Bolivia enjuicia a 2 expresidentes por acabar con vidas y con la economia nacional, y Mexico cuando?

Por Carlos A. Quiroga L. | Reuters

LA PAZ (Reuters) - Más de cinco años después de decretar una nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, el presidente Evo Morales hizo suya el domingo la decisión de la Asamblea Legislativa de enjuiciar a dos ex gobernantes que habían impulsado antes la privatización de esa industria.

Los ex presidentes derechistas Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Jorge Quiroga (2001-2002) y tres de sus ex ministros serán sometidos a juicio de responsabilidades por haber firmado o autorizado contratos con petroleras extranjeras en el inicio del "boom" del gas natural en el país sudamericano.

El juicio en el Tribunal Supremo fue autorizado el sábado por la Asamblea, de amplia mayoría oficialista, en línea con una solicitud de Morales, quien puso en manos del Estado, desde mayo del 2006, el control y la mayor parte de las ganancias de las exportaciones de gas a Argentina y Brasil.

"Nuestra bancada autorizó que (ambos ex presidentes) sean investigados y vayan a juicio de responsabilidades por acabar con vidas y por acabar con la economía nacional", dijo Morales en un acto en la región productora de coca de Chapare, su cuna sindical y política, según transmitió la televisión estatal.

Será el segundo juicio de responsabilidades que enfrente Sánchez de Lozada -otro ya iniciado es por genocidio y delitos económicos- después de que en octubre del 2003 fuera obligado a renunciar por un alzamiento popular y terminara refugiado en Estados Unidos.

"Sánchez de Lozada y Quiroga hicieron mucho daño a la economía, a la vida, y por tanto deben ser investigados por las autoridades del órgano judicial", añadió Morales.

Formalmente los ex presidentes y los tres ex ministros están acusados de haber violado la Constitución por no haber puesto a consideración del Congreso, ahora llamado Asamblea, 53 contratos petroleros de riesgo compartido suscritos entre 1996 y 2002.

Esos contratos que otorgaban a las petroleras extranjeras la propiedad del gas y el crudo que explotaban fueron anulados por la nacionalización de Morales, quien obligó a esas firmas, entre ellas la brasileña Petrobras, la española Repsol, la francesa Total y la británica BG, a convertirse en operadoras al servicio de la estatal

YPFB.

"Por culpa de la mal llamada capitalización, las privatizaciones, ¿cuánta plata (dinero) ha perdido Bolivia?", cuestionó el presidente, señalando que desde la nacionalización el Estado recibió más de 9,000 millones de dólares, más de seis veces que todo lo generado por impuestos y regalías en la década previa.

Al aprobar el juicio, del cual fue excluido el ex presidente Carlos Mesa (2003-2004), la Asamblea rechazó un recurso de inconstitucionalidad de última hora presentado por el ex presidente Quiroga, quien tuvo oportunidad de exponer su defensa ante los legisladores.

Quiroga arguyó el sábado que el juicio pondría en inseguridad a las empresas que firmaron contratos cuestionados. "¿Esa es la mejor manera de decir que inviertan?", cuestionó, en alusión a las dificultades que ha enfrentado Bolivia en el último quinquenio para acelerar las inversiones petroleras.

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 Incentivo al Pleito
 

Ojalá resultemos aguafiestas y no estemos anticipando altísimos e innecesarios gastos.
El tema de los contratos incentivados de Pemex, que comanda Juan José Suárez Coppel, debería ser un asunto del cual usted debe cuestionar duramente a su candidato a Presidente.
Éste o ésta debe definirse antes de ganar la silla, para reducir el riesgo de gastar una enorme fortuna del erario en pagar luego indemnizaciones a empresas nacionales y extranjeras.

Especialistas nos cuentan que estos contratos meten a México en el club de países petroleros como Kasajastán y Venezuela, que pueden incurrir en pleitos legales internacionales de enormes dimensiones.

Estas dos naciones hoy mismo pelean con empresas privadas como Exxon y Conoco Phillips, que les exigen decenas de miles de millones de dólares como indemnización.

¿Por qué? Porque un cambio gubernamental modificó de pronto la jugada y lo que las empresas firmaron un día, de pronto ya no tiene respaldo legal localmente.

Son países en los que el petróleo resulta más que un objeto vendible. Es casi, casi, un miembro de la familia, en el que la sola suposición de compartir su renta con extranjeros resulta motivo de pugnas políticas inacabables.

Va más claro: Los contratos incentivados están expuestos a que el siguiente Presidente los perciba como ilegales y de repente ya no los sienta válidos.

Eso nos llevaría a millonarios arbitrajes internacionales y carísimos pagos de castigos.

capitanes@reforma.com