Urgente PENSIONISSSTE privatización! Foro Mier18Nov11hrs Camara Diputados convoca Dip. @_AraceliDamian #Morena

Como muchos de ustedes saben el Gobierno federal iniciará una serie de reformas regresivas en contra de las pensiones. 

Los sindicatos y la sociedad en general tienen que movilizarse, está en riesgo una buena parte de los derechos alcanzados por los trabajadores.

La próxima semana, si no la siguiente, se votará en el pleno de la Cámara la reforma del PENSIONISSSTE. Con ello se inicia la nueva reforma a la seguridad social.

La iniciativa del ejecutivo está disponible en http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/sep/20150908-4.pdf

Anexo una presentación que explica la reforma, el voto particular de Morena en el pleno de la Comisión de Seguridad Social, y un artículo mío que envié a Reforma y que espero lo publiquen esta semana:

Reforma expropiatoria del Pensionissste

Araceli Damian*

En estos días se aprobará en la Cámara de Diputados, con el voto del PRI, sus partidos satélites, y el PAN, la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el propósito de escindir del Instituto al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE) y convertirlo en una empresa de participación estatal mayoritaria.

El gobierno inicia así una serie de acciones para reformar la seguridad social en nuestro país, cuyo principal objetivo es reducir (aún más) la responsabilidad del Estado en materia de pensiones. La reforma elimina el carácter público del PENSIONISSSTE porque su operación y normatividad garantiza mayores beneficios para los trabajadores, lo que es visto como una competencia desleal  por el resto de las administradoras de fondos para el retiro (AFORES). Pero la reforma tendrá consecuencias negativas para el ahorro de los trabajadores. 

Recordemos que el PENSIONISSSTE fue creado como un órgano  desconcentrado del ISSSTE sin fines de lucro y, gracias a su normatividad, es la administradora de fondos que cobra las más bajas comisiones. Al derogar el Art. 105 la iniciativa elimina el mandato que obligaba a que las comisiones no excedan el promedio de las cobradas por el resto de las Administradoras. Seguramente las comisiones aumentarán, ya que la nueva sociedad dejará de recibir recursos presupuestarios para cubrir sus costos de administración y tendrá que obtenerlos de dichas comisiones. 

El cambio del PENSIONISSSTE se dará precisamente porque ha otorgado los mayores rendimientos. Según datos de la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), de marzo de 2011 a agosto de 2015, fue la administradora de fondos con mayor rendimiento para las cuentas de la población de 60 años y más y se ubicó en segundo lugar para las de la población de 37 a 45 y de 46 a 59 años.

Esto se ha logrado, sobre todo porque, como lo establece el Art. 231 de la Ley del ISSSTE,  los  remanentes,  excedentes  o  utilidades  de  operación   e     ingresos diversos se reinvierten en las cuentas individuales. Con la reforma, este mandato se convierte en una facultad discrecional de los accionistas. El Art. Transitorio segundo, fracción X señala que la asamblea general ordinaria de accionistas, a propuesta del consejo de administración, definirá la proporción en que el remanente de operación se invertirá en las cuentas individuales. Esto abre la puerta para la apropiación privada de los excedentes obtenidos con el ahorro de los trabajadores.

Asimismo, al derogar el Art. 109 de la Ley, se eliminan los candados que obligaban al PENSIONISSSTE a invertir los fondos en la actividad productiva nacional; construcción de vivienda; generación de energía, producción de gas y petroquímicos, y la construcción de carreteras. Se cumple así una de las exigencias de la iniciativa privada, es decir, permitir que estos fondos (que ascienden a casi 120 mil millones de pesos) se inviertan libremente en instrumentos financieros y de inversión, siendo esta una de las recomendaciones de la OCDE para “mejorar” el sistema de pensiones. Se abre así la puerta para invertir en instrumento más riesgosos, con una lógica de obtención de máxima ganancia, aumentando la posibilidad de pérdida o minusvalía de los recursos de los trabajadores.

Entre los argumentos del Ejecutivo para cambiar el estatus jurídico del PENSIONISSSTE se encuentra que éste tiene que cumplir con un complejo andamiaje reglamentario, propio de la administración pública, además de los ordenamientos legales que deben observar las AFORES, lo cual, a juicio del ejecutivo limita la capacidades del PENSIONISSSTE para realizar campañas que incentiven el ahorro voluntario, desarrolle estrategias comerciales, y establezca oficinas de atención para su operación. Es difícil entender por qué la necesidad de reforzar estas actividades requiere un cambio de tal envergadura, cuando todas estas acciones pueden mejorarse mediante programas adecuados de comunicación con los trabajadores y promoción de los beneficios otorgados.

