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jueves, 17 de abril de 2014

Mancera va por la PRIVATIZACION del AGUA en el DF. Ramon Aguirre trabaja con la ALDF para aprobar iniciativa, y Que los diputados pondran las tarifas! ??? #video

Una familia, integrada en promedio por cuatro personas, gasta al día mil 920 litros de agua. Al instalar reductores de caudal, excusados de doble descarga, llaves con aireadores en fregaderos y lavabos, y duchas ahorradoras, se emplearían 804 litros* Pondrán en manos de la IP la operación del servicio de agua

La medida “no significa privatizar ni incrementar tarifas”, asegura el funcionario

Se mejoraría la cobranza y evitaría perder juicios, dice

Laura Gómez

Periódico La Jornada
Martes 15 de abril de 2014, p. 30

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) pondrá en manos del sector privado durante 15 años la construcción de plantas potabilizadoras y de tratamiento de agua para reuso, la detección y reparación de fugas y la instalación de 525 mil micromedidores, mediante la firma de contratos de prestación de servicios, sin que ello “signifique la privatización del servicio o el incremento a las tarifas”.

Después del intento en la administración pasada de descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y permitir la participación de la iniciativa privada, en los próximos días se enviará el proyecto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde “sólo se nos permite firmar contratos con ella para determinadas acciones”, precisó Ramón Aguirre.

El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) señaló que desde el año pasado se trabaja en una iniciativa conjunta con la Comisión de la Gestión Integral del Agua de la ALDF, con la finalidad de que sea aprobada en el actual periodo de sesiones, y en la que queda claro que los diputados serán quienes fijen las tarifas y propondrán subsidios específicos a grupos vulnerables.

El funcionario explicó que dichos recursos se devolverían al organismo mediante un fondo compensatorio, por lo cual “no habría ningún incremento para los contribuyentes y se mejoraría la cobranza, que es de 74 por ciento, porque muchas cuentas domésticas –de 150 a 30 mil pesos bimestrales– y algunas empresas no pagan, y nos evitaría perder el ciento por ciento de los juicios interpuestos”.

Tan sólo el año pasado, dijo, se perdieron 2 mil juicios de usuarios por un monto de 200 millones de pesos, y “nos está saliendo barato, cuando mejorar la cobranza en 93 por ciento incrementaría en mil millones los ingresos del organismo, que suman 6 mil millones, y realizar inversiones en infraestructura en las redes de agua potable y drenaje previstas en el programa de inversiones a 25 años”, indicó.

Con la participación del sector privado se busca que un millón 600 mil personas que carecen del servicio de agua diario lo tengan, y 2 millones 850 mil tengan la cantidad suficiente; asimismo, eliminar el riesgo de inundación que enfrentan 45 colonias, reducir de 13.5 a 7.2 metros cúbicos por segundo las fugas de agua y duplicar la extracción de agua subterránea a 17 metros por segundo y reuso de 6.4 metros cúbicos.

La sustitución de concesiones por “nuevos y modernos contratos de prestación de servicios, para lo cual no hace falta la descentralización del organismo”, permitirá pagar por metro cúbico de agua potabilizada, reusada o recuperada en fugas, para lo cual la ciudad se dividiría en seis zonas de trabajo: Azcapotzalco y Gustavo A. Madero; Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

Asimismo, Benito Juárez, Iztacalco y Álvaro Obregón; Coyoacán y parte baja de Tlalpan; Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; y Magdalena Contreras y parte alta de Tlalpan; y los resultados sociales e institucionales que se obtengan se incorporarán a informes públicos anuales certificados por un ente externo, precisó.

Sin embargo, consideró necesario descentralizar el Sacmex para fortalecer su capacidad técnica, administrativa y financiera.
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NO debemos permitirlo, todas las privatizaciones que hacen van en contra de nuestro patrimonio, de los derechos humanos, y de nuestra economia familar,los únicos que ganan son las empresas transnacionales y los empresarios que reciben las concesiones, junto con los funcionarios que reciben su "mordida"
 Recomiendo ver la guerra del agua  un breve video sobre la lucha y la resistencia en defensa del agua

Para ver el video sin duplicidad de sonido, apaga el radio del BLOG en la columna de la derecha abajo de la luna

http://youtu.be/Of3K5H3U83k

y el video de la Catastroika para aprender de lo que hicieron en Paris cuando la privatizaron y en otros lugares




domingo, 4 de noviembre de 2012

Reformas estructurales:¿cuántas faltan?, ¿de qué han servido?

