Este es el documento enviado ayer al Senado por el Ing. Javier Jiménez
Espriú, miembro de honor de la Academia Nacional de Ingeniería, Premio
Nacional de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y Ramas Afines 1998, ex
director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ex subdirector
comercial de Pemex.
Documento al Senado sobre la Reforma Energética
A los Miembros de las Cámaras de Senadores y Diputados.
Presente.
A través de la prensa nacional primero y después por una llamada de
un Senador amigo, me enteré de la intención de los organizadores de los
“Foros Parlamentarios para la Reforma Energética” de invitarme a
participar en ellos, para exponer los argumentos en los que baso mi
decidida oposición a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de la
Unión.
He declinado la posible invitación, y lo expreso porque se hizo
pública, porque no estoy dispuesto a formar parte de lo que considero el
“Coro de los Esclavos”, de una ópera en cuyo libreto está ya definido
el desenlace.
Asistí a los Foros que con el mismo tema se organizaron en 2008
confiado, iluso de mí, en que la fuerza de la razón y de los argumentos
podría sacudir las conciencias de algunos legisladores y tener algún
efecto frente a las consignas.
Fue inútil. Que penosa es la muestra de sometimiento, de
subordinación, de sumisión, de servilismo, de abyección, al que están
sujetos quienes prefieren la comodidad de la servidumbre recompensada, a
la lucha por la libertad de manifestación y de conciencia y a la
defensa de los intereses nacionales.
Hoy, nada ha cambiado y las declaraciones del Secretario de Energía
que expresa que “Habrá Reforma Energética pese a protestas” o la del
Senador Penchyna que señala que debe haber Reforma Energética “al costo
que sea” –que al fin tienen en el Congreso la mayoría necesaria-, dan el
marco rígido y autoritario de lo que anuncian como “foro plural”, en el
que “escucharán las voces disidentes”, como hace cinco años, para luego
dar paso, a la brevedad, ignorándolas, como gritos perdidos en el
desierto, a la aprobación legislativa correspondiente.
Cumplirán con el rito seudodemocrático, y en lo posible, dentro del
calendario previsto por el Ejecutivo, intentarán dar el golpe de gracias
a los Artículo 27 y 28 de la Constitución y a la Nación misma, para
estar en posibilidad de entregar una parte sustantiva de la renta
petrolera y legitimar la inconstitucional entrega a la iniciativa
privada extranjera, de la generación de energía eléctrica para servicio
público ya consumada.
Pero mi decisión de no participar en esos Foros, en los que “todo
estará bajo control”, no significa de manera alguna, abstención de mi
parte a exponer los argumentos que me dan la convicción plena de que la
propuesta es un enorme error histórico de gravísimas consecuencias para
nuestra Nación, argumentos que, por otra parte, he dado a conocer y
seguiré exponiendo, en decenas de Foros de toda índole, incluyendo dos
en la Cámara de Senadores, con la presencia de muy contados legisladores
y uno en la de Diputados, con la asistencia de no más de tres
interesados “representantes populares”.
Con esta idea, hago llegar a todos los Miembros de las dos Cámaras el
presente documento, que expresa mis convicciones y preocupaciones y
en el que señalo el porqué de mi postura en contra de lo que se pretende
y expongo los argumentos que sustentan mi posición que, estoy
convencido, coincide con la de la mayoría de los mexicanos, documento
que haré público a través de todos los medios disponibles a mi alcance.
Atentamente
Javier Jiménez Espriú
Septiembre de 2013
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“La Privatización del Sector Energético”
Hace 20 años, al iniciarse un nuevo ataque para la privatización del
sector energético, expresé, y lo vuelvo a reiterar hoy, por su plena
vigencia, que los diagnósticos y planteamientos del Gobierno, para
concluir que la privatización del Sector Energético o modernización,
como le llaman, es necesaria y para ello modificar los Artículos 27 y
28 de la Constitución, adolecían de múltiples defectos: insuficientes en
el análisis económico, discutibles desde el punto de vista técnico,
inconsistentes en el aspecto legal, ignorantes de contenido histórico,
ayunos de sensibilidad política y carentes de patriotismo.
Menciono los seis aspectos, porque la industria petrolera y Pemex no
pueden analizarse a fondo, si se soslaya cualquiera de ellos, ya que
no se trata de una industria común.
Independientemente de que el Sector Energético es estratégico para
cualquier Nación, el caso específico de los hidrocarburos y de PEMEX,
tienen para los mexicanos, connotaciones no únicamente económicas –que
son desde luego de fundamental importancia-, sino de muy diversa y
trascendental índole.
Pemex no sólo es la empresa que tiene a su cargo los más importantes
recursos no renovables con que nos dotó la naturaleza, -aunque los
hubiera escriturado el diablo- y cuyo cuidado consagra nuestra Carta
Magna como área estratégica y de exclusividad del Estado Mexicano.
Pemex no es sólo una empresa productora de “commodities”. Es
una entidad símbolo que se encuentra enraizada en el alma de los
mexicanos. PEMEX es desde su nacimiento, la empresa emblemática de la
soberanía nacional.
Su importancia económica, política -interna e internacionalmente- y social, es un todo inseparable.
La propuesta resulta inconsistente, porque surge de un procedimiento
contrario a toda lógica. Se ha partido de la decisión de abrir el
Sector Energético a la inversión privada y a partir de esa decisión, se
han acomodado premisas, argumentos, datos y diagnóstico –en ese orden –
para sustentar la solución decidida de antemano. .
Datos por otra parte sesgados y manipulados, acompañados de un
lenguaje engañoso y de algunas verdades a medias que son sino mentiras
dolosas. .
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| Contraste: EL Fisgón |
Cuán diferente es el Pemex que nos muestran como un organismo
desahuciado, carcomido, irredento, cuya única salida es la terapia
intensiva de los salvadores extranjeros y la empresa extraordinaria,
pujante, rentabilísima, que ofrecen en la presentación a los Empresarios
que quieren invitar a venir a invertir a México en la industria del
petróleo. .
