REDES SOCIALES.- Manuel Guerrero Ramos,
militante de izquierda e indignado por la actuación de las autoridades
electorales en México ha propuesto públicamente a John Mill Ackermann,
investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, como
representante ético en la defensa del proceso electoral por los
diferentes foros internacionales de derechos humanos. Por medio de una
carta abierta dirigida a Los Ángeles Press, da los argumentos y señala
la necesidad de la defensa de la democracia con representantes con
autoridad moral en todos los foros posibles de los defensa de los
derechos políticos de los mexicanos.
La propuesta de Guerrero surge en medio
del cerco informativo que se ha creado en México con la complicidad de
las autoridades electorales para ocultar un proceso plagado de
irregularidades y delitos electorales. La denuncia sobre estas
irregularidades abarca desde la compra y coacción de votos hasta el lavado de dinero
para financiar campaña del PRI, lo que han puesto al país en crisis
política con riesgo de estallido social si los jueces del Tribunal
Electoral insisten en favorecer la imposición de Enrique Peña Nieto.
Guerrero sugiere que cada partido y
grupo político nombre un representante ético que se una para la defensa
de la democracia dentro y fuera de México y se dé a conocer la violación
de los artículos 1°, 8°, 14, 16, 35 y 41 de la Constitución mexicana, así como el artículo 23 inciso b, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según las pruebas presentadas a las autoridades electorales.
Carta abierta:
SRA. GUADALUPE LIZÁRRAGA
Directora de LOS ÁNGELES PRESS
P r e s e n t e
Reconociéndole la trascendental
importancia que Los Ángeles Press ha tenido en el desarrollo del proceso
electoral de 2012, haciendo honor a su lema: "Las noticias que no se
ven tu país", así como dando voz a quienes otros medios negarían toda
oportunidad, y proporcionando información valiente, oportuna y veraz en
cuanto a las elecciones y sucesos derivados de ese evento electoral; le
solicito la lectura del presente comunicado así como de convencerle su
contenido, su solidaridad y apoyo a la propuesta que el comunicado
contiene.
Para gran parte de la sociedad mexicana,
así como para la opinión pública internacional, el cuestionable proceso
electoral que está en sus últimas etapas nos mantiene con
inconmensurables dudas e interrogantes que urgen sean despejadas. No
obstante, que los Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), así
como los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF); intentan convencer a la opinión pública nacional e
internacional en cuanto a que dicho proceso fue conducido con
imparcialidad, honestidad y lealtad a la sociedad mexicana.
Sin embargo, a reserva de que surjan
quienes tengan la autoridad moral y el conocimiento jurídico pleno para
aclarar las justificadas interrogantes de la sociedad; por mi parte
realicé algunas deducciones y conclusiones las cuales comparto con
usted. Acentuando que salvo una errónea apreciación del suscrito en
cuanto a lo que expresa este comunicado, las conclusiones a las que
llegué se basan en el sentido común, en una obligada imparcialidad, en
los graves ilícitos que las redes sociales muestran como sucedidos en el
pasado proceso electoral, así como en lo manifestado y exhibido por las
diferentes e inconformes partes del proceso electoral, por lo que toca a
pruebas, omisiones, denuncias y defensas las cuales están siendo
exhibidas y publicadas en todo tipo de medios de comunicación.
Con términos jurídicos y autoritarios
razonamientos tendientes a inducir su unilateral criterio en las mentes
de la sociedad mexicana (Sofismas), los Consejeros y Magistrados del IFE
y del TEPJF respectivamente, desde sus trincheras plenas de confort,
tranquilidad económica y descomunal ventaja respecto de esa sociedad
mexicana, en cuanto a la utilización en su beneficio de todo tipo de
recursos económicos, tecnológicos, humanos y jurídicos. Dichos
Consejeros y Magistrados utilizan esos recursos para desestimar todo
tipo de pruebas y convincentes argumentos que demuestran que en el
proceso de la elección del pasado 01 de julio, sucedieron ilícitos de
tal magnitud que justifican plenamente la anulación de la elección.
Son innumerables las pruebas de que el
pasado proceso electoral esta colmado de graves ilícitos que deben ser
profundamente valorados por las autoridades electorales, esas pruebas
han sido presentadas por la ciudadanía, cientos de organizaciones
sociales, el movimiento Yo Soy 132, así como por el Partido Acción
Nacional y los tres Partidos Políticos que integran el Movimiento
Progresista.
Sin embargo, los consejeros del IFE y
los Magistrados del TEPJF, hasta el momento no han podido responder con
certeza y credibilidad respecto de las indubitables pruebas que por
miles se encuentran en internet, así como las que de forma institucional
les han presentado el Partido Acción Nacional y el Movimiento
Progresista.
Ante la gran indignación social que
produce un proceso electoral colmado de ilícitos y graves omisiones por
parte de las autoridades electorales, estas últimas están obligadas a
presentar ante la nación los argumentos, pruebas y fundamentos que
permitan hacer saber a una sociedad indignada, que existe la voluntad
política para realizar las ponderaciones y diligencias necesarias para
que en un transparente proceso, desahogar con apego a una interpretación
justa del derecho todas las pruebas y denuncias presentadas a esas
autoridades electorales.
Para tal efecto de transparencia y
justicia electoral sería altamente positivo para la sociedad de este
país, que representantes de los indignados denunciantes de la sociedad
civil, del Partido Acción Nacional y del Movimiento Progresista que no
puedan ser cuestionados en su honestidad y conocimientos jurídicos por
parte de los Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), así como
por los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), ante testigos integrantes de la Corte Internacional
de Justicia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal
Internacional.
Estos indignados representantes
presenten públicamente (Ante todos los foros y medios posibles
nacionales y extranjeros) a las autoridades electorales, pruebas de los
ilícitos efectuados en el proceso electoral y asimismo, logren de esas
autoridades una respuesta que honre los artículos 1°, 8°, 14, 16, 35 y
41 de la Constitución Política, así como el artículo 23 inciso b, de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto de la totalidad de
los argumentos y pruebas a esas autoridades presentadas. O en su caso,
ante una actitud negativa por parte de las autoridades electorales,
expliquen a la sociedad mexicana y a la opinión pública internacional
las omisiones, abuso de poder e ilícitos en que hayan incurrido esas
autoridades.
Por mi modesta parte, propongo al
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Autónoma de México, Dr. John Mill Ackermann Rose, como
representante de la sociedad indignada, por su parte los Partidos
Políticos y demás interesados en clarificar el proceso electoral,
deberán designar a unos incuestionables representantes en lo ético y lo
jurídico para esta importante e histórica controversia electoral.
En cuanto al suscrito concierne, la
propuesta ya está motivada y fundamentada, toca a Los Ángeles Press y
demás medios de comunicación consolidarla a través de su publicación y
difusión, asimismo, los diferentes sectores de la sociedad pueden
apoyarla y difundirla a través de las redes sociales y la diversidad de
posibilidades que esas redes sociales representan.
Atentamente
Manuel Guerrero Ramos
Cofundador del PRD mscysi@gmail.com
Nota del editor:
Para adhesiones y comentarios a esta propuesta ciudadana, puede escribirnos a glizarraga72@yahoo.com o editor@losangelespress.org
y le daremos puntual seguimiento. Está por demás aclarar que textos
ofensivos o descalificando el trabajo de los manifestantes, no serán
difundidos dentro del cuerpo noticioso. o directamente en
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