El Despertar./José Agustín Ortiz Pinchetti
 La reforma laboral ha quedado atrapada temporalmente. La derecha ha tenido éxito: un amplio sector de la opinión pública se ha tragado la rueda de molino que lo que le falta a México es hacer reformas estructurales. Esto repetido mil veces se ha vuelto dogma. ¿De veras no se han hecho ya en México reformas neoliberales? Examinemos este pequeño catalogo:
 
1) Venta masiva de empresas públicas con fuerte dosis de corrupción (1985-1994); 2) reprivatización de la banca (1990). 3) entrega de la banca a inversionistas extranjeros (1995-1999); 4) reforma al artículo 27 constitucional para desmantelar los ejidos (1991-1992); 5) nuevo régimen de la minería para permitir que particulares, concretamente grandes compañías extranjeras, pudieran extraer en forma abusiva metales preciosos sin pagar derechos ni impuestos (1992); 6) privatización inconstitucional de la generación de energía eléctrica (1992).
   
Ahí van más: 7) aumentos del IVA de 10 a 15 por ciento y de 15 a 16 (1995-2009); 8) autorización para explotar comercialmente la educación media, superior y universitaria; 9) privatización del servicio ferroviario (1995); 10) privatización de los sistemas de ahorro para el retiro (1996); 11) Aprobación del Fobaproa que convirtió ventas privadas, muchas veces ilícitas, en deuda pública que pagarán los contribuyentes durante décadas (1998); 12) modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta para permitir la elusión de contribuciones por las grandes corporaciones (2005); 13) privatización del manejo de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado (2007); 13) autorización para aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz (2009).
 

 ¿Quiénes las han aprobado? El PRI y el PAN asociados en la construcción de una nueva política económica impropiamente llamada neoliberal. Se trata de una política conservadora tendiente a hacer cada vez más débil al Estado mexicano, a privarlo de su vocación social y fortalecer a una oligarquía rapaz.

¿Cuáles son los frutos en el campo estrictamente económico? Treinta años sin crecimiento, un mercado cada vez más restringido, concentración del ingreso fuera de toda proporción, desigualdad creciente y polarización, disminución del nivel de vida, crecimiento de la miseria y sometimiento de los políticos y de la mayoría de los partidos a los llamados poderes fácticos.

Y aún así hay quien clama por reformas estructurales.

joseaorpin@hotmail.com
La Jornada/ 04 de noviembre 2012

martes, 4 de septiembre de 2012

La UACM en la picota, (lo que buscan es desaparecer la Universidad, privatizarla)