Porque es cierto que PEMEX está técnicamente quebrado; que las
reservas de Cantarell declinan; que no tenemos toda la tecnología para
perforar a grandes profundidades en el mar –aunque no estamos en cero-;
que el Sindicato de PEMEX es enormemente oneroso – aunque esto no se
menciona ni con el pétalo de una palabra, seguramente como consecuencia
de un pacto para el Pacto-; que sólo tenemos petróleo para diez años con
los actuales ritmos de explotación, válido si ya no hacemos nada para
probar nuevas reservas –que ofrecemos venir a probar y a explotar a los
extranjeros- ni optimizamos la explotación de las probadas; que en PEMEX
hay ineficiencias y corrupción; que se requiere una reforma de fondo.
Pero también es verdad, que no se exterioriza porque se opone a los
intereses de quienes pretenden abrir la industria petrolera a la
iniciativa privada, que PEMEX está técnicamente quebrada a propósito,
con una cortedad de miras inaceptable y sin consideración de su
potencial, ni de su importancia para el desarrollo del país, ni de sus
necesidades de inversión, mantenimiento y modernización -para lo que es
ampliamente solvente- y de protección de la soberanía de la Nación.
Así es, desde hace más de tres décadas, se han instrumentado en
nuestro país, en forma maquiavélica, políticas públicas destinadas a
desmantelar las capacidades nacionales, principalmente en los organismos
públicos, Pemex y CFE -al igual que Comunicaciones y Transportes y
Recursos Hidráulicos-, por citar los más evidentes, con decisiones que,
fundadas en la convicción de las autoridades en la falta de talento
nacional, en una incapacidad innata para resolver nuestros propios
problemas y en la necesidad de recurrir a otros para hacerlo, no hacen
sino beneficiar a las empresas extranjeras.
En 1997, al recibir el grado de honor de la Academia Mexicana de Ingeniería, presenté un trabajo titulado El Futuro de México sin Ingeniería Mexicana.
En él, hacía yo una pregunta fundamental ¿Qué puede hacer una nación,
sin ingeniería propia, sin capacidades científicas y tecnológicas? Y
daba una respuesta que hoy se confirma correcta: seguramente otra vez,
cambiar vidrios y espejos por los frutos de nuestras entrañas, aunque ya
no usemos penachos, ni obtengamos nuestros títulos y grados en el
Calmécac.
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| Su Plan Energético: El Fisgón |
No hemos aprendido –decía-, una lección fundamental: la
autodeterminación tecnológica es cuestión de supervivencia nacional. La
moderna tecnología de la dependencia es crear la dependencia de la
tecnología.
Antes se invadían territorios, hoy se apropian industrias y
mercados. En esta guerra de conquista que hoy llamamos competencia,
nuestros gobernantes han encomendado precisamente a nuestros
contendientes o han aceptado sumisamente de ellos, el diseño de
nuestras estrategias. ¿Qué diferencia hay entre el conquistador que
empuñando un mosquete vino a llevarse nuestro oro en el nombre del Rey, y
el ejecutivo de la trasnacional que armado con una presentación de
McKinsey y en connivencia con los modernos Almontes, viene a buscar la
cesión de la renta petrolera en favor de la EXXON, la Chevron o la
Shell?
Nuestros competidores pulen la bandeja de plata en la que les entregamos nuestras riquezas.
“Quieres que el mundo adopte la agenda económica de los Estados
Unidos –dice la tesis de las becas Fullbright- toma a algunos de sus
jóvenes en edad impresionable; adoctrínalos en las escuelas del Ivy League;
regrésalo a su país y asegúrate de que los nombren Secretarios de
Estado, para que desde el púlpito de su ministerio, implementen, con el
fanatismo y la ceguera de un dogma religioso, el evangelio según Uncle Sam.
En 1990 John Williamson, economista del Banco Mundial elevó este evangelio según Uncle Sam a nivel de sagrada escritura, en un documento que tituló El Consenso de Washington. Este
prescribía las condiciones que una red de instituciones financieras
internacionales (el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la International Finance Corporation y otras),
establecerían para otorgar créditos a los países en desarrollo. Estas
instituciones, claro está, son financiadas a su vez por los gobiernos de
los países industrializados, que llegan al poder con los donativos de
campaña de sus grandes corporaciones, destacando entre ellas las
petroleras trasnacionales. Entre las condiciones de los créditos,
figuraban en primerísimos lugares la eliminación de subsidios y la
privatización de los servicios y los negocios públicos, y entre ellos,
el más jugoso de todos: el petróleo.
En el documento del Banco Mundial titulado: “Creando las Bases para
el crecimiento equitativo de México, 2006-2012”, entregado a nuestro
gobierno unas semanas antes del envío de las iniciativas del 2008, se
dice en lo relativo a energía que: “aunque la condición de PEMEX como
monopolio de Estado está garantizada en la Constitución, sería necesario
encontrar alguna forma de asociarse con otras compañías para realizar
actividades de exploración que eviten problemas de seguridad energética
en el futuro y generen incentivos al trabajo eficiente en el sector.
Petróleos Mexicanos carece de recursos técnicos y financieros para
realizar actividades de exploración más intensas”.
