a este correo: rescatedelanacion@gmail.com
Compañeras y compañeros,
A
petición de Gilberto López y Rivas, integrante de la Proclama por el Rescate de
la Nación, y con el respaldo de numerosos compañeros y compañeras de la misma, les
compartimos su propuesta de “denuncia de hechos por la posible comisión del
delito de traición a la patria en contra de Enrique Peña Nieto” —publicada el
27 de septiembre en La Jornada— la cual abona a nuestros objetivos de unidad en
torno a la defensa de nuestra Patria.
La
propuesta es que, entre todas y todos, respaldemos la denuncia para más
adelante, como Proclama, llevarla a la instancia jurídica correspondiente y, si
es posible, solicitar en la Cámara de Diputados el juicio político y el desafuero de Peña Nieto.
Por
ello, llamamos a todas y todos a FIRMAR esta “denuncia de hechos por la posible
comisión del delito de traición a la patria en contra de Enrique Peña Nieto”.
Para
firmar: mandar su nombre a este correo: rescatedelanacion@gmail.com
Denuncia
de hechos, a través de la cual se configura el delito de traición a la patria
En
la ciudad de México, Distrito Federal, siendo el día 27 del mes de septiembre
de 2013, el suscrito comparece por esta vía ante la autoridad que corresponda y
ante el pueblo de México, para exponer e interponer, con fundamento en lo
establecido en los artículos 8º y 39 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 2º. Fracción I, 113, 116, 118 y demás relativos y aplicables
del Código Federal de Procedimientos Penales, una denuncia de hechos por la
posible comisión del delito de traición a la patria, tipificado en el artículo
123 del Código Penal Federal, en contra de Enrique Peña Nieto, sus funcionarios
y quienes resulten responsables de anteriores gobiernos, por acción u omisión
en el ejercicio de sus funciones en los hechos que a continuación se describen:
1.-
Alentar, permitir y coadyuvar para que al menos 26 por ciento del territorio
nacional sea entregado a corporaciones extranjeras mineras, en 70 por ciento
canadienses, que contaminan aguas, flora, fauna y atentan gravemente contra la
salud de los habitantes de su entorno, desposesionando en los hechos a los
legítimos dueños de las tierras de propiedad ejidal, comunal y privada, a
través de concesiones otorgadas a esas empresas, sin tomar en consideración que
las mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 de la Constitución.
Estos hechos violentan gravemente la independencia, soberanía e integridad de
la nación mexicana, al enajenar y gravar territorio nacional, y contribuir con
ello a su desmembración.
2.-
Ratificar y continuar cumpliendo lo estipulado en el Tratado de Libre Comercio
(TLC), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte
(ASPAN), y la Iniciativa Mérida, que dañan gravemente la soberanía económica y
política de la nación, en beneficio del gobierno y las corporaciones de Estados
Unidos, sin que estos tratados y mecanismos injerencistas hayan sido
sancionados por el Congreso de la Unión, ni hayan sido consultados a la
ciudadanía. A través de ASPAN y la llamada Iniciativa Mérida, impuestas por los
gobiernos anteriores, y aceptados por el titular del Poder Ejecutivo federal en
funciones, agentes de corporaciones militares, policiacas y de inteligencia
extranjeros actúan en territorio nacional, algunos de ellos presuntamente
armados; estos agentes realizan tareas de seguridad e inteligencia e
interfieren y monitorean nuestras comunicaciones desde la Oficina Binacional de
Inteligencia, con sede en la ciudad de México, donde actúan la Agencia de
Inteligencia Militar (DIA), la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) y la Agencia
Nacional de Seguridad Nacional, dependientes del Departamento de la Defensa de
Estados Unidos; asimismo, están presentes agentes de la Agencia Federal
Antinarcóticos (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y la Oficina de
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), que responden al
Departamento de Justicia de ese país, y, claro, la Agencia Central de
Inteligencia (CIA). Estos organismos mantienen enlaces que consiguen
información requerida por los extranjeros en todas las dependencias militares,
de seguridad e inteligencia mexicanas, en una clara violación a la soberanía y
a la seguridad nacional. Ya en 2007 emplazamos al entonces procurador general
de la República, Eduardo Medina Mora, a responder sobre el hecho de que el
gobierno de Estados Unidos contrató a la empresa Verint Technology Inc. para
intervenir todos los sistemas de comunicación de nuestro país, según el
contrato 5-INLEC-07-M-0002, por un monto de 2 millones 963 mil 438 dólares. El
anuncio del contrato que ganó la licitación fue publicado el 23 de febrero de
2007, en el sitio web de la administración pública estadunidense. De lo que se
desprende que dicha empresa, u otra similar, continúa trabajando en el
escrutinio de las comunicaciones de los ciudadanos, afectando las garantías
individuales y, nuevamente, la soberanía nacional, sin que el gobierno actual
haya dado cuenta de esta denuncia pública. En ese entonces planteamos estos
interrogantes: ¿quién o quiénes deciden qué particulares, organizaciones u
organismos deben ser vigilados? ¿Qué marco legal permite o no estas
interferencias? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios? ¿Qué
organismo local o extranjero interpreta los datos obtenidos? ¿Es legal que un
gobierno extranjero contrate una compañía también foránea para intervenir las
comunicaciones de nacionales? ¿Qué opinan al respecto los defensores de
derechos humanos, los integrantes del Congreso de la Unión, los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sin duda también serán intervenidos
en sus comunicaciones, en razón de la seguridad nacional y la lucha contra el
terrorismo? Esas preguntas quedaron sin respuesta.
3.-
Otro hecho que configura el delito de traición a la patria es la iniciativa de
decreto enviada al Congreso de la Unión por Enrique Peña Nieto el 12 de agosto
de 2013, por el que se busca reformar los artículos 27 y 28 constitucionales, a
partir de la cual se pretende profundizar aún más la privatización de Pemex en
beneficio de corporaciones extranjeras y firmas privadas de los allegados de
Peña Nieto. Esta reforma constituye en los hechos un acto de desnacionalización
del petróleo y de entrega de al menos 60 por ciento la renta petrolera a las
grandes corporaciones estadunidenses, como Exxon, Mobil y Chevron, acorde a los
documentados artículos de mi colega y experto en el tema John Saxe Fernández (La
Jornada, 25 de julio y 22 de agosto de 2013). Con la entrega de Pemex se
completaría el ciclo de la ocupación integral del país que ha venido denunciando
el grupo Paz con Democracia (La Jornada, 16 de noviembre de 2007).
Por
lo anteriormente expuesto, respetuosamente pido se sirvan: Único.- Tener por
interpuesta la presente denuncia de hechos, solicitando a la autoridad
competente en virtud de su interposición proceda a efectuar todas las
diligencias pertinentes para que se acredite de manera fehaciente la
responsabilidad de los acusados en el delito que se les imputa.
Firman:
Para firmar: mandar su nombre a este correo: rescatedelanacion@gmail.com
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Proclama por el Rescate de la Nación
www.rescatedelanacion.org
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