“Nueva” Reforma Energética
Claudia Sheinbaum
El
gobierno de Peña Nieto está decidido a avanzar hacia una “nueva”
reforma energética. El anuncio que hizo desde la campaña presidencial,
lo signado en el llamado Pacto por México y el reciente cambio en los
estatutos del PRI, auguran un nuevo proceso para intentar la
privatización de la industria petrolera nacional y la riqueza que
genera, que parece se hará a través de leyes secundarias que serán
presentadas al Congreso de la Unión después del primer periodo de
sesiones del presente año.
Es
importante recordar que en el año 2008 se presentó una reforma
energética por parte de Calderón, que no tuvo el alcance esperado
gracias a una importante lucha por la defensa del petróleo. La intensión
en aquel año, era la de permitir la inversión privada en explotación,
refinación y transporte de hidrocarburos. Finalmente lograron a través
de las leyes secundarias un régimen de contratación especial de Pemex
para la explotación de petróleo y gas, a pesar de ser inconstitucional,
aunque con sus limitaciones. La movilización evitó la privatización en
las actividades de refinación y transporte y que pudiesen avanzar más en
los contratos de producción de crudo.
Claramente
la Constitución en sus artículos 27 y 28 establece que corresponde a la
nación el dominio directo del petróleo y todos los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; que el dominio de la nación es
inalienable e imprescriptible; y que tratándose de esos minerales no se
otorgarán concesiones ni contratos, y la nación llevará a cabo la
explotación de esos productos, en los términos que señale la ley
reglamentaria respectiva.[1]/
Precisa que el petróleo y los demás hidrocarburos así como la
petroquímica básica son funciones que el Estado ejercerá de manera
exclusiva por ser áreas estratégicas, y que para ejercer esa facultad de
manera eficaz contará con los organismos y empresas que requiera.[2]/
Aun
con el avance privatizador de la reforma del 2008, se establecieron en
las nuevas leyes, controles para la contratación de la extracción de
petróleo, entre otros, que Pemex no puede asociarse con empresas
privadas y que los contratos de explotación que establezca no podrán
estar pactados sobre la base del petróleo extraído. Aun cuando esto es
explícito en la Ley de Pemex, en los últimos dos años se celebraron
contratos con empresas privadas para la extracción de petróleo,
generando asociaciones y pagando con base en la cantidad extraída de
petróleo. Esto derivó en diversas controversias constitucionales
presentadas por la Cámara de Diputados y presidentes municipales, que en
todos los casos fueron rechazadas por la Suprema Corte, arguyendo la no
competencia de los demandantes, sin discutir ni siquiera el fondo del
asunto.
La
“nueva” reforma que está en puerta, tiene el objetivo de avanzar en los
temas en donde no pudieron en el 2008 e intervenir en otros que no
fueron planteados entonces. El objetivo al final, es permitir la
inversión privada en las diferentes partes de la cadena de la industria
petrolera nacional para transferir parte de la riqueza generada a las
grandes empresas transnacionales.
La
“nueva” reforma pretende: a) generar condiciones para que Pemex avance
aún más en la contratación de empresas privadas para la explotación de
crudo y gas natural; b) permitir la inversión privada en refinación y
transporte de petrolíferos y c) abrir un régimen especial para la
explotación del llamado gas y petróleo no convencional (denominado
también gas y petróleo de lutita o de esquisto o por su nombre en
inglés shale gas y shale oil). Tal parece que nuevamente
lo intentarán a través de leyes secundarias que violan flagrantemente la
Constitución, pero que con la colusión de la Suprema Corte, les
permitirían avanzar en este régimen de ilegalidad que impera en nuestro
país.
Vale la pena comentar sobre el shale gas y el shale oil.
En los últimos años, la tecnología de pozos horizontales y el
multi-fracturamiento hidráulico han hecho posible, técnica y
económicamente, extraer gas de rocas de baja permeabilidad como lutitas,
areniscas compactas, esquistos y pizarras, denominado genéricamente shale gas.
