12 de diciembre de 2015
Con el pretexto de realizar
exitosamente la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), las
autoridades mexicanas han incumplido con sus obligaciones y deberes en materia
de derechos humanos, especialmente en relación con los derechos
constitucionales a un medio ambiente sano, a la salud, a la información y a la
participación social en los asuntos públicos.
El Estado mexicano ha promovido
el desuso y desecho de las televisiones analógicas sin desarrollar políticas
ambientales y de salud adecuadas y suficientes en términos técnicos y jurídicos
para su tratamiento integral en tanto residuos peligrosos, con efectos
potencialmente graves para el ambiente y la salud pública. La política pública
consistente en dotar de televisiones digitales a la población, además de ser
excesivamente onerosa para las finanzas públicas y constituir potencialmente un
delito electoral, quebranta el principio
de minimización de residuos y coloca a la población ante el inminente problema
de gestionar el tratamiento de hasta 34,384,915 aparatos de televisión
analógicos en un contexto de desamparo e incapacidad institucionales. Bajo las
condiciones actuales, podrían ser liberadas al ambiente hasta 67,319 toneladas
de óxido de plomo y de retardantes de flama bromados contenidos en las
televisiones analógicas.
La exposición al plomo es la
responsable por el 0.6% de las enfermedades en el mundo. El plomo afecta
múltiples sistemas del cuerpo incluyendo los sistemas neurológico,
hematológico, gastrointestinal, cardiovascular y renal. Aun con bajos niveles
de exposición relativa se pueden causar serios daños neurológicos, en algunas
ocasiones irreversibles. Se trata de un metal pesado tóxico que forma complejos
con diferentes enzimas que afectan virtualmente todo el proceso de la síntesis
de la hemoglobina, además de influir en el metabolismo de las porfirinas. Altos
niveles de plomo en el ser humano han sido relacionados a encefalopatías,
ataques o retrasos mentales. El plomo está asociado con la disminución de la
audición en los adultos mayores, además de que interfiere en el cerebro con la
transmisión y el procesamiento de los sonidos. Los expertos coincidieron en
que, incluso niveles en sangre considerados aceptables para los niños de
Estados Unidos (menos de 10 mcg/dL) podrían ser no seguros y, por ello, han
propuesto que el nuevo límite de plomo en sangre para los niños sea de 2
mcg/dL.
Los retardantes de flama bromados
(RFBs) son aditivos sintéticos usados principalmente como agentes ignífugos en
aparatos eléctricos y electrodomésticos (como por ejemplo en las carcasas
plásticas de los televisores). Las propiedades de algunos RFBs son típicas de
los contaminantes orgánicos persistentes (son ubicuos, debido a que son
lipofílicos y persistentes, se bioacumulan en los seres vivos y se
biomagnifican). Particularmente algunos éteres bifenilos polibromados (PBDE’s-)
y el hexabromo ciclododecano (HBCD) causan efectos nocivos a la salud.
Por si lo anterior fuera poco, el
gobierno federal ha organizado el manejo de las televisiones analógicas de
manera tardía y con un presupuesto insuficiente e inadecuado, siendo que miles
de aparatos televisores han sido ya
desmantelados informalmente. Según las licitaciones emitidas por la SCT
para el manejo de los televisores analógicos, el acopio oficial de aparatos
concluye de manera abrupta el 31 de diciembre del 2015, sin embargo, los
residuos seguirán acumulándose y gestionándose inadecuadamente por meses, por
lo que la actual vulneración impune de derechos se prolongará igualmente.
La transición a la TDT ha sido,
además, impulsada por la administración pública federal sin poner a disposición
de la población los medios necesarios para acceder a información básica
relacionada con los riesgos ambientales y de salud del tratamiento de los
televisores obsoletos, los cuales serán desechados como si fuesen basura
ordinaria y se les mezclará con los residuos sólidos municipales. El plomo y
los retardantes de flama bromados son sustancias que se volatilizan y dispersan
en el ambiente, con altas posibilidades de contaminar cuerpos de agua, suelo y
aire, así como de envenenar flora y fauna. No obstante, las autoridades
responsables del proceso no le han informado al pueblo de México de manera
adecuada, completa y efectiva de dichos riesgos, lo cual evidencia también que
todos los niveles de gobierno son incapaces de planificar procesos de esta
envergadura, y mucho menos de vigilar y garantizar los derechos fundamentales
de quienes serán afectados.
La población directamente
afectada o en riesgo de afectación, así como todas aquellas personas que
quisieran prevenir una situación de peligro, se encuentran en estado de
indefensión, pues carecen de la información mínima necesaria para afrontar el
problema, sin mencionar que tampoco tienen información sobre los mecanismos
jurídico-institucionales que les permitirían acceder a la justicia, hacer valer
sus derechos y obligar a las autoridades a corregir sus acciones y reparar los
daños causados por su actuar negligente.
Asimismo, el proceso completo de
transición tecnológica ha sido gestionado por las autoridades unilateralmente y
de espaldas a la población, siendo que se trata de un asunto de interés público
que impacta o impactaría negativa y contundentemente en los entornos vitales y
la integridad física de las personas expuestas o en riesgo de exposición a las
sustancias contenidas en los aparatos una vez considerados y tratados como
basura.
En la disputa entre los grandes
consorcios televisivos del país y el Estado mexicano por retardar o no el
“apagón analógico” no aparecen como parte del debate las cuestiones
ambientales, de salud, información y participación social. Los impactos
ambientales y de salud de la transición a la TDT en perjuicio de la población
no han sido valorados por la opinión pública ni en los espacios institucionales
de deliberación como un problema social gravísimo de atención urgente, lo cual
contribuye a su invisibilidad y a la consolidación de una estructura de
impunidad en agravio de los millones de mexicanas y mexicanos que ya somos
afectados ambientales. Sin embargo, autoridades y empresas son ética y
jurídicamente responsables por el daño o riesgo de daño ambiental y de salud
que su actuar provoque.
Por todo lo anterior:
1. Exigimos al Estado mexicano cumplir con la
normatividad ambiental que sistemáticamente ha omitido durante el proceso de
transición a la TDT, así como con sus obligaciones y deberes en materia de
derechos humanos con el propósito de que la población afectada o en riesgo de
afectación sea informada del problema, participe en la conducción de la
política pública respectiva y goce efectivamente de sus derechos a un medio
ambiente sano y a la protección de la salud.
2. Exigimos que el Estado mexicano, con la
participación de organizaciones de la sociedad civil, elabore un plan integral
de manejo de los televisores analógicos que serán desechados por la población,
el cual debe incluir, entre otros aspectos, la remediación de los impactos ya
ocasionados por la ausencia de dicho plan.
3. Asimismo, reclamamos del Estado mexicano
el ejercicio de sus atribuciones legales para obligar a que las empresas
involucradas en el proceso respeten los derechos fundamentales de las y los
mexicanos.
4. Apoyamos la petición que diversas
organizaciones de la sociedad civil, académicos, científicos y ciudadanos han
hecho ante la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN) denunciando las violaciones a los tratados
internacionales y a la legislación ambiental mexicana en relación con la
gestión de los televisores analógicos desechados por la transición a la
televisión digital terrestre.
5. Finalmente, exhortamos a la población a
que levante quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al localizar
cementerios de televisiones analógicas en la vía pública, baldíos, basureros, terrenos, o en cualquier
lugar en el que puedan causar daños al ambiente y a la salud al quedar
expuestos sus materiales tóxicos, llamando sin costo al teléfono 01 800 715 2000. De igual manera se
puede presentar una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente llamando al 01 800 770 33 72.
