¿Qué perdemos los ciudadanos con esta reforma política?

Es momento de que levantemos la voz y le insistamos a los diputados en que la finalidad de esta reforma tendría que ser la ampliación de nuestros derechos políticos y la certeza para ejercerlos plenamente. Si la reforma política se queda como está, los ciudadanos habremos perdido una vez más esa oportunidad.

PIJAMASURF Hace una semana convocaron a los senadores de la Comisión de puntos constitucionales a discutir y votar la reforma política de este año (ya no es LA reforma, sino una más). Lo supimos porque el senador Javier Corral, del PAN, se quejaba de que la convocatoria era de última hora y no tenía conocimiento del sentido del dictamen. El PRD había anunciado que se ausentaría de cualquier discusión. La sesión se pospuso y finalmente se votó un dictamen sin avance en la regulación secundaria para los mecanismos de participación ciudadana. Además lanzaba propuestas que aparentemente innovaban, pero que en realidad resultaron sólo maquetas de lo que debía ser la reconstrucción seria de un sistema sólido de democracia participativa. Cuando se votó en el pleno, el panorama no mejoró demasiado.

Incorporaron en la reforma el otorgamiento de autonomía a la Procuraduría General de la República y prometen transformarla en una fiscalía que mantenga distancia sana del poder ejecutivo; asunto que no necesariamente tenía que ser planteado en este contexto y del que no me voy a ocupar.  Por otro lado, sin atender ninguna de las observaciones, sugerencias y hasta advertencias de los especialistas electorales, los senadores se aventaron a dar por cerrada la figura del Instituto Federal Electoral para transformarlo en un Instituto Nacional que contará ahora con dos consejeros más y una cantidad de facultades que complicará las próximas elecciones. Aquí lo que podemos perder los ciudadanos es certeza. Lo dijimos muchos y varias veces: el problema de la injerencia de los gobernadores sobre algunos institutos electorales locales no se resuelve así. Será un sistema electoral que no ahorre demasiados recursos y que se tendrá que reinventar a pesar de que daba resultados.

No obstante que el 9 de agosto venció el plazo para que los legisladores nos entregaran las reglas del juego con las que funcionarán las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, dejaron esta obligación aventada en algún cajón.  En esta reforma que toca párrafos de la Constitución se hace vinculante la figura de la consulta popular, lo que implicará que si más del 50% de la población toma una decisión pública en las urnas, esta tendrá que aceptarse. Sin embargo, nos quedamos con las ganas de saber cómo funcionará, lo mismo que con la iniciativa ciudadana, que requiere un espacio obligatorio para  que una vez entregada por los ciudadanos deba, ser discutida en alguna de las dos cámaras. Sin regulación, estas tres figuras son sólo promesas en el aire. Así que los ciudadanos perdimos nuevamente la oportunidad de tener claridad sobre la operación de estos mecanismos de participación, hasta que les plazca regularlos. 

Otra pérdida importante es el efecto de rendición de cuentas que se buscaba al impulsar la reelección de legisladores y de alcaldes. Cuando promovimos la reelección desde la Asamblea Nacional Ciudadana (2009- 2011) y después desde Reforma Polítca YA (2012), insistíamos que su principal valor agregado era depositar en el ciudadano la decisión de que una autoridad continuara en el cargo y premiarlo por su buen desempeño. Con esto, los legisladores y alcaldes estaban obligados a mantener informados y en constante comunicación con su electorado. Ahora, esta ocurrencia de los senadores hace que la reelección dependa, en primera instancia, de que el partido decida si el candidato es merecedor o no de ella. No hay que pensarle mucho. ¿A quién rendirán cuentas entonces? ¿Con quién tiene que quedar bien aquel que quiera reelegirse? Pues sí, con los dirigentes de los partidos. Más poder para ellos y menos para nosotros.

Un punto más que resulta preocupante es el incremento al porcentaje de votos que requerirá un partido para mantener su registro. En efecto: los partidos que hay no nos satisfacen, sobre todo los pequeños que carecen de propuestas propias y que viven haciendo alianzas electorales y legislativas con los grandotes. Pero impedir que existan nuevas fuerzas políticas organizadas y con derecho a competir mediante un requisito tan alto, cierra definitivamente la oferta y concentra el poder en los mismos de siempre. Y es que les resulta más conveniente cerrar el sistema de partidos que trabajar en una Ley que promueva la formación de organismos con propuestas sólidas, estructuras no clientelares y que no abusen de los recursos públicos. Prometen los senadores que en abril publicarán la Ley de partidos. Si sucede como con la regulación secundaria de la reforma pasada, sabemos que no cumplirán el plazo.

En fin, ahora la reforma tendrá que ser votada en la Cámara de Diputados y corre el peligro de pasar sin modificación alguna. En el senado fue votada por todos los panistas, priístas y gran parte de los perredistas. Es momento de que levantemos la voz y le insistamos a los diputados en que la finalidad de esta reforma tendría que ser la ampliación de nuestros derechos políticos y la certeza para ejercerlos plenamente. Si la reforma política se queda como está, los ciudadanos habremos perdido una vez más esa oportunidad. 

Twitter de la autora: @maiteazuela

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