DESFILADERO
Polemon: Por: Jaime Avilés (@desfiladero132)
17 de julio 2015.- Una vez más, la 22 Zona Militar está involucrada en un escándalo.
Hace días, esa comarca castrense fue señalada como culpable directa de
la matanza de Tlatlaya que, gracias a las indagaciones del Centro Pro de
Derechos Humanos, reveló el modus operandi de la Secretaría de la Defensa
en sus tareas policíacas: asesinar delincuentes durante la noche, tras
decidir de antemano quién es culpable, de qué y por qué debe sufrir la
pena de muerte al margen de las instituciones que administran la
justicia.
Ahora, en torno a la excarcelación, que no “fuga”, de Joaquín Guzmán Loera, un cuartel adscrito a la 22 Zona Militar aparece ubicado a menos de un kilómetro del penal del Altiplano
y de la casucha donde supuestamente desemboca el túnel construido con
precisión milimétrica desde la regadera de la celda que El Chapo habitó
18 meses seguidos, sin haber sido cambiado jamás de “estancia” para no
echar a perder sus planes.
¿Nadie preguntará a los jefes del
cuartel de Almoloya, ni al alto mando de la 22 Zona Militar, por qué no
vigilaron el área donde a lo largo de año y medio fueron extraídas, si
en verdad fueron extraídas, tres mil toneladas de tierra, que debieron ser removidas con cientos de camiones de volteo? Respuesta: no, por supuesto que nadie preguntará nada a los militares del rumbo.
Pequeño corrido, no preso
Otra revelación asombrosa que produjo el desplazamiento geográfico del Chapo nos dice que uno de los ex colaboradores más cercanos de Genaro García Luna –el criminal que personalmente sacó a Guzmán Loera del penal de Puente Grande en 2001– ocupaba un puesto clave en el equipo de Miguel Ángel Osorio Chong.
Se trata de Ramón Eduardo Pequeño García,
director de Inteligencia de la Policía Federal, entre cuyos deberes
estaba el de monitorear el sistema de cámaras de vigilancia interna y
externa del Altiplano.
Ramón Pequeño comenzó a colaborar con García Luna desde el sexenio de Fox. “Yo le pagaba a cambio de protección”, aseguró el narcotraficante Héctor Valdez Villarreal, alias La Barbie,
tras entregarse el 30 de agosto de 2010 y mencionar a Pequeño García
como integrante de una lista de policías de alto nivel al servicio del
crimen organizado.
Además de sus vínculos con el ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón –durante cuya guerra “contra las drogas” el cartel de los Zetas creció agigantadamente–, Pequeño es responsable de la desaparición forzada de un número indeterminado de personas, empezando por la de Bryan Reyes y Jacqueline Santana,
activistas capitalinos que hace ocho meses fueron secuestrados por
agentes de la PF, y que debido a la insólita intervención de un policía
de crucero y al revuelo que se armó en la calle, tuvieron que
presentarlos al Ministerio Público en calidad de detenidos, acusados de
robarle 500 pesos a una mujer de la Policía Federal.
De acuerdo con abogados expertos en derechos humanos, la privación de libertad que sufrieron Jacquie y Bryan “es una desaparición forzada aunque haya durado dos horas”
y si los jóvenes no hubieran tenido tanta suerte hoy formarían parte de
la lista de los 43 de Ayotzinapa y de decenas de miles de mujeres y
hombresa quienes el Estado borró de la faz de la tierra desde que el más
aventajado discípulo de Hitler en México se robó la Presidencia en
2006.
Era tan eficaz el señor Pequeño
que había instruido a sus sabuesos para que agarraran a Bryan y
descubrieran su lista de amigos en Facebook. Pero en el organigrama de la dirección de Inteligencia de la PF todavía existe una División de Infiltración y Operaciones Especiales Encubiertas,
señalada como la casa matriz de los pandilleros, policías y militares
que, disfrazados de “anarquistas”, han reventado numerosas
manifestaciones en la ciudad de México, provocando el encarcelamiento de
personas inocentes y la desaparición forzada de otras, comenzando por
la del activista Teodulfo Torres Soriano, apodado El Tío, quien el primero de diciembre de 2012 estaba protestando contra Peña por el rumbo de San Lázaro, junto al profesor Alberto Kuy Kendall, cuando éste recibió un disparo en la cabeza que meses más tarde lo llevó a la tumba.
Así, pues, resulta que Pequeño, en eso de crear caos urbano, violencia granadera y represión generalizada, se coordinaba con Héctor Serrano, el ex número dos en el gabinete de Miguel Ángel Mancera Espinosa (MAME),
y que ahora se encarga de la Secretaría de Movilidad del GDF, como
responsable del tráfico (no piensen mal) de autos, camiones, autobuses,
metrobuses, motocicletas y demás vehículos rodantes, lo que lo
convertirá en el zar de las mordidas. No olvidemos que con la recaudación de las mordidas, el Negro Durazo se construyó dos palacios.
Serrano orquestó el fraude electoral del
pasado 7 de junio, que ayudó al PRD a retener ilegalmente las
delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A Madero, Coyoacán e Iztacalco, sin
las cuales la debacle de los Chuchos habría sido absoluta. Por lo tanto,
Serrano es cómplice de Mancera tanto en el despojo de
esas delegaciones como en las violaciones infinitas a las leyes
electorales en que incurrieron los administradores del Metro, el
Metrobús y el mobiliario urbano, intoxicándonos con cientos de miles de
anuncios del Verde Ecologista.
Si en verdad Osorio Chong estuviera tan indignado, como dice, por la “traición interna” que según él hizo posible la mudanza del Chapo, Ramón Pequeño estaría preso,
los jefes de la 22 Zona Militar también, el gobernador del estado de
México también y con ellos todos los puntos intermedios en las cadenas
de mando de esas estructuras.
Ésta sería una medida realmente seria,
nada más para empezar a enderezar la nave. Sin embargo nadie la pondrá
en práctica porque la nave no está escorada (recostada en el agua sobre
uno de sus lados) sino hundida en la sima del océano de basura, sangre y esqueletos anónimos en que la corrupción ahogó a nuestro ex país.
Please to meet you…
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Foto: Internet
Al ritmo de Simpatía por el Diablo, una de las canciones más populares de los Rolling Stones, entonemos a coro el verso en que Satanás declara: “Yo grité ¿quién mató a los Kennedy?/ cuando al fin y al cabo fuimos tú y yo”. Pero cambiémosle la letra para dejarla así: “No preguntes: ¿quién soltó al Chapo? Lo soltamos tu y yo”.
Yo, personalmente, soy culpable de su
“fuga” porque durante la campaña electoral más reciente fui varias veces
al cine y cuando salían los anuncios del Verde me limité a abuchear, en vez de sacar una navaja, desgarrar la pantalla y destruir los asientos.
A la mejor ahorita mismo estaría preso
pero El Chapo también. Si mi ejemplo hubiera cundido y otros complejos
de Cinemex y Cinépolis hubieran sido vandalizados, a la mejor en otros
contextos la gente hubiera roto los televisores del Metrobús o del
Metro, pero ni a eso nos atrevimos.
Si nuestra indignación hubiera desencadenado una auténtica conmoción social, a la mejor los vividores consejeros “ciudadanos” del INE
se habrían animado a expulsar al Verde de las elecciones, por lo menos
hasta que se calmaran las masas. Ya luego el Tribunal Federal le
devolvería el registro.
Admito mi culpabilidad pero no estoy solo. En la medida en que toleramos el fraude electoral
que ejecutaron a la luz del día y durante meses Peña Nieto, el PRI, el
PRD, el PAN, el Panal, el GDF, Televisa, Tv Azteca, Grupo Minero México,
Organización Ramírez, los bancos, las cadenas de supermercados y el
resto de la cleptocracia incluyendo a los periódicos oficialistas, odio
decirlo pero todas, todos, todes y todxs otorgamos nuestra anuencia para que siga prevaleciendo la impunidad
y podamos revolcarnos de la risa cada que ocurra un episodio como el
del Chapo, que según versiones médicas, en realidad salió del penal
porque sufrió un ataque de fiebre de sábado por la noche.
Dicho de otro modo, con nuestra
indiferencia ante un atraco tan monstruoso como el que perpetraron los
dueños de todo a través del Verde, legitimamos a nuestros “gobernantes”,
a nuestros “abatidores”, a nuestros saqueadores y verdugos quizá porque
sabíamos, pero no nos importó, que el Verde sea un apéndice de
un cartel tan poderoso como el del Chapo, es decir, el cartel de las
drogas legales que maneja la familia González Torres, dueña de la inmensa mayoría de las farmacias de México.
