Clavos en el ataúd de la democracia. La desaparición forzada sistematica y generalizada en Mexico

José Luis Avendaño C.

El 26 de mayo, se cumplieron 20 meses del caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, rumbo a la  ciudad de México para asistir al acto del 2 de octubre, desaparecieron. Literalmente, “se los tragó la tierra” o, lo que muchos piensan, ya asesinados, sus cuerpos fueron consumidos por el fuego. Aunque los presuntos autores intelectuales del hecho –el alcalde y su esposa— se encuentran detenidos, no se conoce, a ciencia cierta, lo que sucedió esa noche y la madrugada del día 27.

En la víspera del aniversario, se dio a conocer un documento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos: “10 años de Desaparición Forzada por Motivos Políticos en México. Informe de 2006 al 2016”, que comprende el sexenio de Felipe Calderón y lo que va del sexenio (hasta marzo pasado) de Enrique Peña Nieto, en el que se incluye un capítulo sobre el caso Ayotzinapa-Iguala. El informe cuenta con el aval del representante en México del Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Se parte de la definición de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, que en su artículo II dice que, para el efecto “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”. Y se documentan 56 casos de desaparición forzada por motivos políticos, entre 2006 y 2012, y otros 83 casos, entre 2013 y 2016.

No hay mayor incertidumbre, que no saber si los desaparecidos se encuentran vivos o  muertos, si fueron torturados o en qué condiciones están o estuvieron, y que buscan dos cosas simples: Verdad y Justicia. En el informe del Comité Hasta Encontrarlos, viene un apartado sobre los impactos que sobre los familiares tiene la desaparición forzada, que se resume en “un dilema muy difícil: buscar a su ser querido enfrentando todo esto (desde las dificultades económicas hasta el desgaste emocional), o continuar con su vida, y olvidarse del asunto”. Las autoridades encargadas de los casos, apuestan a la desesperación y al cansancio de los familiares, para que olviden el asunto. Con ello, se piensa, “el Estado diluye su responsabilidad”.

Si anteriormente, en la época de la guerra sucia, en las décadas de los 70 y 80, la represión se centraba contra a los que consideraba enemigos o críticos del Estado, que fue el auge de los movimientos guerrilleros, frente a la cerrazón democrática del autoritarismo priista, hoy, en el periodo que comprende los gobiernos de Calderón y Peña, signados por la guerra contra las drogas, cobra visos de una política de terrorismo de Estado. En este sentido, “la continuidad de la política de seguridad en el periodo de EPN y la agudización de las reformas neoliberales, incrementaron la implementación de las desapariciones forzadas en los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto”, sumando nueve mil 384 personas.

En lo que se define como un instrumento o mecanismo de control social, cuyo fin es desmovilizar e infundir miedo en la población, entre las víctimas se cuentan también a periodistas y defensores de los derechos humanos, que incluye a los que defienden los recursos naturales, y cuya lucha afecta intereses corporativos, en el que el Estado protege a dichos intereses, por encima de los de la Nación. Lo que se busca con esta política de Terrorismo de Estado es que la sociedad “no se organice y manifieste su descontento ante la imposición de una serie de políticas económicas que le perjudican”.

Por si lo anterior no fuera suficiente, al gobierno mexicano le llueve sobre mojado, pues el 7 de junio, la Open Society Justice Iniciative (OSJI), presenta su informe: “Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, junto con cinco organizaciones independientes de derechos humanos: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

“La magnitud de los asesinatos, desapariciones y torturas durante varios años satisface el umbral legal para ser considerados un fenómeno ‘generalizado’. Asimismo, la amplitud, los patrones y la intensidad de los delitos sugieren firmemente que también pueden ser considerados como fenómenos ‘sistemáticos’”.

El director ejecutivo de OSJI, James A. Goldston, fue enfático: “El gobierno mexicano ha demostrado, ante la comunidad internacional, liderazgo en materia de derechos humanos durante muchos años. Ahora es el momento de exhibir la misma postura a nivel nacional y enfrentar la crisis de confianza en el sistema judicial que rige en el país, al investigar y procesar los crímenes atroces que se han cometido en México”. O séase que somos candil de la calle…

Así, los dos informes, de los aquí damos cuenta, se convierten en sendos clavos en el ataúd de la democracia (a la) mexicana; democracia que vaga cual zombi, en un territorio sembrado de fosas clandestinas con restos de cuerpos que no sabemos quiénes son, pero seguramente tuvieron un rostro y un nombre, y que algún familiar los busca y no los olvida.

COMUNICADO SOBRE AMENAZAS A INTEGRANTE DE NUESTRA ASOCIACIÓN, EL TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

Al Pueblo de México

Al Pueblo de Guerrero

A la opinión pública

Alertamos a la opinión pública y a nuestros amigos y colaboradores que el día de ayer 28 de marzo del año en curso, siendo las 12:13 del día recibimos una llamada al teléfono de nuestra oficina, de una persona del sexo masculino, identificándose como Marcos Torres de la CTM, del número 7471350172, solicitando hablar con el C. Javier Monroy y preguntando si seguía siendo el presidente de nuestra asociación, lo cual no nos pareció extraño pues por la forma en que se dirigió y pregunto por el compañero nos pareció normal.  

Al contestar el compañero Javier, dicha persona le comento que se encontraba en el Ayuntamiento y que si la dirección donde nos encontrábamos seguía siendo la misma, porque quería platicar con él para comentarle algunos pormenores del motivo de su llamada y que las siglas de CTM correspondían a los Caballeros Templarios de Michoacán, que traía un encargo y que él sabia como se mueve con la gente de su “organización” y quería saber cómo querían que lo trataran si como amigo o enemigo.