Hace ya varias semanas estalló un grave conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Para decirlo en síntesis: el conflicto de fondo tiene que ver con una de las duras batallas que han debido librarse en México para defender la educación pública ante los intereses de quienes, también en el nivel universitario, quisieran su privatización.
La privatización de la educación pública en México (en todos los niveles y desde luego en los de la educación superior) ha sido desde siempre objetivo central de la derecha, y en los últimos tiempos del conjunto de los intereses y centros económicos afiliados al neoliberalismo. Y es una de las principales consecuencias de la escandalosa concentración de capitales de las últimas décadas. Una meta de la derecha por razones evidentes: la primera es ideológica y del modelo social a que aspira; la segunda tiene que ver con el enorme negocio en que se ha convertido la educación privada, sin controles en ningún sentido.
Conforme al modelo social que propone el neoliberalismo, en sus terrenos privados debe formarse la clase de los dirigentes tecnócratas que en el país cuidarán y orientarán las inversiones de los más adinerados. Este es uno de los mayores escándalos de la situación: gente formada (mediocremente) que ha olvidado los referentes democráticos y nacionales de la historia de México y que únicamente persigue, como decía, la defensa y acumulación de los intereses de los más adinerados. En la Universidad Nacional Autónoma de México sabemos bien de estas batallas, que se han ganado muchas veces por tener la UNAM gran prestigio y por significar tanto en la historia de la educación nacional.
Pero la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de reciente creación (fundada por Andrés Manuel López Obrador durante su jefatura de Gobierno en el Distrito Federal), y sin contar con la sólida tradición de la UNAM, es sometida hoy a diversos chantajes, violencias y ánimos destructivos que ponen en peligro su existencia misma y que debieran ser parte de una preocupación central de la ciudadanía.
En su breve historia, bajo la excelente dirección de su primer rector, el ingeniero Manuel Pérez Rocha, la UACM logró prestigio y convertirse en una de las instituciones universitarias de la ciudad que con más constancia emprendían proyectos universitarios de investigación, discusión de temas de importancia nacional, talleres bajo la dirección de profesores calificados en los cuales los estudiantes aprendían a aprehender y los profesores a enseñar.
Todo parecía ir sobre ruedas y en el camino de convertirse la UACM en un centro universitario de gran calidad, cuando de pronto un día, sin más aviso, la actual rectora, Esther Orozco, que en el papel de los currícula parecía tener antecedentes positivos, irrumpió con una escandalosa denuncia diciendo de su propia universidad que era un fraude porque las autoridades de la misma fomentan la irresponsabilidad de los jóvenes, añadiendo una serie de dislates al hablar del pobre desempeño académico de los jóvenes universitarios y de la ausencia de controles de la estructura académica de la institución.
Si el directivo de una institución universitaria asume realmente sus declaraciones y denuncias, le corresponde a él (o a ella, como es el caso) corregir tales deficiencias académicas. En eso consiste precisamente su trabajo. Pero todo indica que la doctora Orozco, en vez de cumplir seriamente su función, emprendió una guerra de acusaciones, difamaciones y amenazas contra los estudiantes, profesores, investigadores y hasta trabajadores que se han opuesto a sus procedimientos.
Y claro, ahora se sabe meridianamente que la señora Esther Orozco simplemente se ha propuesto transformar ese centro universitario en una suerte de dominio personal en el que reinan su hostigamiento a la comunidad, el nepotismo, la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, entre otros casos, al no informar a la comunidad universitaria de los destinos presupuestales que año con año entrega el Gobierno del Distrito Federal a la UACM. Quienes hemos sido universitarios toda la vida nos sorprendemos de que un personaje así pueda seguir al frente de una institución universitaria como la UACM, rechazando todo diálogo civilizado con profesores y estudiantes, cuando además más de 3 mil 500 firmas de la institución han pedido ya la renuncia o destitución de la señora Orozco.
Acoso laboral y retención de cuotas sindicales, violación de los estatutos universitarios de la UACM, despidos, despotismo y nepotismo, xenofobia, autoritarismo y hasta prácticas misóginas, son apenas algunas de las acusaciones que enfrenta la señora Orozco, que no tendría por qué seguir aferrada a una responsabilidad que evidentemente no sabe, ni quiere ni puede cumplir.
Menos aún en una institución que, además de sus virtudes académicas, ha logrado organizarse en la base, a pesar del continuo hostigamiento de la rectora, en un ambiente de pleno ejercicio democrático, de respeto a la libre expresión de las ideas y del franco intercambio de argumentos entre los integrantes de la comunidad universitaria. Y una de las cuestiones más escandalosas: el asedio para cerrar el Centro Vlady, de la UACM, dedicado a preservar la memoria del gran artista de origen ruso.
Conflicto general que se inscribe directamente del lado de los intereses políticos de quienes se proponen destruir las universidades públicas y privatizar la enseñanza del país en todos sus niveles. ¿Pertenece a ese bando la señora Orozco? La mentalidad autoritaria y hasta el despotismo que ha mostrado en su gestión la colocan irrefutablemente en ese campo.

