José Reveles*
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), creada en 1991 por Carlos Salinas de Gortari cuando se negociaba la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y cuando sus socios exigían a México un bono democrático y el respeto a los derechos humanos, le brincó en sus estadísticas iniciales el dato central del horror de la época: el primer sitio entre todas las denuncias –todavía tímidas entonces- resultó ser la tortura.
Por esa práctica abominable, en tiempos salinistas el procurador de la República Enrique Álvarez del Castillo recibió el mayor número de recomendaciones por parte del presidente fundador de la CNDH, el doctor Jorge Carpizo. Había en México más atrocidades policiales que las de soldados y marinos, todavía más o menos resguardados en sus cuarteles.
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| Carlos Salinas de Gortari |
La suspicacia rodeó de inicio el nacimiento de la CNDH. ¿Seríamos candil de la calle solamente en aras del negocio internacional? ¿O es que había genuina convicción democrática tras la desaparición de la temible Dirección Federal de Seguridad, Brigadas Blanca y Especial, Batallón Olimpia, Halcones y demás monstruos de la represión por décadas? Para desmentir la intención humanitaria, allí estaban Javier Coello Trejo (“soy el brazo armado del presidente”, solía presumir) y Guillermo González Calderoni, ejecutado a balazos en McAllen, Texas, en febrero de 2003, después de haber librado los intentos de traerlo a juzgar a México por diversos crímenes. Ellos fueron jefes del Grupo Tiburón, torturadores por antonomasia; se les dejó hacer y deshacer, dueños de vidas y haciendas, porque fueron instrumento de Salinas para perseguir y reprimir cualquier disidencia. Ellos capturaron y sembraron armas al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, 10 de enero de 1989.
No tardó mucho en aparecer el peine de la simulación:
Llamada en esos años “la reina de las pruebas” y empleada de manera sistemática contra cualquier detenido (ni siquiera existía entonces el arraigo, ese maligno invento para ejercer impunidad total con gente sometida a encierro, una especie de secuestro oficial), la tortura comenzó a descender al octavo, al duodécimo, al quinceavo, al vigésimo y llegó hasta más abajo del lugar número 30 en las quejas reportadas por el ombudsman.
¿Se había operado el milagro de la redención de los torturadores? ¿O es que éramos entonces y seguimos siendo el país de las mentiras aderezadas? Una fácil manipulación de la estadística consistió en sustituir la palabra tortura (se aplicaba en casi todos los casos), reclasificando los delitos cometidos por servidores públicos. Se operaba así el prodigio de la metamorfosis de tormento atroz en solo abuso de autoridad, detención arbitraria, allanamiento de morada, extorsión, secuestro, lesiones, maniobras de sometimiento, retención por tiempos rebasando plazos legales y otros delitos de menor calado aparente que las vejaciones físicas y psicológicas, que los llamados tratos crueles y degradantes, con tal de cambiar la percepción social.
Y es que percepción mata realidad. Era la premisa hace más de dos décadas. Y sigue siendo hoy, cuando mandan los mismos de entonces.
Me viene a la mente este ejemplo de la tortura cuando veo al actual ombudsman Raúl Plascencia Villanueva felicitar al ejército porque en cuatro meses logró reducir en 50 por ciento las denuncias en su contra. Es decir: por ser abusivo, pero poquito, en retenes y allanamientos. La población se queja menos de torturas, intimidación y abuso de autoridad, justificaría esa CNDH que ahora firma mediáticos convenios de colaboración con las fuerzas armadas para el respeto a los derechos humanos.
Igual recuerda barbaridades recientes leer que Províctima actualizará el Protocolo para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o no Localizadas en todo el país, y así ya no será necesario esperar a las 72 horas de ausencia de algún ser querido para que el Ministerio Público o alguna otra autoridad comiencen a escuchar denuncias de familiares. Este “cambio de paradigma” –así lo llamó la subprocuradora Patricia Bugarín- obligará a la autoridad a emprender acciones de investigación y búsqueda en las primeras 48 horas. Vale decir: lo que siempre exigían las familias a los agentes del MP, quienes invariablemente las bateaban sin levantar un acta.