Obviamente que el compañero Javier se negó a continuar la conversación ante lo cual recibió diversas amenazas.

Pudiera parecer un intento de extorsión más de las muchas que padecemos los ciudadanos, sin embargo, nos extraña que seamos víctimas de hostigamientos en períodos en los que nos encontramos realizando actividades en favor de las víctimas de la violencia social, pues recientemente realizamos un evento para recordar a nuestro compañero Jorge Gabriel Cerón Silva a 9 años de su desaparición y a nivel nacional nos encontramos participando en el proceso de elaboración de una Ley sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares para el reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas de estos delitos y de sus familiares.

Además cabe recordar que este hecho de hostigamiento no es el primero que ocurre hacia miembros de nuestra Asociación, pues, a partir de que constituimos el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, se dieron una serie de amenazas para que dejáramos de buscar verdad y justicia para nuestras víctimas.

A finales del año 2009 se iniciaron las amenazas y hostigamientos en nuestra contra, lo cual nos llevó a tomar la determinación de interponer una denuncia ante el ministerio público radicada bajo el número DGCAP/1141/2009, recibiendo como respuesta de la Procuraduría de Justicia del Estado, en voz de su entonces titular, “no se preocupen, si quisieran hacerles algo, ya se los hubieran hecho”. Como resultado de esa minimización y omisión por parte de las autoridades, nunca se investigaron los hechos, ni se nos proporcionó información sobre el estado de la denuncia, a pesar de haberla solicitado oficialmente en varias ocasiones, hasta que en el año del 2015 y solo por la intervención de la CODEHUM, de manera indolente se nos dio a conocer que la denuncia ya había prescrito, colocándonos así en un estado de indefensión y riesgo que hasta la fecha prevalece.

En febrero del 2011 fuimos desalojados con violencia del Módulo de Información, Cultura y, Denuncia que teníamos instalado en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac y de lo cual están las recomendaciones de la 066/2011 de la CODEHUM y la 084/2012 de la CNDH, que hasta la fecha no se han cumplido; en el mes de agosto del mismo año nuevamente fuimos amenazados por supuestos integrantes del crimen organizado que “solicitaban cuota” para poder brindar seguridad a la labor que realizamos como resultado del desalojo y en caso de negarnos se llevarían “al jefe y al personal”.

Esta situación de hostigamiento se reactivó en el año 2012 y se mantuvo de manera constante hasta mediados del 2013 cuando fuimos retenidos en una localidad de la Costa Grande y trasladados a una entrevista no deseada con gente extraña y en un lugar apartado, relacionada con nuestras actividades de defensa de los derechos humanos en aquella región.

Nuevamente en el año 2014 alertamos de amenazas veladas de represión, cuando a principios de ese año el periódico Milenio, en una tendenciosa nota del periodista Pascal Beltrán del Río, seguramente pagada por el gobierno en turno, difamó al Coordinador de nuestra Asociación, Javier Monroy, de ser “cabeza de una célula guerrillera en Chilpancingo”.

Posteriormente en el mes de julio del mismo año de manera extraña fuimos agredidos y asaltados en un raro operativo en la Costa; posteriormente el 28 de noviembre del 2014, amaneció en el parabrisas de nuestro vehículo, un mensaje anónimo escrito en un sucio pedazo de cartón, donde nos advertían que por cada marino, militar o policía que cayera derivado de las movilizaciones por verdad y justicia para ayotzinapa, se acortaría un año de vida del compañero Javier y que además nos tenían vigilados.

Es por eso que hoy hacemos de su conocimiento lo sucedido el día de ayer, pues desconocemos el origen de estas amenazas y dado que no es la primera vez, responsabilizamos a las autoridades de la integridad física y moral de nuestro compañero Javier Monroy y demás integrantes de nuestra Asociación, pues desconocemos si son los responsables directos o son omisos y encubren a quienes nos amenazan e intimidan.

Nos preocupa además porque en diversas ocasiones hemos advertido públicamente a las autoridades de violaciones graves de derechos humanos y situaciones de riesgo de ciudadanos y comunidades que se han asumido de manera indolente e irresponsable y han derivado en hechos violentos y tragedias, como fue el caso del asesinato del campesino ecologista Javier Torres Cruz, solo por mencionar uno de tantos casos.

Por lo anterior solicitamos la solidaridad del Pueblo de Guerrero, la intervención de las instituciones de derechos humanos y de las autoridades correspondientes para que se nos otorguen las garantías necesarias y podamos seguir realizando nuestro trabajo de apoyo, orientación, asesoría y acompañamiento de las víctimas de la violencia social y de desarrollo comunitario en la entidad.

Chilpancingo, Guerrero, a 29 de marzo del 2016

Amenazas a la integridad física y allanamiento de morada en contra de integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces” y de la Comisión Estatal para la Promoción de una Vida Digna A.C.

México D.F., a 06 de Enero de 2016

ACCIÓN  URGENTE: Amenazas a la integridad física  y allanamiento de morada en contra de integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces” y de la Comisión Estatal para la Promoción de una Vida Digna A.C.

Número de Referencia: AU-06-01-16-001-AMN-COFADDEM-MORELIA-MX.