miércoles, 11 de enero de 2012

Pretende el gobierno privatizar la educación superior: rectores

Endeudarse no es la mejor opción: Yoloxóchitl Bustamante
Es todo un logro, asegura el presidente de la FIMPES
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 3
Ante la crisis provocada en diversas naciones por el pago de los llamados créditos académicos para cursar estudios de licenciatura o posgrado en universidades particulares, como ocurre en Estados Unidos, Chile y Colombia, no es la mejor decisión pedir a los jóvenes y sus familias que se endeuden, afirmaron rectores de instituciones públicas de educación superior y advirtieron que sin ninguna garantía de empleo al concluir sus estudios, optar por un crédito es un riesgo que debe ser analizado detenidamente.
Tras el anuncio de la puesta en marcha del Programa Nacional de Financiamiento a la Educación Superior (PNFE), con el que se busca destinar 2 mil 500 millones de pesos para créditos educativos en instituciones particulares, afirmaron que se trata de una estrategia orientada a privatizar la formación universitaria en beneficio de los grupos bancarios y crediticios.
Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, indicó que con la decisión del gobierno federal entramos en un modelo que favorece la educación privada, cuando lo que tendríamos que hacer es reforzar la pública.
Además, sin la garantía de que un estudiante tendrá empleo al concluir su formación, es un riesgo aceptar un crédito. Deben tener una buena formación financiera para medir las consecuencias y decidir sensatamente si les conviene.
Desafortunadamente, agregó, no se han adoptado medidas para incrementar la matrícula y se argumenta que si hay lugares en las universidades privadas, los estudiantes tomen los créditos para entrar. Me parece que no es la mejor opción, porque lo más fácil es obtener el crédito, pero el problema es que los estudiantes pasan mucho tiempo comprometidos para pagar esos préstamos, porque las escuelas privadas demandan cantidades fuertes.
Fernando Bilbao, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aseguró que se trata de una estrategia del gobierno federal para dar una alternativa al problema de la cobertura, pero al final se fortalece la privatización de la educación.
Es incomprensible que se otorguen apoyos a las universidades privadas cuando las públicas enfrentan déficit financieros que, como en el caso de la UAEM, con una inversión adicional de sólo 200 millones de pesos podríamos salir adelante, pero esos recursos no nos llegan y seguimos sin poder alcanzar las metas de crecimiento.
Consideró que también es injustificable que cuando los modelos de crédito han fallado en otras regiones de América Latina, como en Chile y Colombia, donde los propios rectores exigen otras alternativas, aquí se apoye la entrega de créditos académicos, pues uno por ciento de las universidades privadas tienen ciento por ciento de sus programas académicos reconocidos por su calidad, en contraste con el esfuerzo que realizan las públicas.
René Asomoza Palacios, director general del Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del IPN, consideró que cualquier esfuerzo en favor de la educación es positivo, pero falta hacer muchas cosas en las instituciones públicas, como destinar más recursos a la investigación y creación de plazas para nuestros egresados de doctorado.
Ángel Cano Garza, rector de la Universidad Latina y presidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), consideró que quienes se vean beneficiados con los créditos académicos, cuyo monto puede alcanzar 215 mil pesos para licenciatura y 280 mil para posgrado, y no realicen los pagos correspondientes, entrarán al Buró de Crédito y tendrán problemas que ya conocemos cuando uno se ve inmerso en una deuda.
Dijo que el programa es todo un logro para las instituciones privadas y que en la primera etapa se buscará consolidar los créditos en 21 universidades particulares, sobre todo en aquellas que cuentan con la mayor matrícula, pues el préstamo no es a fondo perdido; quienes lo reciben están sujetos a los requerimientos y obligaciones de un préstamo bancario.
Cano Garza explicó que el PNFE depende de los recursos presupuestales de los próximos años y anunció que el programa será prioridad en la agenda con los candidatos a la Presidencia de la República, con quienes la FIMPES buscará reunirse en los próximos meses.
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Buscan reunir un millón de firmas para declarar moratoria
Los universitarios de EU, los más endeudados del mundo
Son parte del movimiento Ocupa
Empresarios y banqueros pretenden convertir la educación en mercado de lucro, acusan
David Brooks/Corresponsal/Periódico La Jornada
Miércoles 11 de enero de 2012, p. 4
Nueva York, 10 de enero. La actual generación de estudiantes universitarios en Estados Unidos es las más endeudada de la historia, lo que ha provocado crecientes protestas y una campaña para exigir una moratoria contra lo que se denuncia como parte de un esfuerzo de empresarios y banqueros por convertir la educación en un mercado más de lucro.
Los préstamos para educación superior en Estados Unidos están convirtiendo a generaciones de estudiantes en esclavos de la deuda, la cual ya excede a la de tarjetas de crédito, e imponen una carga de décadas de pagos que sólo beneficia a las instituciones bancarias y al negocio privado de la educación superior.
