16 de Marzo de 2012/Gilberto López y Rivas
Recordemos que el Manual de Campo 31-20-3, Tácticas, técnicas y procedimientos de defensa interna para las fuerzas especiales en el extranjero, parte de la premisa subyacente de que Estados Unidos tiene una misión que cumplir en el ámbito mundial, que es la salvaguarda de los intereses de ese país frente a las amenazas consideradas de “menor escala” –que las relacionadas con la confrontación Este-Oeste–, como el terrorismo, la subversión, la insurgencia y el tráfico de drogas.
Esta tarea planetaria, heredada de las nociones del “Destino Manifiesto” que otorgan a ese pueblo escogido por la Providencia el derecho de expandirse fuera de sus fronteras, supuestamente en nombre de la libertad y la democracia, hace necesaria la elaboración de incontables manuales destinados al aprendizaje de sus fuerzas especiales para conducir la guerra contrainsurgente a cualquier oscuro rincón del mundo (Bush dixit) donde “el desorden interno sea de tal naturaleza que constituya una amenaza significante a los intereses nacionales de Estados Unidos”.
El manual no se distingue por la profundidad del análisis histórico, sociológico o político, el cual es sustituido por maniqueos recetarios que pretenden pasar por científicos y que conforman, en realidad, un conjunto de categorías clasificatorias de orden práctico que guíen la acción de sus fuerzas armadas. Así, se define a la insurgencia como “un movimiento organizado con el propósito de derrocar un gobierno constituido a través del uso de la subversión y el conflicto armado”. Los politólogos-sociólogos al servicio de la guerra contrainsurgente concluyen sesudamente que hay siete elementos comunes a toda insurgencia: “liderazgo, ideología, objetivos, ambiente y geografía, fases y tiempos (del desarrollo del movimiento), apoyo externo, y patrones operativos y organizativos”. También, se sostiene que hay tres estrategias generales de la insurgencia: el foco o foquismo, la orientada hacia las masas y la tradicional, clasificando a la insurgencia “liderada por Castro y el Che Guevara” en la primera, Vietnam en la segunda, y la rebelión de los huk en Filipinas, en la tercera.
Aprendiendo de sus derrotas militares –como la sufrida en Vietnam–, que por cierto nunca son mencionadas como tales en los manuales estudiados, se insiste en que la misión primordial de las fuerzas especiales en la defensa extranjera externa es organizar, entrenar, aconsejar y desarrollar la capacidad táctica y técnica de las fuerzas militares de la llamada “nación huésped”, de tal manera que éstas puedan derrotar a la insurgencia “sin el involucramiento directo de Estados Unidos.” Esto es, se pretende que los costos humanos, materiales y todo el impacto de la guerra los pague la “nación huésped” y que los ejércitos de nuestros países cumplan con las directrices represivas de Estados Unidos en contra de toda la gama de los movimientos sociales que siempre pueden ser considerados como accesorios o cómplices de los insurgentes. La “guerra contra el narcotráfico” en México, por ejemplo, que contabiliza en cinco años más de 50 mil muertos, miles de desaparecidos y una agresión permanente contra los movimientos populares, ha sido impuesta por Estados Unidos y llevada a cabo por Calderón, presidente espurio de la “nación huésped”, sin que ese país sufra en lo más mínimo las consecuencias de la misma.
El manual especifica que la “nación huésped” siempre puede obtener equipo de Estados Unidos para enfrentar la amenaza interna a su seguridad causada por individuos sin ley, como los narcotraficantes, que en el caso mexicano se plasma en la Iniciativa Mérida. Lo que no se informa en el documento es que el gobierno de ese país también suministra armas a los propios “individuos sin ley”, e incluso lava el dinero de sus operaciones criminales, como se ha venido documentando en nuestro periódico, porque la guerra es instrumental a la estrategia estadunidense de tomar el control de la “nación huésped”.
Coalición es otro de los eufemismos que el manual adopta para encubrir mediáticamente las incursiones neocoloniales de Estados Unidos y sus aliados europeos, como las llevadas a cabo en Irak y Afganistán. Hacer realidad el apoyo a estas coaliciones es una tarea adicional a ser estudiada por las fuerzas especiales estadunidenses, para lo cual se considera muy importante una comprensión profunda del área (a ser invadida) y de la gente que ahí viva, “orientación regional, conciencia cultural y habilidades en el manejo de otras lenguas, son necesarias para cumplir exitosamente la misión”.
El manual cuenta con un apéndice sobre consideraciones legales que especifican que las operaciones de las fuerzas especiales deberán ser conducidas de acuerdo con las leyes internacionales y las que rigen en territorio estadunidense. Se mencionan específicamente las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, que proveen la fuente primaria de derechos y obligaciones de las personas involucradas en conflictos internos, o no internacionales, que demandan un trato humanitario a los prisioneros, heridos y enfermos, y que prohíben el uso de la violencia en cualquiera de sus formas, en particular, el asesinato, la mutilación, la tortura, los tratos crueles y degradantes, la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales y los juicios sin el debido proceso. Estos exhortos resultan retóricos y profundamente contradictorios con las realidades de crasas violaciones a los derechos mencionados en las innumerables guerras contrainsurgentes y operaciones encubiertas llevadas a cabo en el mundo entero por las fuerzas armadas estadunidenses. Además, el apéndice recomienda la búsqueda de un acuerdo internacional que garantice la inmunidad diplomática para sus tropas en los países donde están “estacionadas”. Esto es, impunidad total para el ejercicio efectivo del terrorismo global de Estado.