Presidente de la República, Enrique Peña Nieto

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong

Subsecretaria Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián

Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia

Gobernador Constitucional del Estado de​ Michoacán, Silvano Aureoles Conejo

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante

Presidente de la Comisión  de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, Víctor Manuel Serrato Lozano

Presidente de la Junta de Coordinación política dela Cámara de Senadores, Emilio Gamboa Patrón

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores,  Angélica de la Peña Gómez

Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, César Octavio Camacho Quiroz

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Armando Luna Canales

Procuradora General de la República, Arely Gómez González

Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Adrián López Solís

Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, José Martin Godoy

Presidente Municipal de Morelia, Michoacán, Alfonso Jesús Martínez Alcázar

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  Dr. Luis Raúl González Pérez

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein

Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña

Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Emilio Álvarez Icaza

Las organizaciones pertenecientes a la Red de Alerta Temprana con domicilio para recibir comunicaciones Manuel María Contreras 73, Colonia San Rafael, Delegación Cuauhtémoc, 06470, México, Distrito Federal, Tel: +5255 56108790 enlace.limeddh@gmail.com manifestamos preocupación y solicitamos su intervención urgente ante: Amenazas a la integridad física y allanamiento de morada en contra de integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, (COFADDEM) “Alzando Voces” y de la Comisión Estatal para la Promoción de una Vida Digna A.C.

HECHOS

De acuerdo con información recibida por la organización defensora de los derechos humanos “Fundación Diego Lucero”, A.C., el pasado 25 de diciembre de 2015 aproximadamente a las 5:30 a.m. hombres armados irrumpieron violentamente en el domicilio ubicado en calle Hacienda Santa Catarina No. 326, Colonia Haciendas del Sol, en  el municipio de Tarimbaro, Michoacán, donde se encontraban los familiares del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruíz detenido desaparecido por elementos del Estado mexicano  desde el 26 de Septiembre del  2007 en Morelia, Michoacán; entre ellos Cristina Erandeni, Janahuy y Francisco Paredes Lachino hijos del luchador social;  Mario Zambrano Pineda, María de la Concepción Onofre Arellano y dos menores de edad, uno dos años y otro cuatro meses respectivamente.

Los dos hombres uno de aproximadamente  55 años de edad, vestido de negro y lentes obscuros y quien daba las órdenes y otro de 33 años quien vestía pantalón gris y camisa rosa;  ingresaron de forma violenta hasta el patio de la casa y con armas de fuego hicieron disparos al aire en varias ocasiones, sometiendo a golpes al Sr. Mario Zambrano Pineda,  quien opuso resistencia al ver que los hombres intentaban entrar al interior de la casa donde se encontraba el resto de la familia.  Al preguntar en varias ocasiones sobre el motivo por el cual se presentaban de esa forma, el  hombre de aproximadamente 55 años de edad, contestó entre palabras altisonantes  “porque son de derechos humanos” e inmediatamente se retiraron del lugar.

Después que los hombres se retiraron aproximadamente a las 5:57 a.m. Janahuy Paredes Lachino, marcó al número 066 de la Secretaría de Seguridad Pública para casos de emergencia, para solicitar la intervención de las autoridades. Su llamada fue atendida por la operadora número 29 a quien Janahuy le proporcionó su nombre; sin embargo las unidades de policía nunca se presentaron.

A las 8:03 am del mismo día 25 de diciembre, nuevamente se presentan los mismos hombres armados, con tres sujetos más, quienes rodearon la casa.  Dos hombres,  entre ellos el sujeto de  55 años hicieron el intento de abrir la puerta de la entrada al interior de la casa. Al no lograrlo gritaron a la familia que se encontraba dentro, “por qué le habían llamado a la policía” y en forma irónica mencionó “qué bueno que los atendieron”. Enseguida señaló a Janahuy y ordenó a uno de los hombres que lo acompañaban, “identifíquenla bien de la cara, después se encargan de ella, se la llevan y  la desaparecen, porque ella fue la que llamo”, “También se llevan a ese cabrón  por broncudo” señalando al Sr. Mario Zambrano. En el instante se retiraron del domicilio en un  vehículo blanco,  marca Nissan,  con placas PTA-35-50.

Los hombres que los acompañaban de aproximadamente 20 0 25años de edad, dos de ellos portaban chamarra  color azul con letras de la policía  Fuerza Ciudadana,  pasamontañas de color negro; otro de los hombres vestía pantalón de mezclilla color negro, chamarra de piel negra y lentes obscuros. El sujeto que vestía pantalón gris y camisa rosa portaba una arma larga modelo A-R15;

El 27 de diciembre de 2015 Janahuy Paredes Lachino interpuso una denuncia con número de caso 1003201518390 y número de expediente 09417/UATP/MOR/2015 ante el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Unidad de Atención Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, (PGJEM) y el 28 de diciembre, interpuso queja por comparecencia ante  el Licenciado Antonio Carlos Cortes Arroyo, capturista adscrito a la Coordinación de Orientación Legal, Quejas y Seguimiento de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH,  contra del personal que resulte responsable del Centro  de Comunicaciones, Computo, Control y Comando, C4, y/o en contra de elementos de Seguridad Publica, todos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

Antecedentes:

El 13 de septiembre del 2015, aproximadamente a las 20:30 horas, en el domicilio de la Sra. Angelina Fernández Reyes,  se presentó un  sujeto armado, amenazando con el arma a 4 menores de edad que se encontraban en el lugar y a la señora Angelina con desaparecerla y al instante se retiró del lugar. La señora Fernández llamó al número de emergencia 066 de la Secretaria de Seguridad Pública para pedir su intervención. Cuarenta minutos después llegó una unidad  de la Fuerza Ciudadana, quienes comentaron a la señora Fernández que no podían hacer nada porque no había delito que perseguir y se desconocía la procedencia del sujeto armado.