El Ejecutivo también justifica la reforma diciendo que la migración de cuentas del PENSIONISSSTE hacia otras administradoras es elevada. No obstante, datos de la  CONSAR  señalan  que  otras  seis  Administradoras  registraron  una     mayor migración neta negativa en sus cuentas entre 2012 y 2014 (AFORE BANAMEX, BANORTE XXI, SURA, INBURSA; PROFUTURO GNP y PRINCIPAL).

El aspecto más preocupante de la reforma se encuentra en la fracción V del Transitorio segundo, que establece que “El Gobierno Federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad que se creará en términos del presente transitorio, ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere.” Esto significa que de haber minusvalía o pérdida total de los fondos serán los trabajadores, durante su vejez quienes pagarán con una mayor pobreza, el costo de esta reforma.

En conclusión, la reforma transfiere a manos privadas una parte sustancial de los rendimientos del dinero ahorrado por los trabajadores y al mismo tiempo los deja desprotegidos ante los riesgos de pérdidas. 

 *Diputada Federal, Presidenta de la Comisión de Seguridad

***Si quieres la presentación completa deja un mensaje con tu correo para enviarla

Presentan Libro Impacto del Seguro Popular en el Sistema de Salud Mexicano Juev 7may 17.30hrs

La Fundación Heberto Castillo Martínez A. C., invita a la presentación del libro Impacto del seguro popular en el sistema de salud mexicano, de la Dra. Assa Cristina Laurell; que tendrá lugar el próximo jueves 7 de mayo de 2015, a las 17:30 horas, en nuestras instalaciones, Viena no. 34, col del Carmen, en Coyoacán.

Comentan el libro:

Dr. Julio Boltvinik

Dra. Carolina Tetelboin

Dr. Rafael González

Esperamos contar con su asistencia.

Fundación Heberto Castillo Martínez A. C.

55548278 y 56590894

La importancia del dato en la salud pública

ASA CRISTINA LAURELL

El 29 de junio la agencia gubernamental farmacéutica sueca (Läkemedelsverket) presentó los resultados de una revisión de todos los casos de narcolepsia (enfermedad neurológica crónica e incapacitante) ocurridos en menores de 19 años durante el periodo 2009-2010. La revisión demuestra que los que fueron vacunados contra la influenza A/H1N1 con Pandemrix o Arepanrix tuvieron 6.6 veces mayor riesgo de desarrollar esa enfermedad. Los hallazgos son coincidentes con otro estudio finlandés.  Recordemos que 8 millones de mexicanos recibieron esta vacuna.

El estudio sueco fue posible gracias a un registro, confiable y exhaustivo, de morbilidad que permite detectar alteraciones en la incidencia de enfermedades aunque sean relativamente infrecuentes y establecer la relación epidemiológica con la causa inmediata. Es una demostración de la importancia del dato en la salud pública.
El tema de la importancia del dato confiable y exhaustivo adquiere mucha relevancia en una época caracterizada por su (fetichismo) idolatría del “dato”. Recibimos abundante información numérica cotidianamente que se presenta como una demostración de la verdad sobre uno u otro hecho, como la evidencia empírica de tal o cual suceso.

Los investigadores mexicanos de salud pública y de las políticas de salud nos enfrentamos a datos oficiales contradictorios entre sí y en muchas ocasiones inverosímiles o hasta extravagantes. Por ejemplo, en la página oficial del Seguro Popular (SP) se sostiene que éste cubre mil 400 enfermedades cuando su catálogo sólo consigna 275 intervenciones y 49 de “gastos catastróficos”. Es de notar que el concepto “intervención” se refiere a procedimientos específicos que no cubren la totalidad de la atención requerida para una enfermedad en sus distintas fases. Es decir, el SP no cubre enfermedades sino procedimientos lo que resulta en un proceso de atención fracturado e incompleto.

Otro ejemplo son los datos del número de derechohabientes de la seguridad social en 2010. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que son 72.5 millones, de los cuales 35.4 pertenecen al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 7.2 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste). El IMSS reclama una cobertura de 52.3 millones y el SP de 42.2 millones de personas. Si se suman los datos proporcionados por el IMSS y por el Seguro Popular más los del Issste hay una discrepancia de 29 millones respecto al dato del Inegi. Aun restando los 7.1 millones de derechohabientes del IMSS que no son usuarios, hay una diferencia de 22 millones.