Son gestos a toro pasado, como cuando en el calderonato la titular de la PGR Marisela Morales prometía (junio de 2011) al resto de los procuradores del país que se crearía un banco de datos genéticos y otros métodos de identificación de víctimas cuando ya en fosas clandestinas solamente en dos estados (Tamaulipas y Durango) habían aparecido casi 500 cuerpos. Tragedia sobre tragedia, familias enteras viajaban en busca de los suyos y aportaban sangre sin hallarlos, mientras centenares de cuerpos se pudrían sin que alguien los reclamara, inclusive trasladados cientos de ellos desde el norte del país al Distrito Federal. Fueron identificados un 12 por ciento del total, si acaso. Ya ni hablemos de otros mil 350 cuerpos ubicados en los cuatro años anteriores en 125 entierros clandestinos en 19 estados de la república.
¿De qué estamos hablando? De la tragedia humana que significa tener, en datos oficiales, exactamente 26 mil 121 ciudadanos desaparecidos del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, según la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Lía Limón, tránsfuga del panismo al priismo en cuanto se le negó la posibilidad de ser candidata a delegada en Miguel Hidalgo.
Lo que importa para este análisis es que ella habló de 5 mil 206 casos “pendientes de validación de datos”. En averiguaciones previas no hay “rubros en donde se incluya sospecha de involucramiento de autoridades”, reportaba a los medios el 26 de febrero de 2013.
Lía Limón señalaba que aún está pendiente la elaboración de un "Protocolo de búsqueda de personas desaparecidas". Tan era verdad que no existía, que Oscar Vega Marín, ex secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, descalificaba la cifra ofrecida por la subsecretaria, afirmando que era “precipitada” y preguntaba con una frase digna de la antología de la discriminación:
"¿Cómo podemos salir y decir que hay (más de 26 mil) personas desaparecidas cuando ni siquiera sabemos si son migrantes?".
A quererlo o no, Vega Marín ofrecía una clave. Según el Movimiento Migrante Mesoamericano, que desde hace una década documenta su propio holocausto, no menos de 80 mil personas que quisieron ingresar a territorio estadunidense desaparecieron en territorio mexicano. Un 30 por ciento, 24 mil, eran mujeres, a muchas de las cuales se les convierte en esclavas sexuales “que terminan secuestradas en bares, burdeles y cantinas”. Tenemos pistas de que son víctimas de redes de trata y se les concentra en Tlaxcala, Puebla y Chiapas, principalmente”.
“Ya son tantos los desaparecidos, que nadie los toma en cuenta. Nosotros entregamos listas, pero nunca hemos obtenido una respuesta de los consulados o del gobierno mexicano sobre esos pedidos de información o investigaciones”, expresó Rubén Figueroa, coordinador del área de investigación de búsqueda de migrantes, en el contexto de la octava caravana de madres y otros familiares que vienen a México a tratar de encontrar a los suyos.
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| Caravana de Madres de Migrantes desaparecidos buscandolos |
No hay cifras confiables de migrantes desaparecidos (ellos no están en la lista de los 26 mil 121 ausentes producidos durante el calderonato y que dio a conocer Segob): Pero tampoco hay un desglose de los mexicanos, cuyo paradero es desconocido, en ese listado oficial que tanto escandalizó a México.
Gobernación metió en la misma olla a quienes fueron víctimas del delito de lesa humanidad conocido como detención-desaparición forzada, perpetrado por autoridades locales o federales –como el caso de los presuntos eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez hace casi 6 años-, y una multitud de secuestros, “levantones”, abandono voluntario de sus hogares, desplazamiento de pobladores, migración sin aviso, supuesto trabajo esclavo, trata de personas, limpieza social, ejecuciones de narcomenudistas entre bandas contrarias y muchos rostros más de la inabarcable tragedia humana que se empoderó en el país.