Una pregunta clave es ¿A quiénes beneficiaban las medidas prescritas
en el Consenso de Washington? ¿A los países que pedían los créditos o a
las corporaciones de los gobiernos que los financiaban? En 2002, el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos calculó que por cada mil
millones de dólares que ese país contribuía a los bancos internacionales
de desarrollo, las trasnacionales americanas recibían más de dos mil
millones de dólares en contratos en los países subdesarrollados.[1]
En 1992 Davidson Budhoo, un ex economista del Fondo Monetario
Internacional, en un acto de contrición declaró que las “condiciones
impuestas por estas instituciones no buscaban mejorar las condiciones de
los países en desarrollo, sino satisfacer las necesidades económicas de
los países industrializados”. [2]
Fue bajo estas presiones internacionales que muchísimos países
empezaron a cederle el jugoso negocio del petróleo a las petroleras
privadas. Como describiré más adelante, todos estos esfuerzos les
reportaron nefastas consecuencias, por lo que en los últimos años todos
ellos (Argelia, Bolivia, Canadá, China, Ecuador, Kazakhstan, Venezuela,
por citar sólo algunos) han instrumentado costosísimas medidas para
renacionalizar las industrias petroleras privatizadas; para renegociar
los términos de los contratos celebrados; y/o para elevar los impuestos y
regalías cobradas a las petroleras privadas, topándose siempre con el
poderío económico de éstas y el de sus gobiernos, que se resisten a capa
y espada a devolver un ápice de los regalos obtenidos bajo la presión
internacional.
Fue esta presión internacional la que llevó a México a
privatizaciones de triste memoria, como la Bancaria, y a episodios
negros, como el FOBAPROA. En el ramo del petróleo, el nacionalismo de
la mayoría de los mexicanos transformado en opinión pública, defendió
con todo el Artículo 27 de nuestra Constitución. Ante esto, nuestros
gobernantes, lejos de acatar la voluntad popular, iniciaron una
privatización disfrazada, simulada, silenciosa, traidora y cobarde.
Petróleos Mexicanos se dividió en cuatro subsidiarias con el objetivo
ulterior de venderlas una por una, iniciando con la petroquímica básica,
luego con el gas natural, siguiendo con la refinación y culminando la
entrega del patrimonio nacional, con la cesión de la renta petrolera.
A principios de los noventa, se dio el primer esfuerzo privatizador
con la intención de vender los complejos petroquímicos de PEMEX. Este
esfuerzo se volvió a topar con el nacionalismo de la opinión popular que
lo impidió. Ante esto, nuestros gobernantes lejos de cumplir con el
deber fiduciario que tiene cualquier administrador, y cuales niños
emberrinchados ante la falta de satisfacción de su capricho, condenaron a
la petroquímica básica a la inanición, privándola de la inversión que
su mantenimiento, fortalecimiento y desarrollo requerían.
A mediados de los noventa, los esfuerzos privatizadores voltearon sus
caras al gas natural, en un embate de cabildeo legislativo que exigía
la apertura del mercado del gas y la privatización de la CFE y que
estaba liderado por la hoy tristemente célebre ENRON. Otra vez el
nacionalismo de la opinión popular impidió los cambios constitucionales
que la venta de CFE requería, ante lo que nuestros gobernantes volvieron
a traicionar al pueblo con una privatización disfrazada y escondida
bajo la figura de los productores independientes de electricidad. ¿Cómo
se puede argumentar que el Sector Eléctrico no se ha privatizado,
cuando hoy más del 35% de la electricidad para el servicio público la
generan las grandes trasnacionales privadas?
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| Campaña Oficial: Hernández |
Dado que siguiendo los caprichos de Banco Mundial, nuestros
gobernantes habían ya cedido el diseño de las estrategias eléctricas a
las grandes corporaciones, en el caso del gas natural y la electricidad a
ENRON, empezamos a generar electricidad no con lo que nos convenía
generarla (agua, viento, sol, combustóleo), sino con lo que a ENRON le
convenía vender: gas natural. En vista de que la apertura del sector
eléctrico venía aparejada de la entrega a manos privadas del negocio de
gas natural, los altos mandos en PEMEX volvieron a faltar a su deber
fiduciario y limitaron las inversiones en materia de gas, dando como
resultado un status quo preocupante: la importación masiva de gas
natural comprado de las grandes trasnacionales y los cuellos de botella
que su transporte implica por la falta de inversión de PEMEX en
gasoductos.
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| Tan fácil como esto: Hernández |
Pero sin duda de las privatizaciones simuladas, la más dañina y
traicionera es la de la renta petrolera. Nos engañaríamos si
simulamos que la discusión de hoy en día es sobre si empezamos a otorgar
concesiones y contratos en los que se comparta la renta petrolera, los
llamados contratos de riesgo. Estos ya se han venido celebrando en forma
inconstitucional y por tanto ilegal –y sin riesgo para las empresas-,
bajo denominaciones eufemísticas como la de contratos de servicios
múltiples o contratos incentivados.
Seamos claros de una vez por todas
en lo que la Constitución permite y en lo que prohíbe en el área del
petróleo. Permite los contratos de servicios, esto es, los contratos en
los que la contraprestación se cubre con dinero, pagando al contratista
el costo del servicio y una utilidad razonable, pero que no le comparte
la renta petrolera ligando su pago al éxito de la explotación. La
Constitución prohíbe las concesiones, aún disfrazadas de contratos, o
sea, cuando la contraprestación va ligada a la cantidad del petróleo que
se extraiga o al valor comercial de éste.
En este sentido, cualquier contrato que implique un pago por barril
extraído –así sea un centavo-, que aumente la contraprestación del
contratista en función de la cantidad de petróleo que se extraiga,
resulta inconstitucional. Los contratos incentivados que ha venido
celebrando PEMEX, implican el pago por ésta de teóricamente el 75% de
los costos de extracción del contratista -y los de Chicontepec el 100%-
y luego le otorgan una cuota por barril, haciéndolo, sin duda alguna,
partícipe del éxito de la explotación.
Estos contratos por tanto, son verdaderas concesiones celebradas en
total contravención del texto constitucional. Tienen además, el defecto
de ser una invitación abierta a la corrupción. Ante la complejidad de
la explotación de un yacimiento petrolero, resulta absolutamente
imposible supervisar los costos de extracción. Aun cuando
–utópicamente- no hubiera corrupción, resulta imposible para una empresa
que no está explotando el yacimiento supervisar que los reembolsos por
el 75% o el 100%, no son en realidad por un múltiplo muy superior.
