Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 25 de febrero (apro).- Las indígenas Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio apelaron formalmente la sentencia de 21 años de cárcel que les fue impuesta por un tribunal de estado de Querétaro por el presunto secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Representadas legalmente por los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano, las indígenas presentaron su apelación contra la sentencia que dictó el juez cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien condenó a Alberta y Teresa “por un delito inexistente”. En un comunicado de prensa, ambas organizaciones indicaron que la sentencia dictada por el juez Pedraza, “confirma que la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres indígenas frente al sistema de justicia no es un hecho aislado, sino una práctica constante en México”
Las indígenas fueron acusadas junto con Jacinta Francisco Marcial de secuestrar a seis agentes de la PGR en 2006, quienes durante un operativo antipiratería, “de manera prepotente e irregular” pretendieron decomisar la mercancía vendida por comerciantes en el tianguis de Santiago Mexquititlán.
Los comerciantes, agregaron lo centros de derechos humanos, se opusieron al despojo y exigieron a los agentes que se identificaran, lo que para la PGR fue considerado como un plagio.
“Calificar como secuestro el descontento de los comerciantes y la exigencia de sus derechos ante un acto prepotente de la autoridad resulta aberrante. En Santiago Mexquititlán no se realizó ningún secuestro. La sentencia es, por lo tanto, absurda”, puntualizan las organizaciones civiles.
Después de una intensa campaña, Jacinta Francisco fue liberada, no así sus compañeras, Alberta y Teresa, hecho que para las organizaciones defensoras es el reflejo de un sistema de justicia “profundamente discriminatorio” que es utilizado de manera “facciosa para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares e injustos contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden legítimamente sus derechos”.
Los centros de derechos humanos Agustín Pro y Fray Jacobo Daciano condenaron que el juez Pedraza Longi avalara “las pruebas irregulares” de la PGR, que persistieron a pesar de que se ordenó la reposición del procedimiento. Criticaron que el juez argumentara que “Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra”, para sentenciarlas a 21 años de cárcel, con lo que el juzgador “decidió presuponer su culpabilidad antes que su inocencia”.
Las organizaciones señalaron que en los próximos meses esperan la resolución de la apelación presentada ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo titular Hanz Eduardo López Muñoz conoce el caso, pues en septiembre de 2006 dictó auto de formal prisión contra las indígenas y el 7 de abril de 2009, ordenó la reposición del procedimiento seguido en contra de las tres mujeres.
Representadas legalmente por los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y Fray Jacobo Daciano, las indígenas presentaron su apelación contra la sentencia que dictó el juez cuarto de Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longi, quien condenó a Alberta y Teresa “por un delito inexistente”. En un comunicado de prensa, ambas organizaciones indicaron que la sentencia dictada por el juez Pedraza, “confirma que la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres indígenas frente al sistema de justicia no es un hecho aislado, sino una práctica constante en México”
Las indígenas fueron acusadas junto con Jacinta Francisco Marcial de secuestrar a seis agentes de la PGR en 2006, quienes durante un operativo antipiratería, “de manera prepotente e irregular” pretendieron decomisar la mercancía vendida por comerciantes en el tianguis de Santiago Mexquititlán.
Los comerciantes, agregaron lo centros de derechos humanos, se opusieron al despojo y exigieron a los agentes que se identificaran, lo que para la PGR fue considerado como un plagio.
“Calificar como secuestro el descontento de los comerciantes y la exigencia de sus derechos ante un acto prepotente de la autoridad resulta aberrante. En Santiago Mexquititlán no se realizó ningún secuestro. La sentencia es, por lo tanto, absurda”, puntualizan las organizaciones civiles.
Después de una intensa campaña, Jacinta Francisco fue liberada, no así sus compañeras, Alberta y Teresa, hecho que para las organizaciones defensoras es el reflejo de un sistema de justicia “profundamente discriminatorio” que es utilizado de manera “facciosa para fabricar delitos e instaurar procedimientos irregulares e injustos contra quienes, como Teresa y Alberta, defienden legítimamente sus derechos”.
Los centros de derechos humanos Agustín Pro y Fray Jacobo Daciano condenaron que el juez Pedraza Longi avalara “las pruebas irregulares” de la PGR, que persistieron a pesar de que se ordenó la reposición del procedimiento. Criticaron que el juez argumentara que “Alberta y Teresa no han podido desvirtuar las acusaciones que pesaban en su contra”, para sentenciarlas a 21 años de cárcel, con lo que el juzgador “decidió presuponer su culpabilidad antes que su inocencia”.
Las organizaciones señalaron que en los próximos meses esperan la resolución de la apelación presentada ante el Tribunal Unitario del Vigésimo Segundo Circuito, cuyo titular Hanz Eduardo López Muñoz conoce el caso, pues en septiembre de 2006 dictó auto de formal prisión contra las indígenas y el 7 de abril de 2009, ordenó la reposición del procedimiento seguido en contra de las tres mujeres.
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