El total de deudas de estudiantes y trabajadores que buscan volver a capacitarse suma entre 550 mil y 800 mil millones de dólares (el Departamento de Educación y la Reserva Federal no tienen cifras precisas por ahora).
En 2011, el monto de préstamos estudiantiles superó 100 mil millones de dólares por primera vez. Ahora los alumnos solicitan el doble de préstamos que hace una década, reportó USA Today, y la deuda pendiente total se ha duplicado en los cinco años recientes.
Estos jóvenes aceptaron el equivalente a la hipoteca de una vivienda en deuda antes de gozar de un ingreso normal, basada en promesas falsas y sin saber que la deuda es inapelable (según las leyes estadunidenses), sin importar las circunstancias de vida o la capacidad de pago de los deudores, escribe Alex Pareene en la revista Salon.
Aun si, por algún milagro, nuestros egresados desempleados o subempleados de repente obtuvieran empleos decentes mañana, el dinero que ganarían se destinará a pagar los préstamos en lugar de algo productivo para la economía. En otras palabras, los bancos continuarán viendo utilidades masivas, advierte Pareene.
Según datos del Departamento de Educación sobre el sondeo que realiza cada cuatro años, acerca de cómo pagan los estudiantes y sus familias su educación superior, analizados por el Proyecto sobre Deuda Estudiantil, en 2008 67 por ciento de todos los egresados de licenciatura tenían deuda; 62 por ciento de egresados de universidades públicas y 72 por ciento de los de instituciones privadas sin fines de lucro; la cifra llegó a 96 por ciento entre egresados de centros de enseñanza superior privados con fines de lucro.
En 2012 se espera que dos tercios de egresados tendrán una deuda promedio de 29 mil dólares (hace dos décadas, menos de la mitad acababan la carrera con deuda, y el promedio era de sólo 10 mil dólares), reportó el Chicago Tribune.
En tanto, las colegiaturas en universidades públicas se han incrementado, en promedio, 8.3 por ciento, mientras cientos de universidades privadas ahora cobran entre 40 y 50 mil dólares al año por colegiatura y vivienda.
El gobierno de Barack Obama ha insistido en que la educación superior para jóvenes y trabajadores es lo más importante para superar la crisis económica, y ha promovido préstamos federales o garantizado créditos privados.
Por un lado, ahora los bancos tienen un buen negocio, promovido casi de la misma manera que con las hipotecas de vivienda tramposas que impulsaron para familias de bajos ingresos, que después detonaron la crisis financiera. Por otro, percibiendo un creciente mercado subsidiado por el gobierno, se multiplicaron las instituciones académicas de educación superior con fines de lucro (las principales universidades privadas del país son sin fines de lucro), que se han dedicado a matricular estudiantes con asistencia y préstamos federales, sobre todo alumnos de bajos ingresos o trabajadores que buscan volver a capacitarse al perder su empleo.
Una de éstas es la Washington Post Co, empresa matriz de The Washington Post, que ahora gana más en su sector de servicios de educación que en el negocio del periódico, dueña de Kaplan University, una cadena de universidades con fines de lucro, y la empresa financiera Goldman Sachs, que compró parte de la cadena de universidades con fines de lucro EDMC. Los ejecutivos de estos centros de educación ganan millones de dólares por su trabajo, reportó Bloomberg News.
La deuda es esclavitud: Ocupa
La deuda es esclavitud, afirman una y otra vez en pancartas y mantas en casi todas las acciones del movimiento Ocupa Wall Street desde que se inició en septiembre. Muchos de sus integrantes son jóvenes, recién egresados o aun estudiantes, que enfrentan un futuro inmediato cargado de deuda por una educación que, por el momento, no ofrece grandes oportunidades en medio de la peor crisis económica desde la gran depresión.
En noviembre del año pasado, desde el movimiento Ocupa en Nueva York se lanzó una campaña nacional de estudiantes y profesores cuyo propósito es lograr una moratoria de la deuda por educación.
Desde los primeros días del movimiento Ocupa Wall Street, la agonía de la deuda estudiantil ha sido un refrán constante. Hemos escuchado testimonios personales espeluznantes sobre el sufrimiento y la humillación de gente que cree que su deuda será impagable a lo largo de su vida, afirmó en ese momento el profesor Andrew Ross, de la Universidad de Nueva York, quien impulsó la campaña.
La campaña de deudores Ocupa la Deuda Estudiantil afirma que, “como miembros de las generaciones más endeudadas en la historia, nos comprometemos a parar los pagos de préstamos estudiantiles después de que un millón de nosotros hayamos firmado este compromiso. La deuda estudiantil está envenenando el proceso de la educación superior… La deuda distorsiona nuestras prioridades educativas y limita severamente nuestras opciones de vida”. Concluye: “la educación no es un producto y no debería ser un vehículo para generar deuda o utilidades para los bancos. La educación a todo nivel –desde prekínder a doctorado– es un derecho y un bien común”.
[Para mayor información: occupystudentdebtcampaign.org/]
En meses recientes, acciones de protesta contra las alzas en colegiaturas y otros costos, y contra la deuda, han sido realizadas por estudiantes en varios planteles de la Universidad de California, como en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, insistiendo en una educación superior gratuita y de calidad, y en rechazo a la esclavitud del endeudamiento para pagar por la educación.

