Mancera y los 14
En México hay inocentes encarcelados y
muchos más delincuentes libres. De entre los primeros destacan 14
que fueron detenidos durante la cacería de ciudadanos emprendida en
el centro de la ciudad por la policía capitalina el 1 de diciembre
luego de los enfrentamientos provocados alrededor de San Lázaro. La
cosecha de las fuerzas del orden fue de más de un centenar de
personas, de las cuales 27 fueron liberadas horas después, 69 fueron
consignadas y de éstas 56 fueron puestas en libertad por la jueza
María del Carmen Patricia Mora Brito, la cual dejó en prisión, en
forma aleatoria, según los elementos disponibles, a otras 14. Para
entonces ya estaba documentado que los efectivos policiales del
Distrito Federal habían recibido la orden de capturar a la mayor
cantidad de gente posible, sin importar que no hubieran tenido
participación en el vandalismo y los destrozos.
Algunos de los 14 aún presos habían
acudido en actitud pacífica a las movilizaciones de protesta por la
consumación del proceso electoral fraudulento de este año. Otros
fueron a indagar por la situación de amigos o compañeros que ya
habían sido detenidos en forma no menos arbitraria. En un par de
casos, los ahora imputados se limitaban a tomar fotos y video de los
disturbios escenificados por la policía y los provocadores. Uno más
estaba en su sitio habitual de trabajo cuando fue capturado. Ellos
son Rita Emilia Nery Moctezuma, Enrique Rosales Rojas, Jorge Dionisio
Barrera Jiménez, Daniel García Vázquez, Stylianos García
Vackimes, Roberto Fabián Duarte Grcía, Carlo Miguel Ángel García
Rojas, Obed Palagot Echavarría, Alejandro Lugo Morán, Sandino
Jaramillo Rojas, César Llaguno Romero, Eduardo Daniel Columna Muñiz,
Osvaldo Rigel Barrueta Herrera y Bryan Reyes Rodríguez. Un
quinceavo, el periodista rumano Mircea Ioan Topoleanu, fue arrestado
cuando tomaba fotos del enfrentamiento. Los policías le robaron la
cámara fotográfica y luego fue entregado, en forma injustificada y
arbitraria, al Instituto Nacional de Migración.
Cuando Miguel Ángel Mancera asumió la
jefatura del gobierno del Distrito Federal el 6 de diciembre, tenía
ante sí tres deberes coyunturales y perentorios: identificar,
capturar y consignar a los verdaderos autores materiales e
intelectuales de la violencia y los destrozos cometidos seis días
antes; presentar ante la justicia a los responsables materiales e
intelectuales de las graves violaciones a los derechos humanos
perpetradas por la policía, y girar instrucciones a la procuraduría
capitalina para que se desistiera de las acusaciones contra los
presos, no sólo porque hay pruebas de su inocencia sino porque
fueron detenidos en forma irregular y en el marco de un operativo
policial ilegal.
Hasta ahora Mancera no ha hecho ninguna
de las tres cosas y, en el caso de los encarcelados, ha preferido
lavarse las manos y pasar la papa caliente al Poder Judicial. Ya sea
que obedezca a la pusilanimidad, a una mentalidad autoritaria o a un
afán de congraciarse con Enrique Peña Nieto –el principal
interesado en llevar a sus límites un escarmiento contra el
movimiento #YoSoy132 y contra las resistencias en general a su
presidencia comprada–, la actitud del jefe de gobierno es
insostenible. Mancera parece no darse cuenta que el mantener en la
cárcel a personas cuya inocencia está documentada resulta un
agravio para el electorado que lo puso en el cargo.
Muy pocas personas en esta ciudad
capital desean el caos, la violencia y la impunidad. Por ello, el
repudio al vandalismo perpetrado el 1 de diciembre ha sido casi
unánime. Sin embargo, de allí a enviar a prisión a personas
inocentes hay mucha distancia. La mayoría de los votantes
capitalinos desea para su demarcación justicia efectiva, no justicia
simulada; sometimiento de los agentes del orden a la legalidad,
respeto a los derechos humanos y, sobre todo, atención y no
criminalización para los jóvenes. Si la ciudadanía defeña hubiese
querido una autoridad represiva, arbitraria y policial, de esas que
fabrican culpables para lucirse ante la opinión pública, hoy la
jefatura de gobierno no estaría en manos de Mancera, sino en las de
Isabel Miranda de Wallace; y si hubiera querido seguir sufriendo las
artes priístas de la provocación, le habría entregado el
Ayuntamiento a Beatriz Paredes. O sea que, de inicio, el actual jefe
de gobierno está faltando a su mandato.
En el ámbito federal Peña no le debe
la Presidencia a la voluntad popular sino a Televisa y a las tarjetas
Monex y Soriana. El DF es distinto: aquí la autoridad representa a
los votantes y si el jefe de gobierno persiste en desconocer el
sentido de su encargo la ciudadanía se lo va a demandar.
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