Es importante destacar que la señora Angelina Fernández,  hoy identifica al hombre que amenazó a sus hijos y a ella con el mismo hombre de aproximadamente 55 años de edad que agredió el día 25 de diciembre del 2015 a la familia de Francisco Paredes Ruíz.

Anteriormente la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos hizo pública una Acción Urgente (AU­ 15­07­01/JPL/FDL) para denunciar el seguimiento y vigilancia de que fue objeto Janahuy Paredes Lachino, El día lunes 29 de Junio del 2015 aproximadamente a las 17:00 horas, cuando se encontraba viajando en el transporte del metro de la Ciudad de  México y se percató que  dos  personas una de sexo masculino y  la otra del sexo femenino le estaban dando de manera evidente seguimiento y vigilancia.  Los hechos se dieron en el transcurso   del abordaje de la estación del metro Lagunilla (Garibaldi/ Lagunilla) a Bellas Artes (dirección Taxqueña) hasta el metro Allende.

Cabe mencionar que Cristina, Janahuy y  Francisco Paredes Lachino, junto con el  Sr. Mario Zambrano, son integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” organización que exige al estado mexicano la presentación con vida de las personas detenidas desaparecidas en el Estado de Michoacán desde 2006 a la fecha. La Sra.  María de la Concepción Onofre Arellano y la Sra.  Angelina Fernández Reyes son  parte de la  Comisión Estatal para la promoción de una Vida digna, A.C. organización integrada por mujeres dedicadas a la promoción y defensa y de los derechos humanos en Michoacán. Por lo que no dudamos en afirmar que las agresiones y amenazas a la integridad física de las personas mencionadas, están relacionadas con la actividad de defensa de los derechos humanos que realizan. 

Por estas razones las organizaciones que conformamos la Red de Alerta Temprana, manifestamos nuestra profunda preocupación ante estos hechos y la criminalización de la protesta social que se vive en México, por lo que demandamos de las autoridades en sus tres niveles de gobierno:

Acción solicitada:

 i. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Janahuy Paredes Lachino,  Cristina Erandeni Paredes Lachino, María de la Concepción Onofre Arellano, Angelina Fernández Reyes,  Francisco Paredes Lachino,  Mario Zambrano Pineda, y  a los menores de edad, Francisco Emiliano Zambrano Paredes, Eréndira Paredes Onofre; de sus  familiares y allegados;  así como de las personas que integran el Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México COFADDEM “Alzando Voces” y la Comisión Estatal Para la Promoción de una Vida Digna A.C.

ii.  Llevar a cabo  una investigación inmediata, exhaustiva,  efectiva e imparcial en torno las amenazas a la integridad física y psicológica que  han recibido y los resultados de esa investigación se haga público con el fin   que los responsables intelectuales y materiales, comparezcan ante la justicia y les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley.

iii. Velar por que se ponga fin a todo tipo de seguimiento, hostigamiento y amenazas en contra de Janahuy Paredes Lachino, Cristina Erandeni Paredes Lachino, María de la Concepción Onofre Arellano, Angelina Fernández Reyes,  Francisco Paredes Lachino,  Mario Zambrano Pineda, y  a los menores de edad, Francisco Emiliano Zambrano Paredes, Eréndira Paredes Onofre; de sus  familiares y allegados;  así como de las personas que integran el Comité de Familiares de Personas Detenidas-Desaparecidas en México COFADDEM “Alzando Voces” y la Comisión Estatal Para la Promoción de una Vida Digna A.C., en general, en contra de todos los defensores de derechos humanos en México.

iv. Rechazamos la criminalización de la protesta social y nos manifestamos enérgicamente contra la violación a los derechos fundamentales de los luchadores sociales y de los defensores de derechos humanos en nuestro país.

v. De manera general conformar sus acciones a lo dispuesto por las Declaraciones, los Pactos y Convenciones Internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, garantizando el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país.

vi. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al:

-Artículo 1: “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”

-Artículo 5.a: “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional a reunirse o manifestarse pacíficamente”

-Artículo 12.2: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración”.

vii. A los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten a las autoridades a que atiendan las peticiones planteadas.      

Atentamente

Por las organizaciones integrantes de la Red de Alerta Temprana

Dr. Adrián Ramírez López

Presidente de la Limeddh

Red de Alerta Temprana Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), Fundación Diego Lucero A.C., Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM FEDEFAM), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), el Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México), la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH), el Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C., la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM), Comité de Familiares de Personas desaparecidas en México, Alzando Voces y Comité de Defensa de Derechos Humanos CHOLOLLAN.

 Direcciones:

 Presidente Enrique Peña Nieto, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. FAX: (+52) 55 5093 4901; E-mail: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx

 Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX + (+52) 55 5093 34 14 E-mail: secretario@segob.gob.mx

 Arely Gómez González, Procurador General de la República, Av. Paseo de la Reforma 211-213, Col. Cuauhtémoc Distrito Federal, México. E-mail: rely.gomez@pgr.gob.mx

 Roberto Campa Cifrián., Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586 E-mail: rcifrian@segob.gob.mx

 Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso, Col. Tlacopac San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, Fax: (+52) 0155 36 68 07 67 E-mail: correo@cndh.org.mx

 Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Mariano Michelena -ampliación-, Amp Mariano Michelena, 58195 Morelia, Mich., Tel: (443) 322-90-00 ext. 109,  Casa de Gobierno, Periférico Paseo de la República # 1500, Dr. Y Gral. Oviedo Mota, C.P. 58060. Morelia, Michoacán. Tel. 322-90-00 322-90-73 Ext: 106 111 112

 José Martin Godoy , Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, Periférico república 5000, Sentimientos de la Nación, 58170 Morelia, Michoacán, Teléfono: 3 299 6674, E-Mail: pgje@michoacan.gob.mx

 Víctor Manuel Serrato Lozano, Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, Fernando Montes de Oca #108, Chapultepec Nte., 58260 Morelia, Michoacán, Teléfono:01 443 113 3500. 

 Adrián López Solís, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Gobierno, Avenida Madero Poniente 63, Centro, 58000 Morelia, Michoacán. Teléfono: 313-01-75, 312-35-36.

 Alfonso Jesús Martínez Alcázar, Presidente Municipal de Morelia, Allende #403 Col. Centro, CP 58000, Teléfonos: 3 12 01 01, E-mail: presidencia@morelia.gob.mxDirección,

 José Antonio Bernal Bustamante, Comisario Gral. Secretaria de Seguridad Pública,  Boulevard Sansón Flores 120, Bosques Camelinas, 58290 Morelia, Michoacán, Teléfono:3 113 4300

 Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente de la Junta de Coordinación política de la Cámara de Diputados,  Av. Congreso de La Unión, nº 66, Venustiano Carranza, El Parque, 15960 Ciudad de México, D.F. Teléfono:01 55 5036 0000, manlio.beltrones@congreso.gob.mx

 Armando Luna Canales, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Av. Congreso de La Unión, nº 66, Venustiano Carranza, El Parque, 15960 Ciudad de México, D.F. Teléfono:01 55 5036 0000, armando.luna@congreso.gob.mx

 Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 15 chemin Louis-Dunant. 1202, Ginebra, Suiza. FAX: (+41) 22 748 07 08, mission.mexico@ties.itu.int

 Embajador Juan José Gómez Camacho, Embajada de México en las Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa, 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19. embamex@embamex.eu, jgomezc@sre.gob.mx

 Zeid Ra'ad Al Hussein asumió el cargo de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Teléfono: +41 22 917 9220 Correo electrónico:Infodesk@ohchr.org

 Jesús Peña, Representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Alejandro Dumas 165, col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, CP 11560, DF, Tel: (52-55) 5061-6350, Fax: (52-55) 5061-6358 oacnudh@ohchr.org , Atención a María Luisa Bascur, Unidad de Observación mlbascur@ohchr.org

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Secretario Ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, 1889 F Street NW Washington, D.C., 20006, Estados Unidos, Teléfono: 1 (202) 370 9000 Fax: 1 (202) 458 3992 / 6215 Correo electrónico: cidhoea@oas.org, cidhdenuncias@oas.org

 Amnistía Internacional México,  Luz Saviñón 519, Col. del Valle Norte, Del. Benito Juárez, 03103, Ciudad de México. +52 (55) 4747 1659 info@amnistia.org.mx

--

Dr. Adrián Ramírez López

Presidente

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C.

¡Una llama encendida para los derechos de los pueblos!

¡2005-2015 Década de Lucha contra la Impunidad!

La Limeddh es filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y está asociada a Trabajar Juntos por los Derechos Humanos. Todos ellos con estatuto consultivo ante la ONU (Resolución 1296 del ECOSOC)

Muere el activista Ken Lueders Monsiváis, quien fué victima de Tortura en #Atenco

Por Blanca Juárez           

México, DF. El periodista independiente, activista, músico y actor Ken Lueders Monsiváis, de 31 años de edad, falleció este miércoles, sin que aún se precisen las causas de su deceso.

Lueders Monsiváis, junto con su hermano Dierk, fue uno de las 208 víctimas de tortura y detención arbitraria en el operativo policial de 2006 en San Salvador Atenco. Ambos se encontraban en aquella localidad del estado de México realizando un reportaje para la revista Sic Literatura y otros Errores sobre la represión policiaca ocurrida un día antes, el 3 de mayo de aquel año.

Tras el desalojo de vendedores de flores, que formaban parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) –agrupación que logró frenar un proyecto gubernamental para construir un aeropuerto en sus terrenos agrícolas--, el entonces gobernador de la entidad, Enrique Peña Nieto, ordenó la incursión cientos de elementos policiacos para tomar el poblado. El 4 de mayo se unieron 3 mil elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Policía Federal Preventiva.

Mientras los hermanos Lueder realizaban una entrevista a uno de los pobladores en el domicilio de éste, policías del estado de México entraron sin orden de aprehensión. A golpes y amenazas de muerte los sacaron. Diez días después lograron salir del penal de Santiaguito, absueltos de todos los delitos que se les imputaban

Apenas en octubre de este año que hoy termina, Ken denunció que había sido hostigado para declarar como testigo en los juicios que aún se llevan en contra de los responsables de los crímenes ocurridos en Atenco. Con órdenes de presentación policías acudieron a su domicilio para llevarlo a testificar, pero con la advertencia de que si decía algo que perjudicara a sus compañeros “se lo iban a chingar”.

Ken se negó a declarar como testigo, pues cuando lo sacaron de la casa donde se encontraba y en el traslado al penal le taparon el rostro y no pudo ver a los policías. Eso podría perjudicar a las víctimas más que ayudarlas, sostenía, pues podría caer en contradicciones, “y es lo que buscan”. Sin embargo, continuaba su activismo para combatir la “represión del Estado” y en favor del respeto a los derechos humanos.

Fuente: La Jornada

Comunicado Detención de Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui Firma la acción urgente: http://redtdt.org.mx/ 2014/09/mario-luna-vocero-de- la-tribu-yaqui-detenido/

En la cuenta de facebook de Serapaz México se denunció que:

"El día de hoy, jueves 11 de septiembre, a las 11:40 de la mañana de la Ciudad de México y las 9:49 de Sonora, fue detenido el vocero de la Tribu Yaqui Mario Luna por personas vestidas de civil en 4 vehículos no oficiales y en estos momentos ignoramos su paradero. Esto ocurre en el marco de la lucha de la Tribu Yaqui en defensa de su agua, ante la construcción y operación de el Acueducto Independencia. Ignoramos hasta el momento los cargos que se le imputan, sin embargo tenemos conocimiento de un proceso penal que se sigue en su contra sin que existan evidencias de su participación en dichos eventos, y desde hace meses diversas organizaciones de la sociedad civil hemos denunciado que dichas acusaciones son parte de una estrategia de criminalización contra la lucha de la Tribu Yaqui.

Hacemos un llamado al gobernador del Estado de Sonora Guillermo Padrés Elías, para detener esta escalda represiva en contra de los representantes de la Tribu y para que se abran caminos de diálogo que encuentren salidas a este conflicto."

Serapaz México hizo un llamado al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, para que detenga la represión en contra de la Tribu y se abra al diálogo. También pidieron a las autoridades competentes que informen sobre el paradero de Mario Luna y se garantice su integridad física y sicológica.

Firma la acción urgente: http://redtdt.org.mx/ 2014/09/mario-luna-vocero-de- la-tribu-yaqui-detenido/

http://serapaz.org.mx/

Comunicado de prensa de la MCO por la detención de Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2014

A los medios de comunicación,

A la opinión pública nacional e internacional,

El jueves 11 de septiembre de 2014 a las 9:20 de la mañana, fue detenido por cuatro hombres vestidos de civil, Mario Luna, secretario y vocero de la Tribu Yaqui. Mario, por su cargo en la tribu es uno de los compañeros más visibles en la lucha de resistencia que los yaquis llevan a cabo desde hace más de 4 años en contra del Acueducto Independencia, obra hídrica que intenta despojar del agua a toda la región yaqui.

Esta detención se da en un momento particularmente difícil, pues en las últimas semanas el Gobernador del Estado, Guillermo Padrés Elías se ha visto evidenciado por la negligencia y corrupción de su gobierno, en particular, ha causado indignación entre la opinión pública el cinismo con el que ha respondido a las críticas al descubrirse la existencia de su presa particular, con la que se podría abastecer por más de un mes a toda la Ciudad de Hermosillo.

Desde que inició la lucha contra el Acueducto Independencia, la Tribu ha sido señalada reiteradamente por el gobierno estatal en una campaña racista de odio, pues se han referido a ellos como criminales por defender su derecho al agua y ahora vemos el momento cúspide de dicha campaña. La detención del Secretario y Vocero de la Tribu, Mario Luna, bajo cargos  relacionados  al ejercicio de sus usos y costumbres es una muestra del desdén con el que el Gobierno mira su proceso de justicia. Cabe agregar que Mario Luna no se encontraba en el lugar de los hechos, lo cual deja claro el sentido político de su detención.

Las organizaciones que integramos la misión civil de observación, hemos sido testigos respetuosos del proceso, esperando que las instituciones del Estado Mexicano se comportaran a la altura del mismo, sin embargo presenciamos como estas instituciones hasta hoy le han dado la espalda a los Yaquis y han logrado que el estado de derecho sea cancelado para la tribu, sin embargo creemos que están a tiempo de reparar el daño y recuperar la dignidad que sistemáticamente han ido perdiendo.

En el Informe preliminar que hicimos público como Misión Civil de Observación a la Consulta a la Tribu Yaqui, advertimos de las diferentes violaciones a los estándares internacionales y a los derechos de la Tribu que han ocurrido durante el proceso de consulta, al tiempo que realizamos recomendaciones al Estado Mexicano, quien tiene la obligación de generar condiciones de credibilidad para el proceso de consulta y de respeto pleno a los derechos de las y los Yaquis.

Es importante para nosotros señalar que los yaquis no son botín político, que la lucha por el agua significa luchar por la supervivencia de su cultura, no por favorecer a un grupo político o a otro. Esta forma que tiene la clase política de ver todo en votos y elecciones, nada tiene que ver con los pueblos que viven intensamente procesos de lucha por su derecho a seguir existiendo, por lo que la exigencia es para evitar este exterminio en contra de la Tribu, que depende del agua del Río Yaqui en todos los sentidos para su subsistencia.

En este contexto, las más de 100 organizaciones e instituciones académicas que integramos la Misión Civil de Observación levantamos la voz y exigimos la libertad inmediata de Mario Luna y la cancelación de las órdenes de aprehensión que sabemos pesan sobre otros yaquis. De igual manera exigimos el cese a la campaña de hostigamiento y represión en contra de la Tribu y les recordamos que estaremos atentos a las siguientes acciones que los yaquis lleven a cabo en esta fase de lucha.

Por último, convocamos a la sociedad civil a juntos repudiar este hecho y a permanecer alertas ante cualquier nuevo intento por desarticular la digna lucha de la Tribu yaqui.