miércoles, 4 de agosto de 2010

Avanza la privatizacion de servicios medicos: declaran muerto al seguro popular, y pretenden liberar a patrones de aportar para seguridad medica

Fracazo del Seguro Popular y un nuevo paso en la Reforma Privatizadora
Asa Cristina Laurell
Recientemente apareció un artículo de Laskin en la revista Journal Health Politics, Policy and Law (35: 3, 2010) que argumenta que el Seguro Popular (SP) está fracasando debido a que las familias afiliadas y de los estados se niegan a pagar lo que les corresponde por ley, mientras la federación está cumpliendo con sus pagos.

Señala además que en la realidad muchos afiliados no tienen acceso a los servicios prometidos por el SP.
Ambos problemas han sido señalados reiteradamente en México por la Auditoría Superior de la Federación, en las evaluaciones del programa y por varios articulistas, incluyéndome. Sin embargo, es falsa la afirmación de Laskin de que el gobierno federal cumple. En un cálculo hipotético suma los fondos transferidos a los estados por el SP y los fondos federales regulares de salud para los estados. Es una falacia porque los fondos regulares corresponden a toda la población sin seguridad social y a las actividades de salud pública realizadas por los estados.
El informe del SP de 2007, incluido en sus referencias, reporta que el presupuesto federal transferido a los estados fue de 18.9 mil millones de pesos, mientras Laskin lo estima en 51.1 mil millones, o en 32.2 mil millones de pesos más; monto mucho mayor que el que los estados eludieron, que según su cálculo sería de 1.157 a 9.22 mil millones de pesos. O sea el principal desfinanciamiento del SP es federal y no estatal.
Laskin hace además una crítica valiosa a la manera en que Julio Frenk logró la aprobación del SP en 2003 dependiendo casi exclusivamente del apoyo de Vicente Fox. Luego chantajeó a los gobernadores obligándolos a afiliar familias al SP para conseguir recursos frescos para salud. Señala que esto llevó a un manejo poco transparente y manipulador del programa.
Es decir, Frenk generó un fuerte incentivo de afiliar el máximo de familias para completar los insuficientes recursos de salud, aunque no se tuvieran los recursos físicos y humanos para prestar los servicios.
Alega también que el SP falló por la resistencia de los sindicatos del IMSS y de la Secretaría de Salud (Ssa) a competir por la atención de los pacientes con el sector privado. Igualmente le parece una derrota institucional que el nuevo personal se haya negado a trabajar por contrato sin las prestaciones de ley. Reconoce que falta infraestructura médica y personal, pero invoca que en un sistema de aseguramiento no le toca al asegurador, en este caso el SP, garantizarlos.
La declaratoria de muerte prematura del SP con argumentos ideológicos neoliberales no llamaría la atención si no fuera por la defensa falaz de la Ssa federal y la última cascada de declaraciones de voceros de esa dependencia y del SP, así como de Peña Nieto. Sospechosamente todos coinciden en que urge una nueva reforma a los sistemas de salud y seguridad social que introduzca la competencia en la prestación de servicios y en la administración de los seguros médicos.
José Ángel Córdova Villalobos, secretario de Salud, lanzó la propuesta de un nuevo impuesto o un incremento del IVA en 1-2 por ciento, para pagar la atención médica de la población a cambio de eliminar las cuotas patronales y obreras de seguridad social (La Jornada 14/7). Luego Peña Nieto opinó (El Universal 26/7) que el sistema de salud está caduco y debe
constituirse una seguridad social competitiva
. Finalmente el director de afiliación y cobranza del SP (La Jornada, 1/8) recomendó tomar este esquema como ejemplo para separar la administración del financiamiento de la prestación de los servicios en todo el sistema de salud.
O sea, todos proponen desaparecer IMSS e ISSSTE para integrar un sistema único de financiamiento de la salud. Es muy importante subrayar que no se trataría de un sistema público y único, anhelado por muchos, sino de un nuevo mecanismo de hacerse de recursos monetarios para financiar o subsidiar los servicios de salud que serían prestados por proveedores públicos autónomos o privados. Esta propuesta no se aleja de las reformas “estructurales” en salud, sino es un paso adelante en el camino intentado por los gobiernos de derecha desde la reforma del IMSS en 1995.
Esta propuesta tiene muchas semejanzas con la tristemente célebre Ley 100 de Colombia que instauró un sistema público-privado, hoy en quiebra y en plena crisis, que se pretende resolver disminuyendo drásticamente los servicios médicos garantizados (La Jornada, 4/3). Añade además un elemento de la reforma chilena pinochetista al liberar a los patrones de toda responsabilidad de seguridad social. Estamos ante una ofensiva general contra la salud y la seguridad social, en la cual se inscribe también la disminución de las pensiones del IMSS, aprobada por la Suprema Corte.