Nóminas infladas, materiales y trabajadores inexistentes, jornadas
diarias de 36 horas, automóviles de lujo cobrados como coches
utilitarios, maquinaria e insumos de segunda cobrados como de lujo, son
sólo algunos de los rubros que nos presenta la experiencia internacional
que hacen de cualquier contrato basado en la recuperación de costos
nada menos que casos de robo en despoblado. El ejemplo del yacimiento
Kashagan en Kasakhstan, resulta un caso ilustrativo de esta
problemática. Yo preguntaría ¿Alguien se ha tomado la molestia de
analizar los resultados que han dado hasta ahora los contratos
incentivados de PEMEX? ¿Saben, señores Senadores, señores Diputados, a
cuánto asciende el reembolso del teóricamente 75% de los gastos? ¿Ya
exigieron cuentas de lo que se ha recibido a cambio?
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| Se aceptan: euros, dólares: Áviles |
Los países que durante la implementación del Consenso de Washington
abrieron sus industrias petroleras, se arrepintieron y están pagando
caro su error. Pero por lo menos ellos tienen la excusa, además de la
presión internacional, de la falta de experiencias internacionales
previas y de un escenario de precios del orden de los 20 dólares/barril,
haciendo la alternativa privatizadora menos aberrante que ahora. ¿Qué
excusa tenemos nosotros, cuando el barril se cotiza en US$100.00 dólares
y cuando tenemos el ejemplo de los que ya se equivocaron y ahora pagan
cara la enmienda de su equivocación?
En efecto, la más mínima revisión de la experiencia internacional
reciente, es el mejor argumento para descartar cualquier esfuerzo
privatizador. Veamos, aunque sea a vuelo de pájaro, algunas de estas
experiencias.
Iniciemos con el niño modelo del que presumen los privatizadores:
PETROBRAS. “Brasil abrió su industria y ahora tiene a PETROBRAS que es
una empresa muy eficiente”, gritan los apologistas del libre mercado.
Aceptándolo sin conceder, premisa cuestionable que mi argumento no
requiere cuestionar, la pregunta no sólo es si PETROBRAS es eficiente,
sino ¿para quién es eficiente?
Como todas las petroleras privadas, PETROBRAS genera muchas
utilidades, para sus accionistas, a quienes es más fácil encontrar en
lujosos penthouses del Upper West Side de Manhattan, que en las
favelas de Sao Paulo o de Río de Janeiro. Dándose cuenta de la gran
disparidad de lo que se quedaban en Brasil (10% en un principio) y las
utilidades que iban a dar fuera, en 2007, al descubrirse los yacimientos
del pre-sal, no se le concesionaron directamente a PETROBRAS. Se creó
una empresa 100% estatal: PETROSAL y se instrumentó un mecanismo que
llevó en el 2010 al gobierno brasileño de Lula, a elevar de 39% a 48% la
participación del Estado en PETROBRAS. Esto es, el gobierno brasileño
ha decidido comprar acciones de la empresa, re-nacionalizar parte de
ella, para mitigar la sangría que a Brasil le ha significado la cesión
de la renta petrolera a los accionistas extranjeros de PETROBRAS. Hace
unos meses nos visitó el Ing. Siqueira, Vicepresidente de la Asociación
de Ingenieros de Petrobras, y nos advirtió con claridad: “no vayan a
abrir su sector petrolero a la inversión privada, nuestra experiencia es
fatídica”.
Hace dos semanas, vino a México Ildo Luis Sauer Director de Petrobras
Gas y Energía de 2003 a 2007, y dijo entre muchas cosas: “Cuando la IP
extrae crudo, baja la renta petrolera para el Estado”; “En Brasil, la
apertura no fue benéfica y ahora empieza a restatizar su industria
petrolera”; “La disputa geopolítica por el petróleo es la verdadera
causa para acelerar el acceso al Golfo de México”; ”Las trasnacionales
tienen fuerza para dominar el sistema político y el económico”; “Una vez
que sacas a los leones de las jaulas, ellos entran en el sistema y
tienen fuerza para participar con mucha más potencia en el sistema
político y económico, para dominar los medios de comunicación e
infiltrarse en los partidos políticos a través de cabilderos, que son
los que están en los Congresos y en los Palacios”; “A la serpiente hay
que matarla si es posible en el huevo, antes de su nacimiento, porque su
destino es envenenarte”.
Pasemos a otro ejemplo estrella de los privatizadores: STATOIL. El
caso noruego es quizá el más alejado de los esfuerzos privatizadores
mexicanos. Antes de los sesenta, Noruega no contaba con una industria
petrolera. Cuando en 69 se descubrieron grandes yacimientos, los
noruegos atinadamente se dieron cuenta de que lo que convenía a sus
intereses era la creación de una empresa estatal fuerte y que con su
propia tecnología fuera capaz, no sólo de desarrollar sus campos, sino
competir en la industria internacional. Ante la falta de experiencia,
crearon un sistema de asociaciones en donde lo primordial no era la
producción, sino la transferencia tecnológica. Se asociaron con las
grandes trasnacionales, pero bajo reglas que exigían un alto contenido
nacional. Por cada ingeniero de las trasnacionales, debía haber por lo
menos dos de la empresa noruega. Fueron así recibiendo tecnología
internacional y desarrollando una propia que los ha convertido en una de
las principales petroleras del mundo. Cuán diferente de los contratos
incentivados mexicanos en donde además de cubrir sus costos, compartimos
las utilidades con quienes hacen lo que según nuestros “malinchistas” e
ignorantes gobernantes, nosotros no podemos, y sin la más mínima
posibilidad de recibir tecnología.