En el caso del SP no se señala la diferencia entre personas inscritas y usuarias. Hay además graves inconsistencias entre las características reportadas de los afiliados al SP respecto de los datos poblacionales: ¡38 por ciento! está clasificadas como de los deciles I o II, o sea del 20 por ciento más pobre de los mexicanos, y las familias con jefatura femenina sobrepasan en 2 millones el total nacional de las de ese tipo. La próxima declaratoria de “cobertura universal de salud” carece de sustancia concreto con tal inexactitud en los datos.

Sobra decir que la poca confiabilidad del denominador para cualquier cálculo de recursos respecto a la población cubierta resta validez a este tipo de indicadores que deberían de ser la base mínima de cualquier proceso serio de planeación.

En salud está de moda argumentar que las políticas públicas deben estar “basadas en evidencias” que, las más de las veces, equivale a decir estar sustentadas en datos. Es de por sí cuestionable si este concepto, tomado de la medicina clínica y los estudios experimentales estrictamente controlados, se puede trasladar a los procesos complejos de las políticas públicas y en este caso cuáles son los datos o evidencias a tomar en
cuenta.

El problema no se hace menor cuando se analiza el tipo de dato-información que se utiliza. Un ejemplo es el muy favorecido indicador de impacto “años de vida saludable” que resulta ser construido parcialmente en valores imputados o estimados lo que le rinde un carácter poco exacto y cargado de juicios de valor.

Las políticas mexicanas de salud “basadas en evidencias” acumulan de esta manera la inexactitud de los datos básicos y la imperfección de los indicadores construidos de uso común. Los investigadores deberíamos exigir que las autoridades depuren sus bases de datos oficiales y hagan transparentes las razones de las diferencias entre una y otra fuente. Sólo así podemos hacer estudios científicamente válidos y socialmente útiles.

secretariasaludgl@gmail.com

Ley de asociaciones publico-privadas, Asa Cristina Laurell, en san Angel el viernes 19hrs

CÍRCULO DE ESTUDIO JAIME SABINES
INVITA A LA CONFERENCIA DE LA
DRA. ASA CRISTINA LAURELL

¿ QUÉ ES LA LEY SOBRE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS?

VIERNES 14 DE ENERO 2011 -   19 horas       ENTRADA LIBRE

AV. REVOLUCIÓN 1747 SAN ANGEL FRENTE A LA IGLESIA MUSEO DEL CARMEN. CERCA DEL METRO BARRANCA DEL MUERTO Y/O METROBUS LA BOMBILLA.
Informes 56 16 54 40

Asa Cristina Laurell

Médico-cirujana por la Universidad de Lund Suecia, Maestra en Salud Pública por la Universidad de California Berkeley EUA, Doctora en Sociología por la UNAM. Profesora titular del la UAM 1976-2000 y miembro de la Junta Directiva de la UAM, 1990-1997. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 1988-2001. Autora de diez libros y 50 artículos en revistas especializadas sobre temas de epidemiología, política social, políticas de salud y seguridad social. Miembro del consejo editorial de Cuadernos Políticos, 1977-1990,y cinco revistas internacionales especializadas. Asesora temporal de la Organización Panamericana de la Salud-OMS, de otros organismos internacionales y universidades de América Latina, Europa y Africa.
Fundadora del PRD, vicepresidenta de su Consejo Nacional, 1993-96, y secretaria de Estudios y Programa del Comité Ejecutivo Nacional, 1996-1999. Asesora de los grupos parlamentarios del PRD sobre política de salud y seguridad social.Secretaria de Salud del Gobierno del Distrito Federal diciembre 2000 a mayo 2006 en cuya gestión se instrumentaron y legislaron la Pensión Alimentaria Universal y el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos..

Hacia la subasta del país, Ley de asociaciones públicas-privadas, hipotecando México

EL CÍRCULO DE ESTUDIOS SÓTANO DE LA CONDESA

TE INVITA A LA IMPORTANTE CONFERENCIA:

HACIA LA SUBASTA DEL PAÍS

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICAS PRIVADAS

HIPOTECANDO MÉXICO

QUE OFRECERÁ:

La Doctora Asa Cristina Laurell

Secretaria de Salud Legítima de AMLO

Viernes 3 de diciembre del 2010, 18:30 Hrs.

   Tendremos a tu disposición el libro de

Andrés Manuel López Obrador:

“La mafia que se adueñó de México… y el 2012”

$100.00

Sótano del estacionamiento de los Edificios Condesa, calle Matehuala s/n, a tres cuadras del Metro Chapultepec, dirigirse por Av. Veracruz   Entrada por la calle Agustín Melgar, entre       Mazatlán y Pachuca, Col. Condesa.