secretariasaludgl@gmail.com

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martes, 29 de junio de 2010

Denuncia CFE destroza arboles en Antonio Caso



A la altura de antonio caso entre rosas moreno y circuito interior; CFE destroza árboles de esta ciudad que lo que le faltan son áreas verdes. Captamos las imagenes cuando arrancan con una camioneta una rama de por lo menos 15 metros de largo.

sábado, 13 de febrero de 2010

Calderon envio ley para privatizacion de todos los servicios del Estado, desde noviembre

Por: Enrique del Val Blanco
el universal
El pasado 10 de noviembre, sin darle mayor importancia ni reflejarla en los medios de comunicación, el Ejecutivo federal envió una iniciativa de ley denominada Ley de Asociaciones Público Privadas, así como las reformas a distintos ordenamientos para adecuarlos a la mencionada iniciativa. En términos llanos es una ley que posibilita la privatización de todos los servicios que hasta ahora otorga el Estado.
Es decir, en el remoto caso de que se apruebe, el sector privado podrá no solamente construir sino también operar y cobrar por ello, sistemas de agua potable, hospitales, educación en todos sus niveles, así como presas, ductos, reclusorios, etcétera.
Entre las justificaciones más importantes está la del alto crecimiento demográfico como fuerte presión a las finanzas públicas. Según los expertos, el crecimiento demográfico viene a la baja.
Para que esté contento el sector privado mexicano y extranjero, el Estado podría asociarse con sólo el 1%, dejando el resto de la participación en manos de la iniciativa privada en contratos de largo plazo, de 50 años. Del mismo modo, el sector privado podrá proponer nuevos proyectos y el gobierno deberá estudiarlos y dictaminar si resultan interesantes, en cuyo caso el proponente tendrá preferencia de asignación.
Para lograr lo anterior, la iniciativa de ley considera que ningún proyecto se someterá a las disposiciones de las leyes de adquisiciones, arrendamientos y de obra pública. Tampoco podrá intervenir la Secretaría de la Función Pública en dichos dictámenes, y tratándose de avalúos no será necesario utilizar al órgano gubernamental responsable, sino que se podrá contratar a cualquier valuador reconocido.
Para dar mayor agilidad a las asignaciones que hagan, se propone desde otorgarlas de manera directa hasta realizar un concurso con reglas sencillas e incluso contratando a empresas privadas que las realicen. En caso de necesitarse alguna expropiación, la utilidad pública se justificará en función de la del particular.
Las anteriores descripciones del contenido de esta iniciativa de ley, más otras muchas, están en 137 artículos con errores, como cuando en la presentación se menciona la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del “Sector Privado”. Es tal su afán que quieren hasta privatizar las leyes federales.
Confiamos en que el Senado de la República rechace la pretensión del Ejecutivo de abrir y concesionar todas sus obligaciones al sector privado, que seguramente estará frotándose las manos. La inefable Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responsable de operar la mencionada ley, ya está cabildeando de manera que, con excepción de los senadores, nadie se entere.
Esta es una muestra más de lo desesperados que están en el gobierno y de cómo continúan dando palos de ciego, tal como lo demuestra esta iniciativa de ley en la cual este gobierno se rinde de sus facultades constitucionales para beneficiar al sector privado mexicano y extranjero. Como dirían los clásicos, ¿Y la nieve, de qué sabor?
Analista político y economista

sábado, 12 de diciembre de 2009

Nuevo documento elaborado por el Frente Amplio de Abogados para los usuarios de Luz y Fuerza