El sábado 7 de septiembre, en el periódico “Reforma”, Hejge Ryggvik,
investigador del Centro de Tecnología, Innovación y Cultura de la
Universidad de Oslo y antiguo funcionario de Statoil, autor de
importantes libros sobre la industria petrolera noruega, decía en
Bruselas, que el modelo Noruego tiene mucho que agradecerle al ex
Presidente mexicano Lázaro Cárdenas que inspiró el modelo petrolero más
admirado en la actualidad. “México que carece de tecnología pero posee
el control de los recursos, tiene varias opciones. Una de ellas es hacer
lo que las trasnacionales quieren, dejarlas entrar para apoderarse de
toda la partida, lo que sería un error histórico, ya que el poder
tecnológico no está en manos de las petroleras, sino de la industria de
suministro”. “México no debe renunciar al control del petróleo y
compartir la renta”. Señaló que lo ideal para México, es trabajar con
las compañías proveedoras de la tecnología que requiere la industria
nacional. La Reforma debe dirigirse a enseñarle a Pemex a trabajar con
los proveedores, señaló.
Analicemos lo que ha pasado en otros países de nuestro continente.
Bolivia, por ejemplo, cedió a las presiones del Banco Mundial y durante
los noventas concesionó la explotación de sus yacimientos petroleros.
Para 2005, y no obstante que las inversiones de los contratistas
privados había quedado ya totalmente amortizadas, éstos recibían el 82%
de la producción de los yacimientos y el estado Boliviano una regalía
del 18%. Esta situación se convirtió en insostenible; en mayo de 2005,
Bolivia decidió implementar un nuevo impuesto directo a los
hidrocarburos que, en efecto, reducía la participación de las petroleras
privadas al 50% de la producción. Estas no lo aceptaron, llevando al
gobierno de Bolivia a renacionalizar la industria en el año de 2006.
El caso de Venezuela también resulta de interés. La ley petrolera de
1975, establecía disposiciones similares a las que encontramos en el
derecho mexicano, prohibiendo las concesiones y los contratos de
riesgo. Únicamente se permitían los de servicio. Tal como aquí,
funcionarios venezolanos se dieron a la tarea de disfrazar como
contratos de servicios lo que eran en realidad concesiones. Un artículo
de agosto de 2010 del Oxford EnergyForum, describe los contratos celebrados por estos funcionarios en los siguientes términos:
Los contratos de servicios venezolanos, a pesar de estar
estructurados como contratos de servicios, en el fondo eran todo excepto
un contrato puro de servicios. Cedieron el control sobre el petróleo
en grandes áreas durante 20 años y la contraprestación se basaba en el
volumen y el valor de las producciones. De hecho, muchos de los
proveedores de servicios eran socios senior en el negocio y, en
promedio, se llevaban más de la mitad de la producción. En algunos
casos, la compañía estatal incluso perdía dinero por cada barril de
petróleo que se producía. Para empeorar las cosas, los contratistas, al
decir que únicamente eran “proveedores de servicios”, argüían que la
tasa de impuesto sobre la renta que les correspondía era la de 34%,
aplicable a las personas que no se dedican a la producción de petróleo,
en vez de la tasa de 50%, aplicable a los productores de petróleo.[3]
El pago de más del 50% del valor de la producción a las petroleras
internacionales bajo estos “contratos de servicios”, tampoco pudo ser
mantenida en Venezuela. En abril de 2005, el gobierno venezolano exigió
la migración de estos contratos a un esquema de empresas mixtas que
redujeron la participación de las petroleras privadas y que no estuvo
exenta de grandes tensiones internacionales y, en algunos casos, de
costosos litigios ante tribunales arbitrales.
Ecuador no corrió con mejor suerte. Veamos el caso de Occidental.
A finales de los 90 Ecuador celebró varios contratos de ganancias
compartidas en los que los contratistas asumían todos los costos de la
explotación pero recibían el 70% de la producción. El cambio en
escenarios de precios generó un desequilibrio contractual en el que las
ganancias de los contratistas eran simplemente inaceptables. Occidental
era uno se estos contratistas que, además, había incumplido los
términos de su contrato cediendo sus derechos bajo el mismo sin la
autorización del gobierno ecuatoriano. La Ley de Hidrocarburos le daba a
Ecuador derecho a rescindir el contrato y así lo hizo, ante lo cual Occidental inició un arbitraje internacional. Los árbitros encontraron que aunque Occidental había
incumplido la Ley de Ecuador, esta, en su opinión no era justa y
condenaron a Ecuador al pago de una indemnización de más de 1,600
millones de dólares. El litigio se llevó no ante las cortes de Ecuador
sino, tal como los prescriben los tratados internacionales celebrados
durante el Consenso de Washington, ante el CIADI, órgano establecido
-¡oh sorpresa!- por el Banco Mundial.
Finalmente me interesa referirme al caso del yacimiento Kashagan en
Kazakhstan. Kashagan es el yacimiento de petróleo más grande que se
haya descubierto en las tres últimas décadas. Es, incluso, más grande
que Cantarell. El gobierno de Kazakhstan celebró un contrato basado en
la recuperación de costos y en una cuota por barril, tal como los
contratos incentivados. El artículo del Oxford Energy Forum, describe en los siguientes términos el funcionamiento de esta estructura contractual en este yacimiento:
A pesar de ser presentadas como un ejemplo típico de alineamiento
de interese , la experiencia ha demostrado que las disposiciones
contractuales basadas en recuperación de costos son, a menudo, una
receta para el desastre, y eso es exactamente lo que pasó en Kashagan.
Los costos totales del proyecto se incrementaron más de 100 mil
millones de dólares, y la producción, originalmente programada para
iniciar en 2005 o 2006, ahora está programada para el 2012. El
resultado neto fue que en el descubrimiento más grande del mundo en la
era moderna, mismo que tenía proyectado una producción de 1.5 millones
de barriles por día, el estado tan sólo hubiera recibido un “gran” total
de 2% del petróleo producido durante, por lo menos, la primera década
de producción…[4]
Evidentemente, la situación de Kashagan era insostenible, por lo que
el gobierno de Kazakhstan tuvo que implementar medidas para terminar con
el contrato, con las tensiones internacionales y procesos jurídicos que
esto conlleva.
