En marcha, aplicación del Manual de seguridad para las instituciones de educación superior que la ANUIES negoció con Felipe Calderón. El documento, avalado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, permitirá la persecución de supuestos delincuentes al interior de las universidades públicas y privadas y el despliegue de efectivos policiacos en casos de narcotráfico y secuestro. Además, prevé la instauración de sistemas de credencialización, control de acceso y de salidas y bitácora de visitantes, entre otras medidas. La política de la “guerra” contra el narcotráfico llega a las instituciones de educación superior.
En mayo de 2010, en Monterrey, Nuevo León, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se reunió en privado con representantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), integrado por los titulares de 78 de las 159 escuelas afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).Dos meses antes, en la misma ciudad, producto de un enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y supuestos miembros de la delincuencia organizada, los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso fueron asesinados frente a esta casa de estudios.
“Ayúdenme a buscar alternativas para que las instituciones y demás, podamos, a través de la educación, salir adelante de estos problemas”, fue la petición del titular del ejecutivo, recuerda Rafael López Castañares.
“Le dijimos que sí –continúa el secretario general ejecutivo de la ANUIES–; que nuestro compromiso no solamente era ir a pedir dinero al Congreso o a la SEP (Secretaría de Educación Pública), sino también, con mucho gusto, coadyuvar en la solución de estos problemas”.
Así, en abril de 2011, la ANUIES presentó el Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior: estrategias para la prevención y atención, elaborado por María Angélica Garnica Sosa, maestra en planeación y políticas metropolitanas, documento elaborado con el “acompañamiento” de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) –dependiente de la SEP–; y “enriquecido” con los comentarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob). En el documento no se señala que las comunidades universitarias hayan sido consultadas.
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