FORMATO- QUEJA- O "AMPARO"

NUEVO DOCUMENTO ELABORADO POR EL FRENTE AMPLIO DE ABOGADOS EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES DE LOS  SERVICIOS PUBLICOS, 
PARA LOS USUARIOS DE LUZ Y FUERZA
PARA BAJAR O LEER EL DOCUMENTO PARA QUEJAS EN EL CONSUMIDOR, SOBRE CFE - LUZ Y FUERZA AQUI

domingo, 6 de diciembre de 2009

El lunes PAN Y PRI pretenden aprobar en el Senado legislacion de PRIVATIZACION de los Servicios que Presta el EDO: LUZ, AGUA, Petroleo propuesta por CALDERON: Ley de Asociaciones Público-Privadas

PAN y PRI legalizarán privatización de servicios del Estado, denuncian
Por la puerta trasera se busca favorecer a la IP mientras se lesiona a mexicanos, acusan
Están en la mira energía eléctrica, agua y seguramente también el petróleo, apuntan
Todo listo para que el lunes aprueben en comisiones del Senado el dictamen respectivo: PT y PRD
Andrea Becerril
Periódico La Jornada Domingo 6 de diciembre de 2009, p. 3
Todo está listo para que senadores de PRI y PAN aprueben este lunes en comisiones el dictamen de la nueva ley de asociaciones público-privadas, propuesta por el presidente Felipe Calderón, reforma que abre la puerta a la privatización total de los servicios que presta el Estado, entre ellos el de la electricidad, denunciaron legisladores de PRD y PT.
Los perredistas Tomás Torres, Jesús Garibay y Rosalinda López comentaron que hay gran prisa por sacar de inmediato esa iniciativa presidencial, que se presentó en el Senado el pasado 10 de noviembre, e incluso hay ya un dictamen, elaborado por el presidente de la Comisión de Comercio, el priísta Eloy Cantú.
Cantú había citado a reunión de comisiones unidas el jueves pasado, pero la denuncia del perredista Garibay, quien advirtió ante el pleno senatorial del intento de aprobar esa reforma al vapor, hizo que la decisión se pospusiera unos días.
El coordinador de los senadores del PT, Ricardo Monreal, deploró que de nuevo priístas y panistas pretendan dar fast-track a una reforma lesiva para los mexicanos, ya que por la puerta de atrás se quiere avanzar en la privatización de los servicios de energía eléctrica, agua y seguramente también el petróleo
La perredista Rosalinda López aseveró que el dictamen copia casi íntegra la iniciativa de Calderón, que prácticamente se aprueba en sus términos, porque los cambios son mínimos.
El priísta Cantú convenció ya a los integrantes de su bancada de que aprueben sin discusión ese dictamen, con el argumento de que las asociaciones público-privadas operan con éxito en varios países y han sido factor importante para la atracción de inversiones.
Monreal resaltó que es un riesgo permitir a empresas extranjeras firmar contratos con el gobierno federal para realizar todo tipo de obras y servicios, pasando incluso por encima de lo que señalan otras leyes nacionales y la propia Constitución.
El perredista Torres recalcó que se intenta dar la vuelta a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas, para permitir contratos que benefician a inversionistas privados, quienes podrán incluso transferir sus obligaciones al Estado.
Preocupa a los legisladores que mediante la nueva ley se permitiría al presidente de la República en turno comprometer recursos futuros, dejando el pasivo a las siguientes administraciones.
Además de avalar que dependencias del gobierno federal firmen contratos hasta por 50 años con empresas nacionales y extranjeras, la iniciativa de Calderón incentiva a los particulares para que propongan el desarrollo de proyectos que responden más a la oportunidad de hacer negocio que a la necesidad real de infraestructura, recalcó Garibay.
Sin embargo, dado el acuerdo PRI-PAN en esa materia, es un hecho que se aprobará este lunes en comisiones y se podría votar entre martes y jueves.

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