Este último, contradictoriamente, ha llegado a ser considerado el estado más seguro de la República, y en ese marco, silenciosamente, a lo largo de varias décadas se fueron instalando redes familiares que se especializaron en la trata de mujeres para explotación, que se infiltraron en las estructuras comunitarias, religiosas e institucionales, con la complacencia de la ciudadanía, con la omisión de las autoridades, bajo el manto de la corrupción y de la impunidad. Algunos antropólogos estudiosos del tema mencionan el inicio del problema en Tlaxcala alrededor de los años 60, es decir, es un fenómeno ha ido creciendo desde hace medio siglo.
Fue apenas en 2005, posteriormente a una serie de diagnósticos elaborados por la sociedad civil y académicos, que la ciudadanía alzó la voz para demandar a las autoridades una atención integral al delito en el estado de Tlaxcala. Por ello se impulsó un movimiento en el que diversos grupos comunitarios y organizaciones de la sociedad civil demandaron que se tipificara el delito e implementaran políticas públicas.
Actualmente, de acuerdo con algunas observaciones académicas, podemos mirar con preocupación la siguiente situación.
En el estudio Trata de mujeres en Tlaxcala (Olamendi, 2008) se reconoce que las redes de trata se asientan en 23 municipios. Al analizar expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el periodo de 2006 a 2008, se reconoce que 60 por ciento de las víctimas son del estado de Tlaxcala y 40 por ciento del interior de la República, y 46 por ciento de las mujeres tratadas eran menores de edad.
Por su parte, el trabajo de tesis Factores socioculturales que llevan a la subordinación de la mujer ante el lenón (Techalotzi, 2010) da un panorama de la trata en San Pablo del Monte. Noventa por ciento considera que la trata de mujeres para la explotación sexual es un problema en el municipio, 59 por ciento ha visto entre uno y cinco lugares donde se ejerce la prostitución en el municipio, 35 por ciento refiere que ha visto de seis a 10 de estos lugares, 3 por ciento mencionó que conoce entre 11 y 15 lugares; por último 3 por ciento refiere no haber visto lugares de prostitución.
El estudio Lenocinio como proyecto de vida de niños y adolescentes de Tenancingo, Tlaxcala (Pérez, 2010) investiga a hombres, niños y adolescentes que cursan del cuarto grado de primaria al tecrcero de secundaria. Algunos datos importantes de esta tesis son los siguientes: 89 por ciento de las personas encuestadas reconoció que la práctica de lenocinio en la comunidad influye en los niños; 20.7 por ciento de los padres encuestados reconoció que su hijo ha manifestado su interés por ser padrote.
En todo un periodo de gobierno, el sexenio del panista Héctor Israel Ortiz Ortiz, quien sistemáticamente negó el problema, y a más de medio año del actual gobierno priísta a cargo del Mariano González Zarur, son pocos los resultados obtenidos como parte de las acciones institucionales.
El balance de logros de los gobiernos resulta poco alentador, pues únicamente se tipificó el delito de trata de personas, sin que tenga aplicación eficiente; se logró además la instalación de un Consejo Estatal contra la Trata, responsable de implementar la estrategia estatal para prevenir, atender y sancionar la trata de personas, sin que se aplique.
Una verdadera acción gubernamental de compromiso frente al tema requiere de garantizar el recurso público suficiente para: implementar políticas públicas que prevengan a las personas sobre el riesgo de ser tratadas; resignifiquen el papel de los hombres para ya no ser tratantes ni consumidores; crear los refugios y acuerdos con las redes de refugios para la protección y reincorporación social de las víctimas; sancionar a las redes de trata y extinguir los lugares de explotación.
Mientras eso no suceda los gobiernos no pueden presumir de que ponen en práctica acciones reales contra la trata de personas; seguirán escuchándose esos relatos de mujeres obligadas a tener 30 o 40 encuentros sexuales cada día, amenazadas, sin ser dueñas de sus cuerpos y de su vida.
Mientras eso pase, la sociedad civil, en su legítimo derecho, seguramente seguirá manifestándose y exigiendo acciones a los gobiernos para detener este grave delito.
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