Diferencias entre ley migratoria de México y EU
24 Febrero, 2011 - 16:19
EL ECONOMISTA Credito:Notimex
Foto:Especial La iniciativa de Ley de Migración que se discute en el Senado de México presenta diferencias notables frente a la llamada “Ley Arizona”, pues de entrada la primera no criminaliza a los migrantes que cruzan por territorio mexicano.
Con base en un comparativo entre la “Ley Arizona” y dicha iniciativa, se destaca que la primera parte del concepto de que la migración indocumentada en ese estado de Estados Unidos es un delito menor.
En cambio la iniciativa de Ley de Migración parte de la premisa de que los migrantes no son delincuentes, sino personas que tienen los mismos derechos que los mexicanos independientemente de su situación migratoria, en congruencia con lo que dice la Constitución.
Además es completamente opuesta a la “Ley Arizona” que establece sanciones elevadas a todos los que albergan, contratan o transportan a los extranjeros sin documentos.
Ello dado que establece la obligación a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para coordinarse en materia de prevención, persecución y atención a los migrantes víctimas de delito y consagra la posibilidad de otorgarles una visa humanitaria para permanecer con legal estancia en el país mientras dure el procedimiento respectivo.
Con ello se refuerza la labor del Estado mexicano para garantizar acciones conjuntas que eviten la impunidad y combatan a la delincuencia que afecta a los migrantes.
También en la iniciativa se especifica que sólo serán las autoridades competentes, en los casos expresamente previstos por la ley, las que podrán asegurar a los extranjeros en situación migratoria irregular.
Destaca expresamente los derechos que deben garantizarse a los extranjeros en situación migratoria irregular en los procedimientos de control, verificación y revisión migratoria, así como en el momento de su aseguramiento, alojamiento en las Estaciones Migratorias y expulsión.
Establece además la obligación a la Secretaría de Gobernación de determinar una política migratoria del país, para lo cual consultará a los tres Poderes de la Unión, a las autoridades estatales y municipales, a los expertos, académicos y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los migrantes.
De este modo espera cubrir los vacíos de la Ley General de Población de 2008 que en la actualidad rige en materia migratoria y que despenalizó la migración indocumentada, al reconocer que la búsqueda de empleo y de mejores condiciones de vida no constituye un delito.
Esa reforma no fue suficiente, pues carece de disposiciones que garanticen de manera efectiva el respeto a los derechos de los extranjeros independientemente de su situación migratoria.
En cambio, la iniciativa de Ley de Migración establece un capítulo especial que consagra los derechos de los migrantes, independientemente de su situación migratoria como educación, salud, información sobre sus derechos, acceso a la justicia, trabajo y debido proceso, entre otros.
Además se consagran principios fundamentales como la unidad familiar y el interés superior de los menores de edad. De esta forma se armoniza la legislación con los compromisos que se han adquirido en materia migratoria y de derechos humanos.
Establece también disposiciones especiales para garantizar una atención especial a los migrantes en mayor situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad o con capacidades diferentes y las víctimas de delitos.
Una de las cuestiones más relevantes de la iniciativa de Ley de Migración es que reconoce expresamente, en un capítulo especial, los derechos de los migrantes que transitan por el país en situación migratoria irregular.
En este sentido se hace énfasis en que la situación migratoria de una persona no impide el ejercicio de todos sus derechos y libertades, especialmente a ser tratado sin discriminación alguna.
Esos derechos se definen con claridad en la norma para garantizar su cumplimiento efectivo y la obligación de las autoridades de respetarlos.
En la “Ley Arizona”, en cambio, se llegó a proponer que la simple apariencia de una persona pudiera ser causa suficiente para detenerla por las policías locales o las autoridades migratorias.
Así tanto la “Ley Arizona” como la Ley General de Población vigente en el país no establecen vías para que los extranjeros sin documentos puedan regularizar su situación migratoria en el país.
En cambio, la iniciativa de Ley de Migración permite que cualquier persona que voluntariamente acuda ante la autoridad migratoria y acredite los requisitos correspondientes pueda regularizar su situación migratoria.
Además cuando una persona ha sido asegurada por la autoridad migratoria, pero tiene vínculos familiares con mexicanos, son víctimas de delito, son apátridas o se encuentran en una situación de vulnerabilidad que les impide ser devueltos a sus países de origen pueden regularizar su situación migratoria.
La ley vigente sanciona con expulsión todas las conductas que implican la irregularidad de la situación migratoria de los extranjeros. Con ello vulnera los derechos adquiridos por los extranjeros que ya residen en el país, que tienen familia en México o que ya cuentan con un empleo.
Ello porque si son detectados por la autoridad migratoria haciendo una actividad distinta a la autorizada o si la vigencia de su documento migratorio se venció son acreedores a la máxima sanción de la expulsión.
En cambio, la iniciativa de Ley de Migración permite que estas personas puedan regularizar su situación migratoria y sólo sean acreedores al pago de una multa, pero que no sean deportadas a su país de origen.
Esto es congruente con el trato que se exige para los mexicanos que se encuentran fuera del país, especialmente como uno de los puntos de la reforma migratoria en Estados Unidos.
Además, en la Ley General de Población no se establece un límite para la estancia de los extranjeros indocumentados en las Estaciones Migratorias, por lo que en ocasiones pueden permanecer más de un año alojados en las mismas.
En cambio, la iniciativa de Ley de Migración establece que la autoridad migratoria deberá resolver la situación migratoria de un extranjero irregular en un plazo de 24 horas, durante las cuales deberá notificar a la persona si puede ser regularizar su situación migratoria o que será sancionada con la expulsión, de modo que pueda interponer un recurso efectivo.
DOCH
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