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| Se aceptan dolares, euros, reales brasileños |
A continuación se
presenta el Editorial que publicó LaJornada el martes 13 de agosto de
2013, un día después de que el Poder Ejecutivo presentó la "iniciativa
de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Energía: privatización
vergonzante
Tras varios meses de
postergaciones y anuncios en falso, el gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto
envió ayer su iniciativa de reforma constitucional para legalizar la
participación privada en las industrias petrolera y eléctrica, cuya explotación
está actualmente reservada de manera exclusiva a la nación.
La posición oficial en favor de la apertura
energética se centra, como lo hiciera el régimen calderonista en 2008, en la
pretendida necesidad de capitales para modernizar y expandir la industria
petrolera. Para reforzar ese argumento, un reciente documento emitido por la
Secretaría de Energía (Sener) plantea un diagnóstico casi catastrófico de la
paraestatal. Tal discurso contrasta con el hecho de que Pemex es una de las
empresas más rentables del mundo, y con sólo suspender el virtual saqueo fiscal
que padece y combatir la corrupción directiva y sindical que la afecta contaría
con los recursos suficientes para renovar su planta productiva y adquirir la
tecnología que le permitiera mantener, e incluso ampliar, su producción actual.
La presentación de la iniciativa oficial ha ido
acompañada de promesas numerosas, pero vagas, de mayor desarrollo económico,
mejores sueldos, generación de más puestos de trabajo y, en general,
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Sin embargo, el proyecto ha sido objeto de
señalamientos críticos. Los más relevantes se refieren a la cesión de control
territorial a empresas energéticas trasnacionales, con los consiguientes
riesgos para el estado de derecho y para la soberanía nacional y a los
contratos de utilidad compartida propuestos, los cuales implicarían privar al
erario de una parte de la renta petrolera, que representa una porción
sustancial del presupuesto público, con lo cual se afectaría la capacidad del
Estado para invertir en educación, cultura, programas sociales e
infraestructura. Asimismo, se cuestiona la perspectiva de que la carencia de
recursos derivada de la privatización sea solventada mediante una reforma
fiscal, ya anunciada, que incremente los impuestos –especialmente, el IVA– y
las tarifas del sector público.
Por otra parte, como muestran diversos sondeos de
opinión, la idea de privatizar parcial o totalmente la industria petrolera,
suscita el rechazo mayoritario de la sociedad. En tal circunstancia, el
proyecto de reforma constitucional referido ha sido disfrazado de una
recuperación de ideas del general Lázaro Cárdenas, artífice de la expropiación
petrolera de 1938. La publicidad oficial ha recurrido incluso a apropiarse de
la consigna opositora no a la privatización.
Pemex no se privatiza, reza el discurso, en lo que
constituye una declaración tramposa, habida cuenta de que no es necesario
convertir a la paraestatal en una entidad privada para transferir a manos de
particulares tramos sustanciales de la industria petrolera. En efecto, en la
lógica de la modificación legal propuesta, Pemex podría terminar como oficina
pública encargada de asignar contratos de exploración, explotación, refinamiento
y transporte a consorcios privados nacionales pero, sobre todo, extranjeros.
Se trata, pues, de una iniciativa vergonzante que
no se atreve a enunciar su razón y su esencia verdaderas: la transferencia a
manos privadas de una parte fundamental y estratégica de la riqueza pública del
país y una operación sumamente lesiva para los intereses nacionales y
populares.
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