Avanza la privatizacion de servicios medicos: declaran muerto al seguro popular, y pretenden liberar a patrones de aportar para seguridad medica

Fracazo del Seguro Popular y un nuevo paso en la Reforma Privatizadora

Asa Cristina Laurell

Recientemente apareció un artículo de Laskin en la revista Journal Health Politics, Policy and Law (35: 3, 2010) que argumenta que el Seguro Popular (SP) está fracasando debido a que las familias afiliadas y de los estados se niegan a pagar lo que les corresponde por ley, mientras la federación está cumpliendo con sus pagos.

Señala además que en la realidad muchos afiliados no tienen acceso a los servicios prometidos por el SP.
Ambos problemas han sido señalados reiteradamente en México por la Auditoría Superior de la Federación, en las evaluaciones del programa y por varios articulistas, incluyéndome. Sin embargo, es falsa la afirmación de Laskin de que el gobierno federal cumple. En un cálculo hipotético suma los fondos transferidos a los estados por el SP y los fondos federales regulares de salud para los estados. Es una falacia porque los fondos regulares corresponden a toda la población sin seguridad social y a las actividades de salud pública realizadas por los estados.
El informe del SP de 2007, incluido en sus referencias, reporta que el presupuesto federal transferido a los estados fue de 18.9 mil millones de pesos, mientras Laskin lo estima en 51.1 mil millones, o en 32.2 mil millones de pesos más; monto mucho mayor que el que los estados eludieron, que según su cálculo sería de 1.157 a 9.22 mil millones de pesos. O sea el principal desfinanciamiento del SP es federal y no estatal.
Laskin hace además una crítica valiosa a la manera en que Julio Frenk logró la aprobación del SP en 2003 dependiendo casi exclusivamente del apoyo de Vicente Fox. Luego chantajeó a los gobernadores obligándolos a afiliar familias al SP para conseguir recursos frescos para salud. Señala que esto llevó a un manejo poco transparente y manipulador del programa.
Es decir, Frenk generó un fuerte incentivo de afiliar el máximo de familias para completar los insuficientes recursos de salud, aunque no se tuvieran los recursos físicos y humanos para prestar los servicios.
Alega también que el SP falló por la resistencia de los sindicatos del IMSS y de la Secretaría de Salud (Ssa) a competir por la atención de los pacientes con el sector privado. Igualmente le parece una derrota institucional que el nuevo personal se haya negado a trabajar por contrato sin las prestaciones de ley. Reconoce que falta infraestructura médica y personal, pero invoca que en un sistema de aseguramiento no le toca al asegurador, en este caso el SP, garantizarlos.
La declaratoria de muerte prematura del SP con argumentos ideológicos neoliberales no llamaría la atención si no fuera por la defensa falaz de la Ssa federal y la última cascada de declaraciones de voceros de esa dependencia y del SP, así como de Peña Nieto. Sospechosamente todos coinciden en que urge una nueva reforma a los sistemas de salud y seguridad social que introduzca la competencia en la prestación de servicios y en la administración de los seguros médicos.
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, lanzó la propuesta de un nuevo impuesto o un incremento del IVA en 1-2 por ciento, para pagar la atención médica de la población a cambio de eliminar las cuotas patronales y obreras de seguridad social (La Jornada 14/7). Luego Peña Nieto opinó (El Universal 26/7) que el sistema de salud está caduco y debe
constituirse una seguridad social competitiva. Finalmente el director de afiliación y cobranza del SP (La Jornada, 1/8) recomendó tomar este esquema como ejemplo para separar la administración del financiamiento de la prestación de los servicios en todo el sistema de salud.
O sea, todos proponen desaparecer IMSS e ISSSTE para integrar un sistema único de financiamiento de la salud. Es muy importante subrayar que no se trataría de un sistema público y único, anhelado por muchos, sino de un nuevo mecanismo de hacerse de recursos monetarios para financiar o subsidiar los servicios de salud que serían prestados por proveedores públicos autónomos o privados. Esta propuesta no se aleja de las reformas “estructurales” en salud, sino es un paso adelante en el camino intentado por los gobiernos de derecha desde la reforma del IMSS en 1995.
Esta propuesta tiene muchas semejanzas con la tristemente célebre Ley 100 de Colombia que instauró un sistema público-privado, hoy en quiebra y en plena crisis, que se pretende resolver disminuyendo drásticamente los servicios médicos garantizados (La Jornada, 4/3). Añade además un elemento de la reforma chilena pinochetista al liberar a los patrones de toda responsabilidad de seguridad social. Estamos ante una ofensiva general contra la salud y la seguridad social, en la cual se inscribe también la disminución de las pensiones del IMSS, aprobada por la Suprema Corte.

secretariasaludgl@gmail.com

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Politicas Sociales y de Salud LUNES 23 DE NOVIEMBRE EN CASA LAMM