Stiglitz, el Premio Nobel de Economía, en su reciente visita a México
expresó: “No dejen entrar a las petroleras trasnacionales, son unas
tramposas, en Alaska, se robaron el petróleo, declarando menos de lo que
explotaban”.
La experiencia internacional es, como se puede apreciar, elocuente y
confirma que México no es el único país en el que el “el diablo”
escrituró veneros de hidrocarburos. De todos los países a los que nos
hemos referido, quizá el único que salió bien librado en su trato con
las grandes petroleras internacionales fue Noruega, quien entendió que
la única forma de sobrevivir era contando con una industria petrolera
propia y tecnológicamente avanzada.
Los países que peor suerte corrieron, fueron los que le dejaron su
industria petrolera a las empresas internacionales mediante contratos
de utilidad compartida, bajo fórmulas basadas en recuperación de costos.
Es por lo anterior que mi pesimismo se convirtió en fatalismo cuando
leí la iniciativa de Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos recientemente
presentada. Curiosos documento en el que más allá de presentar un
nuevo régimen fiscal para Pemex, se introduce el régimen de contratos
que pretende implementar el Ejecutivo Federal. En efecto, esta ley
establece para Pemex un régimen dual: le podrán encargar áreas
petroleras mediante dos instrumentos distintos: la Asignación o el
Contrato de Utilidad Compartida. No se necesita mucha sagacidad para
inferir que lo que se está tratando de implementar es un régimen de
asignaciones exclusivamente para Pemex y uno de Contratos de Utilidad
Compartida, en los que podrán participar tanto Pemex como las petroleras
privadas.
Es así que bajo la mexicanísima técnica de se lo digo a Chana para que lo escuche Juana,
se describen como funcionarán los Contratos de Utilidad Compartida en
relación con Pemex, infiriéndose que igualmente funcionarán para los
privados. El esquema contractual previsto, es exactamente el mismo que
provocó las tragedias en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Kazakhstan, etc., a
las que nos hemos referido anteriormente. Se le asignará un área a
Pemex o al privado, que explorará y explotará a su discreción. Cuando
el área comience a producir, se le cubrirán primero todos sus
“costos”. Si después de eso alcanza, Pemex o el privado recibirá una
utilidad determinada. Si después de eso alcanza, el estado recibirá
ciertas utilidades y regalías. ¿Qué pasa si el precio de la producción
sólo permite que después de los “costos” y la utilidad del privado las
utilidades del Estado sean raquíticas o nulas? Pues el Estado sólo
recibirá utilidades y regalías raquíticas o nulas. Es exactamente la
fórmula que llevó en Kashagan a “que en el descubrimiento más grande
del mundo en la era moderna, mismo que tenía proyectado una producción
de 1.5 millones de barriles por día, el estado tan sólo hubiera recibido
un “gran” total de 2% del petróleo producido durante, por lo menos, la
primera década de producción”.
 |
| Modernización: Tabas |
La siguiente es una transcripción literal de un párrafo de la
exposición de motivos de la iniciativa en comento, con una única
edición. Me he permitido sustituir la palabra Pemex por el nombre de
una petrolera internacional. He escogido aleatoriamente el nombre Chevron.
Fuera de este cambio la cita es textual y si mi inferencia de que el
régimen de Contratos de Utilidad Compartida será aplicable por igual a
Pemex y a las petroleras privadas es correcta, ésta nos debe resultar
aterradora:
Con esta nueva estructura se garantiza que, en la medida que
exista producción, Chevron recuperará la totalidad de los gastos, costos
y las inversiones que se registren para el contrato. Asimismo, se
establece un límite expresado como porcentaje de los ingresos brutos
generados por el contrato cada periodo, a los costos, gastos e
inversiones que formarán parte de la contraprestación de Chevron. Como
ya se mencionó, este límite, a diferencia del límite de costos del
régimen actual, se encarga de modular la velocidad con la que se
recuperan las inversiones, mas no restringe el reconocimiento total de costos en el tiempo.
En resumen, le vamos a pagar (aunque en ciertos casos en forma
diferida) a Chevron todos los “costos” que registre, así se coma todo el
precio de la producción.
A las deficiencias innatas de la estructura contractual elegida hay
que agregar el uso ilógico que se le quiere dar. Se nos ha dicho que
estos contratos le serán adjudicados a las petroleras extranjeras para
explotar aguas profundas, ya que la tecnología que se requiere para esto
es muy avanzada y nosotros no la tenemos. Es cierto que la tecnología
que requiere la explotación en aguas profundas es tecnología de punta.
Por lo mismo, este tipo de explotación es, hoy en día,
extraordinariamente cara. Mientras que el costo de extracción en un
yacimiento convencional puede ser de alrededor de 10 dólares por barril,
el costo de extracción de un barril en aguas profundas actualmente es
de alrededor 60 dólares.
Es por esto que en los países desarrollados la extracción en aguas
profundas todavía es menor. En los Estados Unidos, en la zona del
golfo, la extracción de aguas profundas apenas rebasa los 100,000
barriles diarios. Es claro que lo que están haciendo las petroleras
internacionales en este momento en aguas profundas tiene más que ver con
el desarrollo de la tecnología que con la maximización del valor de la
producción. Por eso, resulta cuestionable que mientras allá se extrae
apenas lo suficiente de aguas profundas para desarrollar la tecnología y
se guardan esas reservas para ser explotadas cuando la tecnología sea
más barata, aquí estemos hablando de millones de barriles. ¿De veras
vamos a darles nuestras reservas a las extranjeras internacionales para
que perfeccionen su tecnología a un costo de extracción de 60 dólares el
barril que nosotros vamos a cubrir, para que ellas después puedan
extraer en otros lados el petróleo de aguas profundas a un costo mucho
menor?
