Telenews Ciudad de México.- Un ex fiscal federal mexicano, en
testimonio bajo juramento, ha implicado al ex presidente mexicano
Ernesto Zedillo Ponce de León como responsable directo de la masacre de
45 niños y adultos en Acteal, México, ocurrida en 1997.
El ex fiscal Ariel Jesús Maldonado Leza dio dos declaraciones juradas
a Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, PA, la firma de
abogados con sede en Miami que representa a 10 sobrevivientes de la
masacre en un juicio presentado ante la Corte federal de Connecticut en
septiembre de 2011. Las declaraciones de Leza se registraron ante la
Corte ayer, en el caso No. 11-CV-1433-AWT de Jane Doe v Zedillo.
Las víctimas buscan una indemnización por el asesinato de sus
familiares y por sus propias heridas, y desean que el tribunal de los
Estados Unidos declare a Zedillo responsable de la planificación de la
masacre, su ejecución y encubrimiento.
Zedillo, quien fue presidente de México de 1994 a 2000, vive ahora en
New Haven, Connecticut, donde tiene una cátedra en la Universidad de
Yale. La demanda se basa en la Ley de Reclamación por Agravios contra
Extranjeros (Alien Tort Claim Act) y la Ley de Protección a Víctimas de
la Tortura (Torture Victim Protection Act), que otorga jurisdicción a
los tribunales federales estadunidenses sobre tales afirmaciones.
La demanda acusa a Zedillo de supervisar un plan para suprimir la
insurgencia a través de medios ilegales, abuso de poder y recursos
gubernamentales, por medio de representaciones no gubernamentales, para
permitir una negación plausible de la masacre de civiles desarmados e
inocentes. Los asaltantes ––grupos paramilitares armados y entrenados
por militares mexicanos–– atacaron o dispararon a muerte a 45 civiles
indígenas desarmados y causaron la muerte de cuatro fetos no nacidos, al
tiempo que hirieron a decenas de personas más en el pueblo de Acteal,
en el remoto sur de México.
“El señor Leza corrobora otros documentos y cuentas que implican a
funcionarios del más alto nivel del gobierno de Zedillo con conocimiento
y participación directos en la masacre de Acteal”, dijo el abogado de
los demandantes, Roger Kobert.
“Dadas estas discusiones al más alto nivel, incluyendo el
conocimiento previo del procurador general de México, esta operación
––por no mencionar su seguro encubrimiento–– posiblemente no podría
haber tenido lugar sin la participación y aprobación del señor Zedillo”.
Según la demanda, la masacre de Acteal surgió de la implementación por
parte del gobierno de Zedillo del “Plan de Campaña Chiapas 1994”, un
documento secreto del gobierno mexicano que esbozaba un plan para
aplastar el movimiento insurgente zapatista de los 90. Como parte
central de ese plan se encontraba la creación y el despliegue de fuerzas
paramilitares y civiles para ayudar a las operaciones militares,
incluyendo civiles armados ilegalmente con armamento militar. La demanda
también alega que Zedillo conspiró posteriormente con el procurador
general Jorge Madrazo para encubrir el papel del entonces Presidente,
antes y durante la masacre de Acteal.
Al momento de la masacre, Leza era director general de Coordinación
Interinstitucional, representando a la Oficina del Procurador General en
reuniones interdepartamentales con la Secretaría de la Defensa Nacional
y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el servicio
de seguridad de México, con relación en el levantamiento zapatista en
Chiapas, que comenzó varios meses antes del inicio del mandato de
Zedillo en noviembre de 1994.
Leza confirma en sus declaraciones juradas que asistió a dos
reuniones en el Cisen y en la Secretaría de la Defensa Nacional, unas
dos o tres semanas antes de la masacre de Acteal. Altos funcionarios de
ambas dependencias se encontraban allí, incluyendo el director general
del Cisen, Jorge Tello Peón; el director de Protección del Cisen,
contralmirante Wilfrido Robledo Madrid; el secretario personal del
secretario de la Defensa Nacional, general Tomás Ángeles Dahuare, y el
jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general Juan Heriberto
Salinas Altes.
En ambas reuniones, con la presencia de Leza, representantes de la
Secretaría de Defensa declararon que era inaceptable un puesto de
control carretero establecido por rebeldes zapatistas en Polhó, cerca de
Acteal. Los representantes consideraron que era necesaria la
eliminación del puesto de control de Polhó y las supuestas “bases de
apoyo social” en Acteal, a pesar de ser conscientes de que el pueblo de
Acteal albergaba refugiados. Los informes de Leza sobre estas reuniones
fueron entregados directamente al procurador general Madrazo antes de la
masacre.
Después de la masacre de Acteal, Leza informó a sus superiores sobre
la conexión aparente entre la masacre de Acteal y los planes de la
Secretaría de la Defensa para eliminar el puesto de control de Polhó.
Leza también expresó su preocupación por la participación de la
Secretaría de Defensa en la investigación posterior. Los superiores de
Leza en la Oficina del Procurador General le dieron instrucciones de no
involucrarse en la investigación. En sus declaraciones, Leza confirma
además la existencia y la aplicación del “Plan de Campaña Chiapas 1994”,
que aboga por el uso de paramilitares en la campaña antizapatista. La
Secretaría de la Defensa ha negado la existencia de dicho plan.
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