El desarrollo más espectacular se observa en los Estados Unidos, donde
el aumento de la producción de este recurso no convencional ha llegado a
representar el 35% de su consumo total de gas natural. Esta nueva
oferta ha deprimido el precio del gas natural hasta desligarlo del
precio del petróleo crudo. Por esta razón y buscando mayor ganancia, las
empresas productoras se orientan a buscar y explotar yacimientos de gas
con abundante contenido de aceite (shale oil).
En
México el gas de lutita se localizan en el noreste del país en la
porción terrestre del Golfo de México, en los contrafuertes de la Sierra
Madre Oriental, coincidiendo con zonas de hidrocarburos convencionales.
Se han identificado regiones geológicas que se ubican en los estados de
Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. En la actualidad Pemex
concentra el esfuerzo en identificar y mejorar la estimación del
potencial.
El
Departamento de Energía de los EU dio a conocer hace un par de años que
México era el cuarto país más importante, con recursos técnicamente
recuperables de 681 Tera pies cúbicos (Tpc) de gas shale. Pemex
es más precavido. Estima que el potencial de hidrocarburos no
convencionales alcanza 60 mil millones de barriles de petróleo crudo
equivalente (bpce), de los cuales el 48% es shale gas y el 52% es shale oil. El componente de gas alcanza 145 Tcf, de los cuales 92 Tcf es gas húmedo y 53 Tcf es gas seco. El componente de aceite (shale oil)
alcanza 31 mil millones de barriles y se localiza esencialmente en la
provincia de Tampico-Misantla. Dentro de la categoría recursos
prospectivos totales, el shale gas (52.6%) duplica en importancia al de aguas profundas.
Son
estimaciones preliminares, nadie sabe con certeza razonable la cantidad
de hidrocarburos no convencionales que existe en el país. La
exploración apenas comienza. Lo cierto es que la explotación del shale gas y de shale oil en México es un negocio muy atractivo para las empresas transnacionales.
Es
prudente señalar también, que los impactos ambientales y riesgos
asociados a la explotación de estos hidrocarburos no convencionales son
enormes. No solamente por la inmensa cantidad de agua que se requiere
para su explotación sino por diversos impactos que llegan hasta la
promoción de sismos en los sitios cercanos a su explotación.
¿Por qué nos oponemos a esta nueva reforma energética?
1. El
petróleo y el gas son recursos naturales de altísimo valor. No es
casual que la Constitución Mexicana reserve a la Nación su dominio y
prohíba la celebración de contratos para la extracción. La ganancia o
renta generada por la explotación de los hidrocarburos, pero
particularmente del petróleo, representa para México, cerca del 35% de
los ingresos del presupuesto federal. Transferir parte de la renta
petrolera a empresas transnacionales es un sinsentido.
2. La
refinación y la petroquímica le dan al petróleo su posibilidad de uso,
pues el petróleo no puede consumirse en su estado primario, requiere
refinarse para convertirlo en productos útiles como la gasolina o el
diésel o en petroquímicos que son la base de la industria química
mundial.
Suponer
que el único valor del petróleo está en su venta como crudo, es un gran
error. La gran mayoría de las empresas petroleras transnacionales
mantienen la cadena de valor completa, pues la venta de productos
petrolíferos les genera un inmenso valor agregado, indispensable para su
consumo.
En
Pemex se ha generado una absurda división administrativa artificial
entre la producción de crudo y la refinación. Bajo este régimen, la
subsidiaria de Pemex encargada de la producción de crudo (PEP) vende el
crudo a su valor en el mercado de Texas, a la subsidiaria de Pemex
encargada de la refinación (PR) y Pemex refinación no puede obtener
ganancias, pues el precio al que vende la gasolina, por estar
controlado, puede ser menor al de la materia prima. Este absurdo, que no
ocurre en ninguna empresa transnacional, es con el que se genera el
argumento de que “la refinación no es negocio”.