Ahora juntemos estas dos situaciones, las deficiencias innatas del
modelo contractual y el uso ilógico que se le quiere dar, e imaginemos
cómo funcionará el modelo que propone la Ley de Ingresos sobre
Hidrocarburos en el caso de una explotación en aguas profundas por una
empresa privada.
Tomemos como base un costo promedio de extracción de
60 dólares por barril, y que ante la imposibilidad de supervisarla la
petrolera privada en cuestión no abusa demasiado y sólo “infla” ese
costo un 20%. Esto nos lleva a un “costo de extracción” de 72 dólares
por barril. Ahora imaginemos que la utilidad que exigen estas
petroleras para firmar el contrato, tomando en cuenta las fuertes
inversiones que se requieren y los altos riesgos asociados con la
explotación en aguas profundas es del 20%, es decir, 14.4 dólares por
barril, que sumados a los 72 dólares de “costos” nos dan 86.40 dólares
por barril. Si imaginamos un escenario de precios con el barril a 100
dólares, bajo este contrato le pagaríamos a la empresa privada 86.40
dólares y el Estado Mexicano sólo recibiría 13.60 dólares por barril.
Claramente se trata de la implementación de uno de los aspectos más
malévolos de la globalización: exigir que los países en vías de
desarrollo subsidien el desarrollo tecnológico de los países más ricos.
Es por todos estos argumentos que mantengo la firme convicción de que
si bien una reforma energética es, en efecto, necesaria, esta
no es la que ofrece el Presidente de la República que busca esencialmente:
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| El juego de la repetición: El Fisgón |
(i) Entregar a la inversión privada el crecimiento de la industria
corriente hacia abajo, desde la refinación y crear un mercado eléctrico
que en otros países ha demostrado su ineficacia y perversidad, en
beneficio de la inversión privada.
(ii) permitir, a través de contratos de riesgo, de utilidades
compartidas, incentivados, de servicios múltiples y de alianzas, el
acceso de la iniciativa privada a la exploración y producción de
hidrocarburos y con ello, a una parte sustantiva de la renta petrolera.
(iii) la legitimación de la generación de energía eléctrica por los productores independientes, claramente inconstitucional y,
iiii) facultar al Presidente, con una patente de corso, para que
haga y deshaga -sobre todo deshaga-, cuanto le venga en gana con nuestro
petróleo y el sector energético, asignando discrecionalmente
concesiones disfrazadas de contratos.
En suma, degradar al Sector Energético de Estratégico a Prioritario, y
hacer de él, en lugar de una palanca de desarrollo nacional, un negocio
entre particulares y funcionarios públicos, al dar facultades
específicas al Ejecutivo para suscribir los contratos por asignación
directa, discrecional e incluso, confidencial, o sea, compartir la
renta petrolera en beneficio de los poderosos de siempre -de aquí y de
allá y más de allá que de aquí- y en detrimento de todos los mexicanos,
dueños legítimos del recurso.
Está bastante claro lo que se persigue.
La reforma que exige el interés nacional, tiene los siguientes objetivos:
1.- Establecer una estrategia nacional de energía, integral, que
tenga como prioridad la seguridad energética de la Nación en el largo
plazo. Esto significa, entre otras cosas, la transición energética y el
uso racional de los recursos naturales no renovables, la optimización
de su uso en función de las necesidades nacionales, las nuestras, no las
de otras naciones. Esto es contradictorio con los intereses del sector
privado, para cuyas inversiones buscan la mayor rentabilidad en el
plazo más breve, y de los intereses de otros gobiernos, como el de
Estados Unidos, que se “reserva” sus reservas, presionándonos para
elevar nuestra producción y saciar su sed de hidrocarburos.
2.- Fortalecer a PEMEX, restablecer el nivel que un día tuvo el
Instituto Mexicano del Petróleo, volver a invertir en nuestras
capacidades de ingeniería, apoyar al desarrollo científico y
tecnológico del Sector, para podernos sentar a negociar de tú a tú con
todos los jugadores de la industria. Es falso el argumento de que la
tecnología no es accesible si no compartimos la renta petrolera con
quienes la poseen. La tecnología está disponible y tenemos la capacidad
para asimilarla y desarrollarla.
Hay además, un importante grupo de compatriotas altamente capacitados
en todas las áreas de la industria petrolera, tanto en la paraestatal
como en el sector académico, en las jubilaciones prematuras y en
empresas privadas a donde los ha llevado la inconsistencia y la
perversidad de las políticas públicas, que conocen la verdad de todos
los pasos de la industria, de las condiciones de nuestras reservas, las
formas de optimizar la producción, los tiempos y formas para la búsqueda
de nuevos yacimientos, para la adquisición de las tecnologías
necesarias para la industria y para la formación del personal requerido,
en suma, capaces de atender las necesidades actuales y futuras de
nuestra industria fundamental, sin necesidad de compartir una sola
molécula de nuestros hidrocarburos, ni entregar parte de los beneficios
de la industria a la participación privada.
Y sobre, todo es nuestro el petróleo y somos nosotros los que debemos
poner las reglas del juego y no aceptar las que nos imponen.
3.- En lo económico, no tenemos porqué compartir la renta petrolera,
cuyo dueño es la Nación, que mucho la necesita. No tenemos porqué
ofrecer una parte del espléndido negocio que nos ofreció la naturaleza, y
que podemos y debemos manejar nosotros. Es falso también el argumento
de que no tenemos dinero. Tenemos los hidrocarburos, para cuya
exploración y explotación razonable existen créditos y mecanismos
financieros, habida cuenta de la alta rentabilidad de los procesos de
producción, refinación y venta de los productos petrolíferos y
petroquímicos. Para que las compañías privadas obtengan los créditos que
requieren para venir “a ayudarnos”, es que se busca, en acercamientos
secretos y vergonzantes, la aceptación de la SEC para incorporar las
reservas o lo que llaman “el interés económico de los contratos, en los
Estados Financieros de las empresas contratadas”.
Debemos sí, reformar la situación fiscal de Pemex y CFE para que,
fuera del Presupuesto de la Federación, estén en capacidad autónoma de
gestión y manejo de sus recursos, cuidando que no sea sólo otra
maquinación para su futura desincorporación.
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| Sindicato PEMEX: Romero Deschamps |
4.-En lo ético, hay que limpiarlo de corrupción e ineficiencia, tanto
del lastre de sus Sindicatos, como de las élites voraces de políticos e
industriales inescrupulosos, que en la corrupción y la connivencia
encuentran su modus vivendi y enriquecen desmedidamente.
Trabajar, a partir de ahora, con honestidad, inteligencia, eficiencia,
capacidad profesional, planeación, supervisión adecuada y patriotismo.
Establecer un verdadero sistema de transparencia y rendición de cuentas, con observadores ciudadanos., y
5.- Respetar a ultranza, el espíritu y la letra de la Constitución,
como exige el estado de Derecho y el verdadero Pacto Nacional, que ese
sí, es por México.
Todo esto debe y puede lograrse con modificaciones operativas y en la
legislación secundaria, sin alterar la letra y sobre todo, el espíritu
de los Artículos 27 y 28 de la Constitución, como se propone.
Estoy persuadido y todas las encuestas de opinión lo ratifican, que
la inmensa mayoría de los mexicanos está en contra de la reforma
Energética del Gobierno, y aunque este tenga el voto suficiente de la
mayoría de los representantes populares –que por lo visto ni representan
e nadie, ni son populares- para aprobar su Ley, sin reglamento, claro,
que ahí se pretenderá dar la puntilla a la soberanía y al patrimonio de
la Nación. Ya el Conde de Romanones expresaba: “Hagan la Ley, que yo
haré el Reglamento”.
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| Negociando con Multinacionales: Fisgón |
Una vez más, los intereses hegemónicos atacan, en esta ocasión con
gran virulencia y sin ningún escrúpulo, y ahora apoyados por muchos que
no hace tanto, antes de que modificaran por consigna sus Estatutos
partidarios, defendían al Sector Energético con la famosa y vibrante
frase del Presidente López Mateos : “En el petróleo nacionalizado, ni
un paso atrás”; y que hoy, disfrazados como salvadores de la República,
como “abiertas mentes modernizadoras” y como “los héroes que moverán a
México”, satanizan, a falta de argumentos, a quienes nos mantenemos con
los mismos principios, calificándonos como trasnochados cobijados en
“falsos nacionalismos”, seguramente considerando que los “nacionalismos
verdaderos” son los que ven por las otras naciones y llegan al extremo,
con argumentos falaces y actitudes ignominiosas, de dar la paternidad de
su propuesta al General Lázaro Cárdenas.
Hoy nos encontramos, una vez más -porque hay un hilo conductor que
no se ha roto desde hace décadas-, nos encontramos, repito, en la cresta
de esa ola privatizadora que no cesa en su intento de destruir nuestras
defensas soberanas y apoderarse de nuestros recursos.
No debemos soslayar que con la apertura del sector a la inversión
privada, sea extranjera directa o a través de interpósita persona
–recuerden la Banca y recorran la historia de México-, se abre la
entrada a los gobiernos imperiales a los asuntos internos de la Nación,
se cede la Soberanía.
Si no, y antes de concluir, recordemos en un párrafo -síntesis
personal de una parte de un artículo de Lorenzo Meyer-, las presiones de
las potencias internacionales a que hemos estado sujetos por el tema
del Petróleo:
Las conocimos con Porfirio Díaz quien hubo de acomodar las leyes para
dar “seguridad a la inversión extranjera” –palabras que hoy se
repiten-, para que los inversionistas fueran dueños de los recursos. Se
actuó contra Madero y su impuesto del timbre. Se ejercieron presiones
severas contra Carranza, quien había establecido en el 27 Constitucional
la propiedad de la Nación sobre los recursos del subsuelo, impidiéndole
reglamentarlo. Las sufrió Obregón con los “Acuerdos de Bucareli”. Las
sintió Calles en un nuevo intento de reglamentar el 27 y las padeció
Lázaro Cárdenas que decidió en actitud valiente, visionaria y soberana,
nacionalizar la industria petrolera ante la presión convertida en
arrogancia y prepotencia. Las presiones continuaron con Alemán que
autorizó “contratos de riesgo”, mismos que fueron cancelados por López
Mateos.”
Generaciones anteriores han resistido los embates de las potencias
extranjeras en su afán de quedarse con nuestro petróleo. La nuestra
deberá hacer lo propio para poder decir, con Guadalupe Victoria:
“Gloriaos, mexicanos, de la parte tan considerable y rica que os ha
tocado en los negocios del universo” y para tratar de vencer la fatídica
lacra, que Francisco Zarco sentenciaba diciendo: “Hay no sé qué ritmo
trágico en la historia de México que hace perder a los aptos y honrados
en beneficio de los ineptos y ladrones”.
Porque si por éstos antes perdimos la mitad del suelo que “nos había
tocado en esos negocios del universo” no podemos ahora aceptar la
amenaza de entregar buena parte de la riqueza de nuestro subsuelo.
[1]Global Exchange.World Bank / IMF Questions and Answers. February, 13, 2002.
[2]Davison Budhoo and Claude Alvarez. Why the IMF is a Threat to the South. Third World Resurgence, June 1992.
[3]Kahale, George, The Uproar Surrounding Petroleum Contract Renegotiation, Oxford Energy Forum, Issue 82, August 2010.
[4] Ob. Cit.
