Mujeres
periodistas, doblemente silenciadas
José
Luis Avendaño C.
“La falta de una perspectiva de género en el
proceso judicial y la naturalización de
la violencia contra las periodistas se refleja en el deficiente acceso a la
justicia de este gremio, lo que genera condiciones de impunidad sistemática y la repetición de actos de violencia para inhibir o silenciar el ejercicio
periodístico”.
Así lo consigna el informe: “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”,
que presentó Comunicación de Información de la Mujer AC (CIMAC). Y ese es,
precisamente el problema agravado: a
los distintos niveles violencia –de
la censura, agresión, desaparición y asesinato— se agrega la impunidad
Está más que documentado que México es uno de los
lugares más peligrosos para practicar el periodismo, es decir, la libertad de
expresión y de opinión, la libertad de publicarlas, y que, por lo tanto, la
sociedad tenga el derecho de escucharla y de informarse.
En una década, la violencia contra las mujeres
periodistas se ha incrementado 300 por ciento, es decir, cuatro veces. Sólo en
los dos últimos años (2012 y 2013) se presentaron 86 casos, de los cuales más
de la mitad (56 por ciento) ocurrieron en 2013; además, con el 35 por ciento,
el Distrito Federal se erigió como la entidad del país más peligrosa.
El informe se basa en cuatro casos: los agravios a
la labor periodística y de defensoría de los Derechos Humanos de Lydia Cacho
Ribeiro, los ataques contra Ana Lilia Pérez Mendoza y la muerte de Regina
Martínez Pérez, así como los allanamientos y robos a CIMAC, organización civil
periodística feminista.
Las múltiples fallas
jurídicas que se observan en los procesos se dan a partir de un “tratamiento sexista”, por lo que exige
incorporar la perspectiva de género.
Además, informe “incluye también un análisis del tratamiento periodístico que
los medios de comunicación dieron a los casos analizados, y afirma que los medios legitiman y sostienen un orden
social excluyente al dar voz sólo al discurso del Estado e invisibilizar a las periodistas”.
Al respecto, en un foro sobre violencia y libertad de expresión, Sara Lovera aportó más datos que
ponen la situación de los periodistas en contexto:
desde el año 2000, 76 periodistas han sido asesinados y 16 desparecidos; cada seis minutos un periodista es agredido.
No obstante que, según las autoridades federales, “el índice delictivo ha
disminuido”, hubo 483 agresiones a
periodistas entre enero y julio de este año, incluyendo cuatro asesinados.
Sobresale que el Distrito Federal ocupa el segundo lugar, detrás de Veracruz.
Son los cuerpos,
sobre todos las mujeres periodistas, campos
de batalla y de conquista, de saqueo y explotación, donde, como primer
acto, se da el despojo de la propia voz y
otras voces –mejor dicho, de los sin
voz— que se buscan silenciar.
Dichas agresiones
no son del crimen organizado, sino de
las autoridades de diferente nivel, lo que nos habla de que el poder tiene la piel suave a la
crítica. Por lo tanto, el ejercicio de la libertad
de expresión y/o de prensa, que
es consustancial a la democracia,
tiene, todavía, sus asegunes en
México. Y las recién aprobadas reformas a la Ley de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, no auguran nada mejor,
cuando se trata de otras voces y
contenidos.
Todo lo anterior nos hace un gremio –una sociedad— violentado,
lo que hace de nuestra democracia, muda.
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