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Peña y Calderón al servicio de los empresarios |
REVISTA EMET. Tras los acuerdos cupulares alcanzados por Felipe Calderón y Enrique
Peña Nieto, en el Congreso de la Unión se dan prisa por aprobar la
reforma laboral enviada por el actual inquilino de Los Pinos y demandada
una y otra vez por los organismos empresariales, sin que les preocupe
mayormente el realizar un análisis exhaustivo para aquilatar la
conveniencia o no de mandar al bote de la basura la histórica Ley del
Trabajo promulgada en 1970 y que gracias a los gobiernos neoliberales se
ha convertido en letra muerta.
La iniciativa enviada en forma por demás apresurada por Felipe
Calderón al Congreso lejos está de hacer valer los principios
fundamentales que postulaba y defendía la Ley de 1970, sobre todo en lo
que se refiere a alcanzar el equilibrio y la justicia social en las
relaciones entre trabajadores y patrones. Mucho menos abona el
autodenominado “presidente del empleo”, que se convirtió en el
mandatario del desempleo, a consolidar el trabajo como un derecho y un
deber sociales y lo reduce, una vez más, a un simple artículo de
comercio, sin que medie el respeto para las libertades y la dignidad de
quien lo presta. Y ni que decir de que “la prestación de servicios
laborales deben efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud
y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia”,
postulados que en estos momentos se convierten para millones de
trabajadores mexicanos en una pura ficción.
Letra muerta desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en los
regímenes panistas, es el artículo cuarto de la Ley Federal del Trabajo
que establece que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni
que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode,
siendo lícitos. El explosivo desempleo que prevalece actualmente, así
como la prevalencia de la economía informal y el subempleo, sin que el
actual gobierno federal haya logrado hacer algo para mejorar el mercado
de trabajo y las condiciones laborales de los trabajadores, han arrojado
a la basura, por omisión o por acción, los postulados de esa
legislación, que ahora se pretende enterrar, de una vez y para siempre.
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Isaias Gonzalez CROC |
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Carlos Romero Petroleros |
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Armando Neyra CTM |
La primera fuerza política en el Congreso, el PRI, está buscando en
el Senado de la República que ambas cámaras creen una sola comisión
especial para la discusión y dictaminación de la reforma laboral. Nada
bueno augura que para integrar esa comisión se hayan registrado
personajes de la política mexicana tan nefastos a los intereses de los
trabajadores como el líder petrolero, Carlos Romero Deschamps; el
dirigente de la CROC, Isaías González; Armando Neyra de la CTM; y Diva
Gastelum, una dirigente priísta sin la menor experiencia en materia
laboral. Estos legisladores han manifestado su prisa y su decisión para
establecer un grupo de trabajo bicamaral “que nos permitirá cumplir los
tiempos que están cortos y fijar puntos de vista y opiniones, para que
cuando la pase a la Cámara de Diputados sea rápido”.
En ningún momento se han puesto a reflexionar en lo que más conviene a
los trabajadores, que tendría que ir en sentido contrario de aprobar
una reforma laboral retrógrada, y que sin duda tendría que pasar por
hacer valer otra vez los postulados de la Ley Federal del Trabajo, no
sólo en la legislación sino en los hechos, en la realidad, de donde
fueron eliminados gracias a la complacencia y a la omisión de los
gobiernos desde Miguel de la Madrid hasta Felipe Calderón.
Frente a la aplanadora priísta y panista que se conformará para
aprobar la reforma laboral calderonista, cuya matriz es sin duda la
llamada “Ley Lozano”, la dirección colegida de la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT) y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados determinaron unir fuerzas
para rechazar por completo la iniciativa enviada por el actual inquilino
de Los Pinos. Los diputados Silvano Aureoles, Miguel Alonso Raya,
Socorro Ceceña, José Luis Muñoz, Roberto López y Alejandro Carbajal,
precisaron que la bancada perredista considera una decisión apresurada e
incongruente la asumida por Calderón a la hora de enviar la citada
iniciativa.
Durante una reunión con los lideres sindicales de los telefonistas,
Francisco Hernández Juárez, del STUNAM, Agustín Rodríguez, de los
electricistas, Martín Esparza, y de la disidencia del SNTE, Artemio
Ortiz, Aureoles consideró que “es imposible que en un plazo de 30 día,
contenido en la reforma constitucional, se pueda legislar la iniciativa
preferente”. Destacó que además no existe una legislación secundaria,
“ni mucho menos vamos a legislar en contra de los intereses de los
trabajadores”. Por su parte, Alfonso Raya considera que Calderón se
burla del Congreso, porque “él sabe que en los términos en que envió su
iniciativa, y sobre todo por el contenido de la misma, resultará
imposible aprobar un adefesio de tal magnitud”.
Para los panistas el camino legislativo escogido por los priístas
para aprobar la reforma laboral no es el más corto ni el que más los
satisface. Luis Alberto Villarreal, presidente de la Junta de
Coordinación Política, consideró complicada la creación de una comisión
bicameral para discutirla, tal como lo propuso el PRI en el Senado. Dijo
que hasta el momento a él no le ha llegado ninguna propuesta formal
para formar esa comisión y destacó la contradicción en la que empiezan a
caer los priístas al poner trabas a la reformas estructurales. Para el
panista los del tricolor “quieren comenzar a defender no la libertad
sindical sino la libertad de las cúpulas sindicales a no rendirle
cuentas a sus agremiados”.
Por su lado, a los empresarios no les preocupa ni inquieta la
posición del PRD y del PT y Movimiento Ciudadano. Saben que una alianza
parlamentaria entre PRI y PAN sacará sin problemas la reforma laboral
que ellos han empujado desde hace varios años. A los dirigentes
empresariales les llama más la atención la negociación que al interior
del PRI se tendrá que realizar para poder lograr el apoyo de sus propias
organizaciones obreras. Sergio Cervantes Rodiles, presidente de la
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra),
considera que la aprobación de la reforma laboral no va a ser fácil si
el PRI no se sienta a negociar con los sindicatos y en la iniciativa
presidencial se “deja de lado” el tema de su autonomía.
El líder empresarial explica la necesidad de la dirigencia nacional
del PRI y de sus coordinaciones parlamentarias en el Senado de la
República y en la Cámara de Diputados de negociar con sus organizaciones
gremiales como la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) . Dijo que
seguramente estas organizaciones “le van a pedir que saquen la parte de
la autonomía de los sindicatos”. Para el dirigente de los industriales
del país esa será la única forma de que podrá ser aprobada la reforma
laboral que quedó pendiente durante todo el calderonato. No obstante,
considera que la iniciativa se tiene que encaminar a la productividad y
el empleo, dejando para más adelante la autonomía de los sindicatos.
Los industriales y empresarios empujan fuerte la aprobación de la
reforma laboral porque pugnan por la legalización de las nuevas formas
de contratación, por horas, medios tiempos o tiempos específicos.
Resaltan la importancia que tiene para ellos el tema de los salarios
caídos, los cuales desean que sólo sean seis meses, máximo, y si pasa de
ese periodo “que los pague el gobierno porque no es nuestro problema,
son atrasos de las juntas (de conciliación y arbitraje), no de los
empresarios”.
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