Víctimas directas y víctimas “colaterales” –como displicentemente suele llamarlas el gobierno-, hay muertos y desaparecidos en retenes, en cateos ilegales, en operativos de la Marina (al menos 15 en Nuevo Laredo en 2011), el Ejército (38 líderes y trabajadores petroleros en Cadereyta en 2007), Policía Federal y agentes municipales y estatales (7 agentes federales y el chofer que los llevaba a Michoacán, noviembre de 2009); masacres sin explicación (Boca del Río, 35 en septiembre de 2011; Guadalajara, 26 en noviembre del mismo año; Uruapan, marzo de 2013); fosas clandestinas que han dejado a la república como un queso gruyere de la ignominia; choferes, empresarios, comerciantes, clientes de bares y discotecas, anfitriones e invitados a fiestas (Villas de Salvárcar en Ciudad Juárez; salón Italia Inn, en Torreón), grupos musicales (18 del Kombo Kolombia, enero 2013, Nuevo León) estudiantes, profesionistas, comerciantes, trabajadores, empleados, campesinos, amas de casa, ya nadie está exento de ser asesinado o llevado a un destino incierto en cualquier momento del día o de la noche, en cualquier carretera, calle, vivienda o negocio.
Me tocó escuchar en el Museo de la Memoria Indómita, en el Centro Histórico de la ciudad de México, a hijos y madres de desaparecidos deslindarse de la recientemente aprobada ley de víctimas:
“No nos sentimos representados por una Ley que está siendo manipulada para hacer parecer que: 1. todos los delitos de asesinato y desaparición forzada han sido cometidos en el sexenio pasado, exonerando en los hechos a los gobiernos priistas anteriores y mandando al olvido a los desaparecidos de entre 1969 y 2006; 2. que todo es obra del crimen organizado y que el Estado no tiene mayor responsabilidad que la de la omisión, justificando así la militarización, la represión, la violación de derechos, la existencia del fuero militar y por supuesto, perpetuando la impunidad; 3. Como el Estado no es responsable directo, lo único que debe hacer es indemnizar.
“No vamos a ponerle precio a nuestros familiares, así que ni saquen sus calculadoras. Tampoco estamos incluidos en su Memorial, porque no aceptamos un monumento sin un proceso de justicia, un monumento hecho con la intención de poner punto final a un asunto que sigue teniendo todas las interrogantes, porque no aceptamos que los nuestros sean homenajeados en las instalaciones (Campo Marte) de aquéllos que son responsables de sus desapariciones o asesinatos”, escribió desde Torreón Alba Victoria Santiago Nevárez, hija de una desaparecida que fue hallada con vida.
Al PRI le conviene decir que lo peor de la represión y la violencia ya pasó. Que en los gobiernos panistas se generó la barbarie. Que en cuatro meses de gobierno de Enrique Peña Nieto “solo” hubo 4 mil 249 ejecuciones violentas contra 5 mil 127 de cuatro meses últimos de Felipe Calderón (918 menos). Comparados estos cuatro meses de priismo con los mismos cuatro de panismo de un año antes (diciembre a marzo), los casos disminuyeron en 685, equivalentes al 13.9 por ciento.
Inclusive Naciones Unidas desconfió del manejo estadístico oficial, porque la reducción de homicidios dolosos “no es producto de la nueva estrategia de seguridad del gobierno, sino de los acomodos y acuerdos de los propios grupos criminales”.
El actual gobierno había mantenido un bajo perfil en el tema de la violencia, pero ya decidió retomarlo con sesgo propagandístico. Rompió el mismo la tregua que había solicitado de un año para entregar buenos resultados, porque así le conviene en este momento político en el que se aguarda castigo para mandos policiales del pasado.
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| Calderon, Salinas y Peña |
Caso curioso: la piedra del escándalo no habían sido los ejecutados, sino los desaparecidos. En las listas, con ser abultadas, no están todos los que son ni son todos los que están. Margarita López se puso en huelga de hambre el año pasado a las puertas de Gobernación, para exigir la aparición con vida de su hija Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida el 13 de abril de 2011, pero no la ubicó en la lista de 26 mil 121 nombres difundidos por Gobernación. “La cifra que manejan es irrisoria en comparación con los que son”, le dijo Margarita a la periodista Marcela Turati.
Lía Limón habló de los desaparecidos de la era Calderón, pero ni media palabra de los ausentes forzados durante estos cuatro meses de priismo redivivo. Y es que los desaparecidos representan la inacción oficial y la impunidad transexenal.
*Colaborador de Excélsior, Proceso, El Financiero, entre otros medios. Especializado periodismo de investigación en los temas de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, Represión Seguridad Nacional y Crimen organizado