Con
esta absurdo “sustento” y a pesar de que la demanda de gasolina y
diésel en México ha crecido a tasas anuales sumamente altas, la
capacidad de refinación se ha mantenido constante, provocando que el 40%
del consumo de estos petrolíferos sea importado. México debe refinar su
crudo y Pemex es la entidad del estado mexicano encargada de hacerlo.
México
tiene capacidad técnica suficiente para afrontar los retos derivados de
la extracción y procesamiento de los hidrocarburos.
3. La
industria petroquímica nacional ha seguido un camino similar al de la
refinación y bajo diferentes esquemas pretenden privatizarla aún más,
renunciando al valor agregado que genera y teniendo que importar
productos que pueden ser producidos en México.
4. La
privatización de las actividades de extracción, la refinación,
petroquímica y transporte, eleva los cotos de producción. Es falso que
los disminuya. La privatización de la generación de la electricidad en
nuestra es la mejor muestra de ello.
5. Aun
cuando las actividades petroleras formalmente representan cerca del 7%
del PIB, los derivados del petróleo y el gas natural hacen funcionar el
80% de las actividades productivas y no productivas del país. Sin
hidrocarburos no funcionaría el 70% de las plantas eléctricas del país,
el 100% del transporte de carga y pasajeros y el 90% de las cocinas de
nuestros hogares. El petróleo no es cualquier bien. Es un recurso
natural de enorme influencia en la economía nacional y nuestra vida
cotidiana.
6. El
mundo depende en un 33% del petróleo y en un 22% del gas natural. Esto
hace que estos recursos tengan un valor tan importante a nivel
internacional. Estados Unidos es el principal consumidor de petróleo en
el mundo. Su consumo alcanzó en 2012, los casi 19 millones de barriles
de petróleo diarios, cerca del 20% del consumo mundial. El 45% de la
demanda de petróleo de Estados Unidos se cubre con importaciones. He ahí
la principal explicación de su necesidad de controlar el medio oriente,
principal región productora de petróleo en el mundo.
7. El
que el petróleo y el gas natural sean de la nación y la industria
petrolera esté en manos de entidades del Estado mexicano, le da al país
soberanía. Permitir nuevamente la entrada de empresas transnacionales en
la explotación de petróleo coloca al país en una enorme vulnerabilidad
frente a intereses ajenos a la Nación. Parece que olvidamos la historia.
El general Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera, entre otras
razones, por la estratégica defensa de la soberanía nacional.
8. El shale gas y el shale oil son
hidrocarburos regulados por la Constitución. Son parte del contenido de
los artículos 27 y 28 constitucionales. Además su explotación debe
evaluarse en función de sus impactos ambientales en el corto y largo
plazo. Las cantidades de agua necesarias para la extracción de estos
hidrocarburos, en regiones de escasez del vital líquido es una
estrategia irracional.
9. El
petróleo y el gas natural son recursos no renovables. Esto significa
que son recursos finitos que deben protegerse. Es absurdo proponer una
política energética sólo basada en una mayor extracción de
hidrocarburos. La riqueza que generan estos hidrocarburos deben permitir
a México una transición energética hacia otras fuentes de energía,
particularmente las renovables, que brinden al país, soberanía,
seguridad y menores impactos ambientales.
10. El
petróleo y el gas natural generan impactos ambientales locales y son
fuentes de energía fósil, principal promotor del cambio climático
global. Una política energética mexicana sustentable debe promover la
eficiencia energética y el uso de fuentes renovables de energía, esto
implica disminuir la demanda de los productos petrolíferos sin
comprometer el crecimiento y el bienestar de los mexicanos, es decir,
generando una transición energética que brinde seguridad a los mexicanos
en todos sentidos.
Por
un futuro soberano y sustentable, el petróleo, su riqueza y la
industria petrolera deben seguir siendo propiedad de la Nación.
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