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| De arriba a la izquierda, Moisés Augusto García Ochoa; Luis Arturo Oliver Cen; Salvador Cienfuegos Zepeda; Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Fotos: Especial |
Atrincherados en el seno de la institución castrense, los
militares que aspiran a sustituir al general Guillermo Galván Galván en
la Secretaría de la Defensa Nacional urden sus estrategias. Asesinado
Mario Arturo Acosta Chaparro y detenido y puesto bajo arraigo el
divisionario Tomás Ángeles Dauahare, los generales Carlos Demetrio
Gaytán Ochoa, Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa y
Luis Arturo Oliver Cen toman posiciones en una batalla de intrigas donde
se valen de todo. Los patrones de sucesión en la Sedena cambiaron ante
el enorme poder que los militares adquirieron a partir de la decisión
presidencial que los puso al frente de la guerra contra el narcotráfico.
Desde
la época revolucionaria el relevo en la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) no había sido tan costoso para el Ejército. Aún faltan
cuatro meses para la llegada del sucesor del secretario Guillermo
Galván Galván y los divisionarios candidatos a sustituirlo ya fueron
testigos del asesinato de un general de brigada, el encarcelamiento de
uno de sus pares y la filtración de información de seguridad nacional
para descarrilar a un tercero.
El ambiente sucesorio en la fuerza
armada más poderosa del país puede todavía ser peor. El general detenido
–Tomás Ángeles Dauahare– sigue en la mira de sus detractores dentro del
Ejército y algunos de sus familiares han sido amenazados. Aunque dice
no temer por su vida, el divisionario arraigado desde hace dos meses por
la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió en un
elemento incómodo para algunos militares por su relación con el
asesinado general de brigada Mario Arturo Acosta Chaparro.
La
disputa por la Sedena es intensa por la creciente importancia política y
económica que representa. A pesar de haber sido desplazada parcialmente
por la Marina ante la desconfianza hacia algunos mandos del Ejército
debido a su supuesta relación con el narcotráfico, la Sedena se
convirtió en el sexenio que termina en una de las dependencias con más
recursos.
En los seis años del gobierno de Felipe Calderón recibió
268 mil 930 millones de pesos, casi la mitad del gasto del gobierno
saliente en seguridad nacional. Entre otros oficiales de alto rango,
aspiran al poder que representa la Sedena los generales Salvador
Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán
Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen.
En perspectiva de un gobierno de
Enrique Peña Nieto, el Ejército puede adquirir aún más fuerza al
convertirse en el proveedor de los 50 mil hombres para la Gendarmería
Nacional, el proyecto con el que el candidato priista prevé el retiro
paulatino de las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico.
“En
la sucesión de la Sedena, desde 2010 los patrones de comportamiento
institucional se modificaron. Los generales en retiro que en el priismo
autoritario ya no figuraban, ahora participan en el esquema sucesorio.
Juegan y se dejan ver”, dice el investigador Erubiel Tirado, coordinador
del diplomado en seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana.
Es
el caso de los generales Acosta Chaparro y Ángeles Dauahare. Desde
fines de 2010 y hasta el asesinato del primero, el pasado 20 de abril,
ambos se encaminaban a participar en el juego sucesorio de la Sedena. A
su favor, de acuerdo con distintas fuentes consultadas por Proceso,
tenían una estrecha relación con la Administración Antidrogas de
Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), información sobre la
penetración del narcotráfico en el Ejército y el acercamiento con Peña
Nieto.
Otro factor los identificaba: su separación crítica del
Ejército y de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón.
Acosta Chaparro incluso estaba compartiendo información con la Marina.
Pero ambos generales tuvieron también un mal común: Mateo, el apelativo con el que la PGR identificó a Sergio Villarreal Barragán, El Grande,
exintegrante del cártel de los hermanos Beltrán Leyva que en noviembre
de 2010 declaró contra Acosta Chaparro y en mayo pasado contra Ángeles
Dauahare.
A las pocas horas de declarar contra el general de división en retiro, El Grande
fue extraditado por la PGR a Estados Unidos. La DEA mandó un avión al
hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
para llevarlo a Texas.
Las acusaciones de Mateo sobre la
supuesta protección de ambos generales al cártel de los Beltrán Leyva no
han sido probadas. En una declaración ministerial del 26 de noviembre
de 2010 dijo haber conocido a Acosta Chaparro desde 2006 por medio de
Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien supuestamente le pagó
500 mil dólares al general de brigada para que le diera protección y lo
pusiera en contactos con oficiales del Ejército.
En esa
declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO), Villarreal habló de una segunda reunión
a mediados de 2007 entre El Barbas y Miguel Ángel Treviño, El Z-40, uno de los cabecillas de Los Zetas, para que Acosta Chaparro se reuniera con Heriberto Lazcano, El Lazca,
principal jefe de esa organización. Pero en ambas fechas el general de
brigada todavía estaba detenido, acusado de proteger al Cártel de
Juárez.
El desacato de la SIEDO
En el caso
del general Ángeles Dauahare la SIEDO enfrenta ahora una acusación de
desacato judicial por negarle a la defensa del general retirado Tomás
Ángeles la posibilidad de desacreditar la acusación de Mateo y de otro testigo protegido identificado como Jennifer sobre la supuesta protección del divisionario a los Beltrán Leyva.
El
abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana logró que el Juzgado Décimo
Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal resolviera que la SIEDO
cometió el desacato judicial de corroborar las acusaciones contra el
divisionario. El fallo, que fue impugnado por la PGR, señala que la
SIEDO violó una suspensión definitiva que la obligaba a verificar las
imputaciones contra Ángeles.
“La resolución es una muestra clara
de la parcialidad con la que se ha conducido la representación social al
no contestar a las peticiones de la defensa ni desahogar los escritos
de ofrecimiento de pruebas. Cuando el juez decida sobre una eventual
orden de aprehensión, sólo tendrá los elementos de cargo de la autoridad
y no los de descargo, que demuestran la falsedad de las acusaciones”,
dice a Proceso Sánchez Reyes Retana.
Conforme se
acerca el 3 de agosto, fecha límite para mantener bajo arraigo al
general en retiro y consignarlo ante la justicia o liberarlo por falta
de elementos, las presiones se incrementan. El sábado 14 el periódico Reforma dio a conocer amenazas y hostigamiento contra la familia del militar por parte de la SIEDO y del propio Ejército.
Este
semanario confirmó amenazas no sólo contra familiares, sino el temor de
una agresión contra Ángeles Dauahare, como ocurrió con el general
Acosta Chaparro.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1864, ya en circulación)
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