Se avanzaría hacia un Estado terrorista, más que a uno militarizado, señalan ONG

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Fernando Camacho y Carolina Gómez / La Jornada

La iniciativa enviada por el presidente Felipe Calderón para un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales contiene algunos avances importantes que se adecuan a lo establecido en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo incorpora atribuciones excesivas para las fuerzas policiacas, que pueden causar un número aún mayor de violaciones a las garantías individuales.

Advirtieron lo anterior integrantes de organizaciones civiles y religiosas, quienes señalaron que mediante dicho proyecto el gobierno podrá aumentar su escalada represiva en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, pero esta vez de forma legal, lo cual llevaría al Estado a convertirse en terrorista.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), destacó que la iniciativa del Ejecutivo incluye elementos positivos en defensa de los inculpados, como la presunción de inocencia o invalidez de las confesiones arrancadas con tortura, pero también otorga más poderes a las fuerzas policiacas.

Aspectos como las detenciones «en caso de urgencia» y sin intervención de un juez –ejemplificó– pueden dar lugar a mayores arbitrariedades. Además, la nulidad de los testimonios bajo tortura no es total. «Los pequeños detalles pueden resultar peligrosos o contraproducentes», alertó.

Por su parte, Melanie Salgado, encargada del área de comunicación del Comité Cerezo México, indicó que en nombre de la seguridad, el gobierno federal pretende reformar leyes y códigos para legalizar las violaciones a los derechos humanos.

«La iniciativa hace más fácil la fabricación de delitos, que ya es una tendencia del Estado, según el penúltimo informe del Prodh. Si ahora se aceptan denuncias anónimas se hace más fácil detener a las personas, y en ese sentido podríamos enfrentar mayores cifras de desapariciones forzadas».

Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, sostuvo que aprobar iniciativas contrarias a los derechos humanos sólo fomentaría los abusos de los cuerpos policiacos contra civiles, se fomentaría el miedo y el terror y podría incluso prestarse para venganzas personales.

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