Ayer al mediodía, un sismo de 7.8 grados en la escala de Richter impactó la zona del Centro y Sur del país, dejando 11 heridos, daños materiales en la Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca, principalmente, así como momentos de pánico tras la fuerte sacudida que a muchos capitalinos les recordó el terrible temblor de 1985 / Se reportan cuarteaduras en edificios y planteles escolares y la suspensión de transporte público y de actividades escolares / Miles de personas se quedaron sin energía eléctrica y servicio de agua potable / La telefonía se vio afectada algunas horas
MEXICO, D.F., 20 de marzo (LILIA ARELLANO/ESTADO DE LOS ESTADOS) El Sistema Sismológico Nacional rectificó que el fuerte sismo que sacudió a las 12:02 horas la capital de la República Mexicana fue de 7.8 grados en la escala de Richter. Las réplicas fueron siete y la mayor de 5.3 grados en la misma escala. El epicentro se registró cerca de Ometepec, Guerrero, estado donde se registraron afectaciones a por lo menos 800 viviendas y edificios públicos. El movimiento telúrico se resintió en otras entidades como Oaxaca (reportes de última hora del gobierno estatal elevan hasta dos mil las viviendas con afectaciones), donde hay daños en al menos 25 municipios. La capital del país se quedó sin energía eléctrica y sin telecomunicaciones –telefonía móvil e Internet incluidos— por largos minutos. Las escenas de pánico y las reuniones afuera de las oficinas fue la constante en las calles de la Ciudad de México.
El SSN confirmó que después del terremoto de 1985, que tuvo una intensidad de 8.1 grados de magnitud, el sismo que ocurrió este martes es el más fuerte registrado en el Valle de México, sin que el país haya logrado desarrollar una verdadera cultura de protección civil y si no se registraron más lesionados que los contados hasta el momento, fue por la naturaleza del sismo de carácter oscilatorio.
Hasta el cierre de estas líneas, la titular de Protección Civil, Laura Gurza, sólo había reportado al menos nueve personas lesionadas en el sur del país. Confirmó que no hubo víctimas mortales, pero sí dos heridos en la Ciudad de México y otros cinco en Oaxaca. En tanto, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, informó que al menos 500 viviendas y edificios públicos resultaron dañados, particularmente en los municipios más afectados como Ometepec, Cuajinicuilapa, Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca. En Oaxaca, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Manuel Maza Sánchez, reportó daños en al menos 25 municipios y al menos cinco personas lesionadas, entre ellos un policía municipal al que le cayó una barda y su estado de salud es grave.
En el Distrito Federal, se reportó que un puente peatonal colapsó sobre un microbús en Eje 5 Norte y Avenida de Las Culturas, en la Delegación Azcapotzalco, donde hubo al menos una persona lesionada. El caos vehicular no se hizo esperar, cuando las vialidades quedaron sin semáforos durante largos minutos. En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el temblor sorprendió a los diputados en el arranque de la sesión ordinaria y la alarma antisísmica, que funcionó 50 segundos antes del temblor, permitió a los legisladores salir a tiempo, aunque lentamente, por lo que no faltó quien preguntara: “¿Alguno de los hermanos del presidente de la Mesa Directiva, Guadalupe Acosta Naranjo, no vendía quesos?”, en clara alusión a las puertas cerradas del Casino Royal de Monterrey.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, pidió: “Que Dios nos agarre confesados”, cuando se sintió el temblor y se discutía una reforma del Estado de Yucatán, seguramente pensando en la gran carga moral que traen sobre sus hombros los togados de la “tremenda corte”, luego de dictámenes tan alejados de la doctrina cristiana, como el de legalizar el anatocismo o dejar sin castigo a los responsables del homicidio de niños en el Hospital ABC de Hermosillo, por sólo mencionar dos casos. Sin duda alguna, que estos señores dedicados a impartir “justicia” de inmediato se fueron a confesar a la iglesia de su preferencia, por aquello de que alguna de las réplicas los alcanzara.
En las entidades federativas, las autoridades seguían realizando recorridos y revisando las instalaciones estratégicas para descartar o confirmar daños: precisamente en el Estado de Guerrero, al menos 60 viviendas cayeron en el municipio donde se registró el epicentro del sismo, Ometepec, de acuerdo con el reporte de Edgar Lozano, funcionario del área de monitoreo de la Dirección de Protección Civil. En el Estado de Oaxaca, otra vez se suspendieron las clases por el temblor, por lo que la sequía de educación en esa entidad gobernada por Gabino Cué se extendió al menos otro día más, tras los paros magisteriales registrados en los últimos días. Personal de oficinas públicas y privadas salieron a las calles e implementaron los protocolos de seguridad. Incluso, la Casa Blanca reportó que la hija mayor del presidente Barack Obama, quien vacaciona con un grupo escolar en tierras oaxaqueñas, está ilesa y en ningún momento corrió peligro.
La tierra veracruzana, también resintió los efectos del movimiento telúrico y se activaron las unidades municipales y brigadas de protección civil, quienes se trasladaron a edificios estratégicos de la Comisión Federal de Electricidad, la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, instalaciones de Pemex y el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona. En Tlaxcala y Morelos, no se reportaron afectaciones graves. En Hidalgo, se desalojaron edificios públicos. En los municipios mexiquenses de Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla y Toluca, también se reportó saldo blanco. En Chiapas, el sismo coincidió con un simulacro que se implementó a las 12 horas por el gobierno estatal.
Felipe Calderón, otra vez, se adelantó a reportar, a través de su cuenta de Twitter, que no se le había reportado daños ni víctimas por el sismo, lo que se corrigió posteriormente por las instituciones de protección civil. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, descartó también que existan daños estructurales graves en inmuebles capitalinos por el movimiento telúrico. No reportó ninguna persona lesionada, lo que también posteriormente se corrigió, y dijo que se realizaban inspecciones específicas en inmuebles donde se reporten cuarteaduras e inclinaciones.
En suma, el movimiento sacudió al país, pegó en dos entidades, Oaxaca y Guerrero, y zarandeó al Distrito Federal confirmando que los mexicanos aún carecemos de una real y efectiva cultura de protección civil antisísmica. Pasó todo y… no pasó nada.
PRIVATIZAR EL PETRÓLEO
Además del tiradero económico que dejará en el país con millones de pobres y desempleados, como resultado más destacado de su fallida administración, y la muerte de más de 61 mil personas y alrededor de 10 mil desaparecidas en su estúpida, necia y mal planeada “guerra al narco”, Felipe Calderón no pretende dejar la residencia oficial de Los Pinos sin antes eliminar uno de los principales pilares de la Constitución de 1917 y entregar al capital privado, nacional y extranjero, principalmente, el patrimonio energético del país. Cabe precisar que las
restricciones a la inversión privada en Pemex y a los contratos de riesgo, vigentes en la Carta Magna, no vienen del año de la promulgación de ésta, sino de la reforma constitucional de 1960, que señalaba que “tratándose del petróleo y de los carburos y de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.
Para tal efecto,
Felipe Calderón, quien se ha convertido en la antitesis del presidente Adolfo López Mateos, impulsó y logró que el Congreso aprobara, en octubre de 2008, la polémica reforma energética que permite mayor participación privada en la industria petrolera para, según dijeron, revertir el constante declive en la producción del crudo, lo cual no se logró a más de tres años de distancia.
La extracción de energéticos cayó en enero de 2012 a 2.8 millones de barriles diarios, cuando al inicio del sexenio fue de 3 mil 693 millones, lo que implica una caída anual de 3.1 por ciento. El inquilino de Los Pinos contó, para ese efecto,
con el apoyo no sólo de los legisladores de su partido sino también de sus aliados en un importante sector del PRD, del grupo de “los chuchos”, y de la fracción parlamentaria del PRI.
Los siete dictámenes de dicha reforma incluyeron el ríspido tema de los contratos con incentivos a los privados que participen en exploración y extracción de crudo, lo que fue un gran paso en la ruta de la privatización de la paraestatal que ha sido un
objetivo estratégico de la segunda administración federal surgida de las filas del Partido Acción Nacional. De nada sirvió la oposición de un pequeño grupo del PRD y PT, no más de 30, que pretendían que los dictámenes se regresaran a comisiones para ser discutidos suficientemente. Fue el 28 de noviembre cuando se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, los
siete dictámenes que integran la Reforma Energética. La disminución de la producción petrolera de México llevó, al entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, en febrero de 2010, a advertir que “México está a punto de convertirse en importador de petróleo” y a admitir que la administración estadounidense se ha involucrado, a solicitud del gobierno de Calderón, en áreas relacionadas con el sector energético nacional. De acuerdo con cables diplomáticos interceptados por WikiLeaks, que fueron entregados al periódico La Jornada, Pascual revelaba que “expertos en energía y el sector privado están en general de acuerdo, en que la disminución en la producción de crudo forzará a México a llevar a cabo reformas para abrir los sectores de petróleo y gas a la inversión privada”, y también reportaba que “funcionarios mexicanos han solicitado, en meses recientes, ayuda al gobierno de Estados Unidos en temas relacionados con la implementación de la reforma (petrolera) de octubre de 2008”.
EL GRAN GOLPE
Luego la
administración calderonista firmó en Los Cabos, Baja California Sur —el pasado 20 de febrero— con el gobierno estadounidense de Barack Obama, el Acuerdo sobre Yacimientos Transfronterizos que, dijeron, tiene el propósito de establecer los procedimientos para “repartir” la producción obtenida de yacimientos continuos hacia ambos lados de la frontera marítima, el cual debe ser ratificado por el Senado, quien lo recibió de inmediato, tan sólo ocho días después para tal efecto.
Cuauhtémoc Cárdenas, el ex candidato presidencial del PRD, advirtió, en un amplio artículo publicado el pasado 16 de marzo, que “este acuerdo deja sin protección el interés nacional, pues las empresas que ya trabajan en el lado estadounidense de la frontera marítima no quedan obligados a su observancia, y en el caso de la redistribución, entre ambas partes de los productos obtenidos, en el curso del desarrollo y aprovechamiento de un yacimiento, el procedimiento para la nueva reasignación de beneficios queda en la indefinición”. El líder moral del PRD presentó una larga lista de argumentos, con el fin de exigir a los senadores que se busque precisión en el acuerdo con EU, en cuanto a la distribución de beneficios en el aprovechamiento de yacimientos transfronterizos.
Cárdenas acusa que en las circunstancias en las que se dio, este acuerdo parece el resultado de una presión ejercida sobre el gobierno mexicano para facilitar los trabajos de las empresas que ya operan de lado estadounidense. También recordó que desde el año 2000, al iniciar la primera administración federal panista, el gobierno mexicano suscribió con EU un tratado de limites sobre la plataforma continental, es decir, sobre el espacio marítimo más allá de las doscientas millas de mar patrimonial, que estableció una moratoria a la exploración y explotación en la frontera en la región denominada Hoyos de Dona. Sin embargo, el desarrollo se dio en el lado estadounidense, fuera del área respecto a la cual se negoció la moratoria, y ahora pretenden extender sus actividades a los transfronterizos, “que seguramente ya han detectado”.
La arremetida de Calderón contra Pemex no ha registrado tregua. Apenas este lunes pasado, al encabezar el 74 aniversario de la expropiación de la industria petrolera, volvió a atacar a la paraestatal al señalar que las pensiones que paga ponen en riesgo su viabilidad financiera, y advertir que los pasivos laborales de la paraestatal crecen más rápido que sus activos. Ante mil 500 trabajadores que lo escucharon en silencio en Coatzacoalcos, Veracruz, dijo que “de no corregirse esta situación en el tiempo, Pemex puede correr el riesgo de no contar con recursos suficientes para fondear”.
Sin embargo,
Felipe Calderón miente o al menos “dice una verdad a medias”, como observó el ex candidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, quien precisó que esa situación se debe, en primer lugar, a que el actual régimen de pensiones de Pemex no se ha modificado como ya se hizo con el IMSS y el ISSSTE, a fin de que el personal se jubile a una edad mayor, cambio que debe hacerse en el próximo gobierno. Pero además, otra causa fundamental es que el gobierno federal del panista no ha depositado la parte que le corresponde en lo que se conoce como “reservas actuariales” y deja sola a la paraestatal con el pago de las pensiones. Estos dos asuntos deben resolverse al mismo tiempo, dijo el ex secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal.
Ese ataque fue sincronizado con el que hizo por su parte el
Consejo Coordinador Empresarial, en voz de su presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, quien pidió replantear la dirección de Pemex para “potencializar al sector energético” y dar mayor viabilidad a la paraestatal “con la participación de la iniciativa privada en sectores que ahora están prohibidos por la ley” y donde es evidente que Petróleos Mexicanos necesita inversión
. El líder empresarial insistió en que es necesario modificar el Artículo 27 Constitucional para que se reconozca que existen áreas de oportunidad donde puede entrar la IP sin que el Estado pierda el control, entre esas áreas se encuentran aguas profundas, comercialización y transporte, entre otros.
EN MANOS DEL PRÓXIMO PRESIDENTE
A pesar de que la Iniciativa Privada ya tiene participación a través de contratos incentivados y lo que le permite la Reforma de 2008, quieren todavía más, es decir todo, pues desean “entrar a sectores que hoy no están claros, no los permite la ley y que Pemex por si misma no puede hacerlo, como en el caso de los pozos profundos”, en el que “el 20 por ciento de las exploraciones se traduce en encontrar petróleo”.
A pesar de los avances que pueda registrar el calderonismo en estas reformas que están impulsando en los últimos meses de su administración, el destino de Pemex y con mucho el del país, se habrá de definir en el próximo sexenio.
De ahí la trascendencia de las propuestas que en la materia traen bajo el brazo los candidatos presidenciales Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota. Los proyectos de los dos últimos no se diferencian prácticamente en nada, pues los dos tienden a seguir impulsando la privatización de la principal paraestatal del país.
Peña Nieto ha señalado que está convencido de que “para asegurar que la industria petrolera continúe siendo una palanca del desarrollo nacional y México se transforme en una potencia energética, es
necesario tomar medidas audaces y despojarnos de ataduras ideológicas. Por ello he planteado la conveniencia de realizar una
reforma energética pragmática que, sin renunciar a la propiedad pública de los hidrocarburos ni a la rectoría y conducción del Estado en la materia, permita a Pemex beneficiarse de
mayores asociaciones con el sector privado”, para lo cual “será necesario realizar las reformas legales correspondientes y analizar esquemas como los contratos de producción compartida o de riesgo, así como las asociaciones público-privadas, los cuales permitirán aprovechar el capital y la tecnología de terceros”.
Dentro del mismo esquema,
Josefina Vázquez Mota va más allá y propone “complementar los recursos públicos disponibles con bonos ciudadanos y burzatilización en porcentaje minoritario de acciones de Pemex, es decir una privatización directa. También señala que “es impostergable liberar nuestro mercado energético, permitiendo alianzas estratégicas de Pemex con otras empresas en un entorno de competencia. Las alianza son clave porque carecemos de la tecnología para explotar el petróleo en aguas profundas y las inmensas reservas de gas”. En suma, desea dar certeza jurídica a las inversiones, privadas por supuesto, en el sector.
Únicamente el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado que respetará y hará respetar lo que establece el Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo. El tabasqueño ha señalado que si se privatiza la industria petrolera, se alejaría la posibilidad de desarrollar al país. “
Las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, quedarían a expensas de los monopolios y condenadas a pagar precios exagerados por los energéticos”.
El aspirante presidencial de Morena subrayó que se opone a la privatización del petróleo “porque queremos vivir en paz”. Explicó que si se entrega la renta petrolera a particulares, no habría suficiente presupuesto. Las empresas petroleras privadas no pagarían impuestos por 640 mil millones de pesos, como lo hace actualmente Pemex”. Añade que si se opta por la privatización “no se tendrían recursos para garantizar el desarrollo ni el bienestar de los mexicanos. Y semejante irresponsabilidad no se le ocurriría a nadie que tenga un poco de luz en la frente”. Aunque sostuvo que los contratos que ya están firmados se revisarán y, en su caso, podrían no ser modificados.
(lilia_arellano@yahoo.com)