 

Atentamente,

Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez-Centro Prodh, Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos – CAM, Centro de Investigación y Promoción Social – CIPROSOC, Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo – CEREAL, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – CMDPDH, Consultoría Especializada en Justiciabilidad de los DESC – CEJUDESC, DECA Equipo Pueblo, Defensoras voluntarias de Espacio DESC, Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Food First Information and Action Network México – FIAN Sección México, FUNDAR Centro de análisis e investigación, A.C., Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ – IDHIE, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario – IMDEC, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos – LIMEDDH, Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas del DF, Programa de interculturalidad y asuntos indígenas de la Universidad Iberoamericana, Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional para el Hábitat – HIC AL, Proyecto de derecho a la consulta del Instituto de Investigaciones jurídicas  PAPIIT, IN302311 de la Universidad Nacional Autónoma de México, Radar-Colectivo de Estudios Críticos en Derecho (Distrito Federal), SERAPAZ Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Conformada por 74 organizaciones de derechos humanos de 20 estados del país). 

Para más información:

consultayaqui@gmail.com

www.observacionconsultayaqui. wordpress.com

http://www.youtube.com/watch?v=Ck-JbHrC16c&list=UU0WDc5WPMV5flFKaLhqtwWQ

 

Jornada Internacional a 4 años de asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakola, por paramilitares de UBISORl auspiciado por el #PRI

Jornada Internacional por la justicia a cuatro años de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakola

Exigen justicia y castigo a los asesinos de Bety Cariño y de Jyry Jaakkola 

 

Regeneración, 25 de abril 2014.  A cuatro años de los asesinatos de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola ocurridos en la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, Omar Esparza, compañero y pareja de Cariño dio a conocer que iniciará una huelga de hambre el próximo martes 29 de abril, para exigir a las autoridades federales que ejecuten todas las ordenes de aprehensión que se encuentran pendientes.

“Desde hace más de 2 años, la Procuraduría de Oaxaca logró que un juez penal dictara 13 ordenes de aprehensión contra los asesinos materiales del asesinato de Bety y Jyri, sin embargo, sólo una persona se encuentra detenida hasta el día de hoy y el resto siguen en libertad y en total impunidad”, señalo Omar Esparza quien también es activista y defensor de derechos humanos.

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos de asesinatos o agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos donde las investigaciones nunca logran determinar a los responsables de los hechos, en este caso se cuenta con sus nombres, sus rostros e incluso de varios de ellos con sus domicilios laborales y a pesar de todo ello no se les ha querido detener para que enfrenten sus acusaciones, expresaron en la conferencia de prensa.

La abogada y defensora de derechos humanos Karla Micheel Salas de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos quien es la representante legal del caso ante las autoridades señalo en su intervención que “tenemos el compromiso de las autoridades federales desde hace más de 1 año, asegurándonos a nosotros y a la embajadora de Finlandia en México que se organizaría un operativo para cumplir todas las ordenes de aprehensión, sin embargo, hasta la fecha ni siquiera se ha convocado a una reunión de seguimiento de tales compromisos” refirió la defensora “es evidente que existe una clara omisión intencional por parte del Gobierno Federal para detener a los responsables, pues la mayoría de ellos forman parte de un grupo paramilitar conocido como UBISORT que durante años fue auspiciado por gobierno priístas” sentenció.

La huelga de hambre que iniciará Omar Esparza forma parte de la Jornada Internacional por la detención de los asesinos de Bety y Jyri que iniciará el próximo 27 de abril con una campaña en redes sociales y actos político culturales en Finlandia, continuará el 28, a las 10.00 horas en el Salón Digna Ochoa de la CDHDF con un homenaje en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

Anunciaron también que el día 29 de abril, se realizará una concentración a las afueras de la representación del Gobierno de Oaxaca en la ciudad de México mitin que dará pie a una marcha hacia la Procuraduría General de la República para entregar al Procurador Jesús Murillo Káram una solicitud formal de audiencia para poder abordar los acuerdos no cumplidos por parte del Gobierno Federal en este caso. 

“La huelga de hambre es una acción desesperada, es un recurso al cual no nos hubiera gustado llegar pero no vemos disposición del Gobierno Federal para detener a los asesinos, esta acción junto con las otras de la Jornada Internacional esperamos que llame la atención de la PGR y que sean atendidas nuestras exigencias de justicia y castigo para los asesinos” concluyó Esparza.

Durante la conferencia dieron a conocer que se lanzara en el marco de esta Jornada una campaña en medios con las fotos, nombres y datos de los responsables que cuentan con órdenes de aprehensión para que la propia sociedad civil pueda ayudar a su captura ante la negligencia de las autoridades, señaló la abogada del caso.

Organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos manifestaron su solidaridad a las acciones que se realizarán en el marco de la Campaña, como Francisco Jiménez Pablo de Coordinadora Nacional Plan de Ayala; Norma Andrade, defensora histórica en contra de los feminicidios en Ciudad Juárez; Miriam Vargas, del Frente en Defensa del Agua y de la Tierra de Puebla, Tlaxcala y Morelos; Alejandro Cruz del Movimiento Indígena Zapatista (MAIZ Nacional); Ignacio del Valle, del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco y Francia Gutiérrez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC).

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL  

 

 

HOMENAJE 

BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA 

Cuatro años de impunidad 

 A 4 años del asesinato que continua impune de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras participaban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala, la CDHDF realizará un homenaje en memoria de su compromiso y su lucha por la desigualdad de los pueblo. El evento se llevará a cabo el lunes 28 de abril a las 10.00 horas en el Salón Digna Ochoa de la CDHDF bajo el siguiente programa: 

 

Bienvenida al Evento. Dra. Perla Gómez Gallardo, Presidenta de la CDHDF. 

