Desde los años ochenta del siglo pasado se detectan graves anomalías en la conducción de la política económica que se acentuaron y requieren explicación de los responsables. Sería torpe asumir que además de los mandatarios en turno, las responsabilidades por aplicar recetarios abiertamente destructivos del aparato productivo, del mercado interno, que desarticulan y colocan a remate, a precio vil las paraestatales estratégicas: ferrocarriles, astilleros, telefonía, electricidad, reserva mineral, de los combustibles fósiles, recaen sólo en las secretarías de Hacienda, Economía o del Banco de México de los últimos 36 años. Esas instancias más parecen sucursales del FMI en lo macroeconómico y por rama del BM y BID, que entes de una nación soberana, no operados por presidentes o secretarios de Estado, sino por country managers dedicados con ahínco a gestionar la condicionalidad acreedora del ajuste estructural. Y es que, siguiendo a Joseph Stiglitz, ex primer economista del BM, entre más endeudamiento, mayor la comisión legal depositada no sólo en la banca suiza.
No es asunto menor. La próxima administración hereda la friolera de 10.88 Billones de pesos, con B mayúscula porque son millones de millones (trillones en EU) de pesos. En los primeros cinco años de EPN la deuda total del sector público pasó de 40 por ciento del PIB a 46.1 por ciento del PIB, un crecimiento que se acompañó del desplome de la inversión pública productiva. ¿Dónde está el billón de dólares, del 2000 a la fecha, por los altos precios del petróleo (Fox-Calderón) y el endeudamiento prianista?
El fondomonetarismo alentó el abandono del campo, lanzó a millones a las calles y a EU; impulsó la desatención de las refinerías y la desarticulación de Pemex. La deuda y sus rescates desplazaron hacia las trasnacionales y privados de acá y allá el timón energético y alimentario. Eso, junto a la brutal ofensiva contra el campesinado nos hace importadores de gasolinas y alimentos: grave vulnerabilidad advertida en materia energética y desde hace años por el senador Manuel Bartlett en estudios publicados con analistas de reconocido calibre, como Rosío Vargas Suárez, del Centro de América del Norte, UNAM (ver, Reforma energética: el poder duro y consensuado para imponerla, Senado 2016), y ponente en seminarios sobre el sector petroeléctrico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM. Sus aportes, dato en mano, se distinguen por la precisión conceptual, legal y documental.
El acelerado colapso climático antropogénico (CCA), una amenaza a la vida planetaria, ya incide en el abastecimiento mundial de alimentos. La persistencia letal del patrón fósil, sea para la generación eléctrica o el transporte, es reversible dada la amplia dotación solar de México, un país en que la electrificación de la movilidad ferroviaria de pasajeros y carga, urbana, interurbana e internacional de alta velocidad, es esencial. En medio del CCA, es vital recuperar el timón energético y alimentario. El camino no es en función de intereses tipo Shell o Monsanto et al (ver Silvia Ribeiro, La Jornada 21/7/18). Los tiempos están encima. Ante el CCA, urgen amplios apoyos al campo: sus efectos sobre las cosechas mundiales de maíz, arroz, verduras y legumbres empiezan a sentirse.
