía. Se
reparten el pastel: qué le toca a cada quién, qué puestos, qué cargo,
qué reglas”.
El sector empresarial, tradicionalmente
representado por el PAN, está interesado en cómo se renovarán las
franquicias una vez que dejen de existir y PEMEX sea
comercializada manifiesta, así se vigila que una parte sea para el sector
nacional.
“Están en esa rebatiña viendo qué le
corresponde a uno y a otro, por eso se acordó que la votación va a ser
hasta el final que se discutan los cuatro paquetes acordados. Un
procedimiento muy irregular desde mi punto de vista”, expresa el
legislador de oposición.
Sin seguir el reglamento interno del
Senado, sin cumplirse la ley orgánica ni la Constitución, también se
encuentra el tema de los tiempos. “El PAN ha quedado muy molesto con el
PRI, porque no se han aprobado las reformas electorales de los estados,
y Acción Nacional amenaza con no darles el aval, hasta que se aprueben
las leyes secundarias de las entidades”, manifiesta.
Por lo que es muy probable que esta
legislación se apruebe hasta los meses de agosto o septiembre “si no se
logran los acuerdos de PRI y el PAN, yo veo difícil que en este mes de
julio se logre votar”.
En lo que respecta al Partido de la
Revolución Democrática (PRD), probablemente aceptará alguna de las
leyes, como en el tema de medio ambiente, “no sabemos cuál va a ser la
actitud del PRD”, se supondría que por razones electorales debería de ir
en contra, ante el registro de MORENA, “si son inteligentes
electoralmente para que la gente no los identifique como partido que
negocia con el gobierno, pero no los sabemos”.
La legislación en términos políticos y constitucionales
Para el jurista, Jaime Cárdenas, “son
reformas que van en contra de la historia de México, los cuales permiten
los contratos, las concesiones que desnacionalizan PEMEX y la CFE.
Acaba con los llamados monopolios de Estado. Acaba con la idea de
industria integrada”.
Ya que “sepulta totalmente lo que ocurrió
después de la expropiación petrolera que prohibió las concesiones en los
años 60 para anular los contratos. Década en la que se nacionaliza la
industria eléctrica”.
Se viola el artículo 2do, de la
Constitución que establece el principio de Rectoría Económica del
Estado. “¿Cómo lograr este principio con industrias totalmente
desarticuladas, con tantos agentes económicos involucrados? ¿Cómo vas a
satisfacer el desarrollo económico de la nación si se van a entregar
parte de los beneficios a los extranjeros? Ese principio después de la
reforma de Peña en diciembre, con la reforma al artículo 27, no se va a
poder satisfacer si se entregará parte de los beneficios a los
extranjeros”.
Los defensores de esta reforma auguran
incremento en el empleo, pero “eso es falso, porque las empresas
petroleras traen a sus ingenieros, a sus técnicos, a sus obreros
especializados. El trabajo que se pueda generar va a ser escaso, puestos
modestos y muy mal pagados: los señores que hacen la limpieza, los que
cargan los fierros, las señoras que hacen la comida ese es el tipo de
empleo que se va a producir. Empleo precario”.
Tampoco bajarán los precios de las
gasolinas, el gas o la electricidad. “Otra gran mentira es la
proveeduría nacional. Que en la Ley de hidrocarburos establece al menos
el 25% de los insumos tienen que tener origen nacional; eso está muy
bien, pero contradice los tratados internacionales”.
Como el Tratado de Libre Comercio para
América del Norte (TLCAN) que “prohíbe imponer contenidos nacionales
porque vulneras el TLC en su artículo 1106. Está por encima de la ley
secundaria de Hidrocarburos o de electricidad. Otro artículo es el 1110,
que protege a la Inversión Privada, de tal suerte que no puedes
afectarla fácilmente con una expropiación. Ello sí van a poder pedir
expropiación”.
Otro tema relevante es el booking, un
mecanismo por el que las transnacionales podrán solicitar créditos a la
banca internacional “y por supuesto bursatilizar esos créditos, previsto
en los artículos 45 y 46 del dictamen de la Ley de Hidrocarburos”. Una
vez que las empresas extranjeras obtengan los contratos o permisos en
México, pondrán en garantía –ante la “banca de Nueva York o la de
Londres, cualquier institución de crédito internacional”–, las reservas
nacionales. “Lo que es violatorio de la Constitución porque van a dar en
garantía algo que no es de ellos. Los recursos son de la Nación”.
Aún con la reforma del Ejecutivo
Federal, se sigue estableciendo que los recursos son de la nación, sin
embargo se “van a dar nuestros recursos para obtener esos créditos
internacionales y además esos créditos serán parte de la deuda”, subraya
Jaime Cárdenas.
Además faltan los daños del FRACKING!
Prohibición de la Fractura Hidráulica
BREVE CURRICULUM DE JAIME FERNANDO CÁRDENAS GRACIA. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene especialidad en Derechos Humanos y Ciencias Políticas.