Transmisión de videos de homenaje a Bety Cariño y Jyri Jaakkola 

 Palabras de Omar Esparza, esposo de Bety Cariño y activista de la Organización MAIZ, 

“Movimiento Agrario Indígena Zapatista” 

 Video conferencia con Eve Jaakkola, madre de Jyri. 

 Palabras de Alba Cruz Ramos, defensora de derechos humanos de “Código DH” 

 Clausura del Evento. Miguel Álvarez, de “Servicios y Asesores para la paz, SERAPAZ” 

 

Modera: David Peña de la CDHDF y Carla Michel Salas, de la ANAD.

Otro defensor de DH asesinado: Luis Olivares de Productores de Costa Grande Guerrero, OPPCG

TADECO Taller de Desarrollo Comunidatrio

 

 

LOS MEJORES HIJOS DEL PUEBLO SON ASESINADOS O ENCARCELADOS, LOS VANGUARDISTAS ENCONDEN LA CABEZA ANSIOSOS DE PODER Y EL MAL GOBIERNO SE AFIANZA RUMBO A LA SUCESION GUBERNAMENTAL

¿QUIÉN PARARA ESTA LOCURA?

En medio de un ambiente de inseguridad y violencia social, criminalización de la protesta social, imposición de políticas antipopulares y represión, el estado mexicano cierra la pinza contra el pueblo de Guerrero alentando el paramilitarismo, encarcelando y asesinando a dirigentes populares.

Nuevamente el día de  hoy  a 21 días del asesinato de la compañera Roció Mesino Mesino, volvemos a expresar nuestro coraje y nuestra rabia ante el asesinato del compañero Luis Olivares de la  Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG) quien fue abatido en su domicilio junto con su compañera Ana Lilia Gatica Rómulo en el Municipio de Coyuca de Benítez.

Hace 11 días Luis Olivares y su compañera se encontraron con nosotros, algunos compas del Tadeco, Doñas del Comité de Familiares y del #Yo soy 132 Chilpancingo, mientras colocábamos las mantas en el Árbol de la Dignidad Popular en la Plaza Cívica de Chilpancingo, para rendirle homenaje a nuestros muertos con la Sexta Ofrenda Combativa. Nos acompañaron un rato y comentamos la situación. Ellos acababan de dar una conferencia de prensa para denunciar la represión a su organización pues en días anteriores habían detenido a cuatro de sus compañeros en Coyuca de Benítez.

Ese día bromeamos porque el celular  de Luis se había ido a la lavadora dentro de su pantalón y su compañera río mucho cuando le comentamos que mejor le dejara dinero. En la mirada de los dos había tristeza, esa tristeza que nosotros ya conocemos cuando los compañeros, sin saberlo se despiden de nosotros, la misma que hemos visto tantas veces, la misma que vimos en Javier Torres, en Eva Alarcón, en nuestro compañero Jorge Cerón…

Luis Olivares, al igual que, Arturo Hernández Cardona,  Roció Mesino y Raymundo velázquez habían pedido medidas cautelares al mal gobierno de Guerrero y se fueron en espera de esas demagógicas medidas cautelares. El Estado seguirá lavándose las manos de estos crímenes a través de la criminalización de los compañeros, señalando mañosamente “que seguramente algo hicieron y por algo los asesinaron”.

Ante todo esto nos seguimos preguntando ¿Dónde está la Coddehum y el Consejo de Defensa de Defensa de los Defensores de los Derechos Humanos en Guerrero? Luis y su compañera fueron finalmente asesinados, la aquiescencia del Estado es evidente.

En días anteriores habíamos preguntado ¿ahora quien sigue? Ahora sumamos la pregunta ¿Quién parará esta locura? A los que no asesinan los encarcelan, culpándolos de los peores delitos y trasladándolos de manera inmediata a penales federales como el compañero Gonzalo Molina, la gente se esconde y el mal gobierno se fortalece.

Hasta ahora  durante la administración de este mal gobierno de Ángel Aguirre  Rivero han sido asesinados 13 dirigentes y militantes de organizaciones sociales de los cuales hasta el momento ninguno de los casos ha sido esclarecido.

¿Hasta cuándo aguantaremos? Nos siguen pegando abajo y el vanguardismo, en su enfermiza confianza y amor por el Estado, asume en el fondo la misma posición de quienes nos enjuician, criminalizan y reprimen.

Desde aquí el equipo del TADECO enviamos nuestra modesta pero sincera solidaridad con la familia del compañero Luis Olivares y de la compañera Ana LilIia Gatica.  Les  decimos que los acompañamos en su dolor y que no olvidamos ni perdonamos. Estaremos atentos a sus iniciativas de lucha para que éste crimen no quede impune y nos comprometemos a sumar éste caso a nuestra lucha por la vida, la libertad, la justicia y los derechos ciudadanos.

¡LUIS OLIVARES Y ANA LILIA GATICA VIVEN, LA LUCHA SIGUE!

¡QUE MUERA EL MAL GOBIERNO DE GUERRERO!

¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

¡NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS!

¡POR LA VIDA, LA LIBERTAD, LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS!

COMITÉ DE FAMILIARES Y AMIGOS DE SECUESTRADOS, DESAPARECIDOS Y ASESINADOS EN GUERRERO

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

Chilpancingo Guerrero a  10 de noviembre del 2013

--
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y
Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México
                          AFADEM